Fernando Flores Pérez

Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
951/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Fernando Flores Pérez
  • Fernando Flores Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por proveído de tres de junio del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente asunto y se ordenó la devolución a la responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la copia certificada de la carpeta de investigación C.I.UIHOM-S/49/2020, que adjuntó al rendir su informe justificado. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire envíese a la citada autoridad las referidas constancias, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a tres de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó y se negó el amparo, en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó y negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Luego, tomando en consideración que en el presente incidente, se negó la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento; en consecuencia, el cuaderno original es susceptible de destrucción transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que tal como se precisó en la certificación de esta fecha, no obran documentos aportados por la parte quejosa, tanto de los catalogados como originales, como de los catalogados como no originales. Por otra parte, devuélvase al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consistentes en copia certificada de la carpeta de investigación C.I.UIHOM-S/49/2020, la cual remitió mediante oficio 2310/2021. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García, que autoriza y da fe

  3. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 951/2021, promovido por Fernando Flores Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y otra autoridad, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el trece de octubre de dos mil veintiuno y en este órgano jurisdiccional el catorce de octubre del año próximo pasado, Fernando Flores Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos Encargado de la Carpeta de Investigación UIHOM-S/49/2020 y que hizo consistir en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente judicial 88/2021 en la que se determinó que el representante social no incurrió en omisiones al no devolver el vehículo de la parte quejosa. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza penal; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que Fernando Flores Pérez reclamó lo siguiente: La audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, celebrada en el expediente judicial 88/2021 en la que se determinó que el representante social no incurrió en omisiones al no devolver el vehículo de la parte quejosa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala y Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos Encargado de la Carpeta de Investigación UIHOM-S/49/2020, al rendir su informe justificado admitieron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia auténtica del expediente judicial 88/2021 y de la carpeta de investigación UIHOM-S/49/2020 y el registro de audio y video de la audiencia celebrada el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . Asimismo se cita como apoyo la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2004362 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". CUARTO. Causales de improcedencia respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos Encargado de la Carpeta de Investigación UIHOM-S/49/2020. De oficio esta Juzgadora advierte que el juicio de amparo es improcedente en relación con el acto consistente en la retención del vehículo de la parte quejosa, en virtud de que este funcionario no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio; por lo que se estima que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De los preceptos mencionados se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese panorama, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 199459, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte quejosa tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161133, de epígrafe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Cabe destacar que una de las notas distintivas para atribuir a un órgano u organismo del Estado el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, radica en que exista una relación de supra a subordinación entre éstos y un particular, y no de coordinación. Al respecto, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son aquellas entabladas entre particulares que actúan en un plano de igualdad y que, en su caso, deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellos o contempladas por la ley, encontrándose dentro de este tipo de relaciones, las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Asimismo, se establece que las relaciones de supra a subordinación son aquellas que se dan entre gobernantes y gobernados, en las que los primeros actúan en un plano de superioridad frente a los segundos, estando facultado el órgano estatal para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales. Ahora bien, para determinar si el acto que se le atribuye a la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos Encargado de la Carpeta de Investigación UIHOM-S/49/2020, debe considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, es conveniente tener presente lo dispuesto en los artículos 105, fracción V, 127 y 131, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen que el Ministerio Público es parte del procedimiento penal y le compete, entre otras funciones, la investigación del delito, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. De acuerdo con el artículo 211 de la citada codificación penal, la etapa de investigación consta de dos fases, a saber, la inicial y la complementaria; la primera comienza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de Control para que se le formule imputación, y la segunda, comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En ese sentido, al haberse interpuesto el recurso innominado en contra de las omisiones e irregularidades que se atribuyen al fiscal, se hizo necesaria la intervención del Juez de Control, de manera que el Ministerio Público quedó sujeto a las determinaciones de la autoridad jurisdiccional. Por tanto, dado que en la especie la Agente del Ministerio señalado como responsable ha quedado sujeto a las determinaciones de la Juez de Control que conoció de las impugnaciones que interpuso la parte quejosa, no es dable estimar que sus actuaciones sean unilaterales, en la medida que estarán vinculadas con lo resuelto por el citado Juez de Control. Sirve de apoyo a esta conclusión, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2022071, de contenido: "Décima Época Materias(s): Penal, Común Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." (Lo resaltado es propio) Por lo tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos Encargado de la Carpeta de Investigación UIHOM-S/49/2020, al actualizarse la causa de improcedencia que se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo . QUINTO. Son infundados los conceptos de violación planteados por la quejosa respecto del acto que atribuye al Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Tlaxcala Para una mejor comprensión del asunto conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado. Mediante oficio número 202/2021 de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos, Región Sur, solicitó al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido Región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dejara a disposición de esa representación social el vehículo Mini Cooper, modelo 2015, color negro con vivos en color rojo, en toldo y espejos, con número de serie WMWXS7106FT838148, con placas de circulación XTT-869-A y solicitó que le informara el lugar en que se dejara a disposición el vehículo mencionado (foja 760 del Tomo de Pruebas). Por oficio número 2284/2021 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público Titular del Tercer Turno de la Unidad de Investigación con detenido, Región Sur, adscrita al Departamento de Investigación del Delito, remitió al representante social responsable el vehículo Mini Cooper, modelo 2015, color negro con vivos en color rojo, en toldo y espejos, con número de serie WMWXS7106FT838148, con placas de circulación XTT-869-A (foja 761 del Tomo de pruebas). Mediante oficios 258/2021, 259/2021, 260/2021 y 262/2021| de tres y cuatro de marzo de dos mil veintiuno, respectivamente, se solicitó al Titular del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, designara perito en materia de criminalística de campo y química forense, a fin de que procediera a realizar rastreo de índole criminalístico conjuntamente con los peritos en genética forense, química forense e identificativa del vehículo antes descrito, asimismo, se solicitó en el último de los ocursos citados, al Inspector General Encargado del Departamento de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a efecto de llevar a cabo el rastro de orden criminalístico (fojas 815, 817, 819 y 821). Dictamen en materia de identificación de vehículos en el que se determinó: "Conclusión. Los medios de identificación que presenta el vehículo motivo de mi intervención, no presentan alteración.." (foja 848) Dictamen en materia de química forense de veintidós de marzo de dos mil veintiuno en el que se determinó: "[.] No se identificó la presencia de luminiscencia al aplicar reactivo bluestra en el vehículo marca "Mini Cooper" modelo 2015, color negro con vivos en color rojo, placas de circulación XTT-869-A del Estado de Tlaxcala [.]" (fojas 894 a 896). Dictamen en materia de criminalística de campo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 912 a 916). Escrito suscrito por el hoy quejoso Fernando Flores Pérez y presentado ante el Agente del Ministerio Público responsable el dieciséis de junio de dos mil veinte, por el que solicitó la devolución del vehículo descrito con anterioridad (fojas 956 y 957) Proveído de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, porque dentro de la indagatoria no se encontraba acreditada la propiedad del vehículo (foja 959). Escrito signado por Fernando Flores Pérez, en el que solicitó al representante social responsable, se fijara día y hora para acreditar la propiedad de su vehículo (fojas 961 y 962). Auto de veintiséis de junio de dos mil veintiuno, en la que se fijaron las diez horas con cero minutos del día siete de julio de dos mil veintiuno, a fin de que compareciera el ahora quejoso para acreditar la propiedad de su vehículo (foja 965). Escrito de siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual Fernando Flores Pérez, solicitó se girara oficio al Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación UITLAX-D3/468/2020 que se sigue por el delito de cohecho, a fin de que remitiera las constancias de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que acreditó la propiedad del vehículo marca BMW-MINI , modelo 2015, con número de serie WMWXS7106FT838148, con placas de circulación XTT-869-A (fojas 994 y 995). Proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que se determinó que no había lugar a solicitar la documentación que se requería, por lo que se ordenó al promovente que compareciera en las instalaciones que ocupa la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Dolosos Región Sur, a fin de que agendara una cita con el fin de acreditar la propiedad respecto de la unidad vehicular mencionada (foja 996). Diligencia de cinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que Fernando Flores Pérez, se presentó ante el represente social fin de acreditar la propiedad del vehículo de que se trata (fojas 998 a 1001) Oficios números 1430/2021, 1432/2021, 1433/2021, 1434/2021 1435/2021, 1436/2021, 1437/2021, 1438/2021, 1439/2021, 1440/2021, 1441/2021, 1442/2021, 1443/2021, 1444/2021, 1445/2021, 1446/2021, 1447/2021, 1448/2021, 1449/2021, 1450/2021, 1451/2021, 1452/2021, 1453/2021, 1454/2021, 1455/2021, 1456/2021, 1457/2021, 1458/2021, 1459/2021, 1460/2021, 1461/2021, de dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, girados a la Encargada de la Subprocuraduría de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que girara oficio a sus homólogos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, a efecto de que informaran si en las Agencias o Ministerios Públicos que integran dicha Procuraduría y/o Fiscalías del Ministerio Público de dichas Procuradurías y/o Fiscalías se encuentra relacionado el vehículo BMW-MINI señalado, dentro de algún acta circunstanciada, averiguación previa, acta de hechos, constancia de hechos, carpeta de investigación, proceso, causa judicial y/o expediente (fojas 1065 a 1127). Escrito signado por Fernando Flores Pérez, recibido el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la que solicitó se señalara día y hora para la audiencia contra omisiones del Ministerio Público (fojas 69 a 71 del juicio de amparo) Proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, en la que se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia solicitada (foja 73). Audiencia llevada a cabo el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, en la que se determinó que no se advierte que existan omisiones que a su consideración haya incurrido el Agente del Ministerio Público. Ahora bien, la parte quejosa señala que se viola en su perjuicio las garantías de legalidad , seguridad y libertad jurídica tuteladas en su favor por los numerales 14, 16 y 20 apartado B Constitucionales, al tener por justificada la retención de su vehículo particular, ya que en la carpeta que dio origen a la retención del bien mueble, consta que ya no hay diligencias por realizar, sin embargo, el Juez de Control consintió la acción del Agente del Ministerio Público de retener su vehículo, dejándolo en completo estado de indefensión porque el representante social dispone de su unidad por el tiempo que él considera pertinente. El anterior motivo de inconformidad es infundado, porque el Juez responsable actuó correctamente al determinar que no existen omisiones por parte del representante social. Ello es así, porque el hoy quejoso a través de su asesor jurídico expuso las causas por las cuales consideró que el Agente del Ministerio Público, incurrió en omisiones, señaló que no existía justificación para el aseguramiento del vehículo, porque ya se encontraban satisfechas las diligencias ordenadas e indicó que persiste la negativa para devolverle su vehículo no obstante de que acreditó la propiedad del mismo. Por su parte el Agente del Ministerio Público refirió que el vehículo no se había devuelto porque no se había acreditado la propiedad, y aun tenía pendiente investigar si el vehículo no estaba relacionado con alguna otra carpeta de investigación, asimismo refirió que le dio oportunidad al ofendido para que expresara si no tenía algún dictamen pericial que practicar en relación al vehículo y una vez que se recibiera la información, se encontraría en posibilidad de acordar lo relativo a su devolución. En ese sentido, el juez responsable determinó que no había lugar a las omisiones planteadas por los asesores jurídicos, porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el representante social se encontraba realizando las investigaciones para determinar si el vehículo no se encontraba relacionado con alguna otra investigación o causa penal y que se dio oportunidad al ofendido para que determinara si no tenía algún dictamen pericial que practicar respecto de dicho vehículo, por lo que aun cuando se hubiera acreditado la propiedad, no eran procedentes sus pretensiones. Ahora bien, de lo narrado por el propio Agente del Ministerio Público y de las constancias a que se hizo referencia con anterioridad, se aprecia que aún se encuentran realizando investigaciones para verificar si el automóvil descrito, no se encuentra relacionado con algún acta circunstanciada, averiguación previa, acta de hechos, constancia de hechos, carpeta de investigación, proceso, causa judicial y/o expediente, motivo por el cual giró los oficios 1430/2021, 1432/2021, 1433/2021, 1434/2021 1435/2021, 1436/2021, 1437/2021, 1438/2021, 1439/2021, 1440/2021, 1441/2021, 1442/2021, 1443/2021, 1444/2021, 1445/2021, 1446/2021, 1447/2021, 1448/2021, 1449/2021, 1450/2021, 1451/2021, 1452/2021, 1453/2021, 1454/2021, 1455/2021, 1456/2021, 1457/2021, 1458/2021, 1459/2021, 1460/2021, 1461/2021, de dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, a la Encargada de la Subprocuraduría de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado a fin de que girara oficio a sus homólogos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, para investigar ese hecho, motivo por el cual como lo sostuvo el Juez responsable, no ha incurrido en las omisiones que se le atribuyen. Luego, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados; procede negar el amparo y protección de la Justicia federal solicitados. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, de los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Flores Pérez, respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Fernando Flores Pérez, respecto de los actos y autoridad señalada en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado María de Lourdes Morales García, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con treinta y un minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 951/2021, promovido por Fernando Flores Pérez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de María de Lourdes Morales García, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, la Secretaria certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Fernando Flores Pérez; auto admisorio de quince de octubre de dos mil veintiuno, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y oficio 2310/2021 signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, región Sur. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que el tercero interesado Agente del Ministerio Público quien conoce del expediente judicial 88/2021 del índice del Juzgado Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer (Gerardo Martínez Pérez) se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la parte tercera interesada. Abierto el periodo de pruebas, la Secretaria hace constar que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, región Sur, remitió copia auténtica de los oficios 1430/2021 al 1461/2021, así como copia de la carpeta de investigación C.I.UIHOM-S/49/2020. Por su parte el Juez Noveno de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, ofreció como pruebas de su parte copia auténtica del expediente judicial 88/2021 y un disco versátil digital (DVD). A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, la Secretaria da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención y que el Agente del Ministerio Público adscrito, no presentó pedimento legal alguno; a lo que la Juez acuerda: con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, téngase a las partes como no formulando alegatos; y por otro lado, se tiene al Agente de Ministerio Público Federal adscrito sin presentar pedimento. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia, firmando al calce electrónicamente los que en ella intervinieron y enseguida procédase a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. La Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Juez Karina Juárez Benavides (Firmado electrónicamente) La Secretaria de Juzgado María de Lourdes Morales García (Firmado electrónicamente)

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano