Fernando de la Rosa Rafols
Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Fernando de la Rosa Rafols
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico que se lleva en el departamento de oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que el promovente del amparo, recurriera el auto en que se desechó su demanda, dictado por este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que fue notificado el veintiocho siguiente, por lista de estrados, quedando comprendido dicho plazo del dos al seis de octubre de dos mil veintitrés. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en el artículo 20, fracción II, en el que se establece los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, contra actos del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 823/2023. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Precisado lo anterior, en concepto del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que indica que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo debe presentarse dentro del plazo de quince días, planteando las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Al reclamar una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) En caso de actos que tengan por efecto la privación de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años. 4) Por último, cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. En la especie, el acto reclamado de manera destacada lo es, la ilegal detención de que fue objeto el quejoso el diecinueve de agosto del año en curso, con motivo de la orden de aprehensión girada en su contra el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 584/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en el Ramo Penal Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Por tanto, es necesario analizar, si el citado acto reclamado, debe regirse por el término de quince días para promover la demanda de amparo o bien, se encuentra dentro de los casos de excepción marcados en el numeral 17 fracción IV de la Ley de Amparo, para poder establecer si el juicio de amparo fue presentado o no, en tiempo, o se localiza dentro de los casos de excepción marcados en el mencionado numeral; y si en su caso, se actualiza alguna causa de improcedencia; puesto que, de acontecer así, se procederá a desechar la demanda por extemporánea. Por consiguiente, al no encontrarse el acto reclamado en ninguno de los casos de excepción antes señalados, el término que tiene el quejoso para promover la demanda de derechos fundamentales es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que indica: "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con lo establecido en el numeral de mérito, el juicio de derechos debe promoverse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. A su vez, el artículo 22 de la Ley de Amparo, establece que el cómputo de los términos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, incluyendo el de su vencimiento; precisándose que sólo se contarán los días hábiles. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, específicamente en el apartado de acto reclamado, la parte quejosa manifiesta que la detención que reclama fue ejecutada el diecinueve de agosto del año en curso. Del mismo modo, refiere que el veinte siguiente, ante el juez responsable se le hizo del conocimiento el motivo de su detención, se le informaron los cargos que se le imputan y posteriormente, en fecha veinticuatro de los propios mes y año, en audiencia pública, se le vinculo a proceso en la causa penal referida, por lo cual, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado de forma destacada desde el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, la fecha en que se ejecutó el mandamiento de captura decretado en su contra. Por tanto, el término para la interposición de la demanda constitucional inició a correr del veintidós de agosto del año en curso, ya que surtió sus efectos el veintiuno del propio mes, tomando en consideración que el promovente se ostenta sabedor del acto reclamado desde el diecinueve de los citados mes y año, y concluyó el doce de septiembre de dos mil veintitrés, descontándose los días veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, seis, siete, nueve, diez de septiembre de esta anualidad, por ser sábados y domingos, y resultar inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo y artículo 104 del Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. En ese tenor, si el escrito petitorio de protección constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, hasta el veintiuno de septiembre de esta anualidad, es innegable que la promoción del juicio de amparo resulta extemporánea, respecto del acto reclamado de manera destacada, esto es, la ilegal detención, circunstancia con la que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción 61 fracción XIV de la Ley de Amparo. No se soslaya la circunstancia de que el promovente en su apartado de solicitud de la suspensión provisional, realice diversos alegatos encaminado a combatir la orden de aprehensión girada en su contra el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 584/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en el Ramo Penal Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Sin embargo, dicha determinación surte la misma suerte que la detención aquí reclamada, toda vez que, como quedó de manifiesto en fecha veinte de agosto del año en curso, el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en el Ramo Penal Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad le hizo del conocimiento el motivo de sus detención, los cargos que le son imputados y por consecuencia, desde la propia data, el peticionario tuvo acceso a la causa penal en la que se emitió la orden de aprehensión a que se le hace referencia, motivo por el cual, resulta de igual manera extemporánea la presentación de la demanda por los motivos expuestos en párrafos precedentes. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************en esta ciudad, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************por así haberlo solicitado. Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos anam46310@gmailcom, caasolagector@live.com.mx y valinzu1954@gmail.com y el teléfono ********************como medios de comunicación no procesales. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO: RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por ********************, contra actos del Juez de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 823/2023. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. De ello se sigue que debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta alguna causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2004, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO" Precisado lo anterior, en concepto del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que indica que el juicio de amparo será improcedente, cuando los actos reclamados sean consentidos en forma tácita, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se hubiere promovido el juicio de derechos humanos, dentro de los plazos previstos para ello. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el juicio de amparo debe presentarse dentro del plazo de quince días, planteando las excepciones siguientes: 1) Cuando se trate de normas de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, el plazo es de treinta días. 2) Al reclamar una sentencia definitiva en un procedimiento penal que imponga una pena de prisión, el plazo es de hasta ocho años. 3) En caso de actos que tengan por efecto la privación de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años. 4) Por último, cuando el acto reclamado implique un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda puede presentarse en cualquier tiempo. En la especie, el acto reclamado de manera destacada lo es, la ilegal detención de que fue objeto el quejoso el diecinueve de agosto del año en curso, con motivo de la orden de aprehensión girada en su contra el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 584/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en el Ramo Penal Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Por tanto, es necesario analizar, si el citado acto reclamado, debe regirse por el término de quince días para promover la demanda de amparo o bien, se encuentra dentro de los casos de excepción marcados en el numeral 17 fracción IV de la Ley de Amparo, para poder establecer si el juicio de amparo fue presentado o no, en tiempo, o se localiza dentro de los casos de excepción marcados en el mencionado numeral; y si en su caso, se actualiza alguna causa de improcedencia; puesto que, de acontecer así, se procederá a desechar la demanda por extemporánea. Por consiguiente, al no encontrarse el acto reclamado en ninguno de los casos de excepción antes señalados, el término que tiene el quejoso para promover la demanda de derechos fundamentales es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, mismo que indica: "Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con lo establecido en el numeral de mérito, el juicio de derechos debe promoverse dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame; b) Haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o, c) Se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. A su vez, el artículo 22 de la Ley de Amparo, establece que el cómputo de los términos en el juicio de amparo comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, incluyendo el de su vencimiento; precisándose que sólo se contarán los días hábiles. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, específicamente en el apartado de acto reclamado, la parte quejosa manifiesta que la detención que reclama fue ejecutada el diecinueve de agosto del año en curso. Del mismo modo, refiere que el veinte siguiente, ante el juez responsable se le hizo del conocimiento el motivo de su detención, se le informaron los cargos que se le imputan y posteriormente, en fecha veinticuatro de los propios mes y año, en audiencia pública, se le vinculo a proceso en la causa penal referida, por lo cual, se advierte que tuvo conocimiento del acto reclamado de forma destacada desde el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, la fecha en que se ejecutó el mandamiento de captura decretado en su contra. Por tanto, el término para la interposición de la demanda constitucional inició a correr del veintidós de agosto del año en curso, ya que surtió sus efectos el veintiuno del propio mes, tomando en consideración que el promovente se ostenta sabedor del acto reclamado desde el diecinueve de los citados mes y año, y concluyó el doce de septiembre de dos mil veintitrés, descontándose los días veintiséis y veintisiete de agosto, dos, tres, seis, siete, nueve, diez de septiembre de esta anualidad, por ser sábados y domingos, y resultar inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo y artículo 104 del Acuerdo General 18/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. En ese tenor, si el escrito petitorio de protección constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, hasta el veintiuno de septiembre de esta anualidad, es innegable que la promoción del juicio de amparo resulta extemporánea, respecto del acto reclamado de manera destacada, esto es, la ilegal detención, circunstancia con la que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción 61 fracción XIV de la Ley de Amparo. No se soslaya la circunstancia de que el promovente en su apartado de solicitud de la suspensión provisional, realice diversos alegatos encaminado a combatir la orden de aprehensión girada en su contra el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 584/2022 del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en el Ramo Penal Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Sin embargo, dicha determinación surte la misma suerte que la detención aquí reclamada, toda vez que, como quedó de manifiesto en fecha veinte de agosto del año en curso, el Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento en el Ramo Penal Zona Sur en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad le hizo del conocimiento el motivo de sus detención, los cargos que le son imputados y por consecuencia, desde la propia data, el peticionario tuvo acceso a la causa penal en la que se emitió la orden de aprehensión a que se le hace referencia, motivo por el cual, resulta de igual manera extemporánea la presentación de la demanda por los motivos expuestos en párrafos precedentes. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************en esta ciudad, y como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a ********************por así haberlo solicitado. Asimismo, se le tiene proporcionando los correos electrónicos anam46310@gmailcom, caasolagector@live.com.mx y valinzu1954@gmail.com y el teléfono ********************como medios de comunicación no procesales. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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