Fernando Contreras Soto
Expediente 764/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Fernando Contreras Soto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, se declara que HA CAUSADO ESTADO. SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL. No es de relevancia documental y es DESTRUIBLE; se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger las documentales que exhibió, como prueba en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstas podrán ser destruidas junto con el expediente.
- Principal
Como lo solicita la autorizada de la parte quejosa, expídase a su costa copia simple de la constancia que indica, que por su naturaleza corresponde al acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, previa razón de recibo que se deje en autos; respecto a la devolución de los documentos que pide, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad tal petición, ello no es procedente hasta tanto quede firme el proveído por el cual se desechó su demanda de amparo, por lo que una vez que ello ocurra, deberá reiterar su petición.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama de la Dirección de Gestión de la Calidad del Aire del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y otras autoridades que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registrándose en el libro de gobierno con el número 764/2017. Atento a la naturaleza de los actos que se reclaman, es de afirmar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En la especie, la parte quejosa reclama, de manera esencial, las siguientes resoluciones emitidas dentro del expediente *****. La parte agraviada, previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Además, la legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así como la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; así, en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Por ello, se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. En suma, es evidente que las leyes que regulan los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exigen mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado.
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