Fernando Enrique Montero Boada
Expediente 851/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Fernando Enrique Montero Boada
Actuaciones
- Principal
1. Informe justificado y vista. Agréguense a los autos los oficios signados por la Sub Representante Local de Piedras Negras y Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, mediante los cuales rinden informe justificado. 1.2 Acuerdo. Del contenido y actuaciones que integran el informe justificado de cuenta, se aprecia que el veintidós de julio del año en curso, se otorgó al quejoso ..., el documento provisional de visitante por razones humanitarias, por el plazo de treinta días hasta en tanto se resuelva su procedimiento administrativo migratorio, quedando en libertad y sujeto a un control de firmas semanal en el libro de control de extranjeros que se lleva en la Oficina de Representación Local de esta ciudad. Lo anterior permite considerar válidamente la presunción de que el aquí quejoso ya no se encuentra retenido o alojado a disposición de las autoridades migratorias de este país, lo que implica que no continúa restringido en su libertad. 2. Improcedencia de oficio. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por la quejosa, consistente en su privación de la libertad con fines de deportación. 2.1 Premisas argumentativas. El citado precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. Lo que en el caso acontece, en virtud de que el aseguramiento migratorio que regía en contra del quejoso dejó de existir, en virtud de que el quejoso Fernando Enrique Montero Taboada, fue puesto en libertad por la autoridad migratoria desde el veintidós de julio de dos mil veintidós. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente conforme a derecho es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. 3.1 Anotaciones. Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional en este juicio, que estaba programada para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico e impreso deberán realizarse de inmediato. 4. Firmeza del proveído. Ahora bien, resulta claro que la parte quejosa no recurrirá esta determinación; por ello, se declara firme el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que el asunto se sobreseyó fuera de audiencia, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio signado por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe de suspensión de plano. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. 1.2 Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por anunciada la prueba documental que exhibe la autoridad responsable en cita, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
1. Constancia de notificación. Vista la constancia de notificación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se advierte que el quejoso directo Fernando ..., manifestó que ratificaba la demanda de amparo promovida a su favor. 2. Inexistencia de actos crueles e inhumanos. De igual manera, se advierte que el quejoso refirió que no ha sido golpeado o maltratado; por tanto, al manifestar expresamente que no existieron los citados actos, desde este momento los mismos quedan fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la detención. 3. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo promovida por Mario Alejandro Camacho Mina, en favor de Fernando Enrique Montero Boada, contra actos de la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 4. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 5. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del citado Acuerdo General. 6. Señalamiento de autoridades. Se tiene como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 7. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remita copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 7.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 8. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 10. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes; se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 11. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 12. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, sin necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]
- Principal
1. Recepción. Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por Mario Alejandro Camacho Mina en favor de...contra actos del Representante de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 851/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene únicamente como autoridad responsable al Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 3.1 Autoridades que no tienen carácter de responsables. En relación a las autoridades Titular o Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), Jefa del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) y Jefe del Departamento de Control Migratorio de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM), con sede en Saltillo, Coahuila, así como al Director de la Estación Migratorio del Instituto Nacional de Migración (INM), con sede en esta ciudad, que la parte quejosa señala como responsables, este órgano de justicia considera ocioso incorporarlas con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, porque el llamamiento a juicio de tales autoridades retardara el acceso del quejoso a una sentencia definitiva, en virtud de que las restantes responsables designadas con domicilio en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, de acuerdo a la labor propia de este juzgado, se puede advertir que son inexistentes. Con excepción de la que se tiene como autoridad responsable en el punto que antecede. De ahí que este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular al resto de las indicadas autoridades para efectos del trámite de este juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor del quejoso en su calidad de migrante, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 4. Suspensión de plano. Considerando que los actos reclamados se encuentran dentro de los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 125, 126, 164 y 165 de la misma legislación, SE CONCEDE DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN de los mismos, y a fin de prevenir la transgresión a los derechos humanos de la libertad personal, dignidad e integridad física del agraviado, se adoptan como medidas urgentes que deben cumplir las autoridades, las siguientes: 4.1 Cese de inmediato cualquiera de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzada al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. 4.2 Si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas, esto es, policiales o de seguridad pública, en relación con la comisión de un delito, sin demora sea puesto en libertad o a disposición de la Fiscalía competente. 4.3 Si el quejoso se encuentra a disposición de autoridades del Ministerio Público como probable responsable en la comisión de un delito y por haber sido detenido en flagrancia, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, éste último tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de su detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el caso de que el hoy quejoso haya sido detenido en flagrancia, el delito que se le atribuye no merezca prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará ante el Juez de Control como medida cautelar la prisión preventiva, está en aptitud de disponer la libertad del quejoso o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por esa legislación. Pero si de las constancias de la averiguación o carpeta de investigación no se acredita que exista flagrancia o se trate de un caso de urgencia, sea puesto en inmediata libertad. 4.4 Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: i) Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que se señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; ii) Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que este Juzgado estime necesarias, a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el quejoso esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en el punto I. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. 4.5 Comuniquen la línea de mando y cadena de custodia respecto de la persona detenida; en caso de que la autoridad responsable haya efectuado la detención o lo tenga a su disposición. Para ello, deberá dar una explicación satisfactoria y convincente respecto al trato dado al quejoso, desde que fue detenido hasta que fue puesto a disposición del representante social. 4.6 No sea exhibido en los medios de comunicación, con motivo de su detención, toda vez que ello constituye una forma de maltrato favorecedor del ambiente de ilegalidad que conduce a otras violaciones a los derechos humanos, así como la configuración de otros delitos cometidos por los servidores públicos que facilitaron la exhibición aludida. 4.7 Se mantenga al quejoso en lugares oficialmente reconocidos para la detención, cuando constitucionalmente se justifique la misma y acorde a la edad de la misma. 4.8 Que se lleven a cabo los registros de su detención, así como la fecha y lugar de todos los interrogatorios a que este sea sometido. 4.9 Se garantice que médicos, abogados y familiares tengan acceso al detenido; estos últimos, desde luego, bajo las restricciones que pudiera ameritar la investigación a que se encuentren sujetos, pues tampoco puede ser contactado en su detención a voluntad de los familiares y en cualquier momento como si se tratase de un régimen de visita, sino únicamente para conocer su situación física y legal, así como para satisfacer alguna necesidad relacionada con su salud. Las anteriores medidas se dictan con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales aplicables al caso, en aras de salvaguardar el derecho a no sufrir ataques a la libertad personal, dignidad, integridad física e incomunicación, al igual que a no ser sometido a ninguna especie de tortura, que se encuentran protegidos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, así como en los dispositivos 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros. 5. Cumplimiento de la suspensión. Comuníquese de inmediato esta determinación a la autoridad responsable, a fin de que den pronto y exacto cumplimiento de la medida cautelar decretada en este proveído. La autoridad responsable dentro del plazo de veinticuatro horas, siguientes a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá rendir su informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, así como indicar la fecha y hora exacta en que fue detenido el quejoso, si la detención ocurrió en flagrancia o en cumplimiento a una orden de privación legal de la libertad, para lo cual deberán agregar al informe copia certificada de las constancias que guardan relación con el acto reclamado. Asimismo, deberá informar los nombres de las personas responsables de la detención y que figuren como autoridades competentes para ello, indicando de manera puntual las autoridades a cuyo cargo se asignó la custodia y el tiempo que permaneció bajo la guarda de cada una de ellas, en caso de existir varias, anexando para tal efecto las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, en virtud de que la cadena de custodia de personas y línea de mando son establecidas con la finalidad de identificar al servidor público que en cada momento tiene la responsabilidad de custodiar a los detenidos, para efectos de establecer la calidad de garante que sirve como condición para los delitos de comisión por omisión, y así, en caso de quebrantamiento, estar en aptitud de determinar la autoría o complicidad respectiva. Se previene a la autoridad responsable, que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 262, fracciones I, III y V, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia precisado en párrafos precedentes, requiérase a la autoridad señalada como responsable, para que en el término de veinticuatro horas, informe todo lo conducente que pueda servir para la localización del quejoso ...con el apercibimiento que de no hacerlo así o no informar oportunamente la causa legal que se los impida, se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 6. Orden de salida de la estación migratoria. Respecto a la solicitud de suspensión contra la omisión de emitir la orden de salida de...no se tienen elementos suficientes en este momento procesal para determinar si es procedente o no la medida cautelar. 7. Negativa de la suspensión relativa a los diversos actos reclamados. Por otro lado, se niega la suspensión solicitada por el promovente, respecto de los actos descritos en el tercer, cuarto y quinto acto de su capítulo de actos reclamados en el escrito de demanda de cuenta; lo anterior, toda vez que las condiciones en que la autoridad migratoria responsable mantiene alojada a la parte quejosa directa y al resto de las personas de nacionalidad extranjera en las instalaciones que ocupa, es única y exclusivamente responsabilidad de la misma, por lo que, se encuentra expedito su derecho de hacer valer lo que considere necesario ante la instancia correspondiente. 8. Comisión al Actuario de la adscripción. Se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a fin de localizar al hoy quejoso; una vez localizado, se encomienda al funcionario adscrito a realizar de manera enunciativa más no limitativa, acorde a la variedad de escenarios posibles, y conforme a los artículos 107 y 109 de la Ley de Migración lo siguiente: 8.1 Dé fe en el acto de la diligencia, de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados. En el entendido que se deberá actuar de manera especial, tratándose de menores de edad o algún otro grupo de personas que se ubique en estado de vulnerabilidad. 8.2 Dé fe del estado físico del quejos directo al momento en que se desahogue la diligencia e interrogarlo sobre posibles actos de tortura, lesiones provocadas o maltrato físico o psíquico; además de la descripción de las instalaciones en donde se encuentra y de las circunstancias en las que se dio la entrevista; para lo cual se deberá realizar la certificación conducente y en su caso utilizar algún medio electrónico gráfico (fotografía) en donde puedan quedar registradas las lesiones. 8.3 Dé cuenta de inmediato para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente, en caso de que del resultado de la diligencia, se desprenda que se pudiese haber cometido maltrato contra el quejoso. Se hace del conocimiento a la autoridad que está obligada a permitir el acceso inmediato, total y en franca libertad del personal actuante a sus instalaciones, a fin de cumplir con el objetivo de la diligencia. Por lo cual se deberá respetar la investidura que representan al tratarse de funcionarios judiciales federales en el ejercicio de sus labores, evitando en todo momento incurrir en tratos inapropiados o lanzar cualquier tipo de cuestionamiento sobre su encomienda o la forma en que se vaya a realizar. El incumplimiento brindado a lo anterior, constituirá una obstaculización a la Justicia Federal, por lo que este órgano de control constitucional actuará en términos del artículo 169 de la ley de Amparo, solicitando al efecto el apoyo de la fuerza pública, que están obligadas a brindar las autoridades civiles y/o militares. 8.4 Requiera al quejoso para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos su notificación, manifieste si ratifica o no la demanda promovida a su favor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Se hace saber a la responsable, que el artículo 237 de la Ley de Amparo, faculta a este Juzgado para aplicar medidas de apremio a fin de que se cumplan sus mandatos, por lo que en caso de desatender las medidas ordenadas, se les impondrá multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Se autoriza al Actuario de la adscripción para que de resultar inexacta la denominación de las autoridades mencionadas en el presente auto y se le proporcione la correcta proceda a corregirla, a fin de estar en aptitud de realizar la notificación encomendada. En el caso, derivado de los antecedentes del acto reclamado se considera conveniente instruir al actuario de este juzgado para que se constituya en el Servicio Médico Forense de esta ciudad, así como ante los grupos de rescate como Grupo Beta, Protección Civil, Bomberos o demás instituciones que operan en el Río Bravo, o bien, ante cualquier agrupación de esas características a efecto de obtener cualquier información que pudiera ayudar a conocer el paradero del quejoso directo Fernando Enrique Montero Boada, inclusive si éste logró cruzar a los Estados Unidos de América, situación que no es descartada en la demanda de amparo y resultaría fuera de la competencia legal de este órgano jurisdiccional. 8.5 Requerimiento al promovente. Se hace del conocimiento del promovente Mario Alejandro Camacho Mina, que en términos de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Amparo, en caso de que el quejoso ...no sea encontrado por el personal del juzgado en el lugar que refirió se encuentra detenido, deberá comunicar a este Juzgado de Distrito si este fue puesto en libertad o si tiene algún dato adicional con el que se pueda lograr su paradero, puesto que tal circunstancia pudiera generar una causa de sobreseimiento del asunto. Bajo el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se les impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. 9. Atención médica. Una vez que el Actuario adscrito tenga conocimiento de la autoridad que tiene a su disposición al quejoso, y en caso de que así se amerite, habrá de requerirla para que ordene a quien corresponda, se de atención médica inmediata y se valoren las lesiones que se adviertan en la persona de ...debiendo de informar dicha autoridad las medidas adoptadas para cumplir con lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas. Con el apercibimiento que en caso de no acatar la instrucción mencionada, se le impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio del delito en que se pueda incurrir por el desacato a este mandato judicial. 10. Domicilio y autorizado para notificaciones. En virtud de que el promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Asimismo, se tiene como autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a Mario Alejandro Camacho Mina, por no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 10.1 Correo electrónico. Se tiene al promovente proporcionando como correo electrónico el que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 13. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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