Fernando Emmanuel Barrón Peña

Expediente 354/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
354/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
25/05/2021

Partes del expediente

  • Fernando Emmanuel Barrón Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la constancia de cuenta y dado que ninguna de las partes manifestó su inconformidad contra el proveído del cinco de abril de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplido el fallo protector, en el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por firme tal determinación para los efectos legales procedentes. Ahora bien, como de autos se advierte que no existe más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, atento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, pero NO DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los artículos 3, fracciones VII y XIV, 15 aplicado a contrario sensu, y 18, fracción I, inciso b), y los últimos párrafos del Acuerdo mencionado; luego, una vez que transcurra el plazo de tres años de su conservación, dentro de los noventa días posteriores, tramítese su depuración de conformidad con los últimos párrafos del artículo 18 de dicho ordenamiento y realícese la transferencia respectiva al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    . Ciudad de México, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio firmado por el apoderado general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado el veintitrés de febrero pasado y manifiesta que el Oficial Mayor de dicha dependencia no es el superior jerárquico de las autoridades señaladas como responsables en el presente asunto, toda vez que no pertenecen a las Unidades Administrativas de apoyo técnico-operativo que dependen estructuralmente de dicho Oficial Mayor; no obstante ello, las autoridades responsables dejaron sin efectos la boleta de arresto de veintidós de febrero de dos mil veinte, como lo aduce con la copia certificada que exhibe, de lo cual se toma conocimiento para posteriores requerimientos. En consecuencia, con copia del oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, DESE VISTA a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de TRES DÍAS, manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que en el término antes precisado, señale lo que a su representación social competa. Se les apercibe que de no cumplir con la vista, aún sin argumentos de su parte, esta juzgadora resolverá lo conducente, con las constancias que obren en el sumario. .

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y dado que en los puntos II y III, de la Circular SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos, decretada del cinco de diciembre de dos mil veinte, al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y reanudar el trámite y resolución de los expedientes conforme al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se provee: Se reanuda el presente asunto y dado que ninguna de las partes interpuso recurso alguno contra la sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, en que se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a favor de Fernando Emmanuel Barrón Peña, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, envíese oficio a las autoridades responsables, con la finalidad de notificarles la presente declaración. Ahora bien, en la sentencia ejecutoria, se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "En ese sentido, se concede la protección de la justicia federal, para el efecto de que el Encargado del Despacho de la Unidad de Protección Ciudadana (U.P.C.) "Ángel Zona Rosa" deje insubsistente la orden de arresto por correctivo disciplinario de veintidós de febrero de dos mil veinte, emitida en contra del quejoso Fernando Emmanuel Barrón Peña. Concesión que se hace extensiva a la ejecución de ese arresto, atribuida a la autoridad responsable denominada como Guardia y Prevención de las Instalaciones de la Coordinación de la Policía de Proximidad Zona Centro, de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México; en virtud de que es consecuencia del correctivo disciplinario que se ha declarado inconstitucional; de modo que al resultar violatorio de derechos fundamentales, la precitada ejecución queda sin efecto alguno, al derivar de un acto viciado de origen. Sin perjuicio de que la autoridad responsable ordenadora, de estimarlo conveniente, inicie nuevamente el referido procedimiento, en caso de considerar que las causas que lo motivaron subsisten, debiendo respetar el derecho fundamental de audiencia del quejoso, a fin de que se encuentre en posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa." PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que la siguiente autoridad lleve a cabo las siguientes actuaciones, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Encargado del Despacho de la Unidad de Protección Ciudadana (U.P.C.) "Ángel Zona Rosa" debe dejar insubsistente la orden de arresto por correctivo disciplinario de veintidós de febrero de dos mil veinte, emitida en contra del quejoso Fernando Emmanuel Barrón Peña; asimismo, la autoridad responsable denominada como Guardia y Prevención de las Instalaciones de la Coordinación de la Policía de Proximidad Zona Centro, de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México, debe dejar insubsistente la ejecución de ese arresto, atribuida en virtud de que es consecuencia del correctivo disciplinario que se ha declarado inconstitucional; de modo que al resultar violatorio de derechos fundamentales, la precitada ejecución queda sin efecto alguno, al derivar de un acto viciado de origen. Sin perjuicio de que la autoridad responsable ordenadora, de estimarlo conveniente, inicie nuevamente el referido procedimiento, en caso de considerar que las causas que lo motivaron subsisten, debiendo respetar el derecho fundamental de audiencia del quejoso, a fin de que se encuentre en posibilidad de ofrecer pruebas y alegar en su defensa. En consecuencia, se ordena a las autoridades involucradas DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. Ahora bien, para el cumplimiento de la ETAPA ÚNICA, el Encargado del Despacho de la Unidad de Protección Ciudadana (U.P.C.) "Ángel Zona Rosa" debe dejar insubsistente la orden de arresto por correctivo disciplinario de veintidós de febrero de dos mil veinte, emitida en contra del quejoso Fernando Emmanuel Barrón Peña; asimismo, la autoridad responsable denominada como Guardia y Prevención de las Instalaciones de la Coordinación de la Policía de Proximidad Zona Centro, de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México, debe dejar insubsistente la ejecución de ese arresto, atribuida en virtud de que es consecuencia del correctivo disciplinario que se ha declarado inconstitucional; de modo que al resultar violatorio de derechos fundamentales, la precitada ejecución queda sin efecto alguno, al derivar de un acto viciado de origen. Por lo tanto, atendiendo la complejidad de dicha actuación y presumiendo la elevada carga de trabajo de dicha autoridad, en concepto de este órgano federal es razonable fijar un plazo de VEINTE DÍAS para emitir dicha resolución y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Encargado del Despacho de la Unidad de Protección Ciudadana (U.P.C.) "Ángel Zona Rosa" y a la autoridad responsable denominada como Guardia y Prevención de las Instalaciones de la Coordinación de la Policía de Proximidad Zona Centro, de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el término de VEINTE DÍAS, remitan las constancias con las que acrediten haber arresto por correctivo disciplinario de veintidós de febrero de dos mil veinte, así como la ejecución de ese arresto, atribuida en virtud de que es consecuencia del correctivo disciplinario que se ha declarado inconstitucional; de modo que al resultar violatorio de derechos fundamentales, la precitada ejecución queda sin efecto alguno, al derivar de un acto viciado de origen; o bien, para que dentro del mismo plazo, informen a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con este requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para dentro del plazo de DIEZ DÍAS, demuestre ante este Juzgado haber ordenado a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juez de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que debe otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de esta jueza. Lo anterior, a reserva de que esta jueza fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento de cumplimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, para qué en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, esta juzgadora determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el secretario respecto del de su presentación y dará cuenta a la titular de este juzgado federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando esta Juzgadora tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que la jueza haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y qué al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta.

  4. Principal

    R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Fernando Emmanuel Barrón Peña, en términos de lo expuesto en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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