Fernando Ernesto Che Irala Guzmán

Expediente 1029/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1029/2016
Año
2016
Actuaciones
9
Última actuación
12/09/2016

Partes del expediente

  • Fernando Ernesto Che Irala Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1029/2016; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado, circunstancias de las cuales toma conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales conducentes. En esas condiciones y atento a la certificación de cuenta, al no existir diligencia pendiente de cumplimentar, archívese el presente expediente como concluido. Finalmente, de conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en el que se declinó la competencia legal para conocer del mismo. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Agrega escrito de desahogo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Fernando Ernesto Che Irala Guzmán, por propio derecho, mediante el cual en atención al proveído de veinticinco de agosto anterior, desahoga la prevención decretada en dicho acuerdo; atento a lo anterior, se deja sin efectos apercibimiento con que fuera conminado. PRECISIÓN DE DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis de la demanda se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado: "La resolución recaída al recurso de apelación toca 321/2016 emitido por la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, a través del que se determinó confirmar el fallo recurrido expediente 435/2015, por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, en la que se condenó al pago de la pena convencional". SE DECLINA COMPETENCIA. Así, por la naturaleza del acto reclamado, se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto; en virtud de que en términos de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. En efecto, los artículos 34 y 170 de la ley de la materia establecen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el Artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el Artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De los numerales transcritos, se advierte que el amparo directo procede contra, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, como ocurre en el caso que nos ocupa y que más adelante se detallará. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el diecisiete de junio de dos mil tres, la contradicción de tesis 15/2002-PL, interpretó de manera sistemática, el contenido de los artículos 46, 47 y 158, de la Ley de Amparo en torno al aspecto relativo a la definitividad de una sentencia en tratándose del juicio de amparo directo y determinó en la parte que interesa lo siguiente: ".es necesario destacar algunas cuestiones generales, relativas a la procedencia del amparo directo, al órgano jurisdiccional competente para conocerlo, así como lo que debe entenderse por sentencia definitiva para los efectos del amparo, el momento y las razones por las que adquiere ese carácter, dado que son conceptos jurídicos que están estrechamente relacionados y se derivan de puntos controvertidos por los Tribunales Colegiados contendientes. A ese respecto, los artículos 44, 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley." "ARTÍCULO 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." "ARTÍCULO 47. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo directo del que debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito, se declarará incompetente de plano y se remitirá la demanda con sus anexos, al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito designado por la Suprema Corte de Justicia, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia. Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo indirecto, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda con sus anexos, al juez de Distrito a quien corresponda su conocimiento, quien conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51. Si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda, con sus anexos, al que corresponda su conocimiento, y el juez designado en este caso por el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de un juzgado de Distrito de su jurisdicción, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51. Si el juzgado de Distrito no pertenece a la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito, podrá plantearse la competencia por razón del territorio, en los términos del artículo 52." "ARTÍCULO 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio." De lo anterior se obtienen los siguientes elementos: El citado artículo 46 precisa lo que debe entenderse por sentencia definitiva, y cuándo una resolución pone fin al juicio. Así, se está en presencia de una sentencia definitiva, en dos casos, a saber: Cuando la sentencia decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no concedan ningún recurso ordinario, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. La sentencia dictada en primera instancia, en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados (las dos partes) hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, siempre que la ley así lo autorice. De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Amparo, también es jurídicamente factible promover amparo contra resoluciones que pongan fin al juicio. A ese respecto, el referido artículo 46 precisa que se entenderá por resolución que pone fin al juicio, aquélla que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario. En el artículo 47 se establecen tres supuestos en los que, ante un órgano jurisdiccional, es presentada una demanda de amparo, de la cual, por razón de competencia, debe conocer un órgano diverso. (.) Por su parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo se refiere al órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos promovidos contra sentencias definitivas y, por extensión, contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, siempre que en todos los casos sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario. Debe ponerse de manifiesto que, conforme al principio de definitividad, existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de garantías. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece lo siguiente: "ARTÍCULO 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.". (.) Debe ponerse de manifiesto que, de la interpretación sistemática de los artículos 44, 46, 73, fracción XIII, y 158, de la Ley de Amparo, se desprende con claridad que el legislador estableció que lo jurídicamente relevante no son las situaciones de facto, atribuibles a las partes en los juicios ordinarios, sino la estricta observancia y respeto al principio de definitividad, reflejado y contenido en los referidos preceptos legales. Lo anterior es así, porque el artículo 46 de la Ley de Amparo, al referirse a la sentencia definitiva, señala que es aquélla que decide el juicio en lo principal y respecto de la que las leyes no concedan ningún recurso ordinario, por medio del cual pueda ser modificada o revocada. Lo que significa que si la ley sí prevé el recurso, éste deberá ser agotado, atento al principio de definitividad, dado que la existencia legal del medio de impugnación se traduce en una obligación jurídica, para las partes en el juicio, de agotar el recurso ordinario concedido por la ley, carga procesal que no puede ser soslayada por la sola voluntad de una de las partes. Aunque el propio artículo 46 de la Ley de Amparo, permite considerar como sentencia definitiva, aquélla dictada en primera instancia, en asuntos del orden civil, cuando los interesados (las dos partes en el juicio) con la autorización prevista en la ley, hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios, ello no significa que por el sólo hecho (situación de facto), imputable a una de las partes, de que hubiese omitido interponer el recurso correspondiente, deba considerarse aquella sentencia de primera instancia como definitiva, porque, como ya se dijo, la obligación legal de agotar los medios ordinarios de impugnación es una carga procesal que no puede ser dejada de lado por una sola de las partes. Debe precisarse que una cuestión es la relativa a la calificación jurídica de que una sentencia es definitiva, para los efectos del amparo, por haber resuelto la litis principal y respecto de ella ya no proceda ningún recurso ordinario; y otra es la mera situación de hecho, originada por la omisión o negligencia de una de las partes, al no cumplir con la obligación de interponer el recurso previsto en la ley, situación que únicamente produce que dicha sentencia, de hecho, ya no pueda ser modificada; pues ha adquirido la naturaleza de cosa juzgada, y por ende, deviene inatacable. Es decir, una cosa es la inmodificabilidad de hecho, y otra que la sentencia tenga legalmente el carácter de definitiva, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando las partes han agotado el principio de definitividad. El artículo 46 de la Ley de Amparo equipara a las sentencias definitivas, aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por tal, las sentencias respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, o concediéndolo haya sido agotado o bien éste sea legalmente renunciable. Lo anterior pone de relieve, una vez más, que el respeto al principio de definitividad no es una cuestión que pueda variarse o alterarse a voluntad o capricho de una de las partes, porque la expresión: 'no concedan', se traduce en contrapartida, en que si las leyes comunes conceden o prevén algún recurso, éste necesariamente deberá ser agotado, salvo que la propia ley o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezcan, expresamente, una excepción al principio de definitividad. Aun el artículo 158 de la Ley de Amparo, al referirse al órgano jurisdiccional competente para conocer de amparos contra sentencias definitivas o contra resoluciones que ponen fin al juicio, reitera 'respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario', lo cual quiere decir que si procediera algún medio de impugnación, éste deberá ser agotado, porque se trata de una obligación legal, no de una cuestión discrecional para las partes en el juicio ordinario. Las anteriores consideraciones conducen a establecer que una sentencia adquiere el carácter de definitiva, cuando en ella se ha resuelto el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario, por medio del cual pueda ser modificada o revocada, o estando previsto dicho recurso, éste haya sido agotado, o las partes hayan renunciado a él expresamente, cuando la ley se los permita. Por lo tanto, si una sentencia es legalmente recurrible, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término, aunque la sentencia ya no pueda ser legalmente modificada y, por ello deba tenerse, de hecho, como una sentencia definitiva, no lo es para los efectos de la promoción del juicio de amparo, pues como ha quedado explicado, la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, deliberadamente o por descuido, atribuible a una de las partes, no puede tener el efecto de hacer procedente el amparo directo, porque ello implicaría soslayar unilateralmente la obligación legal y el deber jurídico de agotar los recursos que la ley prevé y concede, lo que se traduciría en franca violación al principio de definitividad, ya que el aspecto concreto que se analiza no constituye una excepción. Debe ponerse de relieve que la característica esencial y la razón de ser del establecimiento de los recursos ordinarios es su obligatoriedad; es decir, que son una previsión del legislador y, en esa medida, su observancia y sujeción a ellos constituye un deber jurídico de las partes en un juicio, que sólo encuentra excepciones cuando la propia ley o la jurisprudencia así lo determinan. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente, a través de infinidad de tesis, la obligatoriedad de los recursos ordinarios o medios de impugnación, congruente con la esencia del principio de definitividad, el cual, si bien es cierto que admite excepciones, tiene como característica fundamental imponer la obligación y el deber jurídico de agotarlos y substanciarlos, antes de acudir al juicio de amparo, lo que significa que las partes no pueden, a su voluntad o capricho, dejar de interponerlos y agotarlos, con el propósito velado o manifiesto de soslayar el principio de definitividad, pues tal omisión necesariamente conduciría al sobreseimiento del juicio, por la razón de que, en esas condiciones, desde el punto de vista estrictamente jurídico, si estando previsto el medio de impugnación no es agotado, y no existe excepción legal o jurisprudencialmente establecida, no es jurídicamente factible considerar como sentencia definitiva, para los efectos del amparo, una resolución de primer grado. No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que, por disposición de la ley o de la propia jurisprudencia, en algunas hipótesis, la interposición de los recursos ordinarios es opcional para las partes, característica que, sólo en ese caso, suprime la naturaleza obligatoria de los medios de impugnación, dado que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de garantías, ya que, a través de la substanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios, pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los Tribunales Federales de amparo. Resulta pertinente señalar que, paralelamente a la cuestión relativa a la definitividad de las sentencias, existe la diversa característica conocida como cosa juzgada, la cual se ha definido como el atributo, la calidad o la autoridad de definitividad que adquieren las sentencias. La cosa juzgada puede entenderse en dos sentidos: uno formal o procesal, y otro sustancial o material. El primero implica la imposibilidad de impugnación de una sentencia, bien porque no exista recurso contra ella, o porque se ha dejado transcurrir el término señalado para interponerlo. En el sentido sustancial, material o de fondo, la cosa juzgada alude al carácter irrebatible, indiscutible e inmodificable de la decisión reflejada en la sentencia. En este sentido, puede afirmarse que la cosa juzgada es la verdad legal, es una verdad definitiva que ya no puede ser rebatida, desde ningún punto de vista y en ninguna oportunidad. Por lo tanto, el objetivo inmediato de la cosa juzgada es establecer el carácter definitivo de las situaciones jurídicas creadas o determinadas en la sentencia, de ahí la relevante importancia del principio de definitividad y la trascendencia jurídica de la obligación legal de agotar los recursos ordinarios. Por otro lado, una vez que ha quedado establecido lo que debe entenderse por sentencia definitiva, para los efectos del juicio de amparo, así como el momento y las razones por las que adquiere ese carácter, es necesario hacer referencia a la procedencia del amparo directo y determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente para conocerlo, dado que la cuestión de competencia es otro de los aspectos controvertidos entre los Tribunales Colegiados contendientes. Al respecto, el artículo 158 de la Ley de Amparo señala, en lo que a este estudio interesa, lo siguiente: "ARTÍCULO 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados". Las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, a las que alude el citado precepto legal, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes: ... VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones." De las referidas disposiciones se desprende que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo directo es el Tribunal Colegiado que corresponda, según la materia de la litis que deba dilucidarse. Ya ha quedado establecido que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario. (.)." Aspectos que, prevalecen al tenor de la Ley de Amparo, por contenerse disposiciones de contenido análogo, las cuales se encuentran referidas en los numerales en los que este órgano de control constitucional sostiene la incompetencia planteada. Ahora, del caso concreto se advierten los siguientes antecedentes: El veinticinco de agosto de dos mil quince, el quejoso demando en la vía ordinaría civil a Palmas Consorcio Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, al que por turno le correspondió conocer al Juzgado Quinto Civil de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, la cual por proveído de veintiséis siguiente, se admitió a trámite; Luego el veintiuno de septiembre de dos mil quince, se tuvo por contestada la demanda y la reconvención; Seguido la secuela procesal el juez natural el veintinueve de abril de dos mil dicaseis, resolvió: P R I M ERO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil utilizada por las partes, para la tramitación de la pres1nte controversia. S E G U N D O.- El actor FERNANDO ERNESTO CHE IRALA GUZMÁN, por propio derecho, no justificó los extremos de su pretensión, en que la demandada PALMAS CONSORCIO INMOBILIARIO S. A. DE C. V., se excepcionó consecuentemente. T E R C ERO.- Se absuelve a la prenombrada demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. C U A R T O. - La reconventora PALMAS CONSORCIO INMOBILIARIO S. A. DE C. V., por conducto de su apoderado legal, justificó los extremos de su pretensión en la que el reconvenido FERNANDO ERNESTO CHE IRALA GUZMÁN, no lo hizo respecto a sus excepciones consecuentemente: Q U I N T O.- Se declara rescindido el contrato de compraventa habido entre las partes contendientes en el presente juicio. S E X T O.- Se condena al reconvenido al pago de la pena convencional estipulada en la cláusula octava del contrato base, a la que deberán descontarse los pagos que hasta la fecha ha realizado a favor de la reconventora, cantidad que asciende a $59,000.00 (cincuenta y nueve mil peso 00/100 moneda nacional), en términos del cuerpo de esta resolución; lo que deberá hacer dentro del término improrrogable de ocho días contados a partir de que la presente sea ejecutable; con el apercibimiento legal para el caso de no hacerlo, de procederse en su contra en vía de apremio. S É P T I M O.- De igual forma se condena al reconvenido al pago de las costas en esta instancia. OC T A V O.- Notifíquese personalmente... (sic)" Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación, el que por razón de turno, le correspondió conocer a la Primera Sala Civil de Toluca, Estado de México, el cual fue resuelto el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en los siguientes términos: PRIMERO.- Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO.- Se condena al recurrente al pago de costas en segunda instancia. Siendo este último el acto reclamado. De esta manera, en el caso que se analiza, la resolución que emitió la responsable y que se constituye en acto reclamado se traduce en una determinación que por sus efectos pone fin al juicio de origen, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. Para los efectos del amparo debe entenderse por juicio, el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que se dicta sentencia o resolución que le ponga fin. Así pues, el juicio está condicionado a la existencia de un litigio, esto es, de un conflicto entre partes, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define (en cualquier sentido) la controversia, el litigio termina y por consecuencia el juicio. Atendiendo a la Ley de Amparo, específicamente al contenido de su artículo 170, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal, son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio, estas últimas (resoluciones que ponen fin al juicio), son todas aquellas determinaciones que se dan después de presentada la demanda, momento que para efectos estrictamente del juicio de amparo, se considera da inicio el juicio. Así lo ha expresado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada al resolver en sesión de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y uno, por cinco votos, en la contradicción de tesis 10/89 entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo, Cuarto y Sexto Tribunales Colegiados de la misma Materia y Circuito, criterio firme que quedó plasmado en la siguiente tesis: "DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquellas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable". Precisado lo anterior, se colige que el fallo dictado por un tribunal que resuelve un recurso de revisión es de aquellas resoluciones que ponen fin al juicio, pues si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda en lo principal, dado que ello ya ocurrió con el dictado de la sentencia, sí dan por terminado el juicio. En efecto, dada la propia naturaleza de esa resolución, que al resolver el recurso de segunda instancia, deja firme la sentencia de origen, por lo que debe concluirse que pone fin al juicio, consiguientemente, se trata de una resolución impugnable en amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. En consecuencia, envíese el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos señalados en el artículo 47 de la ley de la materia, solicitando a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.

  3. Principal

    DESAHOGA AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso; y, remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 435/2015, de su índice. SATISFECHO REQUERIMIENTO. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. SE RESERVA. A lo anterior, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en el proveído en cita o, en su caso transcurra el termino otorgado para tal efecto.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta de agosto de dos mil dieciséis. DESAHOGA AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, desahoga el requerimiento formulado mediante proveído de veinticinco de agosto del año en curso; y, remite copia certificada de diversas constancias relativas al toca 321/20126, de su índice. SATISFECHO REQUERIMIENTO. En esas condiciones, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado a la autoridad oficiante y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. SE RESERVA. A lo anterior, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en el proveído en cita o, en su caso transcurra el termino otorgado para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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