Fernando Fausto Carrillo

Expediente 1047/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1047/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Fernando Fausto Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficios y anexos signados por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (fojas 220 a 222 y 266 a 269), comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *****. Asimismo, mediante proveído de veintiocho de junio de esta anualidad (foja 270), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el referido oficio y anexo, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte promovente y tercera interesada como se asentó en la certificación de cuenta, la que surtió efectos al día hábil posterior; por tal motivo, el término de tres días otorgado a las citadas partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, transcurrió para la primera del ocho al diez de julio pasado y para la segunda en exceso; sin que se hubiera efectuado manifestación al respecto. Por consiguiente, este Órgano procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: De lo transcrito se colige, que el acto que debía realizar la autoridad aquí responsable, para cumplir con dicho fallo protector, era el siguiente: *Dejar sin efecto el auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, emitido en el juicio laboral 252/2011, dictar otro en el que admitiera a trámite el incidente de nulidad planteado por el actor por escrito presentado el doce de junio de ese mismo año y resolver conforme a derecho y con libertad de jurisdicción. Luego, el uno de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de que se trata y se requirió el cumplimiento a la responsable (fojas 216 a 217). Así, por oficio y anexo signado por la Presidenta de la Junta Especial número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (fojas 220 a 222), recibido el veintitrés de octubre del año pasado, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, hizo del conocimiento mediante copias certificadas la emisión del auto de veintitrés del citado mes y año, donde se advierte que dicha responsable dejó sin efectos el proveído de veintidós de agosto de dos mil diecisiete y en su lugar recibió el escrito presentado el doce de junio de ese año, donde se tuvo a la parte actora interponiendo incidente de nulidad respecto a las actuaciones de tres y cuatro de enero de dos mil diecisiete y señaló fecha para la celebración de la audiencia respectiva; posteriormente, el veintisiete de junio de esta anualidad, dicho ente remitió copia con firmas originales de la interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, relativa al incidente planteado, donde se resolvió que era improcedente la incidencia de que se trata, por las razones ahí expuestas. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable citada en el presente auto, las constancias certificadas del expediente 252/2011 (en un tomo), solicitándole el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Directora de Catastro e impuesto Predial del Municipio de Tepic, Nayarit, a través del cual, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia del oficio DCIP/CJ/754/2019, en el que le da contestación al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad y le informa que se dejó sin efectos la inscripción del inmueble materia del acto reclamado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio y anexos de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de los anexos de mérito, únicamente se advierte, que la responsable se limitó a informar que quedó sin efectos la inscripción descrito en el oficio DCIP/CJ/754/2019, sin que haya remitido las documentales en las que conste dicha cancelación de inscripción. En razón de lo anterior, conforme a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Directora de Catastro e impuesto Predial del Municipio de Tepic, Nayarit, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, remita las documentales en las que conste que se dejo sin efectos la inscripción del inmueble detallado oficio DCIP/CJ/754/2019. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido, de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, acorde con los dispositivos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este juzgado hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9 de la Ley de la materia, 305 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Legislación, téngase como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, de la autoridad oficiante los que se indica en el oficio de cuenta. Por último, en relación a su petición de que se le remita copia del oficio 682/2019 a efecto de darle seguimiento, dígasele que el ocurso de referencia va dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, autoridad que también fue vinculada al cumplimiento al fallo protector emitido en autos.

  3. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en sesión de nueve de mayo del año que transcurre, el Tribunal en cita, declaró infundado el recurso de reclamación 4/2019, interpuesto en contra del auto de uno de febrero del año actual, el cual desechó el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado Alfredo Estrada Herrera; de igual manera, remite los autos originales del juicio de amparo 1423/2018 en un tomo y seis legajos de constancias por separado; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro relativo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable denominada Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de OCHO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que sea necesario requerir a un superior jerárquico por el Juez en comento, toda vez que este no cuenta con tal, de conformidad con la Jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil trescientos setenta y ocho, Tomo II, Libro 9, Materia Común, Agosto de dos mil catorce, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los dispositivos 193 y 258 de la Legislación invocada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercero transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se les hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Finalmente, agréguese al presente expediente, el cuaderno de antecedentes correspondiente a partir de la admisión del recurso de revisión. Notifíquese.

  4. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil diecinueve, dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, atendiendo al sentido de dicha sentencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de la materia, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y al Actuario adscrito a dicho ente, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, dén cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo vigente, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a las responsables en comento, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las juntas y tribunales laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. ...." Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio, consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.

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