Fernando Fernández Rodríguez

Expediente 336/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
336/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Fernando Fernández Rodríguez
  • Jesús Omar Solis Trejo
  • Rigoberto Pascual Parra Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, emitida por este juzgado de distrito, transcurrió del diecisiete al treinta de octubre del presente año, sin que la parte quejosa hubiere realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: a) Ha causado ejecutoria la sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 336/2018-2, promovido por Fernando Fernández Rodríguez, Jesús Omar Solís Trejo, Agustín Sánchez García, Rigoberto Pascual Parra Martínez, Ricardo Pérez Pérez, Alberto Urbina Barrera, Francisco Javier Renovato Cantú y Marcos Rangel Rangel, contra los actos que reclamaron del Director del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. b) Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. No obsta el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 17797/2018 a 17803/2018, dirigidos a las autoridades responsables foráneas, mediante los cuales se les notificó la sentencia dictada en el presente asunto; puesto que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, solamente a la parte quejosa es a quien pudo afectar dicho fallo y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. (2)

  2. Principal

    VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 336/2018-2, promovido por Fernando Fernández Rodríguez, Jesús Omar Solís Trejo, Agustín Sánchez García, Rigoberto Pascual Parra Martínez, Ricardo Pérez Pérez, Alberto Urbina Barrera, Francisco Javier Renovato Cantú y Marcos Rangel Rangel, por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo Por escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Fernando Fernández Rodríguez, Jesús Omar Solís Trejo, Agustín Sánchez García, Rigoberto Pascual Parra Martínez, Ricardo Pérez Pérez, Alberto Urbina Barrera, Francisco Javier Renovato Cantú y Marcos Rangel Rangel, por propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben (fojas 3 y 4): "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Desconociendo si actuaran con el carácter de ordenadoras o ejecutoras o en ambos aspectos, y de las cuales reclamo ya sea la orden o ejecución del ilegal traslado. A mi consideración tienen tal carácter las siguientes: 1.- EL C. DIRECTOR DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, con domicilio oficial en esta ciudad, de quien reclamo la orden o el posible consentimiento del ILEGAL TRASLADO del quejoso. 2.- AL CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, con domicilio oficial en esta ciudad, de quien reclamo la orden o el posible consentimiento de un ILEGAL TRASLADO del quejoso. 3.- EL DIRECTOR DE READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, con domicilio oficial en el complejo estatal de seguridad pública ubicado en la carretera interejidal k.m. 1 colonia la presita en Ciudad Victoria, de quien reclamo la orden o el posible consentimiento del ILEGAL TRASLADO del quejoso. 4.- EL SUBSECRETARIO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, con domicilio oficial en el complejo estatal de seguridad pública ubicado en la carretera interejidal k.m. 1 colonia la presita en Ciudad Victoria, de quien reclamo la orden o el posible consentimiento del ILEGAL TRASLADO del quejoso. 5.- EL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, con domicilio oficial en Ciudad Victoria, de quien reclamo la orden o el posible consentimiento del ILEGAL TRASLADO del quejoso. 6.- El Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad en los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad (Tamaulipas). 7.- EL COMISIONADO DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL, con domicilio conocido en la Ciudad de México. 8.- TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL, A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA POLICÍA FEDERAL, con dirección oficial en la Ciudad de México. 9.- SECRETARÍA DE MARINA Y ARMADA DE MÉXICO, con domicilio oficial en la ciudad de México. 10.- LA SUB SECRETARÍA DE READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MARITZA QUINTANILLA DE LA GARZA, con domicilio oficial en el complejo estatal de seguridad pública ubicado en la carretera interejidal k.m. 1 colonia la presita en Ciudad Victoria. IV.- ACTO RECLAMADO 1.- El posible ILEGAL TRASLADO físico de FERNANDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JESÚS OMAR SOLÍS TREJO, AGUSTÍN SÁNCHEZ GARCÍA, RIGOBERTO PASCUAL PARRA MARTÍNEZ, RICARDO PÉREZ PÉREZ, ALBERTO URBINA BARRERA, FRANCISCO JAVIER RENOVATO CANTÚ Y MARCOS RANGEL RANGEL hacia otro penal de los existentes fuera de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas tal y como lo detallo en párrafos posteriores. 2.- Los actos prohibidos del artículo 22 de Nuestra Constitución Política Mexicana. 3.- Los actos enumerados en los artículos 15 y 161 de la Ley de Amparo." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados Los promoventes del amparo manifestaron que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales tutelados por los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo En auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se registró la demanda con el número 336/2018-2, se admitió a trámite, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; al advertirse que el acto reclamado consistía medularmente en la orden de traslado emitida por autoridad administrativa y sin la intervención de la autoridad judicial, se concedió la suspensión de plano por tratarse de un acto de los previstos en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe respecto a la suspensión de plano concedida, así como su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 11 a 16). CUARTO. Inexistencia de una autoridad. Por auto de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (foja 117), se tuvo como inexistente a la autoridad que el quejoso denominó como Subsecretaría de Readaptación y Reinserción Social del Estado de Tamaulipas; por tal motivo, no se realizará mayor consideración respecto a la mencionada autoridad responsable. Sirve de sustento a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 111/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 52 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." QUINTO. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver este asunto por razón de materia, grado y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Se afirma a lo anterior en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia P./J. 40/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 32, Novena Época, registro 192097 y en la diversa tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", también del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, página 255, Novena Época, registro 181810. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, se concluye que los quejosos Fernando Fernández Rodríguez, Jesús Omar Solís Trejo, Agustín Sánchez García, Rigoberto Pascual Parra Martínez, Ricardo Pérez Pérez, Alberto Urbina Barrera, Francisco Javier Renovato Cantú y Marcos Rangel Rangel, reclaman: La orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país y su ejecución. Los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Los actos enumerados en los artículos 15 y 161 de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Tomo 76, del mes de Abril de 1994, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Inexistencia de los actos reclamados consistentes en los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 y 161 de la Ley de Amparo Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 70); Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones (foja 82) y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Ejecución de Sanciones (foja 83), ambos con sede en esta ciudad; Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, por sí y en su carácter de autoridad sustituta del extinto Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad (fojas 84 y 120) y encargada del Despacho de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social (foja 85), ambas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 91), Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (foja 106) y Vicealmirante del Servicio de Justicia Naval, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina (fojas 124 y 125), residentes en la Ciudad de México -todos en sus correctas denominaciones- negaron la existencia de los actos reclamados, que se hicieron consistir en los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, 15 y 161 de la Ley de Amparo. Negativas que se corroboran con las razones actuariales de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 23 a 30), de las que se advierte que la actuaria de la adscripción hizo constar que los quejosos se aprecian visiblemente sin lesiones ni golpes; de ahí que deba estimarse que los impetrantes no fueron objeto en su persona de los referidos actos que reclaman. Asimismo, por lo que respecta al acto de incomunicación, la negativa de las autoridades responsables se corrobora en el hecho de que la demanda de amparo fue signada por los propios quejosos Fernando Fernández Rodríguez, Jesús Omar Solís Trejo, Agustín Sánchez García, Rigoberto Pascual Parra Martínez, Ricardo Pérez Pérez, Alberto Urbina Barrera, Francisco Javier Renovato Cantú y Marcos Rangel Rangel y fue presentada ante este Juzgado de Distrito por el autorizado de los impetrantes, lo que implica que los mismos no se encontraban incomunicados en la fecha de la presentación de la demanda -veintiocho de agosto de dos mil dieciocho-. Además, lo anterior se robustece con las razones actuariales de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (foja 23 a 30), de las que se advierte que los quejosos le manifestaron a la actuaria de la adscripción lo siguiente: Fernando Fernández Rodríguez: "no esido (sic) maltratado mental y físicamente viene a verme mi familia" (foja 23) Jesús Omar Solís Trejo: "no e (sic) sido maltratado estoy bien física mente" Y la actuaria asentó como razón: "que sí tiene comunicación con las personas del exterior" (foja 24). Agustín Sánchez García "estoy bien" (foja 25) Rigoberto Pascual Parra Martínez "no he sido maltratado física ni psicologicamente y si tengo comunicación con el exterior (abogado y visita familiar) (foja 26). Ricardo Pérez Pérez "no esido (sic) golpiado ni maltratado física mente tengo visita físicamente" (foja 27). Alberto Urbina Barrera "no esido (sic) maltratado físicamente ni sicológicamente tengo esposa y familiares que me bienen aber (sic) (foja 28). Francisco Javier Renovato Cantú "me encuentro bien no eh sido maltratado mentalmente y físicamente tengo contactos con mis familiares" (foja 29). Marcos Rangel Rangel "no esido (sic) maltratado mentalmente ni físicamente y tengo visita mis familiares esposa y niños" (foja 30). Inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y su ejecución. Las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas (foja 70); Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Ejecución de Sanciones (foja 82) y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Ejecución de Sanciones (foja 83), ambos con sede en esta ciudad; Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, por sí y en su carácter de autoridad sustituta del extinto Consejo de Implementación de Mecanismos y Procedimientos en Materia de Traslados de Personas Privadas de su Libertad de los Establecimientos Penitenciarios de la Entidad (fojas 84 y 120) y encargada del Despacho de la Dirección de Readaptación y Reinserción Social (foja 85), ambas con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (foja 91), Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en representación del Titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (foja 106) y Vicealmirante del Servicio de Justicia Naval, Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Marina (fojas 124 y 125), residentes en la Ciudad de México -todos en sus correctas denominaciones- negaron la existencia de los actos reclamados, que se hicieron consistir en la orden de traslado de los quejosos del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país, y la ejecución de ese mandato; sin que los impetrantes hayan ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; razón por la cual, los actos que se les atribuyen se tienen por inexistentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial publicada con el número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando las autoridades responsables niegan categóricamente el acto que se les imputa, en tal supuesto, el juez de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, al no existir prueba que desvirtúe la negativa de las responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos que se les reclaman, consistentes en la orden de traslado del quejoso del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a cualquier otro centro de reclusión dentro del país y su ejecución, así como los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 161 de la Ley de Amparo. Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación. Respalda lo anterior, la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, séptima época, materia común, tomo VI, parte SCJN, página trescientos treinta y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que el Fiscal de la Federación adscrito hizo valer los alegatos que consideró pertinentes; sin embargo, no se realizará su análisis, pues no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." CUARTO. Precisión jurisprudencial No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. QUINTO. Publicación de sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción IV, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 336/2018-2, promovido por Fernando Fernández Rodríguez, Jesús Omar Solís Trejo, Agustín Sánchez García, Rigoberto Pascual Parra Martínez, Ricardo Pérez Pérez, Alberto Urbina Barrera, Francisco Javier Renovato Cantú y Marcos Rangel Rangel, contra los actos que reclamaron de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero de este fallo, por los motivos precisados en ese mismo considerando. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.(2)

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Visto el sobre devuelto por la empresa de paquetería "Estafeta" de esta ciudad, que contiene el oficio número 16097/2018, dirigido a la autoridad responsable Titular de la División de Seguridad Regional, a través del Director de Área de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual se le solicitó su informe justificado. Atento a lo anterior, agréguese lo de cuenta a los autos sin mayor proveído, toda vez que el informe requerido a dicha autoridad ya obra en el expediente, por lo que resulta innecesaria la reexpedición de dicho oficio (foja 106). Notifíquese. (2)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, uno de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la intervención ministerial número 174/2018, suscrita por el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, mediante el cual formula alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte resolución constitucional en este expediente, expídasele copia certificada de la misma, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.(2)

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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