Fernando Francisco Salvador Figueroa
Expediente 918/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 918/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Fernando Francisco Salvador Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
agréguese a los autos el escrito de cuenta autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, calidad que tiene reconocida en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el cual desahoga la vista que se le otorgó en proveído de veintidós del mes y año en curso, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones, mismas que serán tomadas en consideración al momento de realizar el pronunciamiento respectivo, en términos de lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa del auto de fecha 07/septiembre/2021, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el aviso que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: Ciudad de México; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, en su carácter de parte quejosa, en atención a su contenido téngase por desahogada en esencia la prevención que se le formuló en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en consecuencia se tiene a la parte promovente precisando la autoridad responsable, esto es, al Titular de la Comisión Federal de Electricidad, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda, y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia ésta se desechará de plano, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, pues tal dispositivo es el que regula específicamente las hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, en ese sentido, se procede a analizar tales aspectos. En el caso, la parte quejosa acude a esta autoridad jurisdiccional solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los siguientes actos reclamados: Asimismo, se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Titular de la Comisión Federal de Electricidad y a "Ing. *** Responsable del Departamento Comercial de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicas División Valle de México Sur Zona Universidad". De lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace al señalamiento de las autoridades responsables citadas en su escrito inicial de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Lo anterior se considera así, puesto que los artículos reproducidos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; y que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese sentido, por disposición expresa de la ley de la materia, se considera autoridad responsable a aquel órgano estatal, de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. Bajo dichas premisas, es indudable que la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que no actúa en forma unilateral, imperativa y coercitiva. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, carece de facultades de decisión y, por ende, su participación no significa que realice motu proprio actos de molestia con las características de potestad e imperio, que son los atributos que distinguen a los actos de autoridad. Ello es así, puesto que los actos que por la presente vía controvierte, consistentes en el inicio de procedimiento, y la orden de corte y suspensión del servicio de energía eléctrica; así como su ejecución, no pueden estimarse como aquéllos emitidos por imperio de una autoridad en uso de sus atribuciones que la propia legislación le confiere, por lo que no son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo, toda vez que dichas actuaciones no reúnen las características de un acto de autoridad, al no haberse emitido en un plano de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 2ª./J.2/2019 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1008, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Así como la jurisprudencia 2ª./J.156/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." En efecto, de conformidad con lo dispuesto por la transcrita fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de autoridad que violen o restrinjan las garantías individuales, de lo que se colige, que sólo están legitimados para intentar la acción constitucional aquéllos gobernados que por la aplicación en su contra de una ley o acto de una autoridad estimen vulneradas sus garantías individuales, supuestos que en la especie no se actualizan, toda vez que los actos reclamados no reúnen las características de actos de autoridad, que como ya se dijo, es que sea unilateral, imperativo y coercitivo, características que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en la esfera jurídica de los gobernados susceptible de impugnarse vía juicio de amparo. Tales acotaciones, unilateralidad, imperatividad y coercitividad, son las que caracterizan un acto de autoridad, dentro de un plano de relaciones de supra a subordinación, de modo que si un ente emite un acto, y si éste no vincula de forma alguna al gobernado, pues no trae como consecuencia inmediata la afectación de su esfera jurídica, no se estará en presencia de un acto de autoridad, por ende, resultará improcedente el juicio de garantías si se le combate a través del amparo, el cual procede contra actos de autoridades únicamente. Así, las autoridades dependientes de la Comisión Federal de Electricidad en el presente asunto no actúan en un plano de supra a subordinación y, por tanto, los actos reclamados no vinculan imperativamente al sujeto, porque no le imponen una orden u obligación, ni constituyen tampoco una resolución que modifique su situación jurídica, y en tal virtud carecen de fuerza obligatoria para el sujeto y del imperio que caracteriza a los actos de autoridad. Apoya la anterior determinación, la tesis visible en la página 390, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión "leyes o actos de autoridad" recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo.". De igual forma, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Por consiguiente, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Titular de la Comisión Federal de Electricidad y de otra autoridad, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Con la determinación adoptada, esta juzgadora estima que no se trastoca el derecho fundamental de la tutela efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para controvertir el acto que por esta vía pretende impugnar a través de la vía procedente. Por último, a fin de que se proceda a realizar la notificación del presente proveído en el domicilio señalado, con fundamento en lo previsto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal, para practicar la diligencia que se encomienda, en horas y días inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistida de Ana Luisa Cortés Narváez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
...agréguese a los autos el oficio, tómese conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, requiérase a la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se apercibe.
- Principal
... los cuadernos del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en virtud de que se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, además este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse.
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