Fernando Emmanuel García Velázquez

Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
569/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Fernando Emmanuel García Velázquez
  • Coordinador Regional de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia En el Estado de Guerrero, Con Residencia En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo número 569/2018. RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Fernando Emmanuel García Velázquez, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero. Ejecutoras Coordinador Regional de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero. Secretario de Seguridad Pública Municipal. Director del Centro de Reinserción Social, de Acapulco de Juárez, Guerrero. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS De la autoridad ordenadora. "LA ORDEN DE INGRESOS Y/O PRESENTACIÓN AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL.". De las autoridades ejecutoras. El cumplimento y ejecución de la referida orden. SEGUNDO. Trámite del juicio de Amparo. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 569/2018 y se admitió a trámite; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse, se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama un acto proveniente de una autoridad judicial que tiene su ejecución dentro de la jurisdicción de este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal adscrito al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, al Secretario de Seguridad Pública del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, al Coordinador de Zona de la Policía Ministerial responsable de la Coordinación Regional Acapulco y al Encargado del Centro de Reinserción Social, todos residentes en esta ciudad; esto, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado los dos primeros y no obstante la negativa realizada por los restantes, ya que dada su calidad de ejecutoras con que fueron designados, al haber aceptado la autoridad ordenadora la existencia de la dicha orden, es evidente que éstas podrían llevar a cabo su ejecución. Lo anterior, además se corrobora con la copia certificada de las actuaciones que integran la carpeta judicial C-97/2018; documental que dada su naturaleza goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. Así como del registro digital contenido en el disco compacto en formato de videograbación (DVD), remitido por el juez responsable en justificación a su informe; al que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con el numeral 2. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.P.6 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, tomo 2, Materia Penal, Común, página 1529, del rubro y texto siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL HECHAS EN DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD). PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONSTITUYEN UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE DESAHOGA POR SÍ MISMA, CUANDO SON REMITIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA JUSTIFICAR SU INFORME. Hasta hace algunos años el concepto de documento parecía no requerir mayor definición, pues era inmediatamente entendido como escritura -documento escrito-. No obstante, el acelerado avance científico-tecnológico ha generado una gran diversificación en los medios y modos de almacenar información (los cuales se han adoptado y popularizado en las sociedades modernas), evolución que ha derivado en que la equivalencia entre escritura y documento no pudiera mantenerse por más tiempo. Ejemplo de la anterior realidad es que para la implementación del nuevo procedimiento penal de corte acusatorio y oral, producto de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, los ordenamientos adjetivos surgidos a raíz de ésta han establecido que el registro de las audiencias orales no sea por escrito, sino que debe efectuarse a través de audio y video (imágenes y sonidos), lo que implica que la información captada por esos medios deba ser almacenada a través del soporte material correspondiente, para así formar parte de las constancias que integran el procedimiento. Esto es, las actuaciones en los nuevos procedimientos penales ya no se encuentran limitadas al soporte físico proporcionado por el papel, sino que, siendo finalmente datos, se están almacenando en soportes y formatos diversos (dependiendo el tipo de información de que se trate), los cuales integran las constancias del procedimiento con plena validez y eficacia legal. Siendo así, si una autoridad judicial remite como apoyo a su informe con justificación un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), que contiene la videograbación de una audiencia, lo que está haciendo es simplemente adjuntar el documento idóneo para justificar su informe, el cual tendrá pleno valor probatorio siempre y cuando esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad judicial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental". TERCERO. Causales de improcedencia. Verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que la orden de internamiento y su ejecución atribuida a las autoridades responsables, no es sino una consecuencia directa y necesaria de lo ordenado por la Juez de Control responsable, dentro de la carpeta judicial 97/2018; esto es, se trata de un acto derivado de otro consentido. Para arribar a tal determinación, se tiene presente que el ordinal citado en primer término, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de garantías, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Por su parte, el diverso ordinal 217 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El ordinal inserto en su primer párrafo, en forma expresa prevé que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, y demás tribunales militares, judiciales, administrativos y del trabajo, del orden común, locales o federales; sobre lo cual se tiene presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integró la jurisprudencia consultable en la página 17, del Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De lo que se sigue, que la causa de improcedencia invocada encuentra su fundamento en la jurisprudencia a que se refiere el aludido numeral 217, relacionado con las fracciones XII y XIV, del propio precepto 61, que establece la improcedencia del juicio respecto de los actos consentidos. Orientan dicha conclusión, los criterios sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicados a fojas 52 y 582, del Semanario Judicial de la Federación, Tomos I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 y III, Mayo de 1996, de la Octava y Novena Época, respectivamente, que son del siguiente tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZON DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Ahora, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia en comento, debe tenerse presente los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que se obtienen de las actuaciones remitidas por la juez responsable, como justificación a su informe y de los cuales se advierte que: A. El veinte de mayo de dos mil dieciocho, se decretó la apertura de la carpeta judicial C-97/2018, con motivo de la puesta a disposición de Fernando Emmanuel García Velázquez, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio y lesiones con motivo de tránsito vehicular, el primero en agravio de Placida Rojas Peñaloza y el restante de Adriana Lizeth Díaz Rojas y Ranferi Cruz Montalvo; se fijaron las trece horas de ese día, para el verificativo de la audiencia de control de detención, en el Hospital General de esta ciudad, debido al estado de salud del quejoso. B. En aquella diligencia, previa solicitud del peticionario de amparo de que se resolviera su situación jurídica; la juez responsable, a las dieciséis horas con dos minutos de ese día, le dictó auto de vinculación a proceso y dada la petición del ministerio público, no obstante la oposición manifiesta del quejoso, le impuso prisión preventiva no oficiosa por el tiempo que dure el proceso; en el entendido de que aquella deberá cumplirse en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad una vez que sea dado de alta. C. Para su cumplimiento, la juez de origen, giró los oficios S-1008/2018 y S-1009/2018. D. el cuatro y veinte de junio de dos mil dieciocho, dictó acuerdos en los cuales indicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, estarían de manera permanente en el nosocomio para resguardo de la parte quejosa, hasta en tanto fuese dada de alta y para tales efectos, requirió al Director del Hospital Regional Vicente Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social informara de inmediato el alta médica del quejoso. C. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la juez responsable se reservó a proveer respecto de la solicitud de modificación de la medida cautelar peticionada por el quejoso, hasta en tanto diera cumplimiento a lo requerido por el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa tesitura, es palmario que la orden de internamiento del quejoso en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, una vez dada su alta médica, sólo es una consecuencia legal directa y necesaria de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta el veinte de mayo de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial C-97/2018, con posterioridad al dictado del auto de vinculación proceso, la cual debió impugnar si consideraba que esa medida era contraria a derecho, y en su caso, revelar la ilegalidad de aquella decisión. Máxime que la legalidad de tal consecuencia depende directamente de las razones que sustentaron el proveído en comento, lo que no fue objeto de queja en este asunto. Sin que pase desapercibido que en este sumario constitucional no se previno al quejoso para que, de ser su deseo señalara como acto reclamado la medida cautelar impuesta el audiencia de veinte de mayo de dos mil dieciocho, pues es inconcuso que a ningún fin práctico ello conduciría al haber transcurrido con exceso a la fecha de presentación de la demanda de amparo el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que desde aquella diligencia tuvo conocimiento completo de esa determinación. Por tanto, no cabe la menor duda de que el acto que ahora se combate deriva directamente de aquella determinación, pues es una consecuencia legal, directa y necesaria de aquél; de manera que deriva de otro que fue consentido por el propio quejoso, actualizándose así la causal en estudio. Apoyan este criterio, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la páginas 9, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-218, Primera Parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Por su aplicación analógica, en apoyo de la anterior consideración también se cita la tesis que sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable a foja 28 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sexta Parte, correspondiente a la Séptima Época, del tenor literal siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Si el demandado no impugna en su oportunidad debida mediante la vía de amparo indirecto ante el Juez de Distrito correspondiente el auto de radicación, en el que se le requirió para que exhibiese su contestación por escrito en la audiencia respectiva, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se le tendría por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, evidentemente que el auto que hace efectivo dicho apercibimiento por falta de cumplimiento a tal prevención -sea correcto o no- debe considerarse como un acto derivado de otro consentido, pues es obvio que resulta ser mera consecuencia de aquel proveído." Consecuentemente, la anterior circunstancia pone de relieve la actualización de la causal de improcedencia en estudio, y por tanto, lo que procede con fundamento en lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo número 569/2018.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... VISTOS LOS AUTOS PARA PRONUNCIAR SENTENCIA... UNICO.- SE SOBRESEE EL JUICIO DE AMPARO...

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a seis de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de veinticinco de julio del año en curso, se tuvo por recibido el disco compacto que anexa como complemento a su informe justificado la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal Adscrita al Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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