Fernando Cruz Guerrero Amieva
Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Fernando Cruz Guerrero Amieva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales exhibidos por las quejosa. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, siete de abril de dos mil veintidós. Parte quejosa cumple prevención. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el escrito signado por la parte quejosa por el cual cumple con la prevención realizada por auto de radicación y para tal efecto realiza bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que le constan y que constituyan los antecedentes del acto reclamado. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I y 5º, fracción II, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Fernando Cruz Guerrero Amieva, en los términos que a continuación se precisan. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo, debe examinarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la EDUARDO HERNANDEZ SUAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ea.d6 26/11/22 13:50:45 certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia.1 En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º y 5º, fracción II, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta 1 Es aplicable la jurisprudencia I.6°.C.J/19, consultable en la página 730, del Tomo X, Septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". EDUARDO HERNANDEZ SUAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ea.d6 26/11/22 13:50:45 ??????????????? fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En principio, se estima necesario determinar si el [1] Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sección XXXIII., Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; [2] Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Federación, Cd. De México); [3] Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; [4] Subcomisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sección XXXIII. Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; y [5] Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de México, pueden ser considerados como autoridades para efectos del amparo. Para ello resulta forzoso efectuar el estudio de qué se considera por autoridad responsable, al tenor del imperativo legal contenido en el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, el cual indica que autoridad responsable es la que ".dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas" Sobre ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/99- SS, localizable en la página 39, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, determinó cuáles son las características que debe cumplir una autoridad, para considerarse como tal en el juicio de amparo, la cual dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, las notas que distinguen a una autoridad, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que en torno al concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación. Por ello, conviene distinguir las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras, esto es, de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas (tales como los del derecho civil, mercantil y laboral, entre otros); su característica distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados reguladas por el derecho público, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio aquél. ??????????????? Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro y, por ello, la Constitución y ahora los tratados internacionales, establecen una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En tanto que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. En esa medida, si la relación derivada del acto reclamado, no se ubica dentro de la mencionada en segundo término (supra a subordinación), el juicio de amparo es improcedente. En el caso, la parte quejosa reclama a las autoridades ordenadoras: ? Del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sección XXXIII. Tamaulipas; el Acuerdo o Boletín No. 07/2022, mediante el que se otorgó el puesto de Médico Odontólogo B, al C. José Manuel Sánchez Torres. ? Del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Federación, Cd. De México); la falta de renovación de la toma de nota, así como la falta de entrega de su credencial como miembro del Sindicato. ? Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas; el otorgamiento del Acuerdo o Boletín No. 07/2022. Asimismo, reclama a las autoridades ejecutoras: ? De la Subcomisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sección XXXIII. Tamaulipas; el Acuerdo o Boletín No. 07/2022, mediante el que se otorgó el puesto de Médico Odontólogo B, al C. José Manuel Sánchez Torres. ? De la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el otorgamiento del puesto de Médico Odontólogo B, al C. José Manuel Sánchez Torres, mediante el Acuerdo o Boletín No. 07/2022. Por tanto, es evidente que no existe una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues el quejoso pretende controvertir en sede constitucional un acto de un particular que no tiene determinadas sus funciones por alguna norma general, sino que derivan de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen la vida interna de la organización de naturaleza sindical, que provienen del consenso de sus agremiados y no de la voluntad del Estado, tal y como lo establecen los artículos 356, 357, 358 y 359 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta. Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Por tanto, los actos en análisis no son provenientes de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, sino del resultado de la relación de coordinación entre el peticionario y el sindicato señalado como responsable, pues los actos tildados de inconstitucionales no se realizan en una relación de supra a subordinación, como las que se suscitan entre un ente público y un particular, sino en un plano de igualdad en el que la relación jurídica es de carácter de coordinación, por lo que, las decisiones adoptadas por el citado sindicato, en relación con el quejoso, no constituyen actos de autoridad, sino hechos derivados de la relación sindical; motivo por el cual, las cuestiones que se susciten entre éstos, deberán ser ventilados ante la autoridad legalmente competente que corresponda y no ante un órgano de control constitucional. EDUARDO HERNANDEZ SUAREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ea.d6 26/11/22 13:50:45 ??????????????? Es aplicable a lo anterior, por las razones que la conforman, la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 166274, que dice: SINDICATOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, DEBE DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CUANDO SU ESTATUTO RIJA EN MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 356, 357, 359, 360, 371, 373, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que los sindicatos de trabajadores son personas morales constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus asociados; que para la consecución de sus fines requieren de una directiva que los represente y administre, según lo dispuesto en sus estatutos; que los miembros electos para integrar su comité ejecutivo, conforme a los preceptos invocados y sus estatutos, tienen su representación y administración; por tanto, el vínculo existente entre dicha persona moral y los integrantes de su directiva es de naturaleza meramente intrasindical, esto es, entre trabajadores, mas no obrero-patronal, por cuanto a que las actividades que realizan no reúnen las características propias de una relación laboral en términos del artículo 20 de la aludida ley, es decir, la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, en virtud de que la representación que ostentan es para la consecución de sus fines, sin sujeción a una correlación mando-obediencia, aun cuando se asignen determinados ingresos con motivo de aquella función, y éstos, en su caso, se traducen en compensaciones económicas que no revisten el concepto de salario que previene el artículo 82 de la citada legislación, de donde resulta inexistente un vínculo laboral entre el sindicato de trabajadores y los socios miembros de su directiva. Así, cuando un integrante de la directiva de un sindicato nacional demanda su destitución, se actualiza otro caso de excepción a la regla general para determinar la competencia tratándose de conflictos entre trabajadores, puesto que, aun cuando aquélla apunta a que los conflictos entre el sindicato y sus agremiados son competencia de las autoridades laborales locales; en la especie, por identidad jurídica, cobra aplicación la segunda hipótesis prevista en el artículo 527, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, puesto que el conflicto de origen deriva de la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional, que rige en más de una entidad federativa; por tanto, la competencia para conocer de los conflictos intersindicales de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se surte a favor de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Luego, si bien la Ley Federal del Trabajo faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados, así como los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias, a criterio de quien ahora resuelve, se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad Estatal. De tal suerte que, si sus agremiados pretenden controvertir el actuar de los órganos de gobierno del sindicato -cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general- es factible acudir ante las autoridades laborales para ejercer la acción que corresponda. Bajo esas consideraciones, se reitera, los actos reclamados en esta vía, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad derivado de una relación de supra a subordinación. Sin que obste a lo anterior, que la Ley de Amparo contemple la figura del particular asimilable a autoridad, pues para que se actualice este supuesto, el particular necesariamente tiene que llevar a cabo actos "equivalentes" a los de una autoridad, lo cual no sucede en el particular, ya que, como se vio, no existe una relación de supra a subordinación entre el peticionario y los sindicatos señalados como responsables, sino que es de mera coordinación, por lo que su actuación no puede asemejarse a la de una autoridad formal. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 2005284, que a la letra dice: DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente. ??????????????? Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 2009420, que a la letra dice: ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable. No se opone a lo anterior, la existencia de diversos criterios jurisprudenciales que señalan que el auto admisorio no es la instancia adecuada para dilucidar si los actos reclamados son emitidos por entes considerados como autoridades para los efectos del juicio de amparo,2 ya que dicha regla general admite excepciones, como en el caso de que la 2AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". improcedencia de mérito no pueda cambiar su curso, aún y con las pruebas aportadas por la parte quejosa al juicio. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en el libro once, de octubre de dos mil catorce, tomo II, página 1224 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Época: Décima Época, intitulada y redactada como sigue: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio de manera notoria, patente y manifiesta, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente se allegaran al sumario en caso de ser admitido, con fundamento en los artículos el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I y 5º, fracción II, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Fernando Cruz Guerrero Amieva. Notifíquese en términos de ley. Así lo acuerda y firma Alejandra Ugalde Pérez, Jueza Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eduardo Hernández Suárez Secretario quien también autoriza y da fe, firmando ambos en ??? forma electrónica, con fundamento en los artículos 3, fracción I y V, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento suscrito por la secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el cual remite copia autorizada de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del primer tribunal de referencia, en el recurso de revisión 112/2020, cuyos resolutivos dicen: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el Juicio promovido por JESUS TORRES MONTALVO, contra los actos reclamados a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas; al actuario adscrito a la citada junta y al Director del Instituto Registral y Catastral de Mante, Tamaulipas.. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes la anterior circunstancia; agréguese al expediente el oficio de mérito, y testimonio de la ejecutoria y se impone de lo resuelto por la superioridad. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro entorno, toda vez que resulta innecesaria la retención de las documentales que exhibió la parte quejosa en el presente juicio, de conformidad con en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la misma, previa cita, comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger el citado documento, dentro de un plazo de noventa días, entonces dicha constancia se sujetara al destino del presente asunto. En el concepto que, conforme al artículo 6º, fracción II , del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a fin de estar en aptitud de comparecer a este órgano, para la devolución de los documentos en mención, deberá generar el código QR en la agenda de visitas a órganos jurisdiccionales del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para el ingreso de la parte quejosa o sus autorizados.
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