Fernando Eugenio Barbachano Herrero

Expediente 2491/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2491/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • FERNANDO EUGENIO BARBACHANO HERRERO y Otros.
  • Fernando Eugenio Barbachano Herrero

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán a diecisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: glósese a este expediente, el oficio 039 de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual acusa de recibo del toca original número ********************, devuelto por auto de dieciséis de diciembre último. Notifíquese.

  2. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, tres de enero de dos mil veintidós. Agréguense para los efectos legales correspondientes, los escritos remitidos vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, por Dante Rodríguez Loría, apoderado de la parte quejosa, por los que, en cumplimiento a las prevenciones que le fueron formuladas por auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, bajo protesta de decir verdad, en su ocurso con registro 22310, precisa que acude a esta instancia constitucional reclamando la admisión de la demanda dentro de un juicio ejecutivo mercantil en que sus representados son parte demandada, y en consecuencia, el auto de exequendo que se haya dictado en el mismo, así como su correspondiente ejecución. También agrega que desconoce en qué juzgado o bajo qué número de expediente se inició dicho juicio. Por tanto, SE ACUERDA: Ténganse por cumplidos dichos requerimientos, quedando sin efectos los apercibimientos relativos. DESECHAMIENTO Establecido lo anterior, visto el escrito aclaratorio de cuenta y la demanda de amparo se tiene a Dante Rodríguez Loría, apoderado de los quejosos Fernando Eugenio Barbachano Herrero, Carolina Marie Barbachano Perschbacher, John Patrick Barbachano Perschbacher y Mayaland, Sociedad Anónima; promoviendo el presente juicio contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades, que hace consistir en: La admisión de la demanda de un Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Inmobiliaria R4, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA de plano la demanda de amparo, toda vez que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el presente caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". De lo anterior, se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los que -de acuerdo con el propio texto legal- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos del quejoso, reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En esas condiciones, si el acto reclamado lo constituye la admisión de la demanda en la vía ejecutiva mercantil promovida por Inmobiliaria R4, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la parte quejosa, dicho acto no afecta derechos sustantivos de ésta, ya que no es un acto de procedimiento que la deje sin defensa, ni que le cause un perjuicio irreparable, pues si emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia civil, el amparo en que se impugne sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privada de los derechos que la ley de la materia le concede. Toda vez que tal acto únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tienen la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión, pueden no trascender a la esfera jurídica de la quejosa, ya que la demandada, ahora peticionaria de amparo, tendría la oportunidad de obtener un fallo favorable al resolverse el juicio. Sirve de sustento a la consideración anterior, la jurisprudencia 202 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 139, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Apéndice de 1995, registro 394158, que textualmente dice: "DEMANDA, ADMISIÓN DE LA. AMPARO IMPROCEDENTE. El auto que da entrada a una demanda, no está comprendido en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 107 constitucional; por tanto, no siendo un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo es improcedente contra el referido auto." Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1187, Octubre de 1999, Tomo X, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193241, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." De ahí que, el auto admisorio reclamado no constituye un acto de imposible reparación susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir afectación material a los derechos sustantivos de la peticionaria de amparo, tutelados por la Carta Magna o Tratados Internacionales en los que sea parte el Estado Mexicano. En las relatadas condiciones, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." No obsta a lo anterior, lo manifestado por el promovente en cuanto a que el sólo dictado de un auto de exequendo hace procedente la vía indirecta en el juicio de amparo; por lo que una vez que sea emplazada la parte quejosa al juicio de origen, podrá promover los medios de defensa a su alcance para atacar los actos de los que se duele, y, en caso de no obtener sentencia favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales una vez dictada la sentencia y así combatirlas en la vía correspondiente. Notifíquese personalmente y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, a veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que las autoridades responsables Presidenta Municipal y Policía Municipal, ambos del Ayuntamiento de Bokobá, Yucatán, no rindieron sus informes justificados, a pesar de haber sido requeridos debida y oportunamente, según se advierte de las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios librados a fin de requerírselos. En virtud de lo anterior, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las nombradas autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, remitan a este tribunal federal, copia certificada de todas y cada una de las constancias relacionadas con los actos reclamados consistentes en: b) "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En mérito de lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para la propia fecha, y se fijan las diez horas con cincuenta y siete minutos del veinticinco de enero de dos mil veintidós como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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