Fernando Gabino Núñez López

Expediente 11/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 30 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
11/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Fernando Gabino Núñez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO C, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL A LA QUEJOSA LUCIA GUADALUPE ROJAS BENITEZ, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que no obstante que la parte quejosa fue debidamente notificada del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual se le requirió para que dentro del plazo de cinco días subsanara irregularidades en su escrito de demanda, por lo cual se le apercibió que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento en el plazo fijado, se procedería de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo; y, que el plazo para que diera cumplimiento al mismo transcurrió del dieciocho al veintidós de octubre de dos mil veintiuno, sin mediar días inhábiles; sin que lo hubiera hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de prevención y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Lucia Guadalupe Rojas Benítez.

  2. Principal

    ... Vista la certificación de cuenta, y tomando en consideración que el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo definitivo en el presente juicio; además, de que obra por separado el incidente de suspensión, en el cual se concedieron tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, se ordena agregar el original del cuaderno incidental...

  3. Principal

    Causa ejecutoria resolución constitucional y se ordena archivo...

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las trece horas con diez minutos del siete de junio de dos mil veintiuno, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace una relación de las constancias que integran el expediente, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informe justificado rendido por el Juez responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Abierto el período de pruebas, la Secretaria certifica que únicamente la autoridad responsable Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas, presentó pruebas documentales; de igual manera, el referido Juez exhibió dos discos versátiles digitales. El Juez acuerda: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas referidas en la certificación que antecede. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria certifica que ninguna de las partes formuló alegatos ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita exhibió pedimento. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la certificación que antecede. Con lo anterior, se concluye la audiencia y se levanta la presente acta para constancia, por lo que se procede a dictar resolución en los términos siguientes: VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 11/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el día siguiente, Fernando Gabino Núñez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas, consistentes en: "A) El auto de vinculación a proceso decretado en contra de mi representado el imputado Fernando Gabino Núñez López, esto mediante audiencia de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, donde la autoridad responsable señaló que se vincula a proceso a Fernando Gabino Núñez López, por el hecho que la ley señala como delito de Violencia Familiar, cometido en agravio de la víctima Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, por lo que en auto de quince de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, así como copia autorizada de las actuaciones en que sustentó la emisión del acto reclamado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y para ello se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Así las cosas, tenemos que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el siete de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 231/2020, del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas; y 2. La medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra. TERCERO. Existencia del acto reclamado (certeza). Son ciertos los actos que se reclaman al Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas, toda vez que así se advierte en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por el referido juzgador, relativas a la causa penal 231/2020, de las que deriva el acto reclamado, mismas que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo adquieren plena eficacia demostrativa. Concatenado al registro audiovisual que contiene audio y video de la audiencia de control de detención de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 231/2020, así como la de siete de diciembre del año próximo pasado, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; mismo que tiene valor jurídico de conformidad con la tesis de jurisprudencia 43/2013 y la ejecutoria que le dio origen, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil trece, Décima Época, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."; deriva, en lo que aquí interesa, que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales en efecto de preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio; por lo que, concluye la Sala del Alto Tribunal, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública (lato sensu), tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por lo que, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, los cuales se reprodujeron en la audiencia constitucional, para considerarlos al emitir la presente determinación. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio, ni las partes precisaron la existencia de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no solo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación al principio de exhaustividad que rige las sentencias de amparo, cuenta habida que dicho principio se satisface al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2ª./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios e exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, son infundados. Ahora bien, el quejoso reclamó la resolución dictada el siete de diciembre de dos mil veinte, en la que se decretó la vinculación a proceso, dentro de la causa penal 231/2020, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez. En los motivos de disenso expresados por el quejoso, asevera que existe afectación al debido proceso toda vez que en la resolución combatida no se colman las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los datos de pruebas existentes en la carpeta de investigación son insuficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito, por lo cual se vio trastocado el principio de presunción de inocencia. Primeramente cabe mencionar que el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contienen un parámetro para el dictado del auto de vinculación a proceso y textualmente disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los numerales transcritos, se puede evidenciar claramente que mientras el precepto constitucional invocado prevé los componentes que debe incluir un auto de vinculación a proceso (requisitos materiales de contenido), es decir, los elementos que la conforman; el dispositivo legal de la norma secundaria enumera algunos presupuestos procedimentales que deben colmarse previo al dictado de la resolución en análisis, además de otro de fondo necesario para la validez de la propia determinación. De una interpretación sistemática de ambos preceptos normativos, se obtiene que los requisitos constitucionales y procesales, para su mejor comprensión, se pueden dividir en dos clasificaciones: 1. Requisitos de forma, que se exigen previamente al dictado de un auto de vinculación a proceso, y sin los cuales no procede iniciar con su emisión; y 2. Requisitos de fondo, que son aquellos elementos que conforman la propia resolución, es decir, son los que deben estar precisados y acreditados por el juzgador en la misma audiencia con el propósito de que sea legal. Los requisitos de forma, son: I. Que se haya formulado la imputación; y, II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Esos requisitos forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento, que en términos del artículo 14 constitucional, consisten básicamente en que previamente a privar de un derecho a una persona debe ser oído y vencido en juicio, con las formalidades que para tal efecto establece la norma. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 396, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005716, que dispone: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Una vez que fue examinada la audiencia inicial celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, se aprecia que su desarrollo se ajustó a las disposiciones contenidas en el artículo 14 constitucional, al cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento; esto es, se informó al imputado por parte del Ministerio Público los cargos formulados en su contra, que tenía el derecho de responder a esos cargos o de no hacerlo, y que esto último no podría ser utilizado en su contra. Y todo ello sucedió en presencia de su defensor, a quien designó de forma libre. Asimismo, al inicio de la audiencia, el juez de control, en términos de lo dispuesto en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le preguntó si le habían hecho de su conocimiento los derechos constitucionales con anterioridad y si tenía alguna duda al respecto, a lo que el imputado manifestó estar debidamente enterado de ellos. En ese sentido el juez responsable garantizó el derecho a la defensa adecuada del imputado. Entonces, no existe base para determinar en su caso, que el juzgador impidió u obstaculizó el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso para desvirtuar la imputación del Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 240, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, registro 2009005 , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos Humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, Libro X, julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, registro 160044, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada." Por otra parte, una vez que fue examinada la audiencia de formulación de imputación, contenida en el video respectivo, se advierte que el agente del Ministerio Público del fuero común formuló imputación en contra del quejoso, pues le hizo de su conocimiento ante la presencia judicial, que esa fiscalía integraba una carpeta de investigación en su contra en la que obraba la denuncia de hechos y entrevista a cargo de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, así como el informe rendido por los Agentes de la Policía Preventiva Municipal, periciales médicas psicológica y forense, todos en relación con la comisión de un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, de acuerdo a la forma de comisión e intervención prevista en los numerales 5, fracción I, 6 fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora y artículo 11, fracción I (delito instantáneo, doloso y autor material y directo), haciéndole saber además en forma específica cuáles fueron los hechos circunstanciados con los que estimó colmados tales presupuestos de hecho señalados, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se insiste, con posterioridad a que el juez de control en la audiencia precisada, una vez cerciorado de que el imputado conocía sus derechos constitucionales; una vez que el a quo le preguntó si era su deseo declarar de forma libre, declaró que se reservaba su derecho a declarar. De ahí que la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, y por ende, no vulnera los derechos fundamentales del quejoso contenidos en el artículo 14 constitucional. Por último, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de las determinaciones que debe constar por escrito es la del auto de vinculación a proceso, en donde debe mencionarse la autoridad judicial que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, señala que será emitida después de su emisión oral. Constancia que fue allegada a este juicio de amparo y que obra en el tomo I de pruebas. Con la precisión de que esa determinación tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la aludida diligencia, por lo que a ésta última debe sujetarse el juzgador de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.3o.4 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2360, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, Décima Época, registro 2013713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INCONGRUENTE SI AL DICTARLA EL JUEZ DE DISTRITO SE APOYA EN LA VERSIÓN ESCRITA DEL ACTO EMITIDO ORALMENTE EN LAS AUDIENCIAS DICTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL, SIN ANALIZAR LA VIDEOGRABACIÓN QUE LO CONTIENE. Resulta incongruente la sentencia de amparo indirecto que para su dictado se apoya en la versión escrita del acto emitido oralmente en las audiencias dictadas dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, sin que el Juez de Distrito analice la videograbación que lo contiene, porque, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos necesarios para que una sentencia sea congruente, es que el juzgador que conozca del juicio analice el acto reclamado, pues de lo contrario no puede cumplirse con ninguno de los demás requisitos necesarios para el dictado de una sentencia válida, en la medida en que invariablemente la determinación que llegara a dictarse no cumpliría con la finalidad de verificar si el acto de autoridad es o no violatorio de derechos fundamentales. De ahí que la falta de análisis del formato digital en que se contenga la videograbación de la audiencia, implica que no se apreció el acto reclamado, porque la resolución escrita no sustituye al acto procesal dictado de manera oral, en tanto que sólo constituye un registro administrativo de que efectivamente se llevó a cabo; máxime que las consideraciones que rigen aquél son aquellas expresadas en la audiencia, las cuales no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser sustituidas o complementadas en la versión escrita." Por otra parte, en lo concerniente a los demás requisitos denominados aquí como de fondo que debe contener un auto de vinculación a proceso, de una interpretación sistemática de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede determinar que son los siguientes: a) Que se exprese el delito imputado; b) Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) Datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el caso, los requisitos constitucionales detallados para el dictado del auto de vinculación a proceso, quedaron demostrados de forma completa. El inciso a) quedó acreditado pues según se advierte de la audiencia celebrada el siete de diciembre de dos mil veinte, se estableció que el delito por el cual se realizaba la imputación al quejoso era el de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez. Hecho delictivo que se cometió en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, 6, fracción I, y artículo 11, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora. En cuanto al inciso b), que exige que se detalle el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito, la autoridad responsable al determinar vincularlo al proceso estableció que el día uno de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete horas con veinte minutos del día en mención, el quejoso se encontraba en el domicilio ubicado en calle ferrocarril lote 19, colonia Pitic, del Municipio de Empalme, Sonora, quien sacó a empujones a su concubina Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, provocándole una caída, así como la agresión verbal contra dicha persona, lo que trajo como consecuencia maltrato físico y psicológico; que los hechos se suscitaron en virtud de que el hoy imputado llegó a su domicilio en estado de embriaguez y agredió física y verbalmente a su concubina, hechos que fueron en presencia de los agentes de la Policía Preventiva Municipal, quienes arribaron al lugar de los hechos por una llamada realizada por la víctima. En relación al inciso c), relativo a que de los datos de prueba aportados por la fiscalía permitían concluir sobre la conducta desplegada, se encuentra acreditado específicamente con la denuncia de hechos ocurridos el uno de diciembre de dos mil veinte, donde fue detenido por parte de tres elementos de la policía municipal aproximadamente a las tres horas con quince minutos en la calle ferrocarril lote 19, colonia Pitic, del Municipio de Empalme, Sonora, -luego de ser informados vía radio C5, sobre un reporte de violencia familiar-, quienes se percataron que con la puerta de la casa empujaban a una mujer lo que ocasionó que cayera al suelo y escucharon las amenazas y agresiones verbales emitidas por el activo hacía la víctima, por lo que se dispusieron a auxiliar a la fémina quien se identificó con el nombre de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez de treinta y un años edad y refirió ser concubina del agresor y vivir en el mismo domicilio, por lo que les solicitó la detención del activo autorizando el acceso al interior de la vivienda, por lo que una vez asegurado se identificó como Fernando Gabino Núñez López de treinta y dos años de edad, quien continuaba amenazando de muerte a la víctima. De igual manera, se cuenta con la entrevista a cargo de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, quien manifestó que a las dos horas del día uno de diciembre de dos mil veinte, llegó a su domicilio ubicado en calle ferrocarril lote 19, colonia Pitic, del Municipio de Empalme, Sonora, su concubino Fernando Gabino Núñez López en estado de embriaguez, quien la agredió verbalmente y la sacó a empujones de la vivienda lo que le provocó una caída. Además, se suma el dictamen en psicología forense, realizado a la víctima por la perito psicóloga Ruth María Quintero Beltrán, quien refirió que la peritada presentó alteraciones de su estado emocional al momento de relatar los hechos relativos a la denuncia y motivaron la evaluación, mostrando ansiedad; asimismo, se encontraron indicadores concordantes con sufrir violencia a través de dominación, control y sometimiento identificándose agresión con perspectiva de género; refirió que dicha persona presenta daño derivado de un maltrato psicológico que perturba su equilibrio emocional deteriorando su salud mental como consecuencia de la violencia ejercida por su pareja; datos de prueba suficientes que tuvo el Juez responsable para tener por acreditado el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez. Por lo que hace al inciso d), relativo a que exista la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de ese hecho, el juez responsable sostuvo que al ser el momento procesal en que resolvía sobre su vinculación a proceso una etapa preliminar, para determinar vincularlo era suficiente la mera probabilidad de que lo hubiera cometido. Y que esa probabilidad se había demostrado con los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, pero principalmente porque los mismos agentes policiacos presenciaron la serie de agresiones, groserías y amenazas a las que fue sujeta la víctima. Determinación que como se adelantó, se ajusta a los parámetros de constitucionalidad, toda vez que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron aptos y suficientes para establecer razonablemente que el quejoso es la persona que cometió el hecho que la ley señala como delito. Es aplicable a lo anterior la tesis V.1o.P.A.2 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 1862, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2013273, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." Por otro lado, no se acreditó a favor del imputado ninguna causa excluyente de responsabilidad a que se refiere el artículo 13 del Código Penal para el Estado de Sonora. Tampoco se probó que al momento de consumarse aquél comportamiento, el quejoso no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de ese hecho, ni de conducirse de acuerdo a esa comprensión; máxime que de los datos aportados se advierte que actuó dentro de un amplio margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra, aunado a que es mayor de edad y que al momento de cometerse el hecho de referencia no se encontraba bajo los efectos de algún trastorno mental transitorio o que padeciera desarrollo intelectual retardado; por tanto, contaba con la capacidad psíquica de motivarse de acuerdo a la norma, así como que también tuvo conciencia de la antijuricidad del hecho típico cometido y que le era exigible una conducta diversa, ya que pudo ajustarse a la norma prohibitiva y actuar conforme a derecho y al no hacerlo así, su comportamiento le es reprochable a título penal. Así, a consideración de este juzgador de amparo, los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, contienen suficientes elementos que permiten concluir con el criterio plasmado por el juez responsable al determinar vincular a proceso al quejoso, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso al imputado Fernando Gabino Núñez López, pues existen datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y existe la probabilidad de que él lo cometió. Con ello, además, se concluye que el Ministerio Público cumplió con la carga que constitucionalmente tiene impuesta, en términos del artículo 21 Constitucional, pues esa carga resguarda el principio de presunción de inocencia, que consiste en el derecho de que toda persona acusada de la comisión de un delito, debe ser considerada como inocente en tanto no existan pruebas suficientes que destruyan esa presunción. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2014 (10a.), publicada en la página 478, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2006093, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Ahora bien, en cuanto a los conceptos de violación que hace valer el quejoso, deben desestimarse, por las razones ya expuestas y además, por lo siguiente. Es infundado el motivo de disenso que hace valer el quejoso en el sentido de que no existen medios de prueba que acrediten los elementos del cuerpo del delito que se le imputa, en el caso violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez; lo anterior es así, toda vez que sí hubo medios probatorios aportados por la representación social, los cuales acertadamente fueron considerados suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso. Lo anterior, aunado a lo que se dijo en párrafos precedentes, el nuevo sistema procesal de justicia penal, reviste diversos principios propios a un sistema acusatorio adversarial, tales como el de oralidad, publicidad, inmediación, igualdad ante la ley, continuidad y concentración, en el cual no es necesario que existan pruebas formalizadas, es decir, desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndose la existencia de que los datos establezcan el delito que se imputa al inculpado, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su ejecución. Datos que deben obrar en la carpeta de investigación, lo que en la especie aconteció como se ha narrado en el cuerpo del presente asunto, por ende no es necesario que el juez acreditara los elementos corpóreos del delito que se le imputa. Así pues, resulta infundada su manifestación de que no existe prueba alguna que acredite que el quejoso cometió el ilícito que se les atribuye y que él en realidad es la víctima, como aduce; sin embargo, ha quedado acreditada la probable comisión de un delito y la presunción de que fue el quejoso quien lo cometió. Por otra parte, se aprecia que la responsable tuvo por acatado lo estipulado por el artículo 20 constitucional inciso A); ello con base al caudal probatorio aportado por la fiscalía, ello en cumplimiento a lo estipulado por el numeral 21 de la Constitución, que establece las facultades de la autoridad para acreditar la probable comisión de un evento delictivo, como en la especie aconteció. En esas circunstancias, y toda vez que en el nuevo sistema de justicia oral, no es necesario que existan pruebas formalizadas, es decir desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndose la existencia de que los datos establezcan el delito que se imputa al inculpado, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su ejecución, lo que en la especie aconteció, por lo que el suscrito juzgador arriba a la conclusión que correctamente la juez de control determinó la comisión de un hecho delictivo establecido en la ley así como la presunción de que el quejoso lo cometió, pues el juez de garantía tomando en cuenta el caudal probatorio que obra en autos, en forma acertada determinó que se actualizaba un hecho delictivo previsto por la ley, ilícito que se integra por los datos relativos a acreditar la existencia del delito de violación, para lo cual tomó en consideración el cúmulo de medios de convicción que obra en autos, es decir, existen datos suficientes que acreditan que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito y que existe la posibilidad de que el inculpado participó en él, lo que en la especie aconteció. Por lo que para dictar un auto de vinculación a proceso como en el caso no es requisito indispensable tener pruebas plenas o contundentes para acreditar la probable responsabilidad, sino sólo datos que permitan presumir la comisión del ilícito que se le atribuye, como en la especie acontece. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): (Penal), Décima Época, Publicado: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por lo expuesto, se estima que en el caso en estudio, se actualizaron los supuestos de los artículos 19 de la Constitución Federal, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en la audiencia de formulación de la imputación, se expresaron los datos de prueba recabados por la representación social, mismos que resultaron suficientes para acreditar la existencia de los hechos con apariencia de delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez y que fue el imputado quien probablemente lo cometió. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación planteados y al no advertirse queja deficiente que suplir, debe negarse el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, todos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Gabino Núñez López, contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de siete de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con sede en Guaymas, dentro de la causa penal 231/2020, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 11/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito de demanda presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el día siguiente, Fernando Gabino Núñez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas, consistentes en: "A) El auto de vinculación a proceso decretado en contra de mi representado el imputado Fernando Gabino Núñez López, esto mediante audiencia de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte, donde la autoridad responsable señaló que se vincula a proceso a Fernando Gabino Núñez López, por el hecho que la ley señala como delito de Violencia Familiar, cometido en agravio de la víctima Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de amparo en comento, por lo que en auto de quince de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, así como copia autorizada de las actuaciones en que sustentó la emisión del acto reclamado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete; se ordenó emplazar a la tercero interesada; se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo, y para ello se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Así las cosas, tenemos que el acto reclamado a la autoridad responsable, consiste en: 1. El auto de vinculación a proceso dictado el siete de diciembre de dos mil veinte, en la causa penal 231/2020, del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas; y 2. La medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra. TERCERO. Existencia del acto reclamado (certeza). Son ciertos los actos que se reclaman al Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con residencia en Guaymas, toda vez que así se advierte en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales remitidas por el referido juzgador, relativas a la causa penal 231/2020, de las que deriva el acto reclamado, mismas que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo adquieren plena eficacia demostrativa. Concatenado al registro audiovisual que contiene audio y video de la audiencia de control de detención de dos de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 231/2020, así como la de siete de diciembre del año próximo pasado, en la que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; mismo que tiene valor jurídico de conformidad con la tesis de jurisprudencia 43/2013 y la ejecutoria que le dio origen, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto de dos mil trece, Décima Época, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."; deriva, en lo que aquí interesa, que en acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales en efecto de preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio; por lo que, concluye la Sala del Alto Tribunal, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública (lato sensu), tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por lo que, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, los cuales se reprodujeron en la audiencia constitucional, para considerarlos al emitir la presente determinación. CUARTO. Causa de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, no se advierte alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio, ni las partes precisaron la existencia de alguna de ellas; por lo que se procede al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Conceptos de violación. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no solo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación al principio de exhaustividad que rige las sentencias de amparo, cuenta habida que dicho principio se satisface al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2ª./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios e exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del asunto. Los conceptos de violación, aun suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, son infundados. Ahora bien, el quejoso reclamó la resolución dictada el siete de diciembre de dos mil veinte, en la que se decretó la vinculación a proceso, dentro de la causa penal 231/2020, por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez. En los motivos de disenso expresados por el quejoso, asevera que existe afectación al debido proceso toda vez que en la resolución combatida no se colman las exigencias del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que los datos de pruebas existentes en la carpeta de investigación son insuficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito, por lo cual se vio trastocado el principio de presunción de inocencia. Primeramente cabe mencionar que el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contienen un parámetro para el dictado del auto de vinculación a proceso y textualmente disponen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De la lectura de los numerales transcritos, se puede evidenciar claramente que mientras el precepto constitucional invocado prevé los componentes que debe incluir un auto de vinculación a proceso (requisitos materiales de contenido), es decir, los elementos que la conforman; el dispositivo legal de la norma secundaria enumera algunos presupuestos procedimentales que deben colmarse previo al dictado de la resolución en análisis, además de otro de fondo necesario para la validez de la propia determinación. De una interpretación sistemática de ambos preceptos normativos, se obtiene que los requisitos constitucionales y procesales, para su mejor comprensión, se pueden dividir en dos clasificaciones: 1. Requisitos de forma, que se exigen previamente al dictado de un auto de vinculación a proceso, y sin los cuales no procede iniciar con su emisión; y 2. Requisitos de fondo, que son aquellos elementos que conforman la propia resolución, es decir, son los que deben estar precisados y acreditados por el juzgador en la misma audiencia con el propósito de que sea legal. Los requisitos de forma, son: I. Que se haya formulado la imputación; y, II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Esos requisitos forman parte de las formalidades esenciales del procedimiento, que en términos del artículo 14 constitucional, consisten básicamente en que previamente a privar de un derecho a una persona debe ser oído y vencido en juicio, con las formalidades que para tal efecto establece la norma. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 396, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2005716, que dispone: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Una vez que fue examinada la audiencia inicial celebrada el dos de diciembre de dos mil veinte, se aprecia que su desarrollo se ajustó a las disposiciones contenidas en el artículo 14 constitucional, al cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento; esto es, se informó al imputado por parte del Ministerio Público los cargos formulados en su contra, que tenía el derecho de responder a esos cargos o de no hacerlo, y que esto último no podría ser utilizado en su contra. Y todo ello sucedió en presencia de su defensor, a quien designó de forma libre. Asimismo, al inicio de la audiencia, el juez de control, en términos de lo dispuesto en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le preguntó si le habían hecho de su conocimiento los derechos constitucionales con anterioridad y si tenía alguna duda al respecto, a lo que el imputado manifestó estar debidamente enterado de ellos. En ese sentido el juez responsable garantizó el derecho a la defensa adecuada del imputado. Entonces, no existe base para determinar en su caso, que el juzgador impidió u obstaculizó el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso para desvirtuar la imputación del Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 240, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, registro 2009005 , de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO. Conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, que deriva de la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se configura por la observancia y aplicación de las normas constitucionales y de fuente internacional en materia de derechos Humanos, así como la directriz de interpretación pro personae; el artículo 20, apartado A, fracción IX, del referido ordenamiento constitucional, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe interpretarse armónicamente con los numerales 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como el criterio contenido en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.) (*), emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.", y la propia doctrina de interpretación constitucional generada por esta Primera Sala. Lo anterior, para establecer que el ejercicio eficaz y forma de garantizar el derecho humano de defensa adecuada en materia penal implica que el imputado (lato sensu), a fin de garantizar que cuente con una defensa técnica adecuada, debe ser asistido jurídicamente, en todas las etapas procedimentales en las que intervenga, por un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público); incluso, de ser posible, desde el momento en que acontezca su detención. La exigencia de una defensa técnica encuentra justificación al requerirse de una persona que tenga la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para el imputado, a fin de otorgar una real y efectiva asistencia legal que le permita estar posibilidad de hacer frente a la imputación formulada en su contra. Lo cual no se satisface si la asistencia es proporcionada por cualquier otra persona que no reúna la citada característica, a pesar de ser de la confianza del referido imputado." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, Libro X, julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, registro 160044, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada." Por otra parte, una vez que fue examinada la audiencia de formulación de imputación, contenida en el video respectivo, se advierte que el agente del Ministerio Público del fuero común formuló imputación en contra del quejoso, pues le hizo de su conocimiento ante la presencia judicial, que esa fiscalía integraba una carpeta de investigación en su contra en la que obraba la denuncia de hechos y entrevista a cargo de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, así como el informe rendido por los Agentes de la Policía Preventiva Municipal, periciales médicas psicológica y forense, todos en relación con la comisión de un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, de acuerdo a la forma de comisión e intervención prevista en los numerales 5, fracción I, 6 fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora y artículo 11, fracción I (delito instantáneo, doloso y autor material y directo), haciéndole saber además en forma específica cuáles fueron los hechos circunstanciados con los que estimó colmados tales presupuestos de hecho señalados, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y se insiste, con posterioridad a que el juez de control en la audiencia precisada, una vez cerciorado de que el imputado conocía sus derechos constitucionales; una vez que el a quo le preguntó si era su deseo declarar de forma libre, declaró que se reservaba su derecho a declarar. De ahí que la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, y por ende, no vulnera los derechos fundamentales del quejoso contenidos en el artículo 14 constitucional. Por último, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de las determinaciones que debe constar por escrito es la del auto de vinculación a proceso, en donde debe mencionarse la autoridad judicial que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, señala que será emitida después de su emisión oral. Constancia que fue allegada a este juicio de amparo y que obra en el tomo I de pruebas. Con la precisión de que esa determinación tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la aludida diligencia, por lo que a ésta última debe sujetarse el juzgador de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XV.3o.4 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la página 2360, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, Décima Época, registro 2013713, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INCONGRUENTE SI AL DICTARLA EL JUEZ DE DISTRITO SE APOYA EN LA VERSIÓN ESCRITA DEL ACTO EMITIDO ORALMENTE EN LAS AUDIENCIAS DICTADAS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL, SIN ANALIZAR LA VIDEOGRABACIÓN QUE LO CONTIENE. Resulta incongruente la sentencia de amparo indirecto que para su dictado se apoya en la versión escrita del acto emitido oralmente en las audiencias dictadas dentro de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, sin que el Juez de Distrito analice la videograbación que lo contiene, porque, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, uno de los requisitos necesarios para que una sentencia sea congruente, es que el juzgador que conozca del juicio analice el acto reclamado, pues de lo contrario no puede cumplirse con ninguno de los demás requisitos necesarios para el dictado de una sentencia válida, en la medida en que invariablemente la determinación que llegara a dictarse no cumpliría con la finalidad de verificar si el acto de autoridad es o no violatorio de derechos fundamentales. De ahí que la falta de análisis del formato digital en que se contenga la videograbación de la audiencia, implica que no se apreció el acto reclamado, porque la resolución escrita no sustituye al acto procesal dictado de manera oral, en tanto que sólo constituye un registro administrativo de que efectivamente se llevó a cabo; máxime que las consideraciones que rigen aquél son aquellas expresadas en la audiencia, las cuales no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser sustituidas o complementadas en la versión escrita." Por otra parte, en lo concerniente a los demás requisitos denominados aquí como de fondo que debe contener un auto de vinculación a proceso, de una interpretación sistemática de los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede determinar que son los siguientes: a) Que se exprese el delito imputado; b) Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; c) Datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, d) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En el caso, los requisitos constitucionales detallados para el dictado del auto de vinculación a proceso, quedaron demostrados de forma completa. El inciso a) quedó acreditado pues según se advierte de la audiencia celebrada el siete de diciembre de dos mil veinte, se estableció que el delito por el cual se realizaba la imputación al quejoso era el de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez. Hecho delictivo que se cometió en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, 6, fracción I, y artículo 11, fracción I, del Código Penal para el Estado de Sonora. En cuanto al inciso b), que exige que se detalle el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del ilícito, la autoridad responsable al determinar vincularlo al proceso estableció que el día uno de diciembre de dos mil veinte, aproximadamente a las siete horas con veinte minutos del día en mención, el quejoso se encontraba en el domicilio ubicado en calle ferrocarril lote 19, colonia Pitic, del Municipio de Empalme, Sonora, quien sacó a empujones a su concubina Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, provocándole una caída, así como la agresión verbal contra dicha persona, lo que trajo como consecuencia maltrato físico y psicológico; que los hechos se suscitaron en virtud de que el hoy imputado llegó a su domicilio en estado de embriaguez y agredió física y verbalmente a su concubina, hechos que fueron en presencia de los agentes de la Policía Preventiva Municipal, quienes arribaron al lugar de los hechos por una llamada realizada por la víctima. En relación al inciso c), relativo a que de los datos de prueba aportados por la fiscalía permitían concluir sobre la conducta desplegada, se encuentra acreditado específicamente con la denuncia de hechos ocurridos el uno de diciembre de dos mil veinte, donde fue detenido por parte de tres elementos de la policía municipal aproximadamente a las tres horas con quince minutos en la calle ferrocarril lote 19, colonia Pitic, del Municipio de Empalme, Sonora, -luego de ser informados vía radio C5, sobre un reporte de violencia familiar-, quienes se percataron que con la puerta de la casa empujaban a una mujer lo que ocasionó que cayera al suelo y escucharon las amenazas y agresiones verbales emitidas por el activo hacía la víctima, por lo que se dispusieron a auxiliar a la fémina quien se identificó con el nombre de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez de treinta y un años edad y refirió ser concubina del agresor y vivir en el mismo domicilio, por lo que les solicitó la detención del activo autorizando el acceso al interior de la vivienda, por lo que una vez asegurado se identificó como Fernando Gabino Núñez López de treinta y dos años de edad, quien continuaba amenazando de muerte a la víctima. De igual manera, se cuenta con la entrevista a cargo de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez, quien manifestó que a las dos horas del día uno de diciembre de dos mil veinte, llegó a su domicilio ubicado en calle ferrocarril lote 19, colonia Pitic, del Municipio de Empalme, Sonora, su concubino Fernando Gabino Núñez López en estado de embriaguez, quien la agredió verbalmente y la sacó a empujones de la vivienda lo que le provocó una caída. Además, se suma el dictamen en psicología forense, realizado a la víctima por la perito psicóloga Ruth María Quintero Beltrán, quien refirió que la peritada presentó alteraciones de su estado emocional al momento de relatar los hechos relativos a la denuncia y motivaron la evaluación, mostrando ansiedad; asimismo, se encontraron indicadores concordantes con sufrir violencia a través de dominación, control y sometimiento identificándose agresión con perspectiva de género; refirió que dicha persona presenta daño derivado de un maltrato psicológico que perturba su equilibrio emocional deteriorando su salud mental como consecuencia de la violencia ejercida por su pareja; datos de prueba suficientes que tuvo el Juez responsable para tener por acreditado el delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez. Por lo que hace al inciso d), relativo a que exista la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de ese hecho, el juez responsable sostuvo que al ser el momento procesal en que resolvía sobre su vinculación a proceso una etapa preliminar, para determinar vincularlo era suficiente la mera probabilidad de que lo hubiera cometido. Y que esa probabilidad se había demostrado con los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, pero principalmente porque los mismos agentes policiacos presenciaron la serie de agresiones, groserías y amenazas a las que fue sujeta la víctima. Determinación que como se adelantó, se ajusta a los parámetros de constitucionalidad, toda vez que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron aptos y suficientes para establecer razonablemente que el quejoso es la persona que cometió el hecho que la ley señala como delito. Es aplicable a lo anterior la tesis V.1o.P.A.2 P (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, visible en la página 1862, Libro 37, diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2013273, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." Por otro lado, no se acreditó a favor del imputado ninguna causa excluyente de responsabilidad a que se refiere el artículo 13 del Código Penal para el Estado de Sonora. Tampoco se probó que al momento de consumarse aquél comportamiento, el quejoso no tenía la capacidad de comprender el carácter ilícito de ese hecho, ni de conducirse de acuerdo a esa comprensión; máxime que de los datos aportados se advierte que actuó dentro de un amplio margen de libertad, al no mediar coacción física o moral en su contra, aunado a que es mayor de edad y que al momento de cometerse el hecho de referencia no se encontraba bajo los efectos de algún trastorno mental transitorio o que padeciera desarrollo intelectual retardado; por tanto, contaba con la capacidad psíquica de motivarse de acuerdo a la norma, así como que también tuvo conciencia de la antijuricidad del hecho típico cometido y que le era exigible una conducta diversa, ya que pudo ajustarse a la norma prohibitiva y actuar conforme a derecho y al no hacerlo así, su comportamiento le es reprochable a título penal. Así, a consideración de este juzgador de amparo, los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, contienen suficientes elementos que permiten concluir con el criterio plasmado por el juez responsable al determinar vincular a proceso al quejoso, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso al imputado Fernando Gabino Núñez López, pues existen datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y existe la probabilidad de que él lo cometió. Con ello, además, se concluye que el Ministerio Público cumplió con la carga que constitucionalmente tiene impuesta, en términos del artículo 21 Constitucional, pues esa carga resguarda el principio de presunción de inocencia, que consiste en el derecho de que toda persona acusada de la comisión de un delito, debe ser considerada como inocente en tanto no existan pruebas suficientes que destruyan esa presunción. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 25/2014 (10a.), publicada en la página 478, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2006093, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." Ahora bien, en cuanto a los conceptos de violación que hace valer el quejoso, deben desestimarse, por las razones ya expuestas y además, por lo siguiente. Es infundado el motivo de disenso que hace valer el quejoso en el sentido de que no existen medios de prueba que acrediten los elementos del cuerpo del delito que se le imputa, en el caso violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez; lo anterior es así, toda vez que sí hubo medios probatorios aportados por la representación social, los cuales acertadamente fueron considerados suficientes para acreditar los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso. Lo anterior, aunado a lo que se dijo en párrafos precedentes, el nuevo sistema procesal de justicia penal, reviste diversos principios propios a un sistema acusatorio adversarial, tales como el de oralidad, publicidad, inmediación, igualdad ante la ley, continuidad y concentración, en el cual no es necesario que existan pruebas formalizadas, es decir, desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndose la existencia de que los datos establezcan el delito que se imputa al inculpado, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que probabilidad de que aquél lo cometió o participó en su ejecución. Datos que deben obrar en la carpeta de investigación, lo que en la especie aconteció como se ha narrado en el cuerpo del presente asunto, por ende no es necesario que el juez acreditara los elementos corpóreos del delito que se le imputa. Así pues, resulta infundada su manifestación de que no existe prueba alguna que acredite que el quejoso cometió el ilícito que se les atribuye y que él en realidad es la víctima, como aduce; sin embargo, ha quedado acreditada la probable comisión de un delito y la presunción de que fue el quejoso quien lo cometió. Por otra parte, se aprecia que la responsable tuvo por acatado lo estipulado por el artículo 20 constitucional inciso A); ello con base al caudal probatorio aportado por la fiscalía, ello en cumplimiento a lo estipulado por el numeral 21 de la Constitución, que establece las facultades de la autoridad para acreditar la probable comisión de un evento delictivo, como en la especie aconteció. En esas circunstancias, y toda vez que en el nuevo sistema de justicia oral, no es necesario que existan pruebas formalizadas, es decir desaparece la figura de los elementos corpóreos del delito, sustituyéndose la existencia de que los datos establezcan el delito que se imputa al inculpado, el lugar, tiempo, las circunstancias de ejecución y que probabilidad de que aquel lo cometió o participó en su ejecución, lo que en la especie aconteció, por lo que el suscrito juzgador arriba a la conclusión que correctamente la juez de control determinó la comisión de un hecho delictivo establecido en la ley así como la presunción de que el quejoso lo cometió, pues el juez de garantía tomando en cuenta el caudal probatorio que obra en autos, en forma acertada determinó que se actualizaba un hecho delictivo previsto por la ley, ilícito que se integra por los datos relativos a acreditar la existencia del delito de violación, para lo cual tomó en consideración el cúmulo de medios de convicción que obra en autos, es decir, existen datos suficientes que acreditan que se ha cometido un hecho que la ley establece como delito y que existe la posibilidad de que el inculpado participó en él, lo que en la especie aconteció. Por lo que para dictar un auto de vinculación a proceso como en el caso no es requisito indispensable tener pruebas plenas o contundentes para acreditar la probable responsabilidad, sino sólo datos que permitan presumir la comisión del ilícito que se le atribuye, como en la especie acontece. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): (Penal), Décima Época, Publicado: viernes 04 de agosto de 2017 10:12 h, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por lo expuesto, se estima que en el caso en estudio, se actualizaron los supuestos de los artículos 19 de la Constitución Federal, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que en la audiencia de formulación de la imputación, se expresaron los datos de prueba recabados por la representación social, mismos que resultaron suficientes para acreditar la existencia de los hechos con apariencia de delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Itzel Guadalupe Lizárraga Vázquez y que fue el imputado quien probablemente lo cometió. En las relatadas circunstancias, al resultar infundados los conceptos de violación planteados y al no advertirse queja deficiente que suplir, debe negarse el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217, todos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Gabino Núñez López, contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso de siete de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Seis del Estado de Sonora, con sede en Guaymas, dentro de la causa penal 231/2020, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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