Fernando Domínguez Castellanos
Expediente 1561/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/03/2022
Partes del expediente
- Fernando Domínguez Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. el original, es susceptible de destrucción, en el término de tres años, en términos del artículo 21, fracción II, inciso c), del citado Acuerdo General. Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su momento archívese el presente asunto por estar concluido. Este expediente es susceptible de destrucción, Asimismo, de conformidad al artículo 15, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante. Finalmente, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que no se generaron los oficios relativos a las autoridades responsables y agente del ministerio público adscrito a este juzgado, a efecto de notificarles la sentencia dictada en autos; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones innecesarias, se subsana dicha situación y, con esta fecha, gírese oficios con copia de la sentencia a las autoridades responsables y agente del ministerio público adscrito, a efecto de hacerles saber el contenido de la sentencia dictada en el presente sumario.
- Principal
VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 1561/2021-VIII-A, promovido por Fernando Domínguez Castellanos, contra actos del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Fernando Domínguez Castellanos acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Pleno del Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Síndico, Director de Mercados, Director de Inspección y Vigilancia, y Comisario de la Policía, todos de Guadalajara, Jalisco, que más adelante serán precisados. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 4, 14, 16 y 25 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, se formó el expediente, se registró bajo el número 1561/2021-VIII-A y se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo. Así, una vez cumplimentado dicho requerimiento, mediante proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se admitió la mencionada demanda de amparo, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien formuló el pedimento que a su representación corresponde. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Pleno del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco: La aprobación y expedición del Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos del Municipio de Guadalajara, específicamente, sus artículos 20 y 27. Del Presidente Municipal, Síndico, Director de Mercados, Director de Inspección y Vigilancia, y Comisario de la Policía, todos de Guadalajara, Jalisco: La ejecución y cumplimiento de los referidos preceptos legales. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Pleno del Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Síndico, Director de Mercados, Director de Inspección y Vigilancia, y Comisario de la Policía, todos de Guadalajara, Jalisco, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron en el ámbito de sus competencias, la certeza de los actos que se les reclamaron, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de los mismos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables, se corrobora con la publicación del propio ordenamiento legal, en la Gaceta Municipal del Gobierno de Guadalajara, Jalisco, en la cual se advierte la participación de las autoridades mencionadas. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También aplica, por analogía, el criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicado en el órgano de difusión ya indicado, Tomo 65, Primera Parte, Séptima Época, página 15, que es del tenor siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de garantías es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que de forma eventual pudieran allegar las partes. Luego, en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 1o, fracción I, 5o, fracción I, y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sentido contrario. Ello, porque las norma general reclamada requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, a fin de afectar la esfera jurídica de la parte guejosa. Cierto, los artículos que se estima actualizan el motivo de improcedencia, son del tenor siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.) LEY DE AMPARO "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (...)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Como se observa en la transcripción, la norma constitucional establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. Así, en dicha norma constitucional se establece como presupuesto procesal de la acción constitucional que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; dicho interés legítimo se vincula con la exigencia alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en la esfera jurídica, por la especial situación que la quejosa ocupa frente al ordenamiento jurídico. Es decir, con la reforma al artículo 107 constitucional, el concepto de interés jurídico fue adicionado para coexistir con el de interés legítimo, abriendo la gama de posibilidades para acudir al juicio de amparo, pues han quedado proscritas exigencias tales como la acreditación, a cargo del quejoso, de la existencia de un derecho subjetivo conferido por las normas del ordenamiento jurídico, o la necesidad de probar un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante la concesión del amparo. No obstante esta apertura de la legitimación activa en el juicio de amparo, la reforma constitucional señalada no puede ser traducida en una apertura absoluta para que cualquier persona por cualquier motivo, acuda al juicio de amparo. Sobre todo si se toma en consideración que, el interés legítimo es el interés personal cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso; por lo que dicho presupuesto procesal se compone de dos elementos esenciales: a) el interés debe estar garantizado por un derecho objetivo (sin que necesariamente dé lugar a un derecho subjetivo); y, b) debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Además, se desprende que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, en principio, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: Si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas); o bien, Si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso (autoaplicativas), basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, y que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a Quienes están destinadas. Asimismo, cabe indicar que conforme a los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, una ley autoaplicativa también puede ser combatida con motivo de su primer acto concreto de aplicación, dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, o al en que haya tenido conocimiento de ellos. Sin embargo, la existencia de los dos plazos mencionados para combatir la ley no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica. Por ello, si el quejoso impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de treinta días, pero si la combate con motivo de su primer acto de aplicación, el plazo será de quince días en los términos destacados, pues aun cuando tenga el carácter de autoaplicativa, el quejoso la combatiría a través de su primer acto de aplicación. En el segundo caso (heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 17 de la ley citada. Así, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que éstas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Al respecto, es de tomar en consideración el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de establecer las bases para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas, que se contiene en la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. " De los términos en que fue planteada la demanda de amparo, se corrobora que la parte quejosa impugna el Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, específicamente los artículos 20 y 27, porque considera que su sola entrada en vigor genera una afectación en su esfera jurídica, por lo que para efecto de la procedencia del juicio de amparo, es necesario que ciertamente se esté en presencia de una norma de carácter autoaplicativo o, en su defecto, que se encuentre acreditada la aplicación concreta en su perjuicio de los preceptos reclamados, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada". Dicho criterio se contiene en la tesis aislada P. XCVII/95, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, página noventa y dos, que es del tenor siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. " Bajo este orden de ideas, la afectación que un determinado precepto legal ocasiona al quejoso debe probarse en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, en cuanto previene que el juicio de garantías solamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, en los siguientes términos: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En el caso, según lo expone el quejoso a lo largo de su demanda de garantías, acude a promover el pretende juicio contra la norma reclamada por su naturaleza autoaplicativa, en síntesis, porque estima que los preceptos reclamados, que fueron modificados transforman o extinguen situaciones concretas en su esfera de derechos desde el inicio de su vigencia. Pues bien, los artículos 20 y 27 del Reglamento de Mercados y Centrales de Abastos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, son del tenor literal siguiente: "Artículo 20. Los contratos de concesión de uso de local tendrán vigencia por el plazo de 99 años. En caso de cesión o traspaso la concesión se otorgará por el tiempo restante de la concesión de origen. " "Artículo 27. Cuando un titular o titulares de una concesión presenten un impedimento físico o discapacidad permanente declarada ante autoridad competente, el beneficiario registrado o el interesado en la cesión de la concesión podrán realizar el trámite de traspaso, acompañando toda la documentación necesaria para acreditar el impedimento para continuar con la concesión otorgada. [...]" Como se corrobora de la anterior transcripción, las porciones normativas reclamadas, precisan que los contratos de concesión de uso de local, tendrán una vigencia de noventa y nueve años y que en caso de cesión o traspaso, la concesión se otorgará por el tiempo restante de la concesión de origen. En tanto que, cuando un titular de una concesión presente un impedimento físico o discapacidad permanente, declarada ante autoridad competente, el beneficiario registrado o el interesado en la cesión de la concesión, podrá realizar el trámite de traspaso, acompañando la documentación necesaria con esa finalidad. En ese sentido, los enunciados normativos en comento, se trata de disposiciones de observancia general que, en esencia, modifican el marco jurídico que regula la vigencia del contrato de concesión de un local de un mercado municipal y específicamente establece para el caso de cesión o traspaso que la concesión se otorgará por el tiempo restante de la concesión de origen, circunstancias que regirán en el futuro para el caso de que el actual titular de un contrato de concesión pretenda cederla o traspasarla. Igualmente, únicamente para el caso en que el actual titular de una concesión, presente un impedimento físico o una discapacidad permanente, declarada por autoridad competente, el beneficiario o interesado en la cesión de la concesión, podrán realizar el trámite de traspaso, lo gue implica, gue para una eventual afectación a la esfera jurídica de las prerrogativas del quejoso, es indispensable el advenimiento de alguna de las citadas circunstancias. Lo anterior permite concluir que por el solo inicio de su vigencia, la normatividad reclamada no crea, transforma, modifica o extingue situaciones concretas de derecho, pues para que se concrete su aplicación y en consecuencia la afectación del gobernado, se reguiere gue con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento en comento, pretenda ceder o traspasar el local gue tenga en concesión y que el Ayuntamiento, con apoyo en ese numeral, se niegue a que la duración de noventa y nueve años inicie a partir de que se otorgue esa cesión o traspaso. Así como deben realizarse las gestiones relativas al traspaso por impedimento físico o discapacidad permanente declarada. En ese sentido, la disposición legal que el quejoso reclama, es de individualización condicionada, pues la afectación a su esfera jurídica se encuentra condicionada primero a que se dé el acto de cesión o traspaso y segundo a que la autoridad administrativa en atención a ese acto lo limite por el tiempo que reste a la concesión inicialmente otorgada, o en su caso, decrete el traspaso de la cesión con base en el impedimento físico o incapacidad declarada del cesionario. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 73/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 236, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL "CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.', visible en la página 5, de! Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para "actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de "este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio." De tal manera que, la individualización de la hipótesis jurídica contenida en la norma impugnada con el carácter de autoaplicativas, tendrá lugar hasta el momento en que, una vez que se realice la cesión o traspaso, la autoridad competente resuelva que no es posible que el mismo dure noventa y nueve años, o en el supuesto en que se dé trámite a un procedimiento de traspaso con motivo del impedimento físico o discapacidad permanente declarada al cesionario. Sobre todo, porque como se indicó, la procedencia del juicio de amparo contra leyes se basa en la existencia de un agravio personal y directo que emane de la propia disposición controvertida, agravio que ni siquiera puede ser inminente. Así, el que con anterioridad a la presentación del juicio de amparo exista la individualización de la ley controvertida, constituye un requisito de procedencia del juicio de amparo. Son aplicables a lo anterior, por analogía y en lo conducente, las tesis jurisprudenciales cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio" (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Vil, Enero de 1998, Tesis: 2a./J. 77/97, Página: 382). Y la diversa por analogía, la tesis de jurisprudencia con número de registro 232192 del Semanario Judicial de la Federación, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés Jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará. A mayor abundamiento, cabe precisar que el Reglamento reclamado, en su artículo transitorio tercero dispone: "[.] Tercero. Los procedimientos para el otorgamiento o revocación de concesiones, se regirán con las disposiciones vigentes a su inicio, salvo manifestación de aceptación expresa del solicitante de someterse a la regulación que se aprueba, ante la dependencia correspondiente. [...]" De lo que se desprende que los procedimientos relativos al otorgamiento o revocación de concesiones, se regirán conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, salvo que exista manifestación expresa del solicitante de someterse a la regulación materia de reclamo. Por tanto, se evidencia que el acto reclamado, constituye una norma general heteroaplicativa y por ende, requiere de un acto jurídico posterior a su entrada en vigor, en el cual se aplique el citado reglamento en perjuicio de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Fernando Domínguez Castellanos, contra los actos de la Pleno del Ayuntamiento Constitucional, Presidente Municipal, Síndico, Director de Mercados, Director de Inspección y Vigilancia, y Comisario de la Policía, todos de Guadalajara, Jalisco, por las razones expuestas en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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