Fernando Cristobal Ramírez

Expediente 2681/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2681/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Fernando Cristobal Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV. - - - Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio. Se hace constar que el presente asunto CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Por otro lado, atendiendo a que en el auto incidental derivado del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y la definitiva del acto reclamado a la responsable; consérvese el mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Devuélvase a la autoridad responsable Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en el expediente de origen 754/2016, de su índice, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos. Por otra parte, agréguese a estos autos el escrito signado por Juan José Matos González, apoderado de la persona moral tercera interesada denominada "HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC", mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo y que deje de surtir efectos la suspensión concedida en autos del incidente de suspensión, dígasele que se esté a lo acordado líneas precedentes, pues la suspensión concedida en el incidente de suspensión solamente tiene vigencia hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal, lo cual en la presente fecha aconteció. Ahora bien, en cuanto a su diversa solicitud de que se le devuelva la escritura pública número trece mil cuatrocientos setenta y cinco, de diecinueve de agosto de dos mil diez, que exhibió en copia certificada a su escrito de fecha seis de diciembre de dos mil veintidós, dígasele a la parte ocursante, que se accede a su solicitud para que le sea entregada, previo cotejo y certificación solicitado, cuando las labores de este Juzgado lo permitan

  2. Principal

    RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Fernando Cristóbal Ramírez, contra los actos que reclamó de la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que hizo consistir en el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 754/2016, promovido en su contra por "HSBC MEXICO", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero de HSBC, por medio del cual le otorgan el término de veinte días para desocupar el predio número ciento veintiuno, de la calle cincuenta y uno, de Oxkutzcab, Yucatán, así como su ejecución, y la notificación de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, realizada por el Actuario que señaló como responsable; por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el alegato ministerial 458/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en el que, por los motivos que expone, en el segundo punto petitorio, solicita sobreseer en el presente juicio de amparo, y en el tercero que se niegue el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 124 del mencionado ordenamiento jurídico, relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Finalmente, como se solicita en el alegato de mérito, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, así como lo estipula el numeral 2 de la Ley de Amparo, entréguese copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio, en el momento procesal oportuno. NOTÍFIQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Mérida, Yucatán, a las nueve horas con treinta y un minutos del veinte de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de la Secretaria Maricarmen Zermeño Ocampo, con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Secretaria hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y con los informes previos rendidos por la Jueza Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y Actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Yucatán y Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos en tiempo y forma, los informes previos de las autoridades responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas y alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada dicha etapa; en tal virtud, no habiendo promociones pendientes de proveer, a continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver, el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número IV.2681/2022, promovido por Fernando Cristóbal Ramírez, contra actos que reclamó del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; y, ANTECEDENTES ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dictado en autos del Juicio de amparo IV.2681/2022, se dio trámite por cuerda separada al presente incidente de suspensión y por duplicado; se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto que la parte quejosa reclamó de la autoridad señalada como responsable, y por el cual solicitó la suspensión definitiva. "El auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el Juicio Extraordinario Hipotecario 754/2016, promovido por "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLEGRUPO FINANCIERO DE HSBC, en el cual se le otorgó veinte días para desocupar el predio número ciento veintiuno, de la calle cincuenta y uno, de Oxkutzcab, Yucatán, con el apercibimiento de no hacerlo se utilizaría la fuerza pública, y su ejecución por parte del de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y del Actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Yucatán" TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y Jueza Interina del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado y Actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Yucatán; pues así lo manifestaron al rendir sus informes previos. CUARTO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora, en cuanto a la suspensión del acto reclamado, consistente en el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós dictado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el Juicio Extraordinario Hipotecario 754/2016, promovido por "HSBC MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLEGRUPO FINANCIERO DE HSBC, en el cual se le otorgó veinte días para desocupar el predio número ciento veintiuno, de la calle cincuenta y uno, de Oxkutzcab, Yucatán, con el apercibimiento de no hacerlo se utilizara la fuerza pública, y su ejecución por parte del de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, y del Actuario de su adscripción, ambos con sede en Ticul, Yucatán; SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, por tratarse de un acto consumado, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza del mismo, equivaldría a darle a la suspensión efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. " CUARTO. OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, respecto de las consecuencias derivadas de los actos reclamados y que se podrían traducir en la ejecución del desalojo del predio número ciento veintiuno, dela calle cincuenta y uno, de Oxkutzcab, Yucatán, procede analizar si están colmadas las exigencias previstas en el primero párrafo del artículo 138 de la Ley de Amparo vigente, cuyo texto dispone: "Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social,...". Para lo cual es indispensable determinar que por apariencia de buen derecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que es un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Motivo por el cual, actualmente se exige al juzgador constitucional que al momento de examinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, conforme a lo preceptuado en el primer párrafo del artículo 138 en comento, que se analice si de concederse la medida suspensional con base a esa apariencia, no se cause una afectación al interés social, pues de lo contrario, no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia de buen derecho, dado que se pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que sólo en esa medida se puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados; y siempre y cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho los requisitos establecidos también en el diverso numeral 128, consistentes en que la solicite el agraviado (fracción I), y no se siga perjuicio al interés social ni contravengan disposiciones de orden público (fracción II). Lo anterior se señala así, pues sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad; lo cual desde luego tornaría de suyo improcedente la medida. En el caso, se cumplen con las condiciones de que se trata, pues la medida cautelar fue solicitada por el quejoso FERNANDO CRISTOBAL RAMIREZ, quien acude a la vía de amparo, como extraño por equiparación al juicio aducido y manifestó ser el propietario del bien motivo del juicio de origen; por lo que es claro que la ejecución del acto reclamado le afecta. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 5/93, consultable en la página 12, Núm. 68, Agosto de 1993 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo". Atento a lo anterior, para poder decidir la Juzgadora de Amparo sobre la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con el principio de la apariencia del buen derecho, establecido en la fracción X del artículo 107 Constitucional, debe realizar un análisis previo de las circunstancias particulares del caso, respecto a la probabilidad del derecho discutido en el juicio de amparo, esto es, si el daño al interés social o al orden público es mayor al que pueda sufrir la parte quejosa. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ""SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO"", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Sin que sea óbice a lo anterior, que el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en su informe previo manifestó que el veintiséis de octubre del año en curso, hizo efectivo el apercibimiento en el acuerdo reclamado de treinta y uno de marzo del año en curso, y comisionó al Actuario correspondiente, a fin de que proceda a desalojar al aquí quejoso, del predio ciento veintiuno, de la calle cincuenta y uno, de Oxkutzcab, Yucatán, con el auxilio de la fuerza pública, por lo que ordenó girar exhorto al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Ticul, Yucatán, y se recabó la fuerza pública del Gobernador Constitucional del Estado, lo que fue cumplimentado con el oficio 2204/2022, y con el exhorto 121/2022 de catorce de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, porque el impetrante de amparo, reclamó el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio de origen 754/2016, y su ejecución, por lo que la ejecución del acto reclamado le afecta en su esfera jurídica. En consecuencia, como la medida suspensional solicitada, por cuanto a las consecuencias derivadas del acto reclamado, no contravienen ninguna disposición de orden público ni puede causar una afectación al interés social con la misma; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 151 de la Ley de Amparo, referido, se concede dicha medida cautelar para el efecto de que sin impedir la continuación del procedimiento de ejecución, no se ejecute el desalojo del bien inmueble en comento, hasta en tanto se dicte la sentencia firme que se dicte en autos del Juicio de Amparo del cual deriva este incidente; en la inteligencia de que esta medida cautelar estará surtiendo efectos desde este momento; lo anterior con fundamento en los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la suspensión surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, a su nombre, y a disposición de este Juzgado de Distrito, la cantidad de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cantidad que se fija de manera discrecional, para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros; que con la medida cautelar concedida se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; en el entendido que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, en su artículo 877, las garantías ante los órganos jurisdiccionales podrán realizarse en cualquiera de las formas establecidas en ley; pero tratándose de las que se realicen mediante depósito en dinero o en valores ante los órganos jurisdiccionales, se recibirán mediante billete, certificado, u otro instrumento análogo. En la inteligencia, que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, éste deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), esto de conformidad con el artículo 901 del mencionado Acuerdo; con la aclaración de que éste Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses o rendimientos, ni con la administración de los citados depósitos, toda vez que esto corresponde al Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Banco citado, por lo que la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 883 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del mencionado Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dichos billetes deben ser exhibidos con la leyenda que contenga la autorización expresa. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2ª/J.193/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1386 del tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación del rubro siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS." Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega a FERNANDO CRISTOBAL RAMIREZ la suspensión definitiva respecto del acto que reclamó del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; ello, por los motivos expuestos en el tercer considerando de este incidente. SEGUNDO. Se concede a FERNANDO CRISTÓBAL RAMÍREZ, la suspensión definitiva respecto del acto que reclamó del Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades; lo anterior, por los motivos y para los efectos expuestos en el cuarto considerando de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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