Fernando Espinoza Santos
Expediente 1763/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 33 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1763/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fernando Espinoza Santos
- Carlos Ramon Rincon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; atento a su contenido, como lo solicita y como se encuentra ordenado en proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, acúsese recibo a la Superioridad del oficio 2819, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 157/2020 y devolvió a este juzgado el original del juicio de amparo 1763/2019. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de agosto de dos mil veintiuno. ESTADO PROCESAL Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de doce de julio del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsable en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en este expediente, corriéndole traslado a las partes con su contenido, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Tal acuerdo se tuvo por notificado a la parte quejosa el catorce de julio de la presente anualidad, sin que hiciera manifestación alguna; por lo que, este juzgado procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA Ahora bien, antes de entrar al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria, cabe precisar que el otorgamiento de la protección constitucional a la parte quejosa, establecido en la resolución dictada por este juzgado, fue para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México y demás autoridades responsables realizaran lo siguiente: Efectos de la concesión del amparo. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, y al ser violatorio de derechos fundamentales el actuar de las autoridades responsables, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Fernando Espinoza Antonio, para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Ciudad de México, deje insubsistente la orden de traslado del quejoso del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, número Tres en esta ciudad, al Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS-CHIAPAS, en Villa Comaltitlán, Chiapas, únicamente por lo que se refiere al aquí impetrante, y se le restituya en el goce y disfrute de sus derechos fundamentales violados, como lo ordena el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo, devolviéndolo al centro de reclusión en el que se encontraba antes de su emisión. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a las demás autoridades, pues los mismos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de traslado aludida. Sentencia concesoria de amparo que fue confirmada en ese aspecto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al resolver el recurso de revisión interpuesto; por lo que, se requirió a las autoridades responsables su acatamiento. Ahora bien, de los informes y anexos rendidos por las autoridades responsables en proveído de doce de julio del año dos mil veintiuno, los cuales están provistos de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene: Que las responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de mérito, pues se advierte que en cumplimiento a lo ordenado por el Coordinador General de Centros Federales en ausencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, se autorizó el egreso y traslado del quejoso, reingresándolo al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados, número Tres en esta ciudad, en el que se encontraba antes de la emisión del acto. Por lo anterior, se estima que las responsables dieron cumplimiento al fallo protector relativo a la orden de traslado reclamada, y se destaca que no se advierte exceso o defecto, ya que como se indicó, se cumplió con el núcleo principal de la ejecutoria en sus términos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE. Acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. TRANSPARENCIA. Toda vez que la parte quejosa nada manifestó con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada; aplicable en materia de datos personales, según el segundo párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; al hacerse pública la sentencia, deberán suprimirse su nombre y datos personales; en la inteligencia de que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto. Finalmente, agréguese a los autos únicamente como constancia, el oficio suscrito por la Directora de Área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Comisionado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, en atención a lo señalado en líneas precedentes. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro actual de reclusión y a las autoridades responsables por oficio. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
SE AGREGA PARA CONSTANCIA YA SE DIO VISTA
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos los oficios de la firmados por la 1Directora del Centro Federal de Readaptación Social número Quince con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas y por el 2Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad, respectivamente y anexos que acompaña el segundo de los nombrados, mediante los cuales, la primera de las potestades citadas refiere que se encuentra realizando las gestiones relativas a fin de dar cumplimiento a la sentencia protectora; y, la segunda por su parte, remite copia certificada del acta de egreso por traslado número 142/2021 del quejoso Fernando Espinoza Antonio, al centro penitenciario a su a su cargo. En consecuencia, con apoyo en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga. Con el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo concedido para tal efecto, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro es: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Notifíquese; personalmente al quejoso privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firma Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, conforme a la autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, notificada mediante oficio CCJ/ST/1785/2021, para el periodo comprendido del uno al quince de julio de dos mil veintiuno, por vacaciones del Secretario autorizado para desempeñar las funciones de titular, quien a su vez es asistido por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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