Fernando Espinoza Antonio
Expediente 1467/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1467/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2019
Partes del expediente
- Fernando Espinoza Antonio
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual, entre otras cosas, acusa recibo del juicio de amparo ***, del índice de este juzgado; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del citado juicio, registrándolo en su índice con el número ***, promovido por ***. En virtud de lo anterior, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en la estadística; luego, tomando en consideración que no existe diligencia pendiente por desahogar, archívese el presente expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes), como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado por el Presidente de ese Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que una vez que transcurran SEIS MESES a esta fecha, se proceda a su DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción primera del punto vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un expediente auxiliar (cuaderno de antecedentes) derivado de un juicio de amparo en el que se declaró carecer de competencia legal para conocer del mismo; lo anterior, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Del mismo modo, se ordena hacer la anotación en la carátula del expediente de conformidad con el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1467/2019-3-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (Énfasis añadido). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa menciona como acto reclamado la resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del cuadernillo ***, del índice de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad, que ante el Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, se le instruyó el proceso ***, en la que al parecer se le impuso una pena de veintisiete años de prisión y que, actualmente, se encuentra privado de su libertad. Luego, de la copia certificada de la resolución de veintidós de agosto del año en curso, que adjuntó a su demanda de amparo y que constituye el acto reclamado, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 15, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas. Además, de aquella resolución se observa que los integrantes de la Comisión Interinstitucional a que se refiere el artículo 156 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, determinaron lo siguiente: "ÚNICO: Esta Comisión Interinstitucional considera NO VIABLE someter a consideración del ciudadano Licenciado *******, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, la concesión del beneficio de la libertad con sentencia suspendida de *******, con fundamento en el artículo 178 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, en virtud a las razones expuestas en los considerandos lll del presente dictamen". En ese contexto, dicha resolución trae como consecuencia que el quejoso permanezca privado de su libertad en el reclusorio en que actualmente se encuentra, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 15, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas. En efecto, la multicitada resolución, vista de forma aislada, no implica una ejecución material, sin embargo, se considera que sí la tiene tomando en cuenta que el quejoso refiere que debido al sentido de la resolución reclamada se afecta su libertad personal; entonces, a partir de esa resolución se genera un acto de carácter positivo, traducido en su permanencia en reclusión. Afirmación que se sustenta en las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/2013, en la que analizó los alcances de la porción normativa a estudio, la cual estaba prevista en el numeral 36 de la abrogada ley de la materia, pero que se reitera en la actual legislación. En lo que aquí interesa, en dicha ejecutoria se expuso que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, y la Primera Sala, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en una situación de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad de recuperar su libertad, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Se agrega, que la propia Sala indicó que en relación con la hipótesis de competencia, relativa a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, si la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir la pena de prisión, se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al no tramitarse el incidente de libertad -omisión- y, por ende, no determinarse si cumple o no con los requisitos exigidos para recuperar su libertad personal antes del tiempo fijado en dicho fallo, es indudable que continuará privado de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. En ese tenor, aplicada la citada regla de competencia a este caso en particular, con motivo del acto reclamado, el quejoso continuará la situación de privación de su libertad personal y, por tanto, es competente para conocer del juicio un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en que está recluido. De ahí que este órgano federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, toda vez que, la ejecución del acto de que se duele el promovente debe tener lugar fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Además, es necesario tomar en consideración las constancias relativas al juicio de amparo **, del índice de este Juzgado, mismas que se tienen a la vista y se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las constancias mencionadas se advierte que el mismo quejoso **, promovió dicho juicio de amparo, en contra de la resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del cuadernillo *** del índice de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la que se determinó negarle el beneficio de sentencia suspendida. Asimismo, se observa que en ese procedimiento de amparo, este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer del mismo, remitiéndolo al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el cual tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esa ciudad, quien aceptó la competencia y se avocó a su conocimiento, radicando el juicio de amparo con el número ***, de su índice. Además, de la lista de acuerdos relativa a ese expediente, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual también se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que en el juicio de amparo ***, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, no se ha dictado sentencia constitucional. Por lo que, resulta incuestionable que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se actúa, se surte en favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quien le deberá ser enviado el expediente relativo a la demanda de garantías promovida por la aquí parte quejosa. Lo anterior, pues dicho órgano jurisdiccional se encuentra tramitando un juicio de amparo en el que se reclama un acto emitido en el cuadernillo ***, del índice de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, esto es, se trata del mismo expediente del que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo, por lo que se considera conveniente remitirle este asunto, aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias. En tal virtud, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo y declina la competencia al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa, establece: ".XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados especializados: dos en materias penal y civil, uno en materia de trabajo y uno en materia administrativa, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Trece Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas; dos de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales; uno en materia Mercantil Federal, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez; y tres Juzgados de Distrito Mixtos con residencia en Tapachula. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. SE NIEGA SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que haya lugar a conceder la suspensión de plano a la parte quejosa, pues si bien manifestó que fue objeto de golpes y tortura por parte de los agentes de la policía de la entonces Procuraduría General de Justicia de la entidad, hoy Fiscalía General del Estado de Chiapas y del Ministerio Público; se refiere a actos acontecidos en mil novecientos noventa y siete, sin embargo, no señala que en la actualidad se mantenga dicha situación, ni de sus manifestaciones se advierte que esté siendo objeto de alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional ni tampoco se advierte un peligro inminente a su integridad. NO SE DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO No pasan inadvertidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que se obtuvo su confesión con tortura y golpes; sin embargo, se reitera el quejoso afirma que tales circunstancias acontecieron en mil novecientos noventa y siete, por lo que no se estima necesario, por el momento, dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito con dichas manifestaciones, pero se hace del conocimiento del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a quien corresponda conocer del presente asunto, para lo que tenga a bien determinar. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizadas en los términos que indica, a las personas que refiere. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a la Secretaria para que firme los oficios relativos al presente juicio.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de los Integrantes de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 1467/2019-3-A. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (Énfasis añadido). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El precepto citado establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Expuesto lo anterior, debemos precisar que para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa menciona como acto reclamado la resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del cuadernillo ***, del índice de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad, que ante el Juzgado en Materia Penal del Distrito Judicial de Acapetahua, Chiapas, se le instruyó el proceso ***, en la que al parecer se le impuso una pena de veintisiete años de prisión y que, actualmente, se encuentra privado de su libertad. Luego, de la copia certificada de la resolución de veintidós de agosto del año en curso, que adjuntó a su demanda de amparo y que constituye el acto reclamado, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 15, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas. Además, de aquella resolución se observa que los integrantes de la Comisión Interinstitucional a que se refiere el artículo 156 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, determinaron lo siguiente: "ÚNICO: Esta Comisión Interinstitucional considera NO VIABLE someter a consideración del ciudadano Licenciado *******, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, la concesión del beneficio de la libertad con sentencia suspendida de *******, con fundamento en el artículo 178 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, en virtud a las razones expuestas en los considerandos lll del presente dictamen". En ese contexto, dicha resolución trae como consecuencia que el quejoso permanezca privado de su libertad en el reclusorio en que actualmente se encuentra, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 15, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas. En efecto, la multicitada resolución, vista de forma aislada, no implica una ejecución material, sin embargo, se considera que sí la tiene tomando en cuenta que el quejoso refiere que debido al sentido de la resolución reclamada se afecta su libertad personal; entonces, a partir de esa resolución se genera un acto de carácter positivo, traducido en su permanencia en reclusión. Afirmación que se sustenta en las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/2013, en la que analizó los alcances de la porción normativa a estudio, la cual estaba prevista en el numeral 36 de la abrogada ley de la materia, pero que se reitera en la actual legislación. En lo que aquí interesa, en dicha ejecutoria se expuso que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, y la Primera Sala, han considerado que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en una situación de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. Ello, porque el derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, viene de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad de recuperar su libertad, previo cumplimiento de ciertos requisitos. Se agrega, que la propia Sala indicó que en relación con la hipótesis de competencia, relativa a que será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, si la persona que solicita la concesión de uno de los beneficios previstos en la ley para sustituir la pena de prisión, se encuentra privada de la libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al no tramitarse el incidente de libertad -omisión- y, por ende, no determinarse si cumple o no con los requisitos exigidos para recuperar su libertad personal antes del tiempo fijado en dicho fallo, es indudable que continuará privado de su libertad en el lugar destinado para su reclusión. En ese tenor, aplicada la citada regla de competencia a este caso en particular, con motivo del acto reclamado, el quejoso continuará la situación de privación de su libertad personal y, por tanto, es competente para conocer del juicio un Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario en que está recluido. De ahí que este órgano federal carece de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, toda vez que, la ejecución del acto de que se duele el promovente debe tener lugar fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Además, es necesario tomar en consideración las constancias relativas al juicio de amparo **, del índice de este Juzgado, mismas que se tienen a la vista y se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De las constancias mencionadas se advierte que el mismo quejoso **, promovió dicho juicio de amparo, en contra de la resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida dentro del cuadernillo *** del índice de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en la que se determinó negarle el beneficio de sentencia suspendida. Asimismo, se observa que en ese procedimiento de amparo, este Juzgado de Distrito se declaró incompetente para conocer del mismo, remitiéndolo al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, el cual tocó conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esa ciudad, quien aceptó la competencia y se avocó a su conocimiento, radicando el juicio de amparo con el número ***, de su índice. Además, de la lista de acuerdos relativa a ese expediente, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual también se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que en el juicio de amparo ***, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, no se ha dictado sentencia constitucional. Por lo que, resulta incuestionable que la competencia para conocer del juicio de amparo en el que se actúa, se surte en favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quien le deberá ser enviado el expediente relativo a la demanda de garantías promovida por la aquí parte quejosa. Lo anterior, pues dicho órgano jurisdiccional se encuentra tramitando un juicio de amparo en el que se reclama un acto emitido en el cuadernillo ***, del índice de la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del Estado de Chiapas, esto es, se trata del mismo expediente del que deriva el acto reclamado en el presente juicio de amparo, por lo que se considera conveniente remitirle este asunto, aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias. En tal virtud, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo y declina la competencia al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Lo anterior, se corrobora con lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en la parte que interesa, establece: ".XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: 1. Cuatro tribunales colegiados especializados: dos en materias penal y civil, uno en materia de trabajo y uno en materia administrativa, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 2. Dos tribunales unitarios con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Trece Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas; dos de Procesos Penales Federales, con residencia en Cintalapa de Figueroa; siete Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales; uno en materia Mercantil Federal, todos con residencia en Tuxtla Gutiérrez; y tres Juzgados de Distrito Mixtos con residencia en Tapachula. (.) XX. VIGÉSIMO CIRCUITO: Estado de Chiapas. (.) XX. VIGESIMO CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acacoyahua, Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Cacahoatán, El Porvenir, Escuintla, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, La Grandeza, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Motozintla, Pijijiapan, Siltepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán. En esas condiciones, sin resolver sobre su admisión y en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo antecedente que se forme, remítase el original del escrito de demanda, con sus respectivos anexos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, para que proceda al conocimiento del asunto; debiéndose realizar las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; solicítese el acuse de recibo correspondiente. SE NIEGA SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que haya lugar a conceder la suspensión de plano a la parte quejosa, pues si bien manifestó que fue objeto de golpes y tortura por parte de los agentes de la policía de la entonces Procuraduría General de Justicia de la entidad, hoy Fiscalía General del Estado de Chiapas y del Ministerio Público; se refiere a actos acontecidos en mil novecientos noventa y siete, sin embargo, no señala que en la actualidad se mantenga dicha situación, ni de sus manifestaciones se advierte que esté siendo objeto de alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional ni tampoco se advierte un peligro inminente a su integridad. NO SE DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO No pasan inadvertidas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que se obtuvo su confesión con tortura y golpes; sin embargo, se reitera el quejoso afirma que tales circunstancias acontecieron en mil novecientos noventa y siete, por lo que no se estima necesario, por el momento, dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito con dichas manifestaciones, pero se hace del conocimiento del Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, a quien corresponda conocer del presente asunto, para lo que tenga a bien determinar. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizadas en los términos que indica, a las personas que refiere. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquello derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a la Secretaria para que firme los oficios relativos al presente juicio.
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