Fernando Emmanuel Martinez Alpizar
Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/06/2022
Partes del expediente
- Fernando Emmanuel Martinez Alpizar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada tanto provisional como definitiva; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, tomando en consideración el anexo que fue remitido por la autoridad en atención a los requerimientos efectuados en autos, se ordena la devolución de lo siguiente: 1) A la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, los legajos de pruebas I y II. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en auto del trece de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitiendo copia certificada del juicio 94/2022, de su índice; asimismo informó que el proveído que dictó el treinta y uno de enero del año en curso, confirmó subsistente la medida de protección decretada por el Juzgado Octavo Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, por lo que se estima actualizada una causa de improcedencia como se expone a continuación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, consistente en la orden de protección decretada el treinta de enero de dos mil veintidós, dictada en el expedientillo relativo a una medida de protección 283/2022 [que dio origen al expediente 94/2022], se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto, a partir de que se dicta, es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En ese sentido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia objeto de análisis, ya que en esta acción constitucional se controvierte la orden de protección por violencia familiar del treinta de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente 283/2022, por el Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla; sin embargo, esa determinación judicial fue sustituida procesalmente por el diverso proveído del treinta y uno de enero del año en curso, dentro del juicio 94/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se confirmó subsistente la medida de protección hasta la terminación de la investigación respectiva. Para corroborar lo anterior, se considera necesario relatar los siguientes antecedentes de mayor relevancia. El treinta de enero de dos mil veintidós, ante la denuncia de agresiones formulada por Andrea Guadalupe Cid Leyva, el Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, emitió la orden de protección 283/2022. En la misma fecha, la orden de protección se remitió al Juzgado Familiar en turno para la continuación del procedimiento respectivo. Mediante auto del treinta y uno de enero del año en curso, el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, recibió la orden de protección en comento y decretó la apertura del juicio privilegiado 94/2022, en el cual dicho operador jurídico confirmó subsistente la medida de protección emitida por el órgano auxiliar hasta la terminación de la investigación respectiva. Como se ve, en el caso se suscitó una sustitución procesal que provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la orden decretada el treinta de enero de dos mil veintidós, por el Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, pues de analizar tal acto se soslayaría la nueva situación derivada de la emisión del acuerdo del treinta y uno de enero siguiente, dictado por el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla [autoridad que pese a la vista que se le dio a la parte quejosa para señalarla como responsable, el quejoso no presentó escrito en el que manifestara su deseo de tenerla como tal], a través del cual se confirmó subsistente la medida de protección hasta la terminación de la investigación respectiva. En este orden de ideas, este juzgado federal considera que si bien el quejoso reclama la orden de protección de treinta de enero del año en curso y, posteriormente, por acuerdo de treinta y uno del mes y año en cita, la orden fue ratificada por diversa autoridad, es claro que la situación jurídica ahora se rige por lo dispuesto en el acuerdo treinta y uno de enero de dos mil veintidós y no por la orden previa de treinta de enero del mismo año, reclamada en este juicio. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 24 DE MAYO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que en auto del trece de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, remitiendo copia certificada del juicio 94/2022, de su índice; asimismo informó que el proveído que dictó el treinta y uno de enero del año en curso, confirmó subsistente la medida de protección decretada por el Juzgado Octavo Auxiliar de lo Familiar del Estado de Puebla, por lo que se estima actualizada una causa de improcedencia como se expone a continuación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado atribuido al Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, consistente en la orden de protección decretada el treinta de enero de dos mil veintidós, dictada en el expedientillo relativo a una medida de protección 283/2022 [que dio origen al expediente 94/2022], se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto, a partir de que se dicta, es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).", al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En ese sentido, se considera que se actualiza la causa de improcedencia objeto de análisis, ya que en esta acción constitucional se controvierte la orden de protección por violencia familiar del treinta de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente 283/2022, por el Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla; sin embargo, esa determinación judicial fue sustituida procesalmente por el diverso proveído del treinta y uno de enero del año en curso, dentro del juicio 94/2022 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el que se confirmó subsistente la medida de protección hasta la terminación de la investigación respectiva. Para corroborar lo anterior, se considera necesario relatar los siguientes antecedentes de mayor relevancia. El treinta de enero de dos mil veintidós, ante la denuncia de agresiones formulada por ***, el Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, emitió la orden de protección 283/2022. En la misma fecha, la orden de protección se remitió al Juzgado Familiar en turno para la continuación del procedimiento respectivo. Mediante auto del treinta y uno de enero del año en curso, el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, recibió la orden de protección en comento y decretó la apertura del juicio privilegiado 94/2022, en el cual dicho operador jurídico confirmó subsistente la medida de protección emitida por el órgano auxiliar hasta la terminación de la investigación respectiva. Como se ve, en el caso se suscitó una sustitución procesal que provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a la orden decretada el treinta de enero de dos mil veintidós, por el Juez Octavo Auxiliar de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, pues de analizar tal acto se soslayaría la nueva situación derivada de la emisión del acuerdo del treinta y uno de enero siguiente, dictado por el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla [autoridad que pese a la vista que se le dio a la parte quejosa para señalarla como responsable, el quejoso no presentó escrito en el que manifestara su deseo de tenerla como tal], a través del cual se confirmó subsistente la medida de protección hasta la terminación de la investigación respectiva. En este orden de ideas, este juzgado federal considera que si bien el quejoso reclama la orden de protección de treinta de enero del año en curso y, posteriormente, por acuerdo de treinta y uno del mes y año en cita, la orden fue ratificada por diversa autoridad, es claro que la situación jurídica ahora se rige por lo dispuesto en el acuerdo treinta y uno de enero de dos mil veintidós y no por la orden previa de treinta de enero del mismo año, reclamada en este juicio. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y, por ende, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por lista a la parte tercera interesada.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil veintidós. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual remite copia certificada del juicio 94/2022. Se tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante, con la cual se da vista a las partes, misma que será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de la documental, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, fórmese por separado el tomo II de pruebas debidamente identificado a fin de facilitar el manejo del presente expediente, respetando el sello y folio originales, el cual deberá tenerse a la vista en el momento procesal oportuno. Notifíquese.
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