Fernando Espinoza Antonio
Expediente 2165/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2165/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fernando Espinoza Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la diligencia de ratificación que antecede, de la que se advierte que el quejoso Fernando Espinoza Antonio, ratificó la firma y contenido de los escritos presentados el veintiocho de enero pasado, en los que solicitó copias certificadas de la resolución dictada por los integrantes de la Mesa de Reconciliación del Estado, los cuales se reservó proveer lo conducente, una vez que ratificara dichos escritos; en tal virtud, se provee: En atención a lo solicitado, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, expídase la copia a que hace referencia, autorizando indistintamente a las personas que precisó en sus ocursos de cuenta, para recibirlas previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Asimismo, se informa a los autorizados para recibir dichas constancias, que para tal efecto deberán acudir a este órgano de control constitucional, dentro del horario de nueve a catorce horas en día hábil, con identificación oficial vigente, previa cita que genere en el sistema de "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Además que para acudir a las instalaciones, deberán seguir los lineamientos establecidos en el artículo 3 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la atención al público en general, en el que establece el mecanismo a seguir. Haciendo la aclaración que en la resolución dictada por los integrantes de la Mesa de Reconciliación del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinaron no viable someter a consideración del licenciado Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, la concesión del beneficio de la libertad con sentencia suspendida del aquí quejoso Fernando Espinoza Antonio.
- Principal
Agréguense a los autos los escritos de quien se ostenta como el quejoso Fernando Espinoza Antonio; de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. En el caso en concreto, la firma plasmada en el escrito de cuenta, es notoriamente distinta a la estampada en la demanda de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: FIRMA DE DEMANDA FIRMA DE ESCRITO DE CUENTA Por lo anterior, no se tiene la certeza de que se trate de la misma persona, por lo que no hay forma de saber si es el promovente, quien signa el escrito de cuenta; pues la firma que contiene el ocurso de cuenta es notoriamente distinta a la que aparece al calce de la demanda de amparo. A efecto de estar en posibilidades de proveer lo procedente y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas; por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya a las instalaciones del citado centro penitenciario, a efecto de que en el acto de la notificación, indique si ratifica o no el contenido de los presentes escritos que al efecto se le ponen a la vista, apercibido que de no hacerlo en el acto de la notificación, se tendrán por no presentados los mismos. Lo anterior, pues únicamente de esta manera se tendría la certeza de que es la parte quejosa quien firma los presentes escritos y que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado o hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad. Por otra parte, tomando en consideración que el Centro Federal de Readaptación Social número quince, se encuentra en Villa Comaltitlán, Chiapas, es decir fuera de la residencia de este Juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 136, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse a dicho centro carcelario, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.com.mx.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano Judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de treinta y uno de enero de dos mil veinte (fojas 615-631), se sobreseyó el juicio y se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa en el presente juicio de amparo en los siguientes términos: I. Dejar insubsistente la resolución de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, notificada el diez de octubre siguiente, emitida dentro del cuadernillo 667/MR-2/2014, por la Mesa de Reconciliación de Gobierno del Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. II. En su lugar, emita otra, sin las deficiencias formales de motivación que determinaron el otorgamiento de la protección constitucional; en la que se exponga el por qué la solicitud del peticionario de amparo no se ubica dentro de la salvedad prevista en el artículo 178 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, que cita, misma que remite al diverso 1, de la citada legislación, es decir, diga las razones particulares, causas inmediatas o circunstancias especiales que a su juicio, excluyen al aquí quejoso de la excepción que éste impone, esto es, que no se encuentra en los casos derivados de la aplicación de la ley más favorable y de los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, a la luz de los motivos y fundamentos legales que invoque, y con base en las jurisprudencias o doctrina que considere aplicables al caso en particular, resuelva lo que conforme a derecho proceda. Sobre el particular debe destacarse que el acto que se emita en cumplimiento a esta ejecutoria, podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, habida cuenta, que la presente resolución no contiene lineamiento de fondo alguno, es decir, no se restringe la plenitud de jurisdicción del ejercicio de la función de la responsable; por lo que la determinación que emita queda bajo su más absoluta responsabilidad." Por lo que mediante auto de seis de marzo del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 658 y 659). En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio TSJECH/MR/255/2020, de cinco de octubre del actual, el Vocero de la Mesa de Reconciliación, Comisión Interinstitucional del Gobierno del Estado de Chiapas, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, relativa al cumplimiento de la ejecutoria (fojas 683-692); dándose vista a la parte quejosa en proveído de quince de octubre del año en curso, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera (foja 693). En consecuencia y por cuanto que el término feneció, sin que realizara la parte quejosa manifestación alguna al respecto, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra cumplido. Lo anterior es así, pues del contenido integral de la misma se advierte que la responsable hizo lo siguiente: a) Dejó insubsistente el dictamen de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida por esa mesa de reconciliación. b) Estableció que cuando Paula Antonio Cruz, presentó la solicitud a favor del aquí quejoso Fernando Espinoza Antonio, para que se le otorgara la pena suspendida (diecinueve de agosto de dos mil catorce), se encontraba en vigor el Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad y Medidas de Libertad Anticipada, pues fue publicado el 30 (treinta) de mayo de 2007 (dos mil siete); y por ende, es esa, la legislación aplicable para resolver sobre la viabilidad o no de la recomendación para que el Gobernador del Estado otorgue o no el beneficio de la sentencia suspendida y no la Ley de Libertad con sentencias suspendidas de tres de febrero de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), que refiere el quejoso. c) En un segmento de la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte (páginas 14 y 15), que la autoridad denomino: ".segunda vertiente a estudio, acerca de los beneficios que deriven de los principios constitucionales, esta Mesa de Reconciliación."; estableció: "Por otro lado, de autos, no se desprende ningún dato de violación a sus derechos humanos, ya sea por razones de salud o edad del reo, que adviertan un riesgo a su vida dentro de su reclusión, que hayan de considerarse por razón humanitaria, pueda otorgársele el beneficio que solicita a favor de FERNANDO ESPINOZA ANTONIO; además como se ha sostenido fue sentenciado a los delitos de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO, PORTACIÒN DE ARMA PROHIBIDA Y ASOCIACIÒN DELICTUOSA, cometidos el primer ilícito en agravio de CARLOS GONZALEZ QUINTERO, VICTOR MANUEL TRINIDAD BELLO y el menor JOSE LUIS ENRIQUE NATAREN, y el segundo y tercer delito cometido en agravio de la sociedad, hechos ocurridos en los municipios de Acapetahua, Escuintla y Mapastepec, Chiapas; del que se destaca que participó en la privación de la vida a una de las víctimas, que respondía al nombre de VICTOR MANUEL TRINIDAD BELLO, iterándose que en cuanto al delito de PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SU MODALIDAD DE PLAGIO O SECUESTRO, es considerado por el artículo 178, párrafo segundo del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, como un impedimento a ser candidato al beneficio solicitado, ya que no se beneficiaran a los autores del delito de secuestro, lo que en el presente caso ocurrió, al ser el peticionario FERNANDO ESPINOZA ANTONIO, el responsable de cometer el delito de secuestro en agravio de CARLOS GONZALEZ QUINTERO, VICTOR MANUEL TRINIDAD BELLO y el menor JOSE LUIS ENRIQUE NATAREN, lo cual no es contrario a derechos humanos." (lo subrayado es de este resolutor de amparo). Para concluir: "SEGUNDO: La Comisión Interinstitucional, considera NO VIABLE someter a consideración del ciudadano Licenciado RUTILIO ESCANDON CADENAS, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, la concesión del beneficio de la libertad con sentencia suspendida de FERNANDO ESPINOZA ANTONIO." (página 16 de la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte). De donde se obtiene de manera sustancial, que la responsable expresa las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales por las que consideró que la solicitud del peticionario de amparo, no se ubica dentro de la salvedad prevista en el artículo 178 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, esto es, no se encuentra en los casos derivados de la aplicación de la ley más favorable y de los principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues destacó, que el hecho de que el peticionario FERNANDO ESPINOZA ANTONIO, sea responsable de cometer el delito de secuestro en agravio de CARLOS GONZALEZ QUINTERO, VICTOR MANUEL TRINIDAD BELLO y el menor JOSE LUIS ENRIQUE NATAREN, constituye un impedimento para ser candidato al beneficio solicitado y que por tal motivo, no es viable someter a consideración del Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, la concesión del beneficio de la libertad con sentencia suspendida del citado quejoso (página 16 de la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte). Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENERPRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Sin que para lo anterior sea óbice lo expresado por el quejoso en escrito recibido por este juzgado el veintiocho del pasado mes, toda vez que, al margen de que le asistiera o no la razón en el sentido de que la nueva resolución no está fundada ni motiva por las razones que expresa (folio 697), ello no sería motivo para estimar que la ejecutoria de trato no quedó cumplida, porque los efectos por los que se concedió el amparo en el juicio en que se actúa, fueron atendidos por la responsable en su nueva resolución; y, en tal escenario, las nuevos vicios que pudiera presentar la resolución de que se trata, solo podrían ser combatidos mediante la promoción de diverso juicio de amparo, pero de ningún modo, se reitera, los motivos aducidos por el quejoso inciden en el ánimo de este resolutor para concluir que no se ha cumplido con los efectos del fallo protector. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado acuerdo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
MESA 1-B. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, téngase por recibido el oficio signado por el Vocero de la Mesa de Reconciliación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual informan el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, y al efecto remite copia certificada de la resolución de cinco de octubre de dos mil veinte, emitida en el cuadernillo XXXXX. A fin de estar en condiciones de proveer en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del comunicado de cuenta, la copia certificada de la citada resolución, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no desahogar la vista, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. En apoyo a esta determinación se cita por identidad jurídica, la tesis VI.1.P.27 K, visible en la página 832, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Febrero de 2002, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. Una vez que el Juez de Distrito recibió el oficio por medio del cual la autoridad responsable informó el cumplimiento de la ejecutoria, deberá dar vista a la parte quejosa con el contenido del mismo, concediéndole el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndola que de no hacerlo, resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, resolución que deberá estar suficientemente razonada, a fin de que la parte quejosa, en su caso, esté en aptitud de hacer valer su inconformidad en la forma que estime pertinente, y de no hacerse así, deberán devolverse los autos al Juez de Distrito a fin de que deje insubsistente el acuerdo citado y emita en su lugar otro, en el que de conformidad con las consideraciones antes señaladas, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento que hubiese dado la responsable a la sentencia que concedió el amparo." Tomando en consideración que el Centro Federal de Readaptación Social número quince, se encuentra en Villa Comaltitlán, Chiapas, es decir fuera de la residencia de este Juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse a dicho centro carcelario para notificar a la parte quejosa.
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