FERNANDO FLORES CÁRDENAS y Otros.
Expediente 744/2010 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2010
- Año
- 2010
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/06/2019
Partes del expediente
- FERNANDO FLORES CÁRDENAS y Otros.
- Fernando Flores Cárdenas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación hecha por la secretaria, en la que se hizo constar que transcurrió el plazo de quince días que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, a las partes para inconformarse contra la resolución en la que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Este expediente no tiene relevancia documental y es depurable, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto, el estado que guardan los autos del que se advierte que ninguna de las partes ejerció su derecho a manifestar lo atinente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. En principio, debe precisarse que mediante Decreto de Reformas Constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de junio de dos mil once -con vigencia a partir del cuatro de octubre del mismo año-, se reformaron las bases constitucionales del juicio de amparo, mientras que el dos de abril de dos mil trece se promulgó la Nueva Ley de Amparo -que abrogó la anterior Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de diez de enero de mil novecientos treinta y seis -, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Conforme al artículo TERCERO TRANSITORIO del decreto promulgatorio de la nueva Ley de Amparo, los juicios iniciados con anterioridad a la vigencia de la nueva normatividad, continuarán tramitándose hasta su resolución final acorde a las disposiciones aplicables vigentes al inicio de dicho juicio, salvo en lo relativo al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad, así como en temas de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Dicha regla transitoria complicó la aplicación de la anterior Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales a los procedimientos de cumplimiento y ejecución de sentencias comenzados antes de la vigencia del citado decreto promulgatorio; sin embargo, frente a dicha problemática, ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definieron, coincidentemente, en jurisprudencia, que las disposiciones sobre cumplimiento y ejecución de sentencias de amparo previstas en la nueva legislación, pero sobre todo considerando el artículo 192 de la ley vigente, son aplicables sólo a juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva legislación, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado ejecutoria con posterioridad a su vigencia; es decir, a partir del tres de abril de dos mil trece. A este respecto son aplicables las jurisprudencias siguientes, de ambas salas del Alto Tribunal que se citan en orden de publicación: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciéndose dos salvedades: una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra, en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por una parte, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo previsto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otra parte, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente, son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas." "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas." Así, considerando que la sentencia a que este amparo se refiere causó estado el catorce de julio de dos mil once, esto es, el día de su dictado , resulta inconcuso que la etapa de cumplimiento y ejecución del fallo constitucional debe observarse con base en la legislación anterior. Justificada la aplicación de la abrogada Ley de Amparo, para estar en aptitud de establecer si las actuaciones realizadas por la autoridad responsable cumplen con los lineamientos fijados en la sentencia de amparo, es preciso tomar en cuenta que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "(.) Por lo anterior, con fundamento en los artículos 1º, 2º, 27, fracción VII, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los principios de derechos humanos fundamentales que integran el orden constitucional y que se encuentran contenidos en el "CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES" y considerando que las decisiones de toda autoridad deben garantizar la protección de la integridad de las tierras de los grupos indígenas, el respeto y fortalecimiento de su vida comunitaria, la circunstancia de que la Asamblea General es el órgano Supremo de la Comunidad, y que en la aplicación del Derecho deben reconocerse los principios de composición pluricultural y conciencia de la identidad indígena como criterio fundamental para la aplicación del Derecho, así como el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y para lograr que el llamamiento a juicio de la Asamblea General sea verdadero y no jurídicamente ficto, el Tribunal Agrario deberá llamar a juicio a la multicitada Asamblea de Comuneros de Huixquilucan, por conducto de la Procuraduría Agraria (órgano facultado para convocar a la Asamblea General en casos de conflictos entre ésta y su órgano de representación según los artículos 24 y 21 de la Ley Agraria), en el entendido de que ésta última para efectos de la reunión, quórum, y votación correspondientes, deberá atenderse a los artículos 105, 107, y este, a su vez, en relación a los numerales 22, 23, fracciones VIII y X, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 124, 135, 136, fracciones II y XI de la Ley Agraria; asimismo en dicha Asamblea que se convoque por la mencionada Procuraduría se deberá: 1. Hacer del conocimiento a la Asamblea y a los quejosos que forman parte de esta, del juicio agrario de que se trata, así como de sus consecuencias y desarrollo. 2. Posteriormente deberá preguntarse a la Asamblea si es su voluntad hacer suya la demanda que iniciaron los quejosos de este juicio y las pruebas obrantes en el sumario, debiendo informarse también por la Procuraduría las consecuencias jurídicas correspondientes, así como de la afectación que podría existir tanto en los derechos colectivos de la Asamblea como en los derechos individuales mancomunados y proindivisos de los individuos que la integran incluso de los hoy quejosos. 3. Hecho lo anterior, al margen de que decidan hace (sic) propia la demanda o no, deberá consultarse a la Asamblea acerca de quién será su representante en el juicio agrario relativo, pudiendo recaer dicho carácter, a voluntad de la Asamblea, en la Procuraduría conforme al artículo 136, fracción IX de la Ley Agraria; en el órgano de representación de la misma conforme a los artículos 33, fracción I, 99, fracción II, y 107 de la misma legislación, o en cualquier otra persona que se determine por decisión y votación idónea de la propia Asamblea. 4. Y con copia del acta que al efecto se levante, se deberá comparecer a juicio, una vez hecho todo lo anterior; esto, en el entendido que, por virtud de la imprescriptibilidad de los derechos sobre la propiedad comunal y del posible carácter de parte actora que podría llegar a tener la Asamblea, el llamamiento (no emplazamiento) se practicará en el tiempo que sea necesario sin que se pueda acusar la rebeldía, y menos aún por tratarse de la parte actora, para quién sería ilógico aplicar plazos perentorios, situaciones preclusivas o presumir alguna rebeldía por falta de contestación. (.)." [Se aclara que en la transcripción efectuada, se modificó el tipo de letra y el subrayado utilizado en su original, con la finalidad de resaltar la parte conducente]. Ahora las actuaciones que obran en el expediente, efectuadas en cumplimiento a la referida ejecutoria, son las siguientes: - Mediante oficio UJ 375/2011, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, remitió copia certificada del auto de once de agosto de dos mil once a través del cual: i) dejó insubsistente la sentencia reclamada; y, ii) ordenó llamar a juicio a la Asamblea de Comuneros de Huixquilucan, Estado de México, por conducto de la Procuraduría Agraria. - Posteriormente, en Asamblea de Comuneros de Bienes Comunales de Huixquilucan, Estado de México, de ocho de enero de dos mil doce, convocada por la Procuraduría Agraria, se hizo del conocimiento a la Asamblea, la situación en que se encuentra el juicio agrario 918/2006, las consecuencias y desarrollo del mismo, a efecto de que se conociera el estado actual; y, entre otros aspectos, los comuneros decidieron hacer suya la demanda y pruebas dentro de diversos juicios agrarios, entre ellos el 918/2006; asimismo, se tomó la decisión que el Comisariado de Bienes Comunales sería el representante en dicho juicio agrario. - Continuado el trámite del juicio agrario 918/2006 -con la comparecencia de la Asamblea General de Comuneros, por conducto de su órgano de representación-, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil trece, con motivo de la impugnación de diversas actas de asamblea celebradas con anterioridad a la de ocho de enero de dos mil doce, y relacionadas con la designación del órgano de representación, se ordenó suspender el procedimiento, en los términos siguientes: "PRIMERO. Atendiendo al contenido de las constancias que integran el sumario en que se actúa, en las que a fojas 1233-1235 obra agregado copia certificada del acuerdo de dieciséis de agosto en curso en el diverso expediente 138/2012 del índice de este Tribunal en relación con el juicio de amparo indirecto 125/2013-V del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, proveído que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho juicio de garantías en el punto CUARTO se ordenó la suspensión de aquel sumario en el que se demanda la nulidad del acta de asamblea de ejidatarios que autorizó a su órgano de representación hacer suyo el escrito inicial de demanda que dio origen al expediente 918/2006; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 164, 166 y 167 de la Ley Agraria, en relación con el 365 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles se SUSPENDE el procedimiento en que se actúa, hasta en tanto se dicte sentencia en el juicio de amparo mencionado, en consecuencia, no ha lugar a llevar a cabo la presente audiencia. SEGUNDO. Una vez que este Tribual en su carácter de autoridad responsable en el juicio de garantías precisado en el punto que antecede, quede debidamente notificada de la ejecutoria que se dicte en el mismo de estará en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda" - Posteriormente, y dada la nulidad decretada respecto de las mencionadas Actas de Asamblea de designación del órgano de representación, en el poblado de referencia, se convocó nuevamente a Asamblea General, para determinar lo conducente respecto del órgano de representación. - Así, en autos obra el oficio UJ 815/2015 de siete de octubre de dos mil quince, mediante el cual, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, remitió copia certificada del Acta de Asamblea General de Comuneros del Poblado de Huixquilucan, celebrada el uno de marzo de dos mil quince, en la que se trató, entre otros asuntos, lo relativo a la elección de los integrantes de su comisariado de bienes comunales. - Luego, en diverso oficio UJ 1068/2015 de nueve de diciembre de dos mil quince, el magistrado del tribunal de referencia, anexó copia certificada del auto de cuatro de diciembre de ese año, dictado en el juicio agrario 918/2006, en el que precisó que el diez de noviembre de dos mil quince, se decretó la caducidad de la instancia en el diverso expediente 138/2012 y se ordenó el archivo como asunto concluido; en vista de lo anterior, levantó la suspensión del procedimiento en el juicio agrario 918/2006 y señaló fecha para la continuación de la audiencia. - Seguida la tramitación del juicio agrario -con la comparecencia de la Asamblea de Comuneros, por conducto de su comisariado de bienes comunales-, a través del oficio UJ 1175/2016, de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, el magistrado del tribunal agrario, exhibió copia certificada de la continuación de la audiencia de ley de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual destacó que tuvo a la vista las actuaciones del diverso expediente agrario 467/2011, del que se advierte, que el veinte de octubre de ese año, en cumplimiento a la ejecutoria de treinta de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, especializado en extinción de dominio, en el cuaderno auxiliar 96/2016, relacionado con el juicio de amparo indirecto 1475/2015-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se declaró la nulidad de diversos documentos, entre ellos, el acta de Asamblea General de Comuneros de ocho de enero de dos mil doce. - En vista de lo anterior, el magistrado del tribunal del conocimiento requirió al Comisariado de Bienes Comunales del poblado de referencia para que dentro del término no mayor de treinta días, convocara y celebrara Asamblea General de Comuneros a fin de resolver: "A) La determinación de si esta persiste en la continuación del presente sumario en los términos y en la forma que hasta la fecha se ha realizado (esto es en cuanto a la conducta procesal desplegada en el presente sumario y las pruebas que han sido ofrecidas y admitidas); B) La determinación en cuanto a quién seguirá actuando en el juicio en representación de la asamblea, es decir si continuará haciéndolo el COMISARIADO DE BIENES COMUNALES o en su caso a través de cualquier otra persona que se determine por decisión y votación idónea de la propia asamblea. - En diverso oficio UJ 234/2018, de veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, exhibió copia certificada del proveído de tres de enero de dos mil dieciocho, en el cual agregó a los autos el Acta de Asamblea General de Comuneros de once de diciembre de dos mil dieciséis, en la que, entre otros puntos, ratificaron el acuerdo de asamblea de ocho de enero de dos mil doce, que versa sobre la ratificación de quién proseguirá los juicios agrarios 584/2008, 918/2006 y 816/2006, así como demás acuerdos tomados en asambleas anteriores y posteriores que sean afectados por dicho acuerdo. - Importa destacar que en la aludida asamblea de once de diciembre de dos mil dieciséis, se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: ".POR LO QUE DESPUÉS DE DEBATIR AMPLIAMENTE EL PRESENTE PUNTO SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE SEA LA ASAMBLEA GENERAL DE BIENES COMUNALES DE HUIXQUILUCAN, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO, PARA QUE LLEVE LOS ASUNTOS VENTILADOS DENTRO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DÉCIMO DISTRITO CON NÚMEROS.918/2006 DEL ÍNDICE DEL LIBRO DE GOBIERNO." - Seguido el juicio agrario, con la actuación de la Asamblea General de Comuneros del Poblado de Huixquilucan, por conducto de su Comisario de Bienes Comunales, por oficio TUA 10º DTO/UAJ/924/2018, la actual Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, remitió copia certificada de la sentencia de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 918/2006 y su conexo 584/2008, con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Ha procedido la vía agraria intentada en la que la parte actora acreditó parcialmente sus pretensiones; en consecuencia: SEGUNDO. Se declara procedente la nulidad de la escritura que obra en el Libro un mil ochocientos noventa y siete LZCH/MASJ/AAH, sesenta y dos mil veintisiete, ante el titular de la Notaria número 188, del Distrito Federal, que contiene la compra venta de derechos de copropiedad, sobre el inmueble denominado "El Fiscal" ubicado en el barrio de San Melchor, Cuarto Cuartel, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, con superficie aproximada de 17,811.00 metros cuadrados. TERCERO. Se ordena al INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO adscrito al Municipio de Huixquilucan y Naucalpan de Juárez la cancelación del asiento registral de la escritura que obra en el Libro un mil ochocientos noventa y siete LZCH/MASJ/AAH, sesenta y dos mil veintisiete, ante el titular de la Notaria número 188, del Distrito Federal, que obra inscrita en el Instituto de la Función Registral adscrito a los Municipios de Naucalpan y Huixquilucan, bajo la Partida 96, Volumen 854, Libro Primero, Sección Primera, del veinticuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho. CUARTO. Se declara improcedente la restitución a favor de la comunidad de una superficie de 17,252.87 metros cuadrados que resultaron de la prueba pericial en materia de topografía, así como la desocupación y entrega de la misma, por lo que no ha lugar a condenar a un pago justo y suficiente por el tiempo en el que han estado ocupando las tierras. Por lo que se absuelve a los demandados JOSÉ IRINEO FLORES CÁRDENAS y VICENTE FLORES CÁRDENAS de las prestaciones solicitadas por la parte actora. QUINTO. Notifíquese." Ahora bien, a la parte quejosa oportunamente se le dio vista con los actos tendentes al cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, finalmente ésta se abstuvo de realizar manifestaciones, lo que se destaca pero no impide a este Tribunal resolver sobre el cumplimiento de referencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la ejecutoria dictada en este amparo directo se encuentra cumplida. En efecto, mediante las constancias remitidas por la autoridad responsable, se acredita que dejó sin efectos la sentencia reclamada, que repuso el procedimiento en el expediente agrario 918/2016, para llamar a juicio a la Asamblea de Comuneros de Huixquilucan, Estado de México, representada por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, quienes acreditaron dicha representación con el acta respectiva, según convocatorias emitidas por la Procuraduría Agraria; de igual manera en las asambleas respectivas se hizo del conocimiento a los comuneros de la existencia del juicio agrario, así como de su desarrollo; incluso los asistentes a tales asambleas, hicieron suyas tanto la demanda agraria que inicialmente presentaron siete comuneros de esa población, como las pruebas ofrecidas al respecto; precisando también, que los integrantes de dicho Comisariado de Bienes Comunales, serían los representantes del poblado en el tribunal agrario donde tuvo verificativo el procedimiento, para lo cual exhibieron las actas respectivas de la asamblea donde les delegaron tal representación; finalmente, se dictó la sentencia correspondiente. Esto es, a consideración de este Tribunal Colegiado, la autoridad responsable acató las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la ejecutoria que concedió la protección federal, que fue dejar sin efectos la sentencia reclamada, y reponer el procedimiento para llamar a juicio a la Asamblea General de Comuneros del Poblado de Huixquilucan Estado de México, a quienes debía informarse la existencia del juicio agrario y sus consecuencias, y para que determinaran si decidían hacer suya la demanda, para lo cual debían decidir, también, quien representaría los intereses del poblado de referencia en el mencionado juicio. Finalmente, al juicio comparecieron, por así decidirlo la Asamblea General, los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, a quienes les fueron admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas; concluyendo el aludido juicio, con la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil dieciocho. En vista de lo anterior, con las precisiones destacadas, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, sin que se aprecie que hubiese incurrido en exceso o defecto alguno al cumplir con dicha ejecutoria. Al respecto, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis, este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, porque al proceder en el sentido en que lo hizo, la autoridad responsable, restableció las cosas al estado que guardaban antes de la violación denunciada por la parte quejosa, ajustándose únicamente a llevar a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida; en consecuencia, SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO para los efectos legales a que haya lugar. Infórmese a las partes, quejosa y tercero interesados que cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, mismo que se sustanciará ante este tribunal colegiado, ya que derivado de la reforma de siete de septiembre de dos mil diecisiete al Acuerdo General número 5/2013, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho medio de impugnación procede contra las resoluciones de cumplimiento dictadas por los presidentes de los tribunales colegiados, y se resolverá por el Pleno del tribunal Colegiado; por lo que, una vez que transcurra el término mencionado, acuérdese lo conducente en relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el numeral 214 de la ley en cita. Para los fines antes indicados, notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso, y a los terceros interesados. Finalmente, hágase del conocimiento esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes.
- Juicio de Amparo Directo
Con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, notifico a Pedro Antonio Suárez Fernández, a nombre de Marta Fernández Viuda de Suárez y Rosa Marta Suárez Fernández, así también a María de los Ángeles Antonia Tames Fernández, por medio de la lista de acuerdos de este tribunal la resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el amparo directo 744/2010, del índice de este tribunal, en virtud del cual se tuvo por cumplida la sentencia que concedió el amparo y se le concedió a la quejosa y terceros interesados, el plazo de quince para que si es su deseo interpongan recurso de inconformidad en contra de dicha resolución. Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Fernando Flores Cárdenas por propio derecho y con el carácter de representante común en el presente asunto, mediante el cual solicita copias certificadas de lo que indica en su escrito. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, expídanse a costa del promovente, copias certificadas de lo que indica en su escrito, previa toma de razón que de su recibo e identificación conste en autos.
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