Fernando Cortez Martínez

Expediente 1331/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1331/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Fernando Cortez Martínez
  • Agente del Ministerio Público Adscrito

Actuaciones

  1. Principal

    L. Toluca, Estado de México; once de septiembre de dos mil veintitrés. ESCRITO...................agréguese el oficio procedente de la de la signado por la Perito Ejecutivo Profesional "B" ********************, por medio del cual informa la imposibilidad de realizar el dictamen en materia de Protocolo de Estambul a la persona privada de la libertad *******************, por parte de la suscrita y Alejandra Naivy ********************, el cual tendría verificativo los días veintiocho, veintinueve y treinta agosto del año en curso; de lo que este Órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído ocho de noviembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio procedente de Joel Ricardo Soto Castillo, perito en psicología Forense, mediante el cual manifestó la imposibilidad de que tuvo para poder llevar acabo la entrevista a la parte quejos, asimismo, en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio por el cual, Alejandra Naivy ******************** la perita en Fotografía Forense, manifestó la imposibilidad que tuvo para llevar acabo su diligencia, por lo que se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo desistirse del desahogo de la prueba; así, mediante autos de once y quince de noviembre de dos mil veintidós, se recibió constancia de notificación en la cual se advierte que no era su deseo desistirse de las pruebas periciales en comento. Luego, en auto treinta de noviembre el defensor público federal del quejoso, solicitó se fijara fecha para las periciales, por lo que previas gestiones y fechas señaladas para su desahogo; en auto diecinueve de julio del año en curso, las peritas ******************** y ******************** señalaron como fecha para el desahogo de la pericial en Medicina forense y Fotografía Forense. Bajo esas condiciones, de la memoria procesal del juicio de amparo en que se actúa, se observa que por tercera ocasión no se pudieron llevar a cabo la pruebas periciales en comento, en atención a que los peritos al acudir a las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México así como al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce, "CPS-DURANGO", el quejoso realizó diversas manifestaciones a efecto de no llevar a cabo las pruebas en cita. En consecuencia, respecto al desahogo de las pruebas periciales en materia de Medicina forense y Fotografía Forense, se declaran desiertos dichos medios de convicción por falta de interés del quejoso en su prosecución al ser el quien se negó al desahogo de dichas pruebas, en virtud de que, el presente juicio no puede prolongarse indefinidamente, por imperativo del numeral 17 de la Constitución Federal, máxime que como ya se vio, fueron causas atribuibles al quejoso, pues este Órgano Jurisdiccional realizó todas las gestiones pertinentes para su desahogo y fue el quejoso quien no quiso desahogarlas. Notifíquese como legalmente corresponda.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; primero de septiembre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente; sin embargo, de la consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte la captura y notificación de la misma. En tal virtud, realícense las anotaciones correspondientes en dicho sistema, y comisiónese al actuario judicial adscrito para que realice la notificación relativa. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Paola Lizzette Acosta Campos, secretaria que autoriza y da fe.LA SECRETARIA DEL JUZGADO CERTIFICA: QUE LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y CONCUERDA CON EL EXPEDIENTE FÍSICO. DOY FE.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ********************apoderado legal del quejoso ********************, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 1331/2023-IV-D. DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable e improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6° del mismo ordenamiento legal, pues los preceptos referidos a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De acuerdo con el artículo 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o de la indebida aplicación de la ley. Por tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculte a su titular para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77, del volumen 175-180 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 237468, que establece: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley losreconozca como tales a través de una o varias de sus normas." Apuntado lo anterior, del escrito de demanda que nos ocupa, se advierte que carece de la firma autógrafa del promovente ********************apoderado legal del quejoso ********************, por lo cual, no se puede considerar que manifieste su voluntad y consentimiento, y por ende, que a dicha persona le cause un agravio el acto reclamado. Por su parte, el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "ARTÍCULO 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." En este orden de ideas, y tomando en consideración que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien agravie la ley o el acto que se reclame y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí o a través de su representante legal o su defensor, de ahí que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercitar cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, o bien, si ésta no se suscribiese con firma autógrafa, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resultaría improcedente. En esas circunstancias, debe decirse que la ausencia de firma en la demanda de amparo no constituye una irregularidad en la misma, susceptible de aclaración en términos de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida que, al no encontrarse firmado o bien, no firmado en forma autógrafa, constituiría un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 315, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, con número de registro 218142, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." De igual forma, es aplicable la tesis I.4o.T.59 L, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1049, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 195012, que establece: "FIRMA AUTÓGRAFA EN LA DEMANDA O PROMOCIÓN. NO ES MATERIA DE PREVENCIÓN LA FALTA DE. La falta de firma autógrafa en una promoción o demanda laboral, no es materia de prevención o requerimiento alguno (artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo). Lo anterior es así, porque aquélla no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento; de donde resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste en original la firma de quien promueve, ya que sólo así se acredita la voluntad del que suscribe." Así como, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 508, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 225017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA MPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Asimismo, sirve de apoyo la tesis 2a. LXXXVI/99, emitida por la Segunda Sala, publicada en la página 373, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con número de registro 193829, que establece: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." De ahí que, al ser la firma la expresión de voluntad que todo escrito presentado ante un procedimiento judicial, la demanda de amparo con la que se dio origen al presente juicio debió estar signada por el agraviado ********************apoderado legal del quejoso ********************, para tener por expresada su voluntad de instar la vía constitucional, lo cual no aconteció. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es desechar de plano por notoria improcedencia. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS En relación con los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a la parte quejosa para que haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal del Servicio en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; que en síntesis hace referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso). EMISIÓN DE OFICIOS Y AGENDA Se instruye al oficial administrativo encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos relativos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo y, con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. Asimismo, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional, será el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese como legalmente corresponda.

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