Fernando de Jesús López Celis
Expediente 1129/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando de Jesús López Celis
Actuaciones
- Principal
PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación: Vista la demanda de amparo promovida por Fernando de Jesús López Celis, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; fórmese expediente físico y electrónico bajo el número de amparo indirecto 1129/2019. Desechamiento. Examinada en su integridad la demanda, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley normativa del juicio de garantías, debe desecharse la misma. Dicho numeral establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, en el caso se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado éste en sentido contrario de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". Del análisis del primer precepto se desprende que el juicio de amparo será improcedente, además de los diversos supuestos que el mismo artículo alude, en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia legislación. De tal modo, que es dable remitirse al contenido del diverso numeral transcrito, que prevé que el juicio de amparo indirecto es procedente únicamente contra actos dictados en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, limitando expresamente que éste tipo de actos -imposible reparación- lo constituyen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México es parte, lo que implica la exclusión de aquellos actos intraprocesales que vulneren prerrogativas procedimentales en cualquier grado. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y fijó criterio en el sentido de que el legislador tuvo como intención establecer una fórmula para calificar un acto intraprocesal como de imposible reparación, a saber, que necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos de las partes y no únicamente generar en ellos una lesión jurídica de naturaleza estrictamente adjetiva, puesto que esta última no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. A partir de las explicaciones que preceden, se concluye que, conforme a la actual Ley de Amparo, el juicio biinstancial no procede contra actos dictados en juicio que únicamente afecten de forma directa derechos procesales. Ante lo expuesto, en el caso, el acto reclamado por el promovente consiste en la resolución de reclamación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 797/19-15-01-4 en la que se determinó confirmar el auto de tres de julio del mismo año, en el que se desecha por extemporánea la ampliación de demanda de nulidad. De lo que se obtiene que la única consecuencia directa e inmediata que la resolución reclamada tiene sobre la esfera jurídica del quejoso es estrictamente procesal pues la admisión y substanciación de la ampliación de demanda, no afecta directa e inmediatamente algún derecho sustantivo del promovente. Lo anterior es así, ya que la prerrogativa que el agraviado estima transgredida en su perjuicio con la emisión de la resolución reclamada es, en realidad, de carácter meramente adjetivo y no sustantivo, si se toma en cuenta que la determinación adoptada por la responsable en la resolución cuestionada ordena confirmar el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no ampliada la demanda. De ahí que la resolución de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, no es de imposible reparación, en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que se verá reflejada su trascendencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin al citado juicio de nulidad 797/19-15-01-4, ante la posibilidad de que se emita una resolución favorable a los intereses del quejoso. En efecto, será hasta el dictado de la resolución definitiva en el juicio de nulidad en que se verá la trascendencia de la violación adjetiva de que se duele la parte quejosa, lo que redunda en que no se esté en presencia de actos de imposible reparación, que afecten materialmente derechos sustantivos, dada la falta de repercusión inmediata de la resolución reclamada, sumado a que el dictado de una eventual resolución favorable implica la falta de la irreparabilidad exigida. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en la página 361, tomo X, Octubre de 1992 Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice : "INTERLOCUTORIA DICTADA POR UNA SALA FISCAL CON MOTIVO DEL RECURSO DE RECLAMACION INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DEL INSTRUCTOR QUE DESECHO LA AMPLIACION DE LA DEMANDA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO JUNTO CON LA SENTENCIA DEFINITIVA. De conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de Amparo Directo ante los tribunales Colegiados de Circuito contra resoluciones dictadas por Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, procede con motivo de violaciones cometidas en las propias resoluciones o por violaciones cometidas durante el procedimiento y que, afectando las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo; de ahí que en la mencionada vía directa deba impugnarse una interlocutoria que resolviendo el recurso de reclamación confirma el desechamiento de la ampliación de la demanda, teniendo en cuenta además, que siendo un acto dentro del juicio, no ocasiona por sí misma un perjuicio irreparable, puesto que si bien puede suceder que la sentencia que ponga fin al juicio sea favorable al afectado con aquella interlocutoria la cual, por tanto, sólo puede combatirse junto con el fallo definitivo cuando a él haya realmente trascendido." Asimismo, en lo conducente, la tesis I.1o.A.193 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, página 1420 de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA DEL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN EL QUE SE CONFIRMA ESA DECISIÓN ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. De la interpretación conjunta de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, se colige que los actos dictados dentro de un juicio sólo pueden controvertirse directamente si son de imposible reparación, esto es, siempre que afecten materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado sea Parte; cualidad que no reúne la resolución del recurso de reclamación en el que la Sala confirma el auto por el que el Magistrado instructor desechó el escrito de contestación de la demanda del tercero interesado en el juicio contencioso administrativo federal, en tanto que el eventual perjuicio que ocasiona es estrictamente procesal, ya que se traduce en la imposibilidad de oponer excepciones, controvertir los hechos, refutar los conceptos de impugnación y, en su caso, ofrecer pruebas, pero no impide su participación procesal en el juicio anulatorio. Además, el solo hecho de desechar la contestación de demanda no implica, necesariamente, que se emita una decisión final contraria a los intereses de aquél, pues, de serle favorable, los efectos de esa transgresión adjetiva desaparecerían y, de no ser así, puede impugnarla en unión de la sentencia a través del amparo directo, vía concepto de violación." Además, en caso de que la sentencia que se dicte en el juicio de origen resulte adversa a los intereses de la parte quejosa, estará en posibilidad de combatirla a través del juicio de amparo directo, en donde podrá expresar argumentos contra las violaciones que, a su juicio, se hayan cometido en el procedimiento respectivo, incluyendo las que estime se cometieron con la resolución que aquí reclama, de conformidad con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo, ya que prevé la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento que afecten la defensa del quejoso transcendiendo al resultado del fallo; por el contrario, de resultarle favorable la sentencia, no habrá surgido afectación alguna con el dictado de la resolución reclamada. En la inteligencia de que tampoco se está en el supuesto de excepción, porque el acto relativo a la legalidad de la resolución que ordenó confirmar el auto de tres de julio de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no ampliada la demanda, no revela alguna consecuencia que conlleve a una afectación en grado predominante o superior, pues luego de ponderar la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la presunta violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, se concluye que dicha determinación, no reviste de una trascendencia tal que la clasifique como una situación especial en el procedimiento que, eventualmente, pudiese determinar la suerte de esa instancia en detrimento del quejoso. Apoya lo expuesto el criterio que contiene la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada a foja 1539, libro 6, tomo III, Mayo de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano la demanda de garantías, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado éste en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo. No es inadvertido que la causa de improcedencia en que se funda este desechamiento podría ser estudiada en la resolución de fondo de este juicio; sin embargo, cuando es manifiesta e indudable la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que se admitiera a trámite la demanda para que, después de agotadas las formalidades de ley, llegar a la conclusión ahora formulada. Domicilio y autorizados. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Abel Antonio Morales Santiago, y solo para recibir notificaciones a las restantes personas que indica, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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