Fernando Cruz Trujillo

Expediente 1224/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1224/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Fernando Cruz Trujillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo indirecto 1224/2022-I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y remitido el diecinueve de octubre siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su apoderado Fernando Cruz Trujillo, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando SEGUNDO de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda que registró con el número 1224/2022-I, otorgó la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió a la autoridad responsable su informe justificado y fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se inició en términos del acta de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos que carecen de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. SEGUNDO. Actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reprochados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte peticionaria de amparo reclama del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (en su denominación correcta): La omisión o negativa de expedir la constancia de no conciliación. El archivo del procedimiento conciliatorio laboral ********************. TERCERO. Existencia. El apoderado legal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, al momento de rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le atribuyen; no obstante, realizó diversas manifestaciones en torno a las actuaciones que integran el procedimiento de conciliación prejudicial ********************, de las que se advierte la existencia de ellos, por lo cual, debe desvirtuarse la negativa expresada y tenerse por ciertos los actos reclamados. Lo Anterior, de conformidad a la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, registro electrónico 211004, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad en apoyo a su informe con justificación; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Por lo que, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados y con ello se desvirtúa la causa de improcedencia invocada por la responsable relativa a la fracción IV del artículo 63. CUARTO. Improcedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo dispone el numeral 62 de la legislación de la materia. Ahora bien, la autoridad responsable hace valer la causa de improcedencia contenida en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Respecto a dicha causa de improcedencia, ésta tendrá lugar en los casos en los que si bien subsista el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues aunque se declarara inconstitucional el acto, jurídicamente sería imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia de concesión, lo que generalmente sucede cuando el acto reclamado ya no tiene impacto en la esfera de derechos del gobernado que pueda ser reparado a través del amparo. Para fijar el alcance de dicha causal de improcedencia, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada una serie de efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución federal. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del alto tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En el caso concreto, la pretensión del quejoso al promover el juicio de amparo es que se declare la inconstitucionalidad de la determinación que ordenó el archivo del expediente de conciliación ********************, sin la emisión de la constancia de no conciliación. Así, a la luz de los actos reclamados, se tiene que una eventual concesión del amparo sería para el efecto de que se declara inconstitucional la determinación citada y se ordenara la expedición de la constancia de no conciliación. Efectos que se consideran posibles ante una eventual concesión de amparo, por lo cual, es evidente que no se actualiza la causa de improcedencia aludida, pues si se llegara a declarar inconstitucional el acto reclamado, sería posible restituir al quejoso en el derecho fundamental violado, pues el acto reclamado sí impacta en la esfera jurídica del quejoso; circunstancia que, será materia del estudio de fondo. Por lo anterior, se estima infundada la causa de inejercitabilidad invocada. Toda vez que las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna diversa, se procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Íter. Para la resolución del presente asunto, éste juzgador estima relevante destacar los siguientes antecedentes obtenidos del juicio laboral de origen: 1. A través de escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós; ********************, solicitó el inicio del procedimiento de conciliación prejudicial vinculante, señalando como parte citada a: ********************, y como domicilio para llevar a cabo la citación el ubicado en: "********************" (f. 28) 2. Con dicha solicitud, se formó el expediente ******************** y se expidió citatorio de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, del que se desprende que se fijaron las quince horas del ocho de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia relativa. (f. 26). 3. Mediante razón asentada el treinta de agosto de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita al Centro de Conciliación Laboral hizo constar su imposibilidad para notificar a la parte citada, en virtud que ".QUE LA COLONIA NO ESTÁ SEÑALADA DE FORMA CORRECTA EN EL CITATORIO, YA QUE SE SEÑALA COMO COLONIA "********************" POR LO QUE, AL MOMENTO DE BUSCAR LA COLONIA EN EL BANDO MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN, NO EXISTE TAL NOMBRE EN LA LISTA OFICIAL DE COLONIAS QUE COMPONEN DICHO MUNICIPIO Y EL CÓDIGO POSTAL ******************** CORRESPONDE A UNA COLONIA DIVERSA." (f. 25). 4. Llegado el día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, se dio cuenta al solicitante con la razón citada previamente, quien sin pronunciarse en torno a lo manifestado en la razón, insistió en el domicilio proporcionado, y por tanto, se turnaron los autos nuevamente para su notificación, fijándose las catorce horas del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia correspondiente (f. 23). 5. El doce de septiembre de dos mil veintidós, el Actuario adscrito al Centro de Conciliación Laboral asentó la imposibilidad para llevar a cabo la notificación ordenada, en atención a ".ME CONSTITUÍ EN LA COLONIA ********************, C.P. ********************, EN DICHO MUNICIPIO, COLONIA QUE RECORRÍ POR SUS CALLES PRINCIPALES QUE SON AVENIDA AYOTL, CAMINO A TEPOTZOTLÁN, AACINI, TLALOCAN, NOPALTEPEC Y PARTE DE LA AVENIDA EUCALIPTOS ORIENTE, IDENTIFICANDO QUE NO HAY UNA CALLE SEÑALADA CON EL NOMBRE DE ********************." (f. 21). 6. En el día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, se dio cuenta al solicitante con la nueva razón, quien sin hacer manifestación en torno a las razones que motivaron la razón, insistió en el domicilio proporcionado inicialmente, y por tanto, se turnaron los autos para su notificación, fijándose las dieciséis horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia correspondiente (f. 20). 7. El doce de septiembre de dos mil veintidós, el Actuario adscrito al Centro de Conciliación Laboral asentó nuevamente el impedimento para llevar a cabo la notificación, en los términos que siguen: ".ME CONSTITUÍ NUEVAMENTE EN LA COLONIA ********************, C.P. ********************, EN DICHO MUNICIPIO, COLONIA QUE RECORRÍ POR SUS CALLES IDENTIFICANDO QUE NO HAY UNA CALLE SEÑALADA CON EL NOMBRE DE ********************, COMO SE SEÑALA EN EL CITATORIO. CABE SEÑALAR QUE BUSCANDO LA CALLE EN EL GEOLOCALIZADOR, ME RESULTA AL INTERIOR DEL PARQUE LOGÍSTICO "TRES RÍOS", SIN EMBARGO DICHO PARQUE SE ENCUENTRA EN UNA COLONIA DIVERSA Y ES NECESARIO SEÑALAR EL DOMICILIO CORRECTO Y NÚMEROS DE NAVE PARA PODER INGRESAR." (f. 18). 8. Una vez llegada la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, el conciliador hizo constar la incomparecencia del solicitante, no obstante de estar debidamente notificado de su señalamiento, por lo cual, de conformidad con el artículo 684-E, ordenó el archivo del expediente relativo por falta de interés del solicitante, y consecuentemente, sin emitir la constancia no conciliación (f. 17). SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, para una mejor comprensión del sentido que regirá el presente asunto, se resumen los argumentos planteados por la parte quejosa en sus dos conceptos de violación en los que, en esencia, refiere que se violan los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, por: Omitir entregarle el acta de no conciliación, pues de acuerdo con el numeral 684-E, fracciones X y XI, de la Ley Federal del Trabajo, en caso de que comparezca el trabajador pero no la parte citada, se hará entrega del acta de no conciliación; asimismo, que en caso de imposibilidad para notificar a ésta, se haría entrega de la referida constancia; circunstancia que no se verificó. Ordenar el archivo del procedimiento de conciliación de forma ilegal, pues la ley no faculta a la autoridad para citar indefinidamente al solicitante, máxime que en autos ya se había establecido la imposibilidad de notificar a la parte citada, por lo que retrasó el procedimiento conciliatorio. Cabe hacer la precisión, que el presente caso se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 79 fracción V, inciso, por lo tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación suplidos en su deficiencia. SÉPTIMO. Estudio. Ahora, de un análisis de los conceptos de violación propuestos y del estudio de las constancias de las que deriva el acto reclamado, se llega a la conclusión de que los motivos de inconformidad son infundados por los motivos que a continuación se exponen: En principio, es importante destacar el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales, en lo que aquí interesa señalan: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" En efecto, el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 14 constitucional contiene la garantía de legalidad, la que a su vez comprende los principios de fundamentación y motivación previstos en el diverso 16 del mismo ordenamiento legal, que deben imperar en toda resolución o acto de autoridad. Así, al hacer una interpretación conjunta y armónica de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación requieren para ser legales, entre otros requisitos e imprescindiblemente, que sean emitidos cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por escrito y debidamente fundados y motivados, entendiéndose esto último, como la cita del precepto legal aplicable al caso, así como la exposición de razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a emitir su determinación. De no cumplir con lo anterior, se estará ante un acto ilegal de autoridad, que deja en estado de incertidumbre jurídica al gobernado. Por lo cual, un acto es legal cuando en su dictado se respeta la norma fijada por el legislador. Así, el principio de legalidad es la esencia del régimen jurídico de un Estado de Derecho, porque toda ley, procedimiento, resolución jurisdiccional o administrativa, así como todo acto de autoridad, deben ser expresión del derecho en cuanto a que sean elaborados, emitidos o ejecutados por el órgano o los órganos competentes y en la esfera de sus respectivas atribuciones. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución General de la República señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es decir, que toda persona tiene derecho a acceder a los tribunales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, a efecto de que a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre su pretensión o su defensa. Ahora, se recuerda que la parte quejosa reclama la omisión o negativa de expedir la constancia de no conciliación, así como el haber ordenado el archivo del procedimiento conciliatorio laboral ********************, por falta de interés. Para dar respuesta a lo planteado en el asunto, deben formularse las siguientes interrogantes: ¿Qué papel juega el procedimiento de conciliación prejudicial en el nuevo sistema de justicia laboral? ¿En qué consiste el procedimiento conciliatorio y qué cargas tiene el solicitante al momento de comparecer a iniciar esa etapa prejudicial? ¿Fue correcto que la autoridad responsable ordenara el archivo del expediente sin emitir la constancia de no conciliación? A continuación, se abordará cada una de estas cuestiones: ¿Qué papel juega el procedimiento de conciliación prejudicial vinculante en el nuevo sistema de justicia laboral? Para dar respuesta a este planteamiento, resulta necesario analizar las razones que llevaron al Poder Reformador de la Constitución a constituir la figura de la conciliación como una instancia prejudicial obligatoria. En ese sentido, de la exposición de motivos del "DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral", se dispuso, en lo que interesa: "INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA LABORAL (.) Los cambios introducidos en la justicia laboral se sustentaron fundamentalmente en el establecimiento de mecanismos para eficientar a los procedimientos acortando tiempo para que la justicia sea una realidad y en la profesionalización del personal encargado de impartirla (.) Una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana es acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial, eficiente, no es un reclamo exclusivo de la justicia laboral, la exigencia se presenta en todo el espectro de las variadas relaciones humanas en conflicto. (.) En ese sentido, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda transformación del sistema de justicia laboral. Ello alcanza a las propias Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal. Esta iniciativa está dirigida a acabar con todos los espacios susceptibles de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica. Se debe eliminar todo elemento que convierta la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la participación, simulación, discrecionalidad y opacidad. (.) Por ello, esta iniciativa propone una reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, a partir de tres premisas fundamentales: 1) Se propone que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda. 2) Se propone plantear la función conciliatoria, de manera que constituya una instancia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta medida se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de una nueva responsabilidad. En tanto, la función conciliatoria estará a cargo de Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, operativa presupuestaria, de decisión y gestión; mismos que serán organismos descentralizados. Destaca que la iniciativa delinea el nuevo procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para las partes. Para tal efecto se propone que esta etapa procesal conste de una sola audiencia obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las partes el tiempo que de común acuerdo determine. 3) Se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal. (.)." De los fragmentos transcritos se puede extraer que uno de los ejes centrales que motivó la reforma procesal laboral en el ámbito constitucional (artículos 107 y 123), fue el establecimiento de la función conciliatoria, como una instancia prejudicial obligatoria a la que deben acudir los trabajadores y patrones, la cual se propuso estaría a cargo de los Centros de Conciliación especializados e imparciales, dotados de personalidad jurídica, patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa presupuestaria, de decisión y gestión, así como con el carácter de organismos descentralizados. Es decir, se buscó propiciar el establecimiento de una justicia laboral efectiva, pronta y expedita con la visión de dar certeza jurídica tanto a los trabajadores como empleadores, con el objeto de evitar una justicia lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable. En consecuencia, derivado de esa exposición de motivos, el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia laboral, en lo que interesa, al artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 123.- (.) El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: (.). XX.- La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción III, y 122, Apartado A, fracción IV, de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales. La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución (.)". De lo anterior se puede observar que el Poder Reformador elevó a rango constitucional la instancia de conciliación obligatoria como requisito previo a la vía jurisdiccional, pues resulta un componente esencial del derecho de acceso a la justicia en materia laboral, acorde a la realidad laboral nacional e internacional. Pues como se precisó, atiende a la intención de privilegiar que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva responsabilidad, y de esta forma dar atención a la demanda de la sociedad mexicana, consistente en acceder a una justicia cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Bajo esa misma línea, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, el Congreso de la Unión adicionó, entre otros, los siguientes artículos a la Ley Federal de Trabajo: "Artículo 684-A.- Las disposiciones de este Título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los Tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta Ley. Artículo 684-B.- Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta Ley. Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo se rige bajo los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía y sencillez procesal. Asimismo, será público, gratuito, predominantemente oral y conciliatorio." De todo lo expuesto, el objetivo primordial del legislador con las múltiples reformas, tanto a nivel constitucional como legal, radicó en la creación de una justicia moderna, en aras de eliminar todo elemento que la convierta en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, ello mediante la instauración de la conciliación obligatoria como medio alternativo de solución de controversias laborales, antes de acudir a la instancia judicial. Pues si bien esta figura ya se encontraba en la legislación laboral de manera previa a la reforma, ahora representa un medio innovador en la solución de conflictos y diferencias que surjan entre las partes, toda vez que se dejó a cargo de organismos descentralizados especializados a nivel federal y local competentes para sustanciar un procedimiento de conciliación verdadero y eficaz, así como para eliminar el procedimiento anterior que no tenía verdaderos efectos prácticos, pues carecía de un procedimiento específico y especializado, así como de relevancia procesal de facto, pues era potestativa y constituía una simple formalidad, por lo cual, resultaba claramente inoperante. Es decir, en el nuevo sistema de justicia laboral, el constituyente permanente apostó por la vía conciliatoria como un espacio real de comunicación y diálogo entre las partes para lograr un acuerdo amistoso, misma que se erige como un eje fundamental de la comentada reforma y que debe ser privilegiada con el principal objetivo de erradicar las malas prácticas como la simulación, despresurizar la carga de los tribunales y hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia laboral de manera expedita, breve y gratuita. ¿En qué consiste el procedimiento conciliatorio y qué cargas tiene el solicitante al momento de comparecer a iniciarlo? El procedimiento conciliatorio se encuentra contemplado en los artículos 684-A, 684-B, 684-C, 684-D y 684-E de la Ley Federal del Trabajo, en el denominado Procedimiento de Conciliación Prejudicial, mismos que señalan lo siguiente: "Artículo 684-A.- Las disposiciones de este Título rigen la tramitación de la instancia conciliatoria previa a la de los conflictos ante los Tribunales, salvo que tengan una tramitación especial en esta Ley. Artículo 684-B.- Antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir al Centro de Conciliación correspondiente para solicitar el inicio del procedimiento de conciliación, con excepción de aquellos supuestos que están eximidos de agotarla, conforme a lo previsto en esta Ley. Artículo 684-C.- La solicitud de conciliación deberá contener los siguientes datos: I. Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del Centro de Conciliación al que acuda, para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; el Centro facilitará los elementos y el personal capacitado a fin de asignarle un buzón electrónico al solicitante. En caso de que el solicitante no cuente con identificación oficial, podrá ser identificado por otros medios de que disponga el Centro; II. Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará para la conciliación prejudicial; III. Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, y IV. Objeto de la cita a la contraparte. Si el solicitante es el trabajador e ignora el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación, no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación y, en su caso, el convenio de conciliación que se celebre, en cuyo supuesto el Centro de Conciliación deberá remitir en forma electrónica al Tribunal que corresponda los documentos referidos, mismos que deberán contener los nombres y domicilios aportados por las partes, acompañando las constancias relativas a la notificación de la parte citada que haya realizado la Autoridad Conciliadora y los buzones electrónicos asignados. El tratamiento de los datos proporcionados por los interesados estará sujeto a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El solicitante será notificado de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación o del acuerdo de incompetencia, al momento de presentar su solicitud. Para agilizar el procedimiento de conciliación, el solicitante podrá auxiliar al Centro de Conciliación para llevar a cabo la notificación de la audiencia de conciliación a la persona, sindicato o empresa que se citará. Artículo 684-D.- El procedimiento de conciliación a que se refiere el presente título no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales. La Autoridad Conciliadora tomará las medidas conducentes para que sus actuaciones se ajusten a dicho plazo. A efecto de que el personal encargado de realizar las notificaciones, actúe con eficiencia, eficacia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones, la Autoridad Conciliadora definirá rutas de notificación con base en la ubicación y proximidad geográfica de los domicilios a los que deberán acudir, así como acorde con la urgencia de las notificaciones a efectuar; la asignación de las rutas se hará diariamente y de forma aleatoria. Artículo 684-E.- El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes: I. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o al Centro de Conciliación local que corresponda, firmada por el solicitante, a la que se le agregará copia de la identificación oficial a que hace referencia en la fracción I del artículo 684-C; tratándose de empresas o sindicatos será suscrito por su representante legal; II. Los Centros de Conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado, o en su caso, por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal efecto se implemente; III. Los Centros de Conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. Deberán proporcionar asesoría jurídica de manera gratuita sobre sus derechos y los plazos de prescripción de los mismos, así como respecto de los procedimientos de conciliación y jurisdiccionales para solucionar los conflictos laborales; IV. Al momento en que reciba la solicitud, la autoridad conciliatoria señalará día y hora para la celebración de una Audiencia de Conciliación que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. El citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con cinco días de anticipación a la audiencia, apercibiéndole que de no comparecer por sí o por conducto de su representante legal, o bien por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa entre 50 y 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio; V. Al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico al interesado, que será creado para comunicaciones en lo que hace al procedimiento de conciliación prejudicial. Finalmente, designará por turno una sala de conciliación. En caso de no ser competente, la Autoridad Conciliadora deberá remitir la solicitud al Centro de Conciliación competente vía electrónica, dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibida la solicitud, lo cual deberá notificar al solicitante para que acuda ante ella a continuar el procedimiento. La Autoridad Conciliadora se pronunciará respecto de la personalidad cuando se trate de solicitudes de personas morales; VI. Si la solicitud de conciliación se presenta personalmente por ambas partes, la autoridad conciliadora les notificará de inmediato, fecha y hora de la audiencia de conciliación, misma que deberá celebrarse dentro de plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sin menoscabo de que ésta pueda celebrarse en ese momento; VII. El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio; no obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en derecho, abogado o un Procurador de la Defensa del Trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre; VIII. Si las partes acuden a la audiencia, la Autoridad Conciliadora deberá requerirles para que se identifiquen con cualquier documento oficial y, en su caso, verificar que la persona que comparezca en representación de la persona moral acredite su personalidad. También se le asignará a la parte citada, un buzón electrónico para recibir notificaciones en el procedimiento de conciliación prejudicial; hecho lo anterior formulará una propuesta de contenido y alcances de un arreglo conciliatorio, planteando opciones de solución justas y equitativas que a su juicio sean adecuadas para dar por terminada la controversia; de estar de acuerdo las partes, celebrarán convenio por escrito, que deberá ratificarse en ese acto, entregándose copia autorizada de éste. De no llegar a un acuerdo, la Autoridad Conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo, podrán solicitar se fije nueva audiencia de conciliación, que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes; IX. Cuando alguna de las partes o ambas no comparezcan a la audiencia de conciliación por causa justificada, no obstante estar debidamente notificados, se señalará nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes. La parte que acuda será notificada en ese acto, la contraparte que no acuda lo será por el boletín del Centro y, en su caso, por buzón electrónico; X. Si a la audiencia de conciliación sólo comparece el solicitante, la autoridad conciliadora emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. Si sólo comparece el citado, se archivará el expediente por falta de interés del solicitante. En ambos casos se reanudarán los plazos de prescripción a partir del día siguiente a la fecha de la audiencia, dejando a salvo los derechos del trabajador para solicitar nuevamente la conciliación; XI. En el caso de que el notificador no haya logrado notificar a la persona, empresa o sindicato a citar, no obstante haberlo intentado, la Autoridad Conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el Tribunal competente; XII. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, en los que exista el riesgo inminente de revictimización, la autoridad conciliadora tomará las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio; XIII. Una vez que se celebre el convenio ante los Centros de Conciliación, adquirirá la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ratificación. Cualquiera de las partes podrá promover su cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución de sentencia que establece esta Ley, ante el Tribunal competente, y XIV. Al celebrar convenio, las Autoridades Conciliadoras entregarán copia certificada del mismo para cada una de las partes, asimismo también se les entregará copia certificada de las actas donde conste el cumplimiento del convenio. Sin perjuicio de lo anterior, cuando así lo requiera el solicitante, el Centro de Conciliación podrá fijar la Audiencia de Conciliación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, para lo cual le proporcionará el citatorio a la audiencia con el fin de que el solicitante se haga cargo de entregarlo directamente a la persona o personas citadas. En este caso, de presentarse ambas partes a la audiencia de conciliación, se procederá a su celebración. Si el solicitante no se presenta a la audiencia, se archivará el asunto por falta de interés, sin emisión de la constancia de haber agotado la conciliación, salvo que justifique su inasistencia, a juicio del conciliador. Si se presenta solamente el solicitante de la conciliación, se señalará nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación dentro de los siguientes quince días, ajustándose a las reglas del procedimiento previstas en las fracciones IV y de la VI a la XIV del presente artículo; en dicha audiencia de conciliación, el Centro de Conciliación procederá a geolocalizar el domicilio de la parte citada con auxilio del solicitante; en caso de no poderlo geolocalizar, el Centro de Conciliación fijará una cita para que, acompañado del interesado, se proceda a realizar la citación correspondiente. La Autoridad Conciliadora es responsable de que el convenio que se celebre cumpla con los requisitos y prestaciones que esta Ley establece, aplicables al caso concreto. Si las partes dan cumplimiento voluntario al convenio celebrado, certificará dicha circunstancia, dando fe de que el trabajador recibe completo y personalmente el pago pactado en el convenio. En caso de que las partes establezcan pagos diferidos, en una o más parcialidades a cubrir en fecha diversa a la celebración del convenio, deberá fijarse una pena convencional para el caso de incumplimiento, ésta consistirá en una cantidad no menor al salario diario del trabajador por cada día que transcurra sin que se dé cumplimiento cabal al convenio." Así las cosas, de los preceptos antes transcritos, se advierten la reglas generales que habrán de seguirse en el procedimiento de conciliación prejudicial, entre las que se establece la obligación de los trabajadores y patrones de solicitar el procedimiento de conciliación previamente a iniciar un juicio ante los tribunales laborales, la autoridad competente, requisitos de procedencia, así como los términos y condiciones a las que habrán de sujetarse las partes para su prosecución. Se destaca que el solicitante tiene la carga de presentar la solicitud cumpliendo ciertos requisitos, a saber (1) Nombre, CURP, identificación oficial del solicitante y domicilio dentro del lugar de residencia del Centro; (2) Nombre de la persona, sindicato o empresa a quien se citará; (3) Domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, y (4) Objeto de la cita a la contraparte. Asimismo, en caso de que el solicitante sea el trabajador e ignore el nombre de su patrón o empresa de la cual se solicita la conciliación, bastará con señalar el domicilio donde prestó sus servicios. Una vez formulada la solicitud, el centro de conciliación fijará fecha para la audiencia respectiva, la que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes; en ese orden, tenemos que el artículo 684-E, a partir de la fracción VIII a la XI, establece las reglas a que han de sujetarse las partes a partir de la audiencia, que en lo que interesa son: a) De no llegar a un acuerdo las partes, una vez agotada la etapa de conciliación, se expedirá constancia de tal motivo, (lo que implica que ambas partes deben acudir a la audiencia). b) Para el caso de que alguna de las partes o ambas no acudan a la audiencia, se fijará nueva fecha, siempre y cuando se encuentren notificadas las partes de la audiencia, y que la inasistencia sea justificada. c) Para el caso de que solo acuda la parte solicitante, se otorgará la constancia de haber agotado la etapa de conciliación. d) Si solo acude la parte citada se archivará el asunto por falta de interés del solicitante. e) En caso de que el notificador no haya logrado notificar a la parte citada, no obstante haberlo intentado, la autoridad conciliadora dará por terminada la instancia y emitirá constancia dejando a salvo los derechos del solicitante de la conciliación para promover juicio ante el Tribunal competente; en este supuesto, para que la autoridad este en aptitud de actuar en esos términos, es necesario que la parte solicitante acuda a la audiencia fijada para la conciliación. Ahora bien, para los efectos anteriores, resulta fundamental que la parte solicitante proporcione, entre otras cosas, el domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa a quien se citará, cuya notificación deberá ser personal en términos de lo dispuesto en el numeral 739, párrafo quinto, así como 684-E, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, pues dada la trascendencia del procedimiento conciliatorio, debe procurarse la asistencia de ambas partes. Por otra parte, la ley también contempla el supuesto de que el solicitante no conozca tal domicilio, para cuyo efecto, se establecen mecanismos para lograr la notificación respectiva, entre ellos, la geolocalización del domicilio con el solicitante a efecto de asociarse con el actuario, o bien, la entrega del citatorio por parte del propio trabajador (artículos 684-C, quinto párrafo y 684-E, antepenúltimo párrafo). Esto, pone en evidencia que el legislador se encuentra interesado en que se logre la notificación respectiva a fin de que el procedimiento cumpla con su finalidad constitucional, erradicando conductas de simulación, a través de las cuales se cometa un fraude al procedimiento conciliatorio, como pudiera ser el falso o incorrecto señalamiento de un domicilio con el único objeto de evadir la instancia conciliatoria y tener acceso a la etapa judicializada, pues permitir eso, implicaría desnaturalizar el propio procedimiento y tornarlo ineficaz. ¿Fue correcto que la autoridad responsable ordenara el archivo del expediente sin emitir la constancia de no conciliación? De autos se advierte que ********************, solicitó el inicio del procedimiento de conciliación prejudicial, pidiendo que se citara a la moral ********************, señalando como domicilio el ubicado en: "********************", sin embargo, el Actuario adscrito al Centro, se encontró imposibilitado para notificar a la moral citada en el domicilio proporcionado; circunstancia con la que dio vista al solicitante, quien, sin hacer mayores aclaraciones, expresamente solicitó que se turnaran nuevamente los autos a efecto de lograr la notificación e insistió en el domicilio indicado. Atento a ello, la responsable acordó favorable su solicitud y ordenó nuevamente al actuario su constitución en el domicilio señalado como el de la empresa, fijando nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia relativa. Luego, se asentó razón de imposibilidad por parte del actuario, con la que -llegada la fecha de la audiencia- se otorgó vista al aquí quejoso, quien nuevamente solicitó que se turnaran los autos al actuario, sin hacer mayor aclaración al respecto; lo que nuevamente acordó favorable la autoridad, quien señaló nueva fecha y hora para la audiencia de conciliación. Ello motivó la razón actuarial de doce de septiembre de dos mil veintidós, en la que se asentó la imposibilidad material de cumplir con lo ordenado; sin embargo, llegada la fecha de la audiencia respectiva (seis de octubre de dos mil veintidós), la parte solicitante no compareció, motivo por el cual, de conformidad con el numeral 684-E, se ordenó el archivo del expediente por falta de interés del solicitante, sin emitir la constancia no conciliación. En ese sentido, quien resuelve considera que fue correcto el proceder de la autoridad responsable al ordenar el archivo del asunto sin la expedición de la constancia de no conciliación. Se explica. La parte quejosa señaló que el acuerdo reclamado es ilegal, toda vez que la moral citada no pudo ser notificada del inicio de procedimiento de conciliación prejudicial, porque así consta en la razón que obra agregada en las constancias del procedimiento de conciliación laboral, y, en consecuencia, la autoridad conciliadora debió tomarlo en cuenta, al emitir el acuerdo de archivo, y con motivo de ello, expedir la constancia de no conciliación; sin embargo, para que dicha circunstancia hubiera acontecido de manera favorable, era necesario que la quejosa acudiera a la audiencia de conciliación con independencia de que se presentará o no la parte citada, y atendiendo a las reglas que impone el artículo 684-E, la quejosa tenía el deber de comparecer a la audiencia, no obstante que la parte citada no haya sido notificada. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada II.2o.T.5 L (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito de la Undécima Época, en el semanario Judicial de la Federación, con registro 2024308, de rubro siguiente: "CONCILIACIÓN PREJUDICIAL. ES OBLIGATORIA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA PARA LAS PARTES DE MANERA PREVIA AL INICIO DEL JUICIO LABORAL, CON LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY, Y ESTA ETAPA ES DIVERSA A LA CONCILIACIÓN EN JUICIO -INTRAJUDICIAL- (REFORMA LABORAL DE 1 DE MAYO DE 2019)." Por tal motivo, la autoridad responsable dictó el acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós, en el que hizo constar la inasistencia de las partes, por lo que, atendiendo a las reglas establecidas en el numeral 684-E, no era posible fijar una nueva fecha de audiencia motu proprio, o bien, acordar lo relativo a los mecanismos para lograr la notificación respectiva a que se ha hecho alusión, pues éstos proceden a solicitud de parte interesada. En ese sentido, no existe diversa determinación que por ley hubiese podido dictar el Centro de Conciliación ante la ausencia del solicitante sin justificación, pues si bien el diferimiento de la audiencia no está proscrito en el procedimiento de conciliación, éste se encuentra condicionado a que lo pida el solicitante con la finalidad de lograr la notificación de la parte citada, que faltando ambas partes, éstas justifiquen su inasistencia, o bien, a solicitud de ambas partes con el objeto de lograr la conciliación. Sin embargo, cuando el solicitante no asista y no haya justificado su inasistencia, la ley es categórica en indicar los términos en que debe pronunciarse el centro de conciliación. En conclusión, el acuerdo reclamado de seis de octubre de dos mil veintidós, relativo al procedimiento de conciliación prejudicial iniciado por el quejoso, se encuentra ajustado a derecho, pues en él se hizo patente la falta de interés de su parte al no acudir a la audiencia de conciliación, por tanto, la responsable dio por terminada la instancia prejudicial, dejando a salvo sus derechos, para el caso de que aquélla, quisiera solicitar de nueva cuenta la conciliación, atendiendo a las reglas establecidas en la legislación laboral. De ahí que el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, no tenía el deber de expedir la constancia de no conciliación laboral que reclama la quejosa; puesto que como quedó asentado, el hecho de que la parte citada no haya sido notificada para comparecer al procedimiento de conciliación prejudicial, no genera el derecho de que se le expida la constancia de no conciliación en forma automática, incluso, ante la falta de interés del ahora quejoso, al no comparecer a la multicitada audiencia de conciliación. Por los motivos expuestos, se concluye que el acuerdo reclamado, no le repara perjuicio en los derechos reclamados por el solicitante de amparo, ya que el procedimiento de conciliación prejudicial, previsto en el artículo 684-E de la Ley Federal del Trabajo, tiene por objeto que antes de acudir a los Tribunales, los trabajadores y patrones asistan al Centro de Conciliación correspondiente para desahogar el procedimiento de conciliación, y la consecuencia de no acudir, para el caso del trabajador, es que se ordene al archivo como asuntos concluido, por falta de interés dejando a salvo sus derechos, sin que se emita la constancia de no conciliación, tal como sucedió en el caso que nos ocupa, ante la incomparecencia del quejoso a la audiencia solicitada por el mismo. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de violación planteado por la parte quejosa en contra de la omisión de expedir la constancia de no conciliación y ordenar al archivo como asunto concluido el procedimiento de conciliación prejudicial, se impone negar el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos reclamados a la autoridad precisada en el considerando SEGUNDO, por los motivos y fundamentos que expresados quedaron en el último apartado considerativo de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la representación social de la adscripción y mediante oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Apoderado Legal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México; para dar margen a que fenezca dicha vista, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por el Apoderado Legal del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de éstas, las documentales que adjuntó a su informe sin perjuicio de hacer nueva relación de estas en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable, a las personas que menciona y como domicilio el que señala. Se tiene como medio alternativo para realizarle notificaciones los correos electrónicos que proporciona en su oficio de cuenta y como herramientas para las comunicaciones no procesales, los números telefónicos. Asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciocho de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. Notifíquese.

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