Fernando Cruz Esquivel

Expediente 531/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
531/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Fernando Cruz Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primer certificación de cuenta y, como de la misma se advierte, que ya transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 97 del mismo cuerpo de leyes, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer dicho medio de impugnación en contra del proveído que desechó la presente demanda de garantías, tal como se advierte de la cuenta secretarial; en consecuencia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida por ****, por propio derecho, contra actos del JUEZ DECIMO PRIMERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO DE MÉXICO, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese en el libro de gobierno con el número 531/2022. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir, son todos los autos, decretos y resoluciones dentro del juicio ejecutivo mercantil seguido por *** contra el demandado ahora quejoso. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. - - - No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. - - - Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. - - - Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." En tanto que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: - - - I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; - - - II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; - - - III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; - - - IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Al tenor de los preceptos en comento, el acto reclamado se considera tácitamente consentido cuando no se promueva en su contra el juicio de amparo dentro del término de quince días. Asimismo, se advierten tres hipótesis a partir de las cuales se computa el término de quince días para que el quejoso interponga el juicio de amparo, las cuales a saber son a partir del día siguiente al en que: Haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado (conforme a la ley del acto); Haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, Se haya ostentado sabedor de los mismos. En tales condiciones, al no promoverse el juicio de garantías dentro del citado plazo, es claro que el acto deviene consentido de manera tácita, al no haberse impugnado de manera oportuna, resultando así improcedente el contradictorio de amparo. Ahora bien dentro del capítulo de hechos que se narran en la demanda de amparo se desprende que el hoy quejoso tuvo conocimiento en fecha nueve de marzo del presente año, surtiendo sus efectos el once de marzo de dos mil veintidós; por lo que, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a transcurrir del quince de marzo de dos mil veintidós y concluyó el dos de mayo de dos mil veintidós. Sin embargo, del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, se advierte que la demanda de amparo fue presentada hasta el treinta y uno mayo del presente año, por tanto, su presentación resulta extemporánea, ya que se exhibió fuera del plazo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XIV y artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. En otro aspecto, no ha lugar a tener como domicilio del promovente, para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, toda vez que el lugar señalado no corresponde al que el quejoso habitualmente reside o tiene el principal asiento de sus negocios; por lo tanto, la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, háganse al promovente por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III inciso a) de la ley de amparo. Por otro lado, no ha lugar a tener por autorizadas a las personas que refiere en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, toda vez que dicho numeral no regula la figura de las autorizaciones, por lo que únicamente se tiene por autorizadas dichas personas para oír y recibir notificaciones. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; así como a que proporcionen medios de contacto como un número telefónico y correo electrónico. Por otra parte, tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase al promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. Notifíquese, y por medio de lista al promovente.

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