Fernando Cruz Ríos
Expediente 864/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Cruz Ríos
Actuaciones
- Principal
CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Fernando Cruz Ríos, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y otras autoridades, de quienes reclama el decreto 2582, por el cual se expide la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico los transitorios quinto y sexto, en los que indican que los recursos económicos, materiales y técnicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, pasarán a formar parte del nuevo órgano garante de Acceso a la Información, por lo que se dejan a salvo los derechos adquiridos de los trabajadores. En consecuencia, regístrese en el libro de Gobierno bajo el número 864/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los numerales 1, fracción I, 5, fracción I, y 6°, del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario establecer que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por lo que refiere a la segunda porción normativa trascrita, impone que para la procedencia del juicio de garantías, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Así, en el caso concreto se estima que tales presupuestos, para la procedencia del juicio de garantías, no se encuentran satisfechos, puesto que la parte quejosa esencialmente se duele de: - El decreto 2582, por el cual se expide la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, en específico los transitorios quinto y sexto, en los que indican que los recursos económicos, materiales y técnicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, pasarán a formar parte del nuevo órgano garante de Acceso a la Información, por lo que se dejan a salvo los derechos adquiridos de los trabajadores. Al respecto, conviene precisar que en la demanda de amparo, la parte quejosa refiere que ostenta el cargo de Director de Administración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca. Que el decreto 2582, por el cual se expide la Ley de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, aprueba la creación del nuevo órgano garante de Acceso a la Información, por lo que crea incertidumbre respecto de su situación jurídica, ya que en los artículos transitorios quinto y sexto, no se específica transferencia del personal humano al nuevo órgano garante de Acceso a la Información, sin respetar su derecho adquirido como trabajador. Por lo que, esencialmente, acude a esta instancia constitucional, pues refiere que se violan sus derechos laborales, y por ende está expuesta a una incertidumbre de su situación jurídica como trabajador en su cargo de Director de Administración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, y su respectivo salario, hasta en tanto el Congreso del Estado designe a los comisionados y al Presidente del nuevo órgano garante de Acceso a la Información. En tales condiciones, resulta evidente que los actos aquí reclamados, no producen una afectación actual, real y directa a la parte quejosa, por ser actos futuros e inciertos que actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia previamente invocada. Lo anterior, insístase, pues, las autoridades responsables no han emitido ninguna orden de baja a la parte quejosa y por ende tampoco se ha llevado a cabo ningún despido o cese de funciones, así tampoco se advierte que el quejoso haya dejado de percibir su salario como regularmente lo percibe. Pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales. De lo que se sigue que al momento de instar la protección constitucional, en el caso concreto, no se advierte que la parte quejosa se encuentre resintiendo una afectación real y actual en su esfera jurídica. Lo que se considera así, en razón de que el juicio constitucional tiene como finalidad restituir al gobernado en el goce de la garantía violada y no así prevenir actos que en el futuro pudiera generar un acto de autoridad, como sucede en el caso concreto, en que el perjuicio no se evidencia que exista al momento de ejercitar la acción, sino que se reclama la posible separación o cese de su cargo o en su caso la falta de pago de su salario, siendo que en el presente caso, aún no existe dicha orden; pues contrario a lo anterior y admitir la demanda, se posibilitaría el ejercicio del control constitucional apoyado en meras expectativas y no así en actos reales y concretos. Pues incluso, no puede pasar desapercibido que a dicho de la parte quejosa el decreto que reclama fue aprobado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, sin embargo, hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no indica la ejecución del mismo en su esfera jurídica. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 79, Julio de 1994, Página: 15, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Atento a lo anterior, se estima, se actualiza la causa notoria de improcedencia en mención, en virtud de que los actos aquí reclamados, les reviste el carácter de futuros e inciertos, pues aún no existe una orden de separación o cese de su cargo o la falta de pago de su salario, por parte de las autoridades responsables. Lo anterior, insístase, dado que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que se reclamen actos concretos de autoridad que afecten un derecho subjetivo del gobernado (interés jurídico) o bien, a su esfera jurídica ya sea directa o derivada de su particular situación respecto al orden jurídico (interés legítimo). Además, como ya se dijo, del escrito de demanda se advierte que a la fecha de su presentación, no se aprecia un acto de autoridad materialmente concreto, pues el perjuicio -en su caso sin prejuzgar, ocurrirá cuando se ejecute el acto de referencia, pudiendo desde luego no acontecer-, por lo que se estima su inconformidad constituye un acto futuro de realización incierta, en razón de que no existe certeza de lo reclamado. De ahí que, se considera el juicio de amparo resulta improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta el interés simple para acudir al amparo, pues es necesario demostrar objetivamente alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica de la parte quejosa, sea directa o indirecta con motivo de la especial situación que se tenga frente al orden jurídico, pues en caso contrario el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad, ajeno al objeto y fin del juicio de amparo. Se considera lo anterior porque en el particular no existe algún oficio, mandamiento, disposición expresa o dato objetivo a la fecha de presentación de la demanda, que implique que la autoridad haya ordenado, se advierta o se infiera que pretenda llevar cabo la separación o cese de su cargo o bien de no pagar su salario; y sus consecuencias; por tanto, contrario a la que afirma la parte quejosa, no existe certeza de que la autoridad, en uso de su facultad administrativa lleve a cabo los actos aquí reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XIX.2o.11 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se comparte; visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su novena Época cuyo contenido literal es: "ACTOS INMINENTES. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El juicio de garantías procede en el fondo sólo contra actos ciertos y actuales, no inminentes, ya que resultaría imposible tratar de decidir sobre la inconstitucionalidad del contenido de actos que aún no se actualizan, y por ende, se desconocen sus términos." Asimismo, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1032, tomo XV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS O PROBABLES. Contra ellos es improcedente conceder el amparo". Así, como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, tomo XX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTOS FUTUROS. Contra ellos es improcedente conceder la protección federal". Aunado a lo establecido respecto de la norma reclamada, es oportuno precisar que tratándose de disposiciones de observancia general que regulan una actividad cuyo desempeño se encuentra sujeto a la emisión de un acto administrativo, su naturaleza autoaplicativa dependerá de que por sí solas afecten la esfera jurídica de los gobernados y, por tanto, los vinculen a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. De esta manera, es posible afirmar que las normas cuya inconstitucionalidad se reclama, no producen, por sí solas, agravio en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que no contienen un principio de ejecución que se actualice desde el momento en que entra en vigor, sino que se requiere de la realización de actos ulteriores para que adquieran individualización y lo sitúen dentro de la hipótesis legal. Además, el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, han postulado que tratándose de la impugnación de leyes heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la posible inminencia de la aplicación de la norma para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior tiene sustento en las jurisprudencias 2a./J. 76/97 y 2a./J. 77/97, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1988, páginas 374 y 382, de los rubros: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE" y "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano la demanda promovida por Fernando Cruz Ríos, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Asimismo, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio e línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción, logre llevarlas a cabo. Domicilio y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ramón Velásquez Chagoya, por tener su cédula profesional registrada en la base de datos del Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF); y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas mencionadas en el escrito de demanda inicial, ya que no acreditan encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, de acuerdo con el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Amparo, pues no se advierte la cédula profesional de los mismos en el escrito de demanda. Ley de Transparencia. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. De la gratitud en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.
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