Fernando Cruz Maldonado
Expediente 1174/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Fernando Cruz Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación Orientador 2 de la Unidad de Atención Inmediata en esta ciudad Capital, solicita copias certificadas de las constancias que integran el sumario. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo aplicado a contario sensu, indíquese que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, toda vez que el promovente no tiene personería en el juicio de amparo en que se actúa; por lo que dicha petición podrá formularla a través del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a seis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose los mismos que en el índice de este Juzgado, se encuentra radicada la demanda de amparo a la cual se le asignó el número 1096/2017-1 promovida por Carlos Ángel Iglesias; quien señala como autoridad responsable ordenadora al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y como autoridad ejecutora al Actuario adscrito al Juzgado Mixto citado y como acto reclamado todo lo actuado en el juicio reivindicatorio 1261/2015, así como la desposesión del bien inmueble que forma parte de la Exhacienda La Cañada, perteneciente al municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Estado de Hidalgo, conocido como "El Zapote", cuyas mediadas y colindancias son: Norte: 60 metros con carretera México-Querétaro. Sur: en dos líneas de 30 metros cada una, con camino. Este: 155 metros, con Isidro Cerda. Poniente: 180 metros, con Emilia Salgado Monroy. Superficie aproximada de 10,605.00 metros cuadrados. Desposesión que se pretende llevar a cabo por virtud de la ejecución de sentencia dictada en el juicio de origen citado. Juicio que en este acto se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, para la resolución del juicio en el que se actúa 1174/2017-4, sin que en el caso, sea necesario glosar al presente copia certificada de dichas constancias toda vez que en este acto se tienen a la vista y se da cuenta de ello. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007, visible en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Así como la diversa jurisprudencia J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." Ahora, en el presente juicio, la parte quejosa Fernando Cruz Maldonado, señaló como autoridades responsables, entre otras, al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo y Actuarios adscritos al Juzgado en cita; esencialmente indicó los mismos actos reclamados (acuerdos, decretos resoluciones y la sentencia dictada en el juicio reivindicatorio 1261/2015), así como la ejecución de esta última, que se traduce en la desposesión del bien inmueble conocido como "El Zapote", perteneciente al municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Estado de Hidalgo, cuyas mediadas y colindancias son: Noreste: 60 metros con carretera México-Querétaro. Sur: en dos líneas de 30 metros cada una, con camino antiguo a Jilotepec. Oriente: 155 metros, con Isidro Cerda. Poniente: 180 metros, con Emilia Salgado Monroy. Superficie aproximada de 10,605.00 metros cuadrados. De lo anterior se colige que, en los juicios 1096/2017-1 y 1174/2017-4, se reclaman actos derivados del mismo juicio reivindicatorio y en contra de las mismas autoridades responsables; en consecuencia, en atención a lo dispuesto por los artículo 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar la acumulación de juicios. DETERMINACIÓN DE ACUMULACIÓN DE JUICIOS Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de quien esto resuelve, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contemple precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1065, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica al quejoso, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que se atribuye de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, como ya se asentó, lo procedente ES DECRETAR LA ACUMULACIÓN correspondiente, consecuentemente, glósese el presente expediente 1174/2017-4 al diverso 1096/2017-1; y hágase del conocimiento de las partes esta circunstancia. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA DE LA FECHA, en el juicio de amparo 1174/2017-5. Por otra parte, agréguense los escritos signados por el tercero interesado Marco Antonio Galicia Sandoval y Rafael Tenorio Hernández; en atención al primero, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando sus correspondientes alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia respectiva; y el segundo, agréguese únicamente para que obre como corresponda toda vez que quien promueve no es parte en el juicio en el que se actúa, no obstante, por cuanto a su contenido, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que se encuentran señaladas las once horas de hoy para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, y toda vez que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, publicado en lista el veinticinco siguiente, se le da vista a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por la Juez Mixto de Tula de Allende, Hidalgo con residencia en Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo y Actuario de su adscripción, sin que hubieren transcurrido los ocho días a la celebración de la audiencia de mérito, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por tanto, a efecto de que no se violen las reglas procedimentales que rigen el juicio de amparo, resulta procedente diferir la audiencia señalada y se fijan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido de la licenciada Rocío Bonilla Pérez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el escrito signado por el tercero interesado Marco Antonio Galicia Sandoval, en atención a su contenido, téngasele formulando sus correspondientes alegatos, de los cuales queda enterado esta autoridad y que serán tomados en consideración en su oportunidad. Notifíquese.
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