Fernando Contreras Meraz
Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Fernando Contreras Meraz
Actuaciones
- Principal
MESA 5-B. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que actualmente guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa, hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de veintinueve de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. SE ORDENA ARCHIVO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del precepto 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 5-B. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por Fernando Contreras Meraz, quien promueve por su propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en el a Ciudad de México y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 937/2022, MESA 5-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que respecto del acto reclamado por el quejoso, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En el caso, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional esencialmente lo siguiente: - Negativa de brindar atención médica (cardiología) y de proporcionar el medicamento, así como la negativa a realizar electrocardiograma. No obstante lo anterior, de la lectura integral y pormenorizada de la demanda, se advierte que el reclamo lo constituyen las medidas administrativas, de la organización del propio centro de reclusión en cuanto a la atención médica de los internos. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso en esencia, se duele por la falta de atención médica.. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación, por ende, lo relativo a la falta de atención médica, se encuentra dentro de las mismas. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9º, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, y 74, 76, 77 y 78, referentes a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.. Lo acabado de relatar, claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambió de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión.. Entonces, tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la falta de atención médica, en el centro de reclusión en que se encuentra, es inconcuso, que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, el que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable al quejoso; lo anterior sin perjuicio de que algunos de los actos requieren atención urgente, pues no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo que motive el otorgamiento de la suspensión; pues como ya se vio, la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que en actos urgentes como el que nos ocupa, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resolviera en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal.. En ese orden, en la especie no se aprecia que el promovente haya agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duele en esta vía constitucional. Aunado que, de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que el padecimiento que presenta el quejoso ponga en riesgo su vida, de ahí que se reitera, en el caso, no opera la excepción al principio de definitividad. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XX de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida en su propio derecho por XXXXXXX. DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa, se encuentran recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. Quince, "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán, Chiapas, por lo tanto, en términos del artículo 26 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente auto por conducto del actuario adscrito a este Juzgado, en el lugar de su reclusión. SE SOLICITA DEFENSOR Toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, gírese oficio vía correo electrónico, al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en Tuxtla Gutiérrez, para que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine al aquí quejoso, en el presente juicio de amparo; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública.
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