Fernando Díaz Vega

Expediente 462/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
462/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Fernando Díaz Vega
  • Presunción de Inocencia Y Derechos Humanos A.C.

Actuaciones

  1. Amparo en revisión

    Se tiene por recibida la papeleta de cuenta, de la que se advierte que, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante oficio 29042/2023 solicitó a la Oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa del segundo circuito, el turno para el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, ahora recurrente, Sofía Bastida Contreras, por conducto de Enrique Leal Robles, autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (personalidad que le fue reconocida en el sumario constitucional de origen), contra la sentencia de treinta y uno de agosto del año que transcurre, dictada en el juicio de amparo indirecto 1688/2022-IV-D, del índice del citado juzgado. Acúsese recibo, por vía interconexión, al juzgado del conocimiento; y, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los diversos numerales 3 de la Ley de Amparo y 99 del Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese el expediente electrónico respectivo y regístrese en el libro de control electrónico como recurso de revisión 462/2023. Ahora, del análisis de las constancias que integran el expediente electrónico del sumario constitucional de origen, se obtiene que este tribunal colegiado, que la suscrita preside, es legalmente incompetente para conocer del presente recurso de revisión y el que debe conocer de él es un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito. Para justificar la postura anterior, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a las y los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, generalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Ahora, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. Es menester precisar que la competencia por materia está encaminada a procurar que, dentro de un órgano jurisdiccional especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite, en última instancia, que las y los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con el derecho fundamental de justicia pronta, completa e imparcial reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Así, el ordenamiento que fija la competencia de los tribunales colegiados de circuito, tratándose del recurso de revisión en un juicio de amparo indirecto, es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los artículos 38, fracción II, y 39, que estatuyen: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: [.]. II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;; [.]". "Artículo 39. Podrán establecerse tribunales colegiados de circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad". De los numerales transcritos, se advierte que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del recurso de revisión previsto en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo; además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, serán competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito, de los artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61 de ese ordenamiento, que regulan la competencia por materia de los juzgados de distrito, se advierten los lineamientos que quien legisla tomó en cuenta para determinar la competencia por materia, de los cuales se advierte que para fijarla, tomó como base los siguientes criterios: La naturaleza del acto reclamado. La naturaleza de la autoridad responsable. Por tanto, para el efecto de determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados especializados, tratándose de recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por identidad jurídica deben tomarse en cuenta los criterios fijados para el conocimiento del juicio de amparo indirecto, pues donde existe la misma razón debe existir la misma disposición; sin que para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no son un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza. Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que el acto reclamado se analiza en relación con las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue la parte quejosa o recurrente, es decir, que sea ésta quien la determine, de acuerdo con lo que manifieste, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. En consecuencia, para determinar la competencia por materia de un tribunal colegiado especializado, respecto de un recurso de revisión, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades; y no a los agravios planteados por la parte inconforme. Por ello, para evidenciar a quién compete conocer de determinado asunto, es necesario desentrañar las características jurídicas del acto de que se trate, atendiendo a su naturaleza o carácter, de donde se sigue que, si el acto se sujeta o se rige por disposiciones de naturaleza penal, debe estimarse que corresponde a esa materia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1689, del tomo II, libro 23, octubre de dos mil quince, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 79/2015, en sesión de 10 de junio de 2015, por mayoría de 3 votos interrumpió el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 4/2013 (10a.) (*). Así, actualmente, para establecer la competencia por materia de un Tribunal Colegiado de Circuito especializado para conocer del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia, debe atenderse tanto a la naturaleza del acto reclamado como a la de la autoridad señalada como responsable, sin considerar la materia en la que el Juez de Distrito con competencia mixta haya fijado su competencia". Apoya también a lo anterior la tesis aislada 2a. LXXXV/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, tomo I, agosto de dos mil quince, página 1192, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN O CUALQUIER OTRO MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN EL AMPARO. AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA LA HAYA FIJADO EN DETERMINADA MATERIA, EN CUALQUIER SUPUESTO, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 4/2013 (10a.). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe la jurisprudencia aludida, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE AQUÉL FIJÓ SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL ASUNTO.", toda vez que si bien es cierto que el Juez de Distrito fija su competencia en determinada materia al emitir la sentencia recurrida, no menos lo es que para resolver a qué Tribunal Colegiado de Circuito corresponde conocer del medio de impugnación intentado contra dicho fallo, es irrelevante la determinación de mérito, en atención a que, en cualquier caso, es necesario atender tanto a la naturaleza del acto reclamado, como a la de la autoridad señalada como responsable en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 (**), de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS". De igual forma, corrobora lo expuesto la jurisprudencia: P./J. 13/2020 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo I, noviembre de dos mil veinte, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO DE DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO, DICTADOS POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA POR ESTIMAR QUE LA RESPONSABLE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA EN LA QUE INCIDE EL ACTO RECLAMADO Y, EN SU CASO, A LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES CONSIDERADAS COMO RESPONSABLES. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron sobre el Tribunal Colegiado de Circuito competente para conocer del recurso de queja interpuesto contra el acuerdo de desechamiento de la demanda dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta al estimar que no se está ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La Segunda Sala determinó que la competencia para conocer del recurso de queja interpuesto contra el auto que desecha la demanda o del recurso de revisión contra la sentencia que decrete el sobreseimiento, en ambos casos por estimar que no se está ante actos de autoridad, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia administrativa, pues de ese modo al resolverse el conflicto no se prejuzgará sobre el fondo de ese medio de defensa atendiendo al criterio residual previsto en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin que se actualicen los supuestos de excepción establecidos en las fracciones II del artículo 50 y III del diverso 51 de ese ordenamiento legal; en cambio, la Primera Sala sostuvo que para determinar qué Tribunal Colegiado de Circuito es el competente para conocer de un recurso de queja interpuesto contra la determinación del Juez de Distrito que desecha la demanda por estimar que no se está ante actos de autoridad, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de las señaladas como responsables Criterio jurídico: De la interpretación sistemática de los artículos 37 y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se sigue que la competencia para conocer de un recurso de queja contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra la sentencia que decreta el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta, por estimar que la responsable no es autoridad para efectos del juicio de amparo, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito especializado en la materia en la que incide el acto reclamado y, en su caso, a la naturaleza de las autoridades consideradas como responsables. Justificación: Aun cuando la Primera Sala no abordó la problemática relativa a la competencia para conocer del recurso de revisión respectivo, a fin de generar seguridad jurídica sobre el criterio que debe prevalecer, el estudio contempló los Tribunales Colegiados de Circuito que deben conocer tanto del recurso de queja como del recurso de revisión interpuestos contra el acuerdo que desecha la demanda y decreta el sobreseimiento en el juicio, respectivamente. Para determinar la competencia por materia del Tribunal Colegiado de Circuito que debe conocer de un recurso de queja interpuesto contra el auto de desechamiento de la demanda o de un recurso de revisión contra el sobreseimiento dictado por un Juez de Distrito con competencia mixta, por estimar que las responsables no son autoridades para efectos del juicio de amparo debe atenderse, en principio, a la naturaleza del acto reclamado. Complementariamente, podrá considerarse la naturaleza de las autoridades estimadas como responsables respecto de las cuales no se hubiera desechado la demanda de amparo o sobreseído en el juicio, toda vez que en algunos casos no basta con atender a la naturaleza del acto reclamado". En la especie, la parte quejosa -aquí recurrente-, en su demanda de amparo señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: "III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: La Comisión Especial en México de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México. . La Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. . IV. ACTOS RECLAMADOS: De la Comisión Especial en México de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México se reclama: La omisión de enviar la información adjunta a la solicitud de amnistía que presentó el ocho de abril de dos mil veintiuno y/o seis de julio de dos mil veintiuno, de manera escrita a la Visitaduría General Especial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La omisión de dar trámite a la solicitud de amnistía conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México. La omisión de definir que es el caso relevante y que es la Opinión Consultiva en los Lineamientos para el Procedimiento de Atención a los Casos que por su Relevancia son Puestos Consideración de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el uno de julio del dos mil veintiuno. De la Visitaduría de Atención y Coordinación Especializada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se reclama las Opiniones Consultivas desfavorables de fechas 6, 7 y 10 de octubre de 2022 emitidas en perjuicio de: Sofía Bastida Contreras . . . [.]."". De lo transcrito se advierte que los actos reclamados se relacionan con una solicitud de amnistía. Precisado lo anterior, debe recordarse que el veintidós de abril de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, la cual concede ese beneficio en favor de las personas respecto de las cuales se haya ejercido acción penal y que hayan sido procesadas o sentenciadas. Luego, si se interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta y uno de agosto del año en curso, en el juicio de amparo indirecto 1688/2022-IV-D, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el que se determinó, por una parte, sobreseer en el juicio; y, por otra, negar el amparo solicitado; siendo que los actos reclamados están relacionados con la obtención del beneficio de la amnistía, la cual es una forma de extinción de la acción penal, por la que se olvida la responsabilidad, la pena y sus consecuencias, salvo la reparación del daño a las víctimas, lo cual pone de relieve que su naturaleza es eminentemente penal, aunado a que los eventos derivados de la ejecución de la pena son también de esa naturaleza, por lo que es inconcuso, que un tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito es el órgano jurisdiccional legalmente competente para conocer del presente asunto. Ello es así, si se atiende a la naturaleza de la función que llevan a cabo las autoridades responsables y los actos que se reclaman de ellas, los cuales están vinculados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad y cuestiones relacionadas con éstas, como lo es, la solicitud de amnistía, a pesar de tratarse de autoridades materialmente administrativas. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 90/2023 (11a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la undécima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 26, junio de 2023, tomo IV, página 3628, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "NEGATIVA FICTA O TÁCITA DEL BENEFICIO DE AMNISTÍA. ANTE LA FALTA DE REGULACIÓN EN LA LEY DE AMNISTÍA SOBRE EL RECURSO EFECTIVO EN SU CONTRA, RESULTA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Hechos: Una persona solicitó a la Comisión de Amnistía el beneficio contemplado por la Ley de Amnistía. Después de cuatro meses la Comisión no emitió determinación por lo que, en términos del artículo 3 de dicha ley, se debía entender resuelta en sentido negativo. Por esa razón, la persona promovió juicio de amparo en contra de la negativa de otorgar el beneficio y alegó la inconstitucionalidad del artículo 3, párrafos quinto y sexto, de la Ley de Amnistía. El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad, pues la falta de respuesta de la autoridad administrativa constituyó una negativa ficta, por lo que debió acudir primero al juicio contencioso administrativo. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en el cual el Tribunal Colegiado del conocimiento levantó el sobreseimiento y remitió los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis del tema constitucional. Criterio jurídico: En virtud de que los párrafos quinto y sexto del artículo 3 de la Ley de Amnistía no contemplan con claridad el medio de defensa aplicable en contra de la negativa ficta o tácita de la Comisión de Amnistía, resulta procedente el juicio de amparo indirecto que promueva la persona solicitante a fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia. Justificación: Los párrafos quinto y sexto del artículo 3 de la Ley de Amnistía no prevén el medio de defensa para impugnar la negativa tácita de la Comisión de Amnistía, una vez transcurridos los cuatro meses a partir de la presentación de la solicitud, lo que vulnera los derechos de seguridad jurídica y acceso a un recurso efectivo. Por lo tanto, en atención al derecho de acceso a la justicia, es jurídicamente viable que la persona interesada pueda acudir directamente al juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 107 de la Ley de Amparo. Por lo que, en ese supuesto, la autoridad jurisdiccional que conocerá de dicho juicio será el Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal." Luego, sería inviable considerar a la amnistía como una figura del derecho administrativo, aun cuando para el cumplimiento y aplicación de la ley que la regula intervengan autoridades de esa índole. En consecuencia, este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente incompetente para conocer del presente recurso de revisión, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, remítanse, las constancias recibidas al tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para que en caso de considerarse competente, continúe con el conocimiento del asunto. Solicítese que a la brevedad envíe por interconexión el acuse de recibo correspondiente. Cabe precisar que la competencia es un presupuesto básico que deben observar los órganos jurisdiccionales, lo que puede ser examinado en un auto de presidencia, máxime que el presente acuerdo no tiene efectos definitivos, pues el órgano al que se declina podría no aceptarla e integrar un conflicto competencial, el cual no está sujeto a la solicitud de alguna de las partes. Sirve a apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2019 (10a.), sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE PRESIDENCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. En términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados, entre otros, por los Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito. Adicionalmente, tratándose del aspecto material, es necesario que el proveído que se recurra ocasione un perjuicio o agravio a las partes, ya sea porque defina algún derecho, lo restrinja o lo anule. Ahora, este último requisito no se actualiza respecto del auto de presidencia que declara la incompetencia del Tribunal Colegiado de Circuito, porque no ocasiona un perjuicio con su emisión, pues sólo pone de manifiesto que el órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del asunto y que lo enviará a otro que considere sí lo es, es decir, no define, restringe o anula algún derecho. Además, la competencia es un presupuesto básico que deben observar los órganos jurisdiccionales y, por tanto, el auto referido no tiene efectos definitivos, pues el órgano al que se declina podría no aceptarla e integrar un conflicto competencial, el cual no está sujeto a la solicitud de alguna de las partes, que debe definir la Suprema Corte de Justicia de la Nación". No ha lugar a tener como domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de agravios, porque en términos de los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la parte recurrente deberá designar domicilio en la sede del tribunal; por consiguiente, las notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista, hasta que señale domicilio dentro de la residencia de este órgano colegiado, esto es, en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas profesionistas que indica, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte recurrente señalando correo electrónico para establecer contacto respectivo, en caso de que este tribunal estime necesario localizarla por ese medio de comunicación. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta a la presidencia, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico, para llevar a cabo una comunicación oficial procesal a la autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio signado por por la subadministradora desconcentrada jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de México "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada; con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase por apersonada a la autoridad tercera interesada; por formulados sus alegatos, los cuales serán considerados en el momento procesal oportuno, de resultar procedente. Se tiene como su domicilio, para oír y recibir notificaciones, el que se indica en el oficio de cuenta. No ha lugar a tener como personas delegadas, en términos del artículo 5° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a las y los profesionales que menciona, en razón de que ese ordenamiento legal no rige la materia del presente asunto; no obstante lo anterior, se tienen por autorizadas para oír y recibir notificaciones.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE ADMITE la demanda de amparo. Atento a su manifestación, realícese al quejoso las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de las listas que para ese efecto se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. En términos del artículo 5°, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de autoridades terceras interesadas al subdelegado de administración de cartera de la Delegación Fiscal Toluca de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, así como al Servicio de Administración Tributaria. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "Juicio en Línea", por medio del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la secretaría de acuerdos para que, hasta que concluya en definitiva el trámite de este asunto, los acuses de recibo se ingresen al expediente electrónico, sin dar cuenta al suscrito magistrado presidente, pues, la resolución que se llegue a dictar con motivo de esas constancias sólo tendrá como efecto ordenar su integración al citado expediente. Se autoriza a la actuaría adscrita a este Tribunal para que pueda emplear, de manera excepcional, el uso del teléfono y del correo electrónico, para llevar a cabo una comunicación oficial procesal a una autoridad responsable o tercera interesada, incluso para notificar a las demás partes distintas a las indicadas, siempre que no tenga acceso para actuar desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de Federación, para lo cual deberá certificar la confirmación de la comunicación respectiva. Se da la intervención que corresponda a la fiscalía adscrita a este tribunal. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste de oponerse a la publicación de sus datos personales.

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