Fernando Esparza Nava
Expediente 1756/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1756/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Fernando Esparza Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
En Reynosa, Tamaulipas, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 1756/2023-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda, y anexos promovida por Fernando Javier Esparza Nava, y el escrito aclaratorio; los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, las constancias que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, remitió como apoyo a su informe justificado, con las cuales se formó un tomo por separado, y la intervención ministerial 423/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito. A lo que el Juez acuerda: téngase por practicada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes, tómense en consideración los informes al resolver el juicio, y por lo que hace a las pruebas y alegatos relaciónense en el periodo correspondiente de la presente audiencia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta con las documentales que el quejoso adjuntó a su demanda de amparo y con las diversas que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, las que serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, dando cuenta con los alegatos que la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito, formuló en la intervención ministerial 423/2023. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, y en su caso, tómense en consideración al momento de resolver el presente juicio; sin más alegatos que tener por reproducidos, se cierra este periodo, se da por concluida la presente audiencia, ordenando se dicte la sentencia que en derecho corresponda. VISTO para resolver el juicio de amparo 1756/2023-I, promovido por********************por propio derecho; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y Actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad, descritos en fojas 3 y 15 del presente sumario, que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión a este juzgado; la cual previo escrito aclaratorio, el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; asimismo, mediante auto de seis de septiembre del año en curso, se desvinculó al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, como autoridad responsable, reconociéndole el carácter de tercero interesado; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con base en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 primer párrafo y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el quejoso promovió el presente juicio en calidad de tercero extraño en sentido estricto; además de que los efectos del juicio de origen tienen ejecución en esta localidad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de los accionantes; sobre esa base, se tiene que los actos reclamados consisten en: La falta de emplazamiento al juicio ordinario civil 1031/2010, del índice del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y lo actuado en el mismo. la sentencia y su ejecución; en concreto, el desalojo del bien inmueble ubicado en calle San Judas Tadeo, número 114, del Fraccionamiento San José, en Reynosa, Tamaulipas. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, aceptó los actos reclamados, mientras que la Actuaria adscrita al Quinto Distrito Judicial en el Estado, se adhirió al informe justificado del juez natural; certeza que se corrobora con las constancias que el juez responsable anexó a su informe, relativas al juicio ordinario civil 1031/2010, las que al constituir documentos públicos, se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se tienen como ciertos los actos que a ellas se atribuyen. CUARTO. Causales de improcedencia. En el presente asunto, no se determinará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa mediante el estudio de los conceptos de violación expuestos, ya que no se entrará al análisis de tal cuestión, habida cuenta que quien esto resuelve advierte que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia, y su estudio es preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, conviene dejar establecido que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte quejosa su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo arriba dicho, por identidad de razón, la tesis III.2o.C.3 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, Materia Común, localizable en la página 2066, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En la especie, quien aquí resuelve, advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, párrafo primero, de dicha ley, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no se entrará al estudio de fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa. En efecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;." Por su parte, el diverso numeral 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ." A su vez, el precepto 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley." De los dispositivos transcritos, se infiere con claridad que el ejercicio de la acción constitucional está reservado, entre otros supuestos, a quien resienta una afectación real y actual con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por afectación real y actual la preexistencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado por la ley, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular esté facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación, de lo que se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, Abril de 2013, Materia Común, visible en la página 1807, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Previo a demostrar la actualización de la causal de improcedencia invocada, conviene dejar en claro que la parte aquí quejosa********************dentro del presente juicio se ostenta como tercero extraño al juicio ordinario civil 1031/2010, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Idilberta Guillen Ramos. En relación con esto último, se estima necesario precisar algunos aspectos sobre la persona extraña a juicio en sentido estricto y por equiparación. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona (moral o física) distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; por otro lado, jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. En tales condiciones, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado. Ahora bien, de las constancias que el Juez responsable remitió como apoyo a su informe justificado, mismas que ya fueron valoradas, se desprende lo siguiente: I. Por escrito de dos de agosto de dos mil diez, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, demandó en la vía ordinaria civil a Idilberta Guillen Ramos, la rescisión del contrato de otorgamiento de crédito en constitución de garantía hipotecaria con número 2800147572, y en consecuencia el vencimiento anticipado de dicho crédito. II. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil diez, el Juez Tercero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la demanda promovida por el ahora tercero interesado, quedando registrada con el número 1031/2010, y ordenó el emplazamiento de la demandada Idilberta Guillen Ramos. III. Seguido los trámites legales del referido juicio ordinario civil, el veintiséis de noviembre de dos mil diez, se emitió sentencia, en la que se declaró la procedencia del juicio ordinario civil sobre recisión de contrato, se decretó el vencimiento anticipado del crédito base de la acción, y se condenó a la demandada Idilberta Guillen Ramos. De lo anterior, se colige que el aquí quejoso********************le asiste el carácter de tercero extraño a juicio en stricto sensu, si se tiene en cuenta que no fue demandado en el controvertido natural; por tanto, debe considerársele como una persona física distinta de los sujetos de la controversia de origen, pues no intervino procesalmente en la misma, según se desprende de las actuaciones de dicha controversia, ya que no se le demandó prestación alguna a él, por ende, no se le emplazó a juicio, y tampoco se le condenó o absolvió en sentencia, sino que a quien se demandó, emplazó y se condenó en el juicio, fue a una diversa persona física denominada Idilberta Guillen Ramos. Sentado lo anterior, y dado el sentido que regirá el presente fallo, conviene recordar que el peticionario del amparo señala como uno de los actos reclamado la falta de emplazamiento al juicio hipotecario 1031/2010, y todo lo actuado en el mismo. En ese sentido, como se dijo en párrafos que anteceden, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no se encuentra facultado legalmente para reclamar el emplazamiento al juicio ordinario civil sobre recisión de contrato de referencia. Lo anterior es así, pues es de explorado derecho, como también se indicó con anterioridad, tratándose del juicio de amparo indirecto, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Ahora, como es bien sabido, los que litigan en un juicio son partes en éste, que se les denomina actor y demandado, y son aquellas a quienes desde ese momento les nace el derecho a que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, o se les absuelva de las prestaciones reclamadas, respectivamente. Dicho en otras palabras, parte es todo aquel que pide en juicio una declaración de derecho, por tanto, es la única que en ese procedimiento puede hacer uso de todo derecho que le consigne la ley, ya para demostrar su acción, ya para sus excepciones, así como de impugnar los acuerdos o resoluciones que les agravie, a través de los recursos correspondientes y, por ende, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal, demandando el cese de esa violación. Pues bien, como quedó precisado, de las copias certificadas relativas al juicio ordinario civil sobre recisión de contrato 1031/2010, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se advierte que éste fue promovido y seguido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra de Idilberta Guillen Ramos. Asimismo, es claro que el aquí quejoso********************no participó procesalmente en dicha contienda, no porque haya sido ilegalmente emplazado o se haya omitido el mismo, sino porque no fue demandado en el aludido juicio, no se le impuso condena alguna y tampoco se le absolvió de determinada prestación. Por tanto, no está facultado para acudir ante este órgano jurisdiccional federal a reclamar lo actuado en el procedimiento de referencia, demandando el cese de las violaciones que dice le causa dicho juicio. Por ende, al considerarse que no fue señalado el ahora peticionario del amparo como demandado, ni haberse seguido la litis natural en su contra, deviene la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; pues las partes en ese juicio, como quedó precisado con antelación, son las únicas facultadas, cuando les son transgredidos dentro de ese procedimiento sus derechos por la actuación de la autoridad, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal demandando el cese de esa violación, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley antes invocada, por lo que hace al emplazamiento y lo actuado en el mismo. Sirve de apoyo a lo considerado, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Agosto de 2005, Materia Civil, visible en la página 1513, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En otro orden de ideas, por lo que respecta al diverso acto reclamado, consistente en la sentencia y su ejecución; en concreto, el desalojo del bien inmueble ubicado en calle San Judas Tadeo, número 114, del Fraccionamiento San José, en Reynosa, Tamaulipas, debe decirse que quien esto resuelve, también advierte que se actualiza la misma causal de improcedencia que se actualizó respecto del emplazamiento reclamado, estos es, la prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5, fracción I, párrafo primero, de dicha ley, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el quejoso refiere que el citado bien raíz es propiedad de él y de su esposa, de ahí que se ostenta propietario del bien inmueble descrito. Ahora bien, de las pruebas aportadas por el quejoso, de manera alguna acredita que el bien inmueble que por esta vía defiende y que es materia del juicio ordinario civil de origen, es de su propiedad o forma parte de la sociedad conyugal derivada del matrimonio de él con Idilberta Guillen Ramos, por ende, no se justifican los derechos que dice tener respecto del mismo. Así es, se tiene que con la finalidad de acreditar su interés jurídico en este juicio de amparo, el quejoso exhibió dentro del incidente de suspensión que deriva del presente contradictorio constitucional, los siguientes documentos, de los cuales se ordena agregar copia certificada de los mismos al presente juicio de amparo. a). Copia certificada de la escritura pública 6140 de veinte de octubre del dos mil. b). Acta de matrimonio de veintiuno de diciembre de dos mil uno. c) Recibo de agua potable y alcantarillado. Asimismo, en la demanda de amparo adjuntó copia simple de las siguientes constancias: d) Credencial de elector. e). Acta de nacimiento de dos de agosto de dos mil dos. f) Acta de nacimiento de uno de septiembre de dos mil cuatro. A tales documentos se les confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 74, fracción III, de esta última ley. No obstante el valor probatorio que se les otorga, debe decirse que con ninguna de esas documentales la parte quejosa acredita el derecho de propiedad que dice tener respecto del bien inmueble materia del acto reclamado, por ende, el interés jurídico para reclamar el desalojo respecto del mismo. Se dice lo anterior, toda vez que respecto de la documental descrita en el inciso a), consistente en la escritura pública 6140 de veinte de octubre del dos mil, se desprende la celebración del contrato de compra venta celebrado por Geo Reynosa, Sociedad Anónima de Capital Variable, como vendedora, y como comprador Idilberta Guillen Ramos; contrato de crédito de mutuo con interés y constitución de garantía hipotecaria, celebrado por INFONAVIT, con Idilberta Guillen Ramos, todo ello, en relación con el bien inmueble marcado con el número 114, de la calle Privada San Judas, lote 23, del fraccionamiento San Judas, de esta ciudad, con una superficie de construcción de 58.49, metros cuadrados y una superficie de terreno de 72.00 metros cuadrados. De lo que puede afirmarse que, en su caso, el bien inmueble de referencia es propiedad de Idilberta Guillen Ramos, por haber celebrado los mencionados contratos por propio derecho el veinte de octubre del dos mil, sin que se desprenda la participación del hoy quejoso en los mismos. Aunado a lo anterior, debe agregarse que de la aludida escritura pública, en el apartado de generales, se desprende que Idilberta Guillen Ramos, expresó que su estado civil era soltera. El acta de matrimonio de veintiuno de diciembre de dos mil uno, justifica el vínculo matrimonial entre el hoy quejoso y Idilberta Guillen Ramos, efectuado en la fecha antes indicada, bajo el régimen de sociedad conyugal. Esto último, evidencia que si bien es cierto que los antes nombrados se unieron en matrimonio y constituyeron la sociedad legal, también cierto es que el bien inmueble materia del juicio ordinario civil sobre recisión de contrato 1031/2010, y que por esta vía defiende el quejoso, no fue adquirido durante dicha sociedad conyugal, sino por el contrario, fue adquirido con anterioridad a la misma y sólo por Idilberta Guillen Ramos y no por el accionante de garantías. Lo anterior es así, pues como se advierte del contrato al que se ha hecho referencia con anterioridad, ello se suscitó el veinte de octubre del dos mil, esto es, aún no nacía a la vida jurídica el matrimonio entre la antes nombrada y el quejoso, ya que dicha unión se verificó hasta el veintiuno de diciembre de dos mil uno, siendo evidente que se está en el supuesto de un bien propio de Idilberta Guillen Ramos, pues ya le pertenecía al tiempo de celebrarse el matrimonio, en términos del artículo 173, fracción I, del Código Civil del Estado de Tamaulipas, que dice: "173. En la sociedad legal son propios de cada cónyuge: I. Los bienes que le pertenezcan al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que posea antes de éste, aunque no fuere dueño de ellos. Si los adquiere por usucapión durante la sociedad;." En relación con lo antes dicho, debe hacerse la aclaración que de las constancias que obran en autos, no se advierte que el bien inmueble del que se ha venido hablando, haya ingresado por mutuo acuerdo, a la sociedad conyugal conformada por el hoy quejoso y Idilberta Guillen Ramos, con fecha posterior a los contratos de referencia celebrados por esta última, así como tampoco el peticionario de garantías aportó prueba alguna con la que acreditara tal extremo. De donde se sigue, que si bien el amparista exhibió los documentos anteriormente descritos, también lo es que, con ninguno de ellos acreditó, como era su obligación, la propiedad que ostenta respecto del bien inmueble que defiende, por ende, la afectación de su interés jurídico, lo cual, para la procedencia del juicio de amparo debió probar fehacientemente. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 293 y 294, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Consecuentemente, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia analizada, lo que conlleva a sobreseer en el juicio, también respecto del desalojo reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, debe dejarse establecido que el hecho de que se hayan tenido ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, no eximía a la parte quejosa de su obligación de acreditar que tales actos afectan su interés jurídico, y al no haberlo demostrado, se actualizó la causal de improcedencia analizada. Sustenta esto último, por igualdad de razón jurídica, la jurisprudencia 322 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Octava Época, Parte SCJN, Materia Común, visible en la página 216, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el inconforme en relación a la inconstitucionalidad que aducen de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI, 1o.J/23, Octava Época, con registro electrónico 226555, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, materia común, página 252, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIODE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 2, 37, 73, 74. 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1756/2023, promovido por********************respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los motivos legales expuestos en los considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende que no fue posible el desahogo de la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, atendiendo a la circular 29/2023, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la suspensión de plazos y términos procesales, debido al paro nacional de labores en toda la república a partir del veinticinco al veintinueve de octubre de este año y el aviso de suspensión de plazos y términos procesales de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Titular de este órgano jurisdiccional. En esa virtud, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; lo que se ordena notificar a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.
- Incidental
Reynosa, Tamaulipas, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 6948/2023, procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Fernando Esparza Nava, en contra de la resolución interlocutoria emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dentro del incidente de suspensión relativo al presente cuadernillo, el cual quedó registrado bajo el incidente en revisión 354/2023; en tal virtud, agréguese a los autos el oficio de mérito para los efectos legales conducentes. Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la intervención ministerial 423/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por medio de la cual formula alegatos; en tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de su intención, mismos que serán valorados como corresponda en el momento procesal oportuno.
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