Fernando Contreras Montalvo

Expediente 1537/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1537/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Fernando Contreras Montalvo
  • Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Luego, tomando en consideración que se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión derivado del juico de amaro en que se actúa, es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y en su momento se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que como se precisó, la autoridad responsable dentro del presente juicio, exhibió documentos de los catalogados como no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Por último, se ordena devolver al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, las documentales que anexó a su informe justificado, consistente en copia auténtica de la carpeta administrativa relativa a la Causa Penal 161/2022, y dos DVD que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, con el índice cronológico de su desarrollo, sin que haya lugar a solicitar acuse recibo, dado que el mismo correrá agregado en autos al momento de notificar el presente proveído; por lo que se ordena desglosar de los presentes autos las documentales en cita, dejando en su lugar la certificación de desglose correspondiente. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Luego, tomando en consideración que se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión derivado del juico de amaro en que se actúa, es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y en su momento se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. No se omite señalar que como se precisó, la autoridad responsable dentro del presente juicio, exhibió documentos de los catalogados como no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Por último, se ordena devolver al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, las documentales que anexó a su informe justificado, consistente en copia auténtica de la carpeta administrativa relativa a la Causa Penal 161/2022, y dos DVD que contiene el registro de audio y video de la audiencia celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, con el índice cronológico de su desarrollo, sin que haya lugar a solicitar acuse recibo, dado que el mismo correrá agregado en autos al momento de notificar el presente proveído; por lo que se ordena desglosar de los presentes autos las documentales en cita, dejando en su lugar la certificación de desglose correspondiente. En su oportunidad, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes, el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, recibido en línea con evidencia criptográfica, mediante el cual DEVUELVE DEBIDAMENTE DILIGENCIADO el exhorto número de orden 539/2022 y de origen 529/2022 girado dentro del presente asunto, toda vez que emplazó al juicio en que se actúa a la tercera interesada Silvia Martínez Suárez, por medio de lista de acuerdos en fecha nueve de enero de dos mil veintitrés. En tales condiciones, DÉSE DE BAJA la comunicación oficial de mérito en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Sin que resulte necesario acusar recibo de la comunicación oficial, toda vez que al haber sido devuelto por interconexión, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes genera dicha constancia. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, de la constancia anexa al oficio 15/2023, signado por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, Integrante del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en esta ciudad, actuando con carácter de Juez de Control, recibida en este órgano jurisdiccional el pasado diez de enero del año en curso, se advierte una causal de improcedencia notoria y manifiesta lo que hace procedente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia. En efecto, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como acto reclamado el diferimiento de la audiencia inicial dentro de la causa judicial 161/2022, señalando como nueva fecha el nueve de enero del año en curso; haciendo la precisión en el informe justificado rendido por la autoridad responsable, que dicho diferimiento fue atendiendo la solicitud de la defensa a fin de imponerse de la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación de origen. Ahora bien, de la constancia remitida por la autoridad responsable a su oficio 15/2023, registrado ante este juzgado con el número 682 y recibido el diez de enero del año en curso, a la que se le otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que nuevamente fue reprogramada la audiencia señalada el nueve de enero de dos mil veintitrés, ello con motivo de la solicitud de la Fiscalía Federal a fin de corroborar los datos de prueba ofrecidos por la defensa momentos antes de la audiencia, por lo que fue reprogramada para las once horas con ocho minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés, sin advertirse debate al respecto por parte de la asesora jurídica de las víctimas y de la defensa. De lo anterior, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". De esta disposición se advierte, que es improcedente el juicio de amparo cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En efecto, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en diferimiento de la audiencia inicial dentro de la causa judicial 161/2022, señalando como nueva fecha el nueve de enero del año en curso; ello con motivo de la solicitud de la defensa a fin de imponerse de la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación de origen; lo cierto es que la Juez responsable, remitió constancia de audiencia de nueve de enero del año en curso, dentro de la cual se advierte que nuevamente fue reprogramada la audiencia de mérito, en atención a la solicitud de la Fiscalía Federal, a fin de corroborar los datos de prueba ofrecidos por la defensa momentos antes de la audiencia; de ahí que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, si bien existe, como lo es, el diferimiento de la audiencia inicial para celebrarse el nueve de enero de dos mil veintitrés, dicha situación no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del acto reclamado; lo anterior, al haberse emitido nueva fecha de audiencia, con motivo de la solicitud de reprogramación de la misma a petición de la Fiscalía Federal; por lo que, es indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto la Jurisprudencia 2a./J. 184/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 395, Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SUS EFECTOS RESTITUTORIOS SÓLO PUEDEN MATERIALIZARSE RESPECTO DE LOS DERECHOS DEL GOBERNADO LEGÍTIMAMENTE TUTELADOS.- El artículo 80 de la Ley de Amparo establece que la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restablecer las cosas al estado en el cual se encontraban antes de la violación, pero este principio no es irrestricto ni absoluto, pues está subordinado al fundamento de orden público que rige los procedimientos de ejecución de las sentencias de amparo, conforme al cual el conjunto de instituciones jurídicas propias de una comunidad necesarias para la convivencia pacífica entre sus miembros no puede alterarse. Ahora bien, de acuerdo con este principio, los alcances restitutorios de una ejecutoria deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse, ya que por su naturaleza, ésta es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella.". Al respecto, se invoca, por las razones que la informan, la tesis aislada 2ª.XCIX/2000, localizable en la página 357, del Tomo XII, Agosto de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Máxime que el motivo de reprogramación, es diverso al inicialmente señalado; esto es, el diferimiento del que se duele el quejoso en su escrito inicial de demanda, fue con motivo de la solicitud de la defensa a fin de imponerse de la totalidad de los registros que integran la carpeta de investigación de origen, y el motivo del segundo diferimiento, fue atendiendo a la solicitud de la Fiscalía Federal, a fin de corroborar los datos de prueba ofrecidos por la defensa momentos antes de la audiencia; máxime que al solicitar el diferimiento en la audiencia, no se inconformó la hoy quejosa, por lo cual avaló la petición y el acuerdo que recayó. En las relacionadas condiciones, es evidente que en la especie se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia antes señalada, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado, lo que impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Atento a lo antes acordado se dejan sin efectos la fecha y hora establecidas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la Agente del Ministerio Público adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término para que el Juez del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, de cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de diecinueve de enero del presente año, esto es, que informara a este juzgado la nueva fecha fijada para la celebración de la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional a bienes de la extinta tercera interesada ********************, en tanto que dicho oficio quedó notificado el veinte de enero del año en curso. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

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