Fernando Emilio Méndez Méndez y Otros.
Expediente 167/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 07/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Emilio Méndez Méndez
- Fernando Emilio Méndez Méndez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
# pral 167/2015 mesa 6 B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio número 42817/2016, suscrito por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante oficio remítase a dicho órgano judicial, las copias certificadas que solicita. Notifíquese.
- Principal
*pral. 167/2015 mesa amp. 6-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintisiete de noviembre de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, quejosa y tercera interesada en proveído de fecha veintiocho de octubre del año en curso (foja 271), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento que, en su opinión, dio el secretario judicial, encargado por ministerio de ley, del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, a la sentencia emitida en este juicio (fojas 196-217); sin que lo haya hecho; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, este Juzgado procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido; como así lo ilustra la jurisprudencia cuyos datos de localización, y rubro siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antes de pronunciarse sobre si existe cumplimiento o no, resulta oportuno precisar que: Los quejosos, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable al (foja 6): 1.- Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Villa de Etla, Oaxaca. (foja 6): "...De la autoridad responsable Ciudadano Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, reclamamos el auto de formal prisión dictado con fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, en la causa penal número 6/2015." En sentencia pronunciada en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional a los quejosos FERNANDO EMILIO MÉNDEZ MÉNDEZ Y PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Villa de Etla, Oaxaca, procediera en los términos siguientes (fojas 213 vta., 214 y 214 vta.): "... 1. En cuanto cause ejecutoria esta sentencia, únicamente por lo que hace a los citados quejosos 1. FERNANDO EMILIO MÉNDEZ MÉNDEZ y 2. PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, dejar insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de enero de dos mil quince, dictado en su contra en el proceso penal 06/2015, mediante el cual los consideró probables responsables de la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 208, fracciones VI y XXXV y sancionado por el numeral 209 segundo párrafo del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de la sociedad (fojas 1083 y 1113 a 1148, del tomo de pruebas). 2. Y, hecho lo anterior, en su lugar dicte otro, en el que realice un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal de origen, y efectúe de manera expresa y categórica, en torno a cada prueba, el ejercicio intelectual en el que desarrolle y patentice el juicio de valor que se llevó a cabo para determinar cuáles pruebas merecen valor jurídico y porqué y cuáles no y porqué, y precise la eficacia demostrativa que les asigne. 3. Del resultado de esa valoración, precise cuál es el delito o delitos que atribuye a los quejosos y determine con precisión los elementos que lo configuran. 4. Asimismo, del resultado obtenido de la valoración de las pruebas, se pronuncie respecto de la figura jurídica de la prescripción que le fue invocada por los quejosos, de manera fundada y motivada. 5. Con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de los procesados conforme a derecho proceda." En auto de fecha quince de octubre de dos mil quince (fojas 249-250) causó ejecutoria la sentencia de que se trata, requiriendo el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio número 5705, el secretario judicial, encargado por ministerio de ley, del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 254-270). Constancias con las cuales se dio vista a la parte quejosa en auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso (foja 271). Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que obran en autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte que la ejecutoria pronunciada en este juicio, se encuentra cumplida, pues la autoridad responsable: 1.- Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, dictado en contra del quejoso, en el proceso penal 06/2015. 2.- Dictó una nueva resolución en la que realizó un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal número 06/2015, de su índice, y efectuó de manera expresa y categórica, en torno a cada prueba, el ejercicio intelectual en el que desarrolló y patentizó el juicio de valor que se llevó a cabo en el que estableció cuáles fueron las pruebas que merecen valor jurídico y por qué; así como cuáles son esas pruebas que merecerían ese valor y por qué; además, precisó la eficacia demostrativa que les asignó (fojas 257-270). 3.- Del resultado de la valoración, precisó cuál es el delito o delitos que atribuye a los quejosos y determinó con precisión los elementos que lo configuran, en los siguientes términos (foja 257 frente y vuelta): "...Se encuentra acreditado el cuerpo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto por el artículo 2008, fracción VI y XXXV, del Código Penal del Estado, complementado con relación al artículo 1º Y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sancionado por el artículo 209 en su párrafo segundo del Código Penal, en agravio de LA SOCIEDAD y denunciado por el Ciudadano GILBERTO RAMÍREZ RUIZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Guadalupe, Etla, Oaxaca, como lo estimó la autoridad consignante por las siguientes consideraciones legales- - - El artículo 208, fracción VI, XXXV y XL, del Código Sustantivo Penal establece lo siguientes: "Comete los delitos a que este capítulo se refiere, el funcionario público, agente del gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría, en los casos siguientes: VI.- Cuando teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación distinta a aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; xxxv cuando rinda informe en que afirme ante cualquiera otra autoridad una falsedad, o niegue la verdad, en todo o en parte". Son elementos estructurales del cuerpo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD de acuerdo a la descripción normativa prevista por la fracción VI del artículo 208 del Código Penal en Vigor los siguientes: a).- Que alguien teniendo el carácter de funcionario público, agente del gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría (sujeto activo con calidad especifica); b).- Con ese carácter y teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación distinta a aquella a que estuvieren destinados (conducta comisiva y elementos normativos); y d).- Que con esa acción se afecte la correcta administración del servicio y función pública (lesión al bien jurídico protegido). En tanto que los elementos del cuerpo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, de acuerdo a la descripción contenida en la fracción XXXV del artículo 208 del Código Punitivo en Vigor, se traducen en: 1.- La calidad específica del sujeto activo pues debe tratarse de un funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría; 2.- Que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas el activo rinda un informe en el que afirme ante cualquiera otra autoridad una falsedad, o niegue la verdad, en todo o en parte (conducta) 3.- Que con esa acción se afecte la correcta administración del servicio y función pública, (lesión al bien jurídico protegido)... 4.- Asimismo, del resultado obtenido de la valoración de las pruebas se desprende que, se pronunció respecto de la figura jurídica de la prescripción que fue invocado por los quejosos, de la siguiente manera (fojas 268 frente y vuelta): "...En cuanto a la prescripción que hacen valer los inculpados en el caso tenemos que: "El artículo 119.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contaran desde el día en que se cometió el delito si fuere consumado; desde que ceso, si fuere permanente o continuo y, desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa. "Artículo 124.- La acción penal que nazca de un delito que solo puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia. Pero si llenado el requisito inicial de la querella ya se hubiere deducido la acción ante los tribunales, se observaran las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persigue de oficio." Así tenemos que el delito de ABUSO DE AUTORIDAD de las fracciones a que alude en esta conducta contemplada en las fracciones VI y XXXV del Artículo 208 del Código de procedimientos penales vigente en el Estado, es de los delitos previstos en el artículo 9º fracción I del Código de Penal del Estado, es decir es instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se realiza dicha conducta, en específicio cuando le dieron al erario público una aplicación distinta y cuando rindieron un informe a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, manifestando que la obra de "construcción de una planta de tratamientos de aguas residuales" se encontraba terminada, siendo esto una falsedad ya que dicha obra nunca existió. Ahora si bien es cierto que el delito es instantáneo sin embargo el denunciante GILBERTO RAMÍREZ RUIZ tuvo conocimiento de los hechos el día catorce de marzo del año dos mil catorce cuando en compañía de los auditores de la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental Arquitectos ANDRÉS MARTÍNEZ SANTIAGO Y LEANDRO EDUARDO TAPIA VALENCIA acudieron al lugar donde en el que supuestamente estaba dicha obra, percatándose que la obra de CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANETA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO EXISTE, por lo tanto fue en ese momento cuando tuvo conocimiento del delito (hecho) y del delincuente (autor) denunciando los hechos mediante escrito de fecha siete de abril del año dos mil catorce, ratificando al día siguiente, por lo tanto no opera la prescripción..." 5.- Y con libertad de jurisdicción, la autoridad responsable resolvió la situación jurídica de los procesados. De donde se sigue que, dado los términos en que fue concedida la protección constitucional, es inconcuso que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente; sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Por tanto, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el numeral invocado, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Sin que obste para resolver en los términos citados, las manifestaciones que vertió el quejoso en su escrito que obra en autos (fojas 281-283); pues los motivos que expone se encuentran dirigidos a combatir la ilegalidad en el cumplimiento que efectuó la responsable a la ejecutoria pronunciada en este juicio, lo que, en todo caso, es materia de estudio de un medio de impugnación distinto, como así lo ilustran la tesis y jurisprudencia que enseguida se citan: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." ( ). "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLOEFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA." ( ). Por otra parte, toda vez que mediante sentencia que obra en autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 196-217), y seguidos los trámites legales, en este proveído se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; por lo que, como no existe asunto pendiente de diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es DEPURABLE una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las parte que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo proveyó y firma el licenciado Ponciano Velasco Velasco, juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario quien autoriza y da fe. SECCIÓN II MESA AMP. 6-B. PRAL. 167/2015. 1 OF. 11056. JUEZ PRIMERO DE LO PENAL. 2 OF. 11057. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO PENAL. (TERCERO INTERESADO) RESIDENTES EN LA VILLA DE ETLA, OAXACA. 3 OF. 11058. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, DISTRITO DE LA VILLA DE ETLA, OAXACA. (TERCERO INTERESADO). En el juicio de amparo del número anotado al epígrafe, promovido por FERNANDO EMILIO MÉNDEZ MÉNDEZ y PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, contra actos del juez Primero de lo Penal, residente en la Villa de Etla, Oaxaca, con esta fecha se dictó el siguiente acuerdo: "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintisiete de noviembre de dos mil quince. Como se advierte de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes, quejosa y tercera interesada en proveído de fecha veintiocho de octubre del año en curso (foja 271), para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento que, en su opinión, dio el secretario judicial, encargado por ministerio de ley, del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, a la sentencia emitida en este juicio (fojas 196-217); sin que lo haya hecho; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, este Juzgado procede a resolver de oficio si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido; como así lo ilustra la jurisprudencia cuyos datos de localización, y rubro siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Antes de pronunciarse sobre si existe cumplimiento o no, resulta oportuno precisar que: Los quejosos, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridad responsable al (foja 6): 1.- Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Villa de Etla, Oaxaca. (foja 6): "...De la autoridad responsable Ciudadano Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, reclamamos el auto de formal prisión dictado con fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, en la causa penal número 6/2015." En sentencia pronunciada en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional a los quejosos FERNANDO EMILIO MÉNDEZ MÉNDEZ Y PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, para el efecto de que el juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Villa de Etla, Oaxaca, procediera en los términos siguientes (fojas 213 vta., 214 y 214 vta.): "... 1. En cuanto cause ejecutoria esta sentencia, únicamente por lo que hace a los citados quejosos 1. FERNANDO EMILIO MÉNDEZ MÉNDEZ y 2. PABLO JOSÉ ANTONIO MATADAMAS ROBLEDO, dejar insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de enero de dos mil quince, dictado en su contra en el proceso penal 06/2015, mediante el cual los consideró probables responsables de la comisión del delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 208, fracciones VI y XXXV y sancionado por el numeral 209 segundo párrafo del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, cometido en agravio de la sociedad (fojas 1083 y 1113 a 1148, del tomo de pruebas). 2. Y, hecho lo anterior, en su lugar dicte otro, en el que realice un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal de origen, y efectúe de manera expresa y categórica, en torno a cada prueba, el ejercicio intelectual en el que desarrolle y patentice el juicio de valor que se llevó a cabo para determinar cuáles pruebas merecen valor jurídico y porqué y cuáles no y porqué, y precise la eficacia demostrativa que les asigne. 3. Del resultado de esa valoración, precise cuál es el delito o delitos que atribuye a los quejosos y determine con precisión los elementos que lo configuran. 4. Asimismo, del resultado obtenido de la valoración de las pruebas, se pronuncie respecto de la figura jurídica de la prescripción que le fue invocada por los quejosos, de manera fundada y motivada. 5. Con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica de los procesados conforme a derecho proceda." En auto de fecha quince de octubre de dos mil quince (fojas 249-250) causó ejecutoria la sentencia de que se trata, requiriendo el cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio número 5705, el secretario judicial, encargado por ministerio de ley, del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, remitió copia certificada de la resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince (fojas 254-270). Constancias con las cuales se dio vista a la parte quejosa en auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso (foja 271). Ahora bien, del análisis realizado a las constancias que obran en autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se advierte que la ejecutoria pronunciada en este juicio, se encuentra cumplida, pues la autoridad responsable: 1.- Dejó insubsistente el auto de formal prisión de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, dictado en contra del quejoso, en el proceso penal 06/2015. 2.- Dictó una nueva resolución en la que realizó un examen integral de las pruebas que obran en la causa penal número 06/2015, de su índice, y efectuó de manera expresa y categórica, en torno a cada prueba, el ejercicio intelectual en el que desarrolló y patentizó el juicio de valor que se llevó a cabo en el que estableció cuáles fueron las pruebas que merecen valor jurídico y por qué; así como cuáles son esas pruebas que merecerían ese valor y por qué; además, precisó la eficacia demostrativa que les asignó (fojas 257-270). 3.- Del resultado de la valoración, precisó cuál es el delito o delitos que atribuye a los quejosos y determinó con precisión los elementos que lo configuran, en los siguientes términos (foja 257 frente y vuelta): "...Se encuentra acreditado el cuerpo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto por el artículo 2008, fracción VI y XXXV, del Código Penal del Estado, complementado con relación al artículo 1º Y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sancionado por el artículo 209 en su párrafo segundo del Código Penal, en agravio de LA SOCIEDAD y denunciado por el Ciudadano GILBERTO RAMÍREZ RUIZ, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Guadalupe, Etla, Oaxaca, como lo estimó la autoridad consignante por las siguientes consideraciones legales- - - El artículo 208, fracción VI, XXXV y XL, del Código Sustantivo Penal establece lo siguientes: "Comete los delitos a que este capítulo se refiere, el funcionario público, agente del gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría, en los casos siguientes: VI.- Cuando teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación distinta a aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal; xxxv cuando rinda informe en que afirme ante cualquiera otra autoridad una falsedad, o niegue la verdad, en todo o en parte". Son elementos estructurales del cuerpo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD de acuerdo a la descripción normativa prevista por la fracción VI del artículo 208 del Código Penal en Vigor los siguientes: a).- Que alguien teniendo el carácter de funcionario público, agente del gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría (sujeto activo con calidad especifica); b).- Con ese carácter y teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación distinta a aquella a que estuvieren destinados (conducta comisiva y elementos normativos); y d).- Que con esa acción se afecte la correcta administración del servicio y función pública (lesión al bien jurídico protegido). En tanto que los elementos del cuerpo del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, de acuerdo a la descripción contenida en la fracción XXXV del artículo 208 del Código Punitivo en Vigor, se traducen en: 1.- La calidad específica del sujeto activo pues debe tratarse de un funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, sea cual fuere su categoría; 2.- Que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas el activo rinda un informe en el que afirme ante cualquiera otra autoridad una falsedad, o niegue la verdad, en todo o en parte (conducta) 3.- Que con esa acción se afecte la correcta administración del servicio y función pública, (lesión al bien jurídico protegido)... 4.- Asimismo, del resultado obtenido de la valoración de las pruebas se desprende que, se pronunció respecto de la figura jurídica de la prescripción que fue invocado por los quejosos, de la siguiente manera (fojas 268 frente y vuelta): "...En cuanto a la prescripción que hacen valer los inculpados en el caso tenemos que: "El artículo 119.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contaran desde el día en que se cometió el delito si fuere consumado; desde que ceso, si fuere permanente o continuo y, desde el día en que se hubiere realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa. "Artículo 124.- La acción penal que nazca de un delito que solo puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia. Pero si llenado el requisito inicial de la querella ya se hubiere deducido la acción ante los tribunales, se observaran las reglas señaladas por la ley para los delitos que se persigue de oficio." Así tenemos que el delito de ABUSO DE AUTORIDAD de las fracciones a que alude en esta conducta contemplada en las fracciones VI y XXXV del Artículo 208 del Código de procedimientos penales vigente en el Estado, es de los delitos previstos en el artículo 9º fracción I del Código de Penal del Estado, es decir es instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se realiza dicha conducta, en específicio cuando le dieron al erario público una aplicación distinta y cuando rindieron un informe a la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, manifestando que la obra de "construcción de una planta de tratamientos de aguas residuales" se encontraba terminada, siendo esto una falsedad ya que dicha obra nunca existió. Ahora si bien es cierto que el delito es instantáneo sin embargo el denunciante GILBERTO RAMÍREZ RUIZ tuvo conocimiento de los hechos el día catorce de marzo del año dos mil catorce cuando en compañía de los auditores de la Secretaría de Contraloría y Transparencia gubernamental Arquitectos ANDRÉS MARTÍNEZ SANTIAGO Y LEANDRO EDUARDO TAPIA VALENCIA acudieron al lugar donde en el que supuestamente estaba dicha obra, percatándose que la obra de CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANETA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO EXISTE, por lo tanto fue en ese momento cuando tuvo conocimiento del delito (hecho) y del delincuente (autor) denunciando los hechos mediante escrito de fecha siete de abril del año dos mil catorce, ratificando al día siguiente, por lo tanto no opera la prescripción..." 5.- Y con libertad de jurisdicción, la autoridad responsable resolvió la situación jurídica de los procesados. De donde se sigue que, dado los términos en que fue concedida la protección constitucional, es inconcuso que la parte quejosa ha sido restituida en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente; sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Por tanto, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto en el numeral invocado, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Sin que obste para resolver en los términos citados, las manifestaciones que vertió el quejoso en su escrito que obra en autos (fojas 281-283); pues los motivos que expone se encuentran dirigidos a combatir la ilegalidad en el cumplimiento que efectuó la responsable a la ejecutoria pronunciada en este juicio, lo que, en todo caso, es materia de estudio de un medio de impugnación distinto, como así lo ilustran la tesis y jurisprudencia que enseguida se citan: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." ( ). "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLOEFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA." ( ). Por otra parte, toda vez que mediante sentencia que obra en autos, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 196-217), y seguidos los trámites legales, en este proveído se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; por lo que, como no existe asunto pendiente de diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se actualiza alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es DEPURABLE una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Se comunica a las parte que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
*pral. 167/2015 mesa amp. 6-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a seis de noviembre de dos mil quince. Agréguese el escrito firmado por el licenciado Lázaro Niño Cruz, autorizado del quejoso Pablo José Antonio Matadamas Robledo (fojas 38 y 39), en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en lo conducente, en relación con el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expídasele a su costa copia simple de la documental que refiere en el escrito de cuenta; previa razón de entrega que se deje en autos; teniéndose por autorizadas para recibirla a las personas que menciona. Por otra parte, glósese a los autos el escrito del quejoso Fernando Emilio Méndez Méndez, mediante el cual contesta vista que se le dio en auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso (foja 271). Ahora bien, respecto a las manifestaciones que vierte en el ocurso de cuenta, dígasele que las mismas, en caso de ser procedente, serán tomadas en consideración en el momento en que este órgano judicial se pronuncie sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. NOTIFIQUESE.
- Principal
*pral. 167/2015 mesa amp. 6-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintiocho de octubre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio número 5705, signado por el secretario judicial, encargado por ministerio de ley, del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, al que adjunta copia certificada de la resolución de fecha veintiséis del mes en curso, dictada en la causa penal número 06/2015, de su índice, con la cual en su opinión da cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio; por lo que, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, con lo anterior, dése vista a las partes, quejosa y tercera interesada, para que dentro del plazo de tres días, al que queden notificadas de este proveído, manifiesten lo que a sus derechos convenga. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, y rubro siguientes: "Registro No. 192174 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Página: 243 Tesis: 2a./J. 26/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común Rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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