Fernando Cortez Macedo

Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Lidia Gonzalez Broca
  • Fernando Cortez Macedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    I. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo para interponer recurso de inconformidad contra el auto de catorce de febrero del año que transcurre, en el que se tuvo por no presentada la Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucional, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno físico y electrónico correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a la circular 2/2020, con la finalidad de que se prepare el acta de (transferencia o destrucción.) Toda vez que en el presente expediente obra un documento original, notifíquese de manera personal al promovente, el presente acuerdo a fin que, dentro de un plazo de noventa días hábiles, acuda al local de este Juzgado de Distrito y recupere tal documento. Se le apercibe, que, de no hacerlo en el plazo y forma señalados, en su momento, seguirán la misma suerte que el presente expediente.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    I. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa, para cumplir el requerimiento formulado el treinta de enero del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo se tiene por no presentada ****. Hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Cabe destacar que en proveído de treinta de enero anterior, se previno a la parte quejosa a fin de que; "ÚNICO. Proporcione el lugar de su residencia y acredite con documento idóneo dicha circunstancia."Sin que, en el caso, se le haya dejado en estado de indefensión, pues se le dio margen de tiempo suficiente para desahogar la prevención de mérito y se le notificó el auto correspondiente.Aunado a que en su intento por desahogar la prevención formulada, se determinó que subsistía el requerimiento y apercibimiento formulados, en autos, y tal determinación también se le notificó. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso****, manifiesta bajo protesta de decir verdad que su domicilio es el ubicado en ****** al efecto, exhibe original de credencial de elector expedida en su favor, de la que solicita su devolución; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, sin que se emita mayor pronunciamiento, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que fue presentada fuera del plazo otorgado para tal efecto.********************De conformidad con el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso del numeral 2 de la Ley de Amparo, devuélvase al promovente, la documental que refiere, previa razón de recibo para debida constancia, en el entendido de que la persona que se presente a recibirlo también deberá exhibir copia de su identificación oficial vigente para que se certifique y glose.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    I. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual, ****, solicita la consulta del expediente electrónico, al efecto proporciona el usuario "****"; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente físico y electrónico. De la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 12 de la ley en cita, se tiene como autorizado del quejoso con facultades amplias a Javier ****, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y fue autorizado para tal efecto desde la demanda de amparo. Por otra parte, atento a la solicitud que realiza, no ha lugar a acordar de conformidad la solicitud del promovente, en atención a que no se acreditan los extremos previstos en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo de Comercio, que establecen: "Artículo 35. Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" utilizado por quien realiza la solicitud al registrarse en el Portal y el del tercero sobre el cual se solicita la autorización. La solicitud podrá formularse por vía impresa o electrónica. La solicitud respectiva podrá formularse directamente por las partes o sus representantes legales, así como por las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad." "Artículo 55. Las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. (.)" En efecto, los preceptos transcritos, precisan que la solicitud de acceso al expediente electrónico y el uso de las notificaciones electrónicas las podrán hacer únicamente: a) Las partes; b) Sus representantes en los juicios de amparo, y c) Las personas autorizadas en términos amplios conforme a la legislación adjetiva correspondiente, siempre que se incluya expresamente esta facultad. A mayor abundamiento, si bien, el quejoso en su escrito de apersonamiento autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al promovente ****; lo cierto es que, no incluyó expresamente tal facultad, para solicitar la consulta del expediente electrónico, de ahí que sea improcedente su solicitud.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    I. Visto el escrito de cuenta, con el que el quejoso *****, en atención al auto de treinta de enero del año en curso bajo protesta de decir verdad manifiesta que su domicilio se encuentra ubicado en ****, al efecto exhibe copia simple de la credencial de elector y de recibo de energía eléctrica; glósese a los autos para los efectos legales conducentes. SUBSISTE PREVENCIÓN Ahora bien, en auto de treinta de enero del año en curso, se previno al quejoso para que realizara lo siguiente: "ÚNICO. Proporcione el lugar de su residencia y acredite con documento idóneo dicha circunstancia." En atención, al requerimiento realizado, el quejoso únicamente manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio se encuentra en esta ciudad, sin embargo no adjuntó documento idóneo con el que acredite su dicho. En el caso, a fin de proveer respecto a la procedencia de la demanda de amparo este órgano jurisdiccional considera contar con documento con el que se acredite el dicho del promovente. Por tanto, se requiere al promovente para que dé cabal cumplimiento a lo solicitado en auto de treinta de enero anterior, es decir exhiba documento idóneo con el que acredite su domicilio en esta ciudad, en el entendido de que como pretendió cumplir con la prevención en esta fecha, es decir el segundo día de los cinco otorgados, por lo que se indica que le resta el plazo de tres días, el cual comenzará a contarse a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Cabe precisar que dicho plazo no volverá a suspenderse. Es aplicable al caso, la jurisprudencia1 del rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo. Por lo que subsiste el apercibimiento realizado en auto de treinta de enero de dos mil veintitrés. No es óbice para arribar a la anterior determinación el hecho de que el promovente haya exhibido copia simple de su credencial de elector y de un comprobante de energía eléctrica; ello, en razón de que dichos documentos sólo constituyen un indicio del que reproduce, pero no de su contenido, que conforme al numeral 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la propia ley de la materia, el valor probatorio de documentos o de cualesquier otro tipo de elemento aportado por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, quedan al prudente arbitrio judicial como indicios, pues carecen de eficacia demostrativa plena, según lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 193 y 194, publicadas en las páginas 132 y 133 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, cuyo contenido es: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa." Asimismo resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J.71/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 33 del Tomo XVII, Enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Al respecto, debe decirse que los documentos como medio de convicción, surgen como una forma aparentemente segura de representación permanente de los hechos que en ellos se hicieron constar, con el objeto de producir certeza y seguridad sobre su existencia y así excluir, en lo posible, la incertidumbre que multiplicaba los conflictos, el malestar general y la inestabilidad social. El elemento jurídico primario de validez sobre el que descansa la eficacia probatoria del documento es su autenticidad, circunstancia indispensable para poder fijar el alcance de la prueba, pues demostrada la legitimidad de un documento, el juzgador cuenta, cuando menos, con la certeza de que lo plasmado en él ciertamente ocurrió, dependiendo, después de este paso, de su contenido, idoneidad, autoría y el alcance exacto que dé el juzgador a los hechos que arroje el documento. En los métodos de valoración de pruebas imperantes en el sistema jurídico mexicano, por regla general, las copias fotostáticas simples son considerados imperfectos, esto es, ordinariamente llegan al juicio sin que la ley reconozca que por sí mismos demuestran su autenticidad, como por ejemplo sí ocurre con los documentos públicos que las legislaciones presumen auténticos, cuando se elaboran con los requisitos de ley, hasta que no se demuestre lo contrario. Para llenar esta imperfección, las leyes generalmente prevén que las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie, deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena2 o que se relacionen con otras probanzas, con cuya adminiculación es posible completarlo o perfeccionarlo, es decir, probar su autenticidad. En el caso, debe puntualizarse que si las documentales que el promovente exhibió, no contienen la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron expedidas dichas fotocopias, como tampoco que corresponde a lo representado en ellas, entonces, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la codificación adjetiva civil federal en cita, éstas no constituyen prueba plena, sino un mero indicio que es insuficiente para acreditar la afirmación que se formula. Así es, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que de la interpretación de lo dispuesto en el numeral 217 del Código Federal invocado, del cual se desprende que corresponde al juzgador, bajo su más prudente arbitrio, determinar el valor probatorio que corresponda a las copias fotostáticas simples, esto es, sin la certificación a que el propio precepto alude, ya que las copias de esa naturaleza presentadas en juicio, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan la simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, pero sin que sea bastante cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. En ese sentido, se reitera, las documentales exhibidas por el promovente, carecen de valor probatorio al no estar adminiculadas, debido a que fueron exhibidas sin contar con certificación que autentique su contenido, el cual tampoco fue perfeccionado con algún otro medio de convicción; de ahí que no sea suficiente para el efecto pretendido.

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