Fernando de Jesus Hernandez Soler

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Fernando de Jesus Hernandez Soler

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA II.- CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el treinta de abril del año en curso, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II.- Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: glósense a los presentes autos para que obren como legalmente correspondan, los oficios de la Presidenta y Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ahora bien, del informe justificado y constancias remitidas por las autoridades responsables, se aprecia que se actualiza una causal de improcedencia que produce el sobreseimiento de este juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, por las razones que a continuación se exponen. INTRODUCCIÓN. Ahora de la lectura integra de la demanda y constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto que FERNANDO DE JESUS HERNANDEZ SOLER, reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, paralización del juicio laboral 1009/2018, desde el tres de septiembre de dos mil veinte, no había dictado sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consisten los actos reclamados, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." HECHOS. De las constancias remitidas por la autoridad responsable en copia certificada del juicio laboral 1009/2018, se advierte que el seis de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable se pronunció respecto las pruebas ofrecidas por las partes; dicho acuerdo se notificó al aquí quejoso el veintitrés de abril del año en curso; las cuales tienen valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: 1.- Copia certificada del acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, en autos del expediente 1009/2018. 2.- Copia certificada de la constancia de notificación al aquí quejoso del acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente 1009/2018. De lo anterior se desprende, que el acto reclamado lo constituye la paralización del juicio laboral 1009/2018, desde el tres de septiembre de dos mil veinte, no había dictado sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas. Ahora respecto de dicho acto, a juicio de la suscrita, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación. CONTEXTO LEGAL. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos humanos violados. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS. Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, la suscrita estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hace improcedente el presente juicio de amparo indirecto, esto es, han cesado los efectos del citado acto reclamado que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la paralización del juicio laboral 1009/2018, desde el tres de septiembre de dos mil veinte, no había dictado sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas. Ahora bien, de las copias certificadas conducentes que remitió la autoridad responsable con su informe justificado y oficio de cuenta, antes relatadas y valoradas, se advierte que el seis de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable se pronunció respeto a las pruebas ofrecidas por las partes; dicho acuerdo se notificó al aquí quejoso el veintitrés de abril del año en curso, (posterior a la presentación de la demanda de amparo). De lo anteriormente reseñado, puede inferirse que si la parte quejosa señaló como acto reclamado, la paralización del juicio laboral 1009/2018, desde el tres de septiembre de dos mil veinte, no había dictado sobre la admisión o desechamiento de pruebas ofrecidas; y de las constancias remitidas por la responsable que acompañó a su oficio de cuenta, se advierte que el seis de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable se pronunció respeto a las pruebas ofrecidas por las partes; dicho acuerdo se notificó al aquí quejoso el veintitrés de abril del año en curso, (posterior a la presentación de la demanda de amparo); en tal virtud, resulta incuestionable que el acto omisivo que se le reclama ha cesado en sus efectos, actualizándose en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que se actualiza la citada causal de improcedencia manifiesta e indudable, pues han cesado los efectos del acto reclamado, en virtud de que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes del acto que dio origen a la promoción del juicio constitucional, de modo tal, que produjo el resultado de una sentencia concesora, en la medida en que ya ha sido emitido el acto omisivo que la parte quejosa reclamó y le fue hecho de su conocimiento, pues ha sido restituida en el goce de sus derechos violados, en virtud de que la abstención imputada a la responsable, ha dejado de existir, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada la señalada en el artículo 17 Constitucional. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN. Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para las doce horas con cuarenta minutos del cuatro de mayo del año en curso; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Sin que obste que no se hubiere reconocido con el carácter de terceros interesados a Adalberto Gutiérrez Amaya, Manuel Gutiérrez Amaya y Eduardo Gutiérrez Amaya, y que por ende no hayan sido emplazadas a juicio, habida cuenta, que el sentido de la presente resolución, no les causa perjuicio alguno a sus derechos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA II.- Visto lo de la cuenta, agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente y Actuario adscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y hágase relación de los mismos, al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, del informe justificado rendido por la citada autoridad se advierte que el seis de abril de dos mil veintiuno, dictó acuerdo en el que acordó en relación con la aceptación o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; sin embargo, no remitió las constancias de notificación a las partes del citado acuerdo; en consecuencia, tomando en consideración que en el presente caso, de conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo, se podría actualizar alguna causal de improcedencia, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho proceda, mediante atento oficio que se gire a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita copias certificadas de las constancias de notificación a las partes del acuerdo de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, o bien informe las causas que lo impidan; apercibida dicha autoridad que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA III.- Mérida, Yucatán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa, con el oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/835/2020, signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y sus anexos; proveído en el que se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna en el plazo de tres días, éste Órgano Jurisdiccional acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Asimismo de la certificación de cuenta se advierte que las partes no han realizado manifestación según se advierte del libro de gobierno de registro de correspondencia, en tal virtud se tiene por precluido el derecho que pudieron haber ejercitado. Por lo que la suscrita, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia firmada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, seis siguiente, dictada por este Juzgado, en su único punto resolutivo, la Justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ al quejoso ***. Ahora bien, en el fallo protector que amparó al referido quejoso, se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento y los actos que debe realizar son: 1. Las autoridades responsables Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, con residencia en esta ciudad: a) De inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8° Constitucional y notifiquen a la parte quejosa la boleta negativa de inscripción de la escritura de compraventa del predio ciento sesenta y uno letra B, de la calle cuarenta y cuatro de Valladolid, Yucatán, de manera personal, a la brevedad debida. Ahora bien, de autos se advierte lo siguiente: Por acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió al Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. En cumplimiento a lo anterior, por oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/835/2020, de tres de diciembre de dos mil veinte, signado por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán remitió copia certificada de la notificación personal de la boleta negativa de inscripción, el día diecisiete de noviembre del año dos mil veinte. Del examen de las documentales mencionadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, realizó lo siguiente: 1.- Notificó personalmente a la parte quejosa la boleta negativa de inscripción de la escritura de compraventa del predio ciento sesenta y uno letra B, de la calle cuarenta y cuatro de Valladolid, Yucatán. De lo anterior se sigue que si el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que el Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, notifique personalmente la boleta negativa de inscripción, pues solo de esa manera podrá respetar y cumplir lo que el derecho en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa, máxime que lo anterior se ha hecho, ello conduce a declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de la parte quejosa que pueden interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

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