Fernando Damían Suárez

Expediente 606/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Fernando Damían Suárez y Otros.
  • Fernando Damían Suárez
  • Alondra Aida Muñoz Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la parte quejosa y tercero interesado no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado por la responsable; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se realiza un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. I. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós; se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para efecto de que la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero: "( Deje insubsistente la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós emitida en el toca familiar *****/2022, que modifica el auto de radicación de la demanda en la parte que se decretó la pensión alimenticia provisional. ( Con libertad de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que funde y motive el medio de impugnación interpuesto por el deudor alimentario, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia. En el entendido que al momento de su análisis debe establecer de manera clara y precisa la carga probatoria para demostrar la solvencia económica del deudor alimentario. Debe analizar el hecho de que el deudor cuenta con negocio propio denominado "********************.", en tanto que señala tal situación sin establecer si existen pruebas que puedan acreditar a cuánto asciende su ingreso que impacte sobre la pensión materia de la litis. Debe señalar los motivos del por qué tiene como hecho notorio las necesidades alimentarias del deudor. Debe analizar cómo llegó a la conclusión que deben ser cinco salarios mínimos lo que debe restar a la pensión fijada, en tanto que no es claro en determinar a cuánto ascienden los ingresos del deudor y el por qué restó esa cantidad. De señalar de manera clara cuáles son los ingresos del deudor, sus necesidades y como ello impacta en la pensión alimenticia de la menor, así como la diversa pensión a favor de la menor ***************** y de su ex cónyuge **************************." El nueve de enero de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida en autos, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. II. Trámites de la responsable. El Secretario de la mesa de amparo de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, por oficio 056 de veinte de enero de dos mil veintitrés remitió copia certificada de la sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, emitido en el toca familiar número ******/2022, del cual se advierte que dejó insubsistente la sentencia señalada como acto reclamado en el juicio de amparo señalado al rubro y, con libertad de jurisdicción dictó otra en la que dijo cumplir con los lineamientos que le fueron dados en la ejecutoria de veintiuno de octubre de dos mil veintidós. III. Verificación del cumplimiento. La autoridad responsable acató los lineamientos señalados en la sentencia de amparo dictada en autos en la forma siguiente: La Sala responsable en sentencia de diecinueve de enero de dos mil veintitrés dejó insubsistente la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós dictada en el toca familiar ******/2022 (foja 32 del toca). En el dictado de dicha resolución con libertad de jurisdicción fundó y motivó la resolución en comento, por lo que estableció: Que la carga probatoria no tendría aplicación en el asunto, atento a que para la investigación de la verdad podría ordenar cualquier prueba aunque no haya sido ofrecida por las partes, además, agregó que supliendo la deficiencia del planteamiento del derecho de la menor que reclama alimentos no era legal establecer la carga de la prueba a la actora en el juicio natural, y finalizó al decir que la solvencia económica del deudor alimentario corresponde demostrarse con los elementos de prueba que se encuentran aportados en el momento procesal, por tanto, en materia familiar y en especial del derecho a los alimentos no existe carga de la prueba para las partes (fojas 40 y 41). Razonó que el estudio socioeconómico no había sido realizado, sin embargo, la actora demostró hasta ese momento procesal que el demandado en el juicio natural se dedica al comercio y es propietario de "********************" al exhibir dos facturas de las que se aprecia que el propietario es *******************************, y que en ese momento no existían pruebas que pudieran acreditar a cuánto asciende su ingreso económico, ello no representaba un obstáculo para fijar la pensión alimenticia, aunado a que el deudor alimentista no desvirtuó que el negocio no fuera de él como lo afirmó en su escrito de agravios y tampoco demostró que el negocio no generara ingresos, por ello le dio valor probatorio a las facturas en mención para demostrar la solvencia económica del apelante (fojas 50 a 53). Posteriormente explicó de manera dogmática en qué consiste el concepto jurídico de alimentos, para ello desglosó el rubro de alimentos, vestido, habitación, asistencia médica, educación, recreación y las particularidades que aplican al caso en estudio, de ahí, concluyó que la acreedora alimentista tiene necesidades alimentarias, aunado a que es un hecho notorio cualquier acontecimiento de dominio público, es decir, los que se conocen por las vicisitudes de la vida pública (foja 58 a 66). Asimismo, dijo que no se encuentran demostrados los ingresos que obtiene el deudor alimentario, sin embargo, ello no produce consecuencia en la pensión alimenticia que se fija en el juicio ni en la diversa que tiene fijada consecuencia del juicio de divorcio (fojas 66 y 67). Por lo anterior, confirmó el auto recurrido. De lo anterior se puede ver que respecto de los tópicos que se le ordenaron en la ejecutoria de amparo hizo pronunciamiento congruente y atendió lo ordenado por esta autoridad federal. Como primer punto se le ordenó que dejara insubsistente la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca *****/2022, y así lo hizo. Con libertad de jurisdicción se requirió que emita una nueva determinación en la que funde y motive su actuar siguiendo los lineamientos de la ejecutoria. Para cumplir con ello, como se expuso en los argumentos antes señalados, expuso que no había carga de la prueba por tratarse de un asunto en materia familiar en el que se encuentran inmiscuidos los derechos de un menor respecto de sus alimentos, con lo que da cumplimiento al primero de los tópicos ordenados. Respecto al segundo tópico, dijo que se encontraba demostrado que el demandado en el juicio natural tenía un negocio, el cual, en ese momento no había pruebas para determinar los ingresos que genera y que ello no tiene un impacto relevante al momento al fijar los alimentos provisionales. Por cuanto hace el tercer lineamiento, señaló que los alimentos se componen por varios rubros los cuales son un hecho notorio que la menor los necesita, explicando a juicio de la Sala que se entendía por hecho notorio todo aquello que es sabido por las vicisitudes de la vida pública. En el tópico cuarto la autoridad responsable confirmó el auto recurrido, de ahí que ya no haya hecho pronunciamiento del lineamiento, dado que su resolución dictada en libertad de jurisdicción lo dejó fuera de estudio, lo anterior, bajo la lógica de que el acto aquí reclamado fue la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós emitida en el toca familiar ******/2022, que modificó el auto de radicación de la demanda en la parte que se decretó la pensión alimenticia provisional, reduciendo cinco salarios y, en cumplimiento a esta ejecutoria dictó nueva resolución que confirmó la sentencia recurrida, por tanto, no hizo dicha modificación a la pensión provisional. Finalmente, el quinto tópico, la responsable argumentó que no se encuentran demostrados con precisión los ingresos del deudor alimentario, ni sus necesidades alimentarias, pero que dichas circunstancias no producían un impacto relevante en la pensión que corresponde fijarse para su menor hija, así como en la diversa pensión decretada a favor de su ex esposa y su otra menor hija, ya decreta en un juicio previo. V. Conclusión. En virtud de lo expuesto en apartados precedentes, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, sin existir exceso o defecto en el cumplimiento; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Finalmente se ordena la devolución al lugar de origen del toca familiar ******/2022 del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de la Mesa de Amparos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, téngase a la autoridad por remitiendo copia certificada de la resolución emitida el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el toca familiar **/**** con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las copias certificadas que remite la autoridad responsable, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: ( Deje insubsistente la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintidós emitida en el toca familiar ***/****, que modifica el auto de radicación de la demanda en la parte que se decretó la pensión alimenticia provisional. ( Con libertad de jurisdicción, emita una nueva determinación en la que funde y motive el medio de impugnación interpuesto por el deudor alimentario, de conformidad con lo expuesto en la presente sentencia. En el entendido que al momento de su análisis debe establecer de manera clara y precisa la carga probatoria para demostrar la solvencia económica del deudor alimentario. Debe analizar el hecho de que el deudor cuenta con negocio propio denominado "************.", en tanto que señala tal situación sin establecer si existen pruebas que puedan acreditar a cuánto asciende su ingreso que impacte sobre la pensión materia de la litis. Debe señalar los motivos del por qué tiene como hecho notorio las necesidades alimentarias del deudor. Debe analizar cómo llegó a la conclusión que deben ser cinco salarios mínimos lo que debe restar a la pensión fijada, en tanto que no es claro en determinar a cuánto ascienden los ingresos del deudor y el por qué restó esa cantidad. De señalar de manera clara cuáles son los ingresos del deudor, sus necesidades y como ello impacta en la pensión alimenticia de la menor, así como la diversa pensión a favor de la menor ********* y de su ex cónyuge ***************. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (Magistrada **************), que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 2381, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Ávila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho, por periodo vacacional de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6957/2022, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal Ampara y Protege a **********************, en representación de la menor **********************************contra la sentencia reclamada de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en términos de lo ordenado en el último considerando. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese personalmente.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano