Fernando Esparza Fernández

Expediente 1016/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1016/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
27/07/2015

Partes del expediente

  • Fernando Esparza Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de julio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto dictado por este Juzgado el día siete de julio del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvanse a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, el duplicado de la causa penal 064/2012, en dos tomos que adjuntó en apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En siete de julio de dos mil quince, el Secretario del Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A SIETE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de junio de dos mil quince se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, mediante el cual informó a este Juzgado que si existía la medida cautelar de Arraigo en contra de FERNANDO ESPARZA FERNANDEZ ALIAS "GUIA", sin embargo a petición del Agente del Ministerio Público número Uno para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fue levantada la referida medida cautelar por resolución de veintidós de junio del año en curso. Atendiendo a lo anterior, quien aquí resuelve advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la demanda de garantías se advierte que el quejoso FERNANDO ESPARZA FERNÁNDEZ, reclama medularmente la resolución dictada el cuatro de junio de dos mil quince por la cual decretó un arraigo por un término de veinticinco días naturales para que permanezca en las instalaciones que ocupa la Policía Ministerial de Zacatecas, solicitada por el Agente del Ministerio Público número Uno para asuntos especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al efecto, la mencionada autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 65) aceptó la existencia de tal reclamo, e informó que a petición del Agente del Ministerio Público número Uno para asuntos especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado autorizó el levantamiento de la referida medida cautelar en resolución emitida el veintidós de junio del año en curso, a lo cual remitió copia fotostática certificada de tal actuación. Por lo que tales hechos, ponen sin duda que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que la referida causal prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente: "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.", lo que significa que se actualiza cuando mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado se revoca o destruye, así como los efectos que haya producido. Y de esta guisa, si el órgano jurisdiccional decretó el arraigo en contra del ahora quejoso, y con posterioridad aparece demostrado que el agente del Ministerio Público respectivo solicito se levante dicha medida precautoria, acordándose de conformidad, esto trae como consecuencia que dicho acto deje de existir y se actualice la causal de improcedencia mencionada, pues se repuso al indiciado en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara la inmovilidad de su persona en un inmueble, constituyendo una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido; por tanto, al haber dejado de existir las consecuencias del arraigo reclamado sobre la libertad del impetrante, es inconcuso que ello se traduce en que éste fue restituido en el pleno goce de las garantías individuales que estimó vulneradas en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de rubro y texto siguientes. "ARRAIGO DOMICILIARIO EN MATERIA PENAL. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO SOLICITA LEVANTAR DICHA MEDIDA PRECAUTORIA Y EL JUEZ ACUERDA DE CONFORMIDAD, CESAN SUS EFECTOS Y, EN CONSECUENCIA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN SU CONTRA. La causal prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente: "Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.", lo que significa que se actualiza cuando mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado se revoca o destruye, así como los efectos que haya producido. En esa tesitura, si el órgano jurisdiccional decretó el arraigo domiciliario en contra del inculpado y con posterioridad el agente del Ministerio Público solicita se levante dicha medida precautoria, acordándose de conformidad, esto trae como consecuencia que dicho acto deje de existir y se actualice la causal de improcedencia mencionada, pues se repuso al indiciado en el mismo estado en que se encontraba antes de que se decretara la inmovilidad de su persona en un inmueble, constituyendo una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese emitido." De igual modo, rige al sentido del presente proveído, el contenido de la Jurisprudencia siguiente. "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LLOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Agente del Ministerio Público número Uno para Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y Director General de la Policía Ministerial, ambas con residencia en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.-DOY FE.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, tres de julio de dos mil quince. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el informe justificado que le fue solicitado por este Juzgado, sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de veinticuatro de junio del año en curso se tuvo por rendido el respectivo informe. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, téngase como pruebas de dicha autoridad documentales que anexa a su ocurso, consistentes en el duplicado de la averiguación previa 064/2012 en dos tomos, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Dado el volumen de las referidas actuaciones, y a fin de facilitar su consulta, se determina formar cuaderno de pruebas por separado. Con lo anterior, dese vista a las partes para los efectos legales procedentes a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. aksa

  4. Principal

    El treinta de junio de dos mil quince, la Secretaria de Juzgado licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta al Juez con el escrito registrado bajo el número 12704. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de junio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Adolfo Martínez García, y como lo solicita, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre a Ernestina Salazar Ortiz, Elizabeth Velázquez Díaz, Ana Rosa Ramírez Nava y Emanuel de Jesús Caldera Ortiz, y como nuevo domicilio el ubicado en calle del Cobre no. 102, centro, de esta ciudad. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza.- DOY FE. *njsm

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