Fernando Claudio Esquitin Sahab
Expediente 384/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 384/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Claudio Esquitin Sahab
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de octubre de dos mil veintiuno. Visto; el escrito del quejoso Fernando Claudio Esquitin Sahab; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en atención a su petición, dígasele que estese a lo acordado en proveído de seis de octubre del año en curso, donde se ordenó la devolución del billete de depósito N906864, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional), previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger el aludido billete de depósito, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse declarado sin materia la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo; esto, aun y cuando se haya concedido la suspensión provisional, empero, toda vez que se negó la definitiva, lo procedente es que se destruya al carecer de relevancia jurídica. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, se destruirán los expedientes y se remitirá el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En otro orden de ideas, resulta innecesario seguir conservando la garantía exhibida para que surtiera efectos la suspensión provisional del acto reclamado; en consecuencia, devuélvanse única y exclusivamente al quejoso Fernando Claudio Esquitin Sahab, el billete de depósito N906864, por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100, moneda nacional, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia, en el entendido de que transcurrido el plazo que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, sin que comparezca a recibir dicho billete, se procederá a hacerlo efectivo a favor del erario federal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; por lista de acuerdos a la parte quejosa, tal y como se ordenó en proveído de dieciocho de agosto del año en curso. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, en funciones de juez de distrito, a partir del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial lo determine o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba titular en el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2765/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a trece de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 3553 de la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele remiendo copia del auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso Fernando Claudio Esquitin Sahab, dentro de los autos de la causa penal 508/2017, de su índice, por su probable responsabilidad en el delito de fraude especifico, constancia que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Ahora bien, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, por las consideraciones que enseguida se especifican. SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA En efecto, si en el presente juicio de amparo promovido por Fernando Claudio Esquitin Sahab, señaló como acto reclamado la orden de aprehensión librada por el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, y con posterioridad, mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictó AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra del impetrante de garantías, en la causa penal 508/2017, de su índice, por el delito de fraude especifico, cometido en agravio del patrimonio de Florencio Humberto Marie Patiño; es evidente que se actualiza la causal de improcedencia del juicio por CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, de conformidad con la regla general que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de aprehensión, fue sustituida jurídica y procesalmente por el citado AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Es conveniente hacer referencia a los artículos 61 y 63, ambos de La Ley de Amparo vigente, los cuales en su parte conducente dicen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] Artículo 63.- Procede el sobreseimiento: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. En la especie, como ya se indicó, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que se refiere a la improcedencia del juicio de garantías contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es por lo anterior, que no puede analizarse la constitucionalidad de la orden de aprehensión, sin afectar el referido auto de formal prisión, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de éste, afectaría al citado auto, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos la orden de aprehensión, soslayando que la situación jurídica de la quejosa ya no obedece a ello, sino al auto de formal prisión. En consecuencia, al haberse dictado al aquí quejoso auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude especifico, cometido en agravio del patrimonio de Florencio Humberto Marie Patiño, resulta evidente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto combatido por el peticionario del amparo, con lo que se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse de manera patente la causal prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que la orden de aprehensión se sustituyó jurídica y procesalmente por el indicado auto; en consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, las siguientes jurisprudencias: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 184699 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena Época Materias(s): Penal Tesis: IX.1o. J/11 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XVII, Marzo de 2003 Página: 1454 Tipo: Jurisprudencia AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SU PRONUNCIAMIENTO DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN RESPECTIVA, PRODUCE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN AQUÉL. La reforma a la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, estableció que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el juicio de garantías, cuando se trate de las consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, pero suprimió las contempladas en el artículo 16 de la propia Carta Magna; por lo que a partir de esa fecha, si la autoridad responsable dicta el auto de formal prisión correspondiente, durante la sustanciación del juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que le dio origen, se produce un cambio de situación jurídica, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo citado, por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio constitucional". Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 169410 Instancia: Primera Sala Época: Novena Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 17/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XXVII, Junio de 2008 Página: 270 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto en el artículo 86, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de garantías, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, no hay necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 180706 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.7o.P. J/3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XX, Septiembre de 2004 Página: 1600 Tipo: Jurisprudencia CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." En ese sentido, si de las constancias se observa que en el juicio se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, y por otro lado, la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad, mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictó auto de formal prisión, es evidente la imposibilidad para examinar la constitucionalidad del mandamiento de captura, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, derivada del auto de formal prisión, de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Sin que al efecto, se otorgue oportunidad al peticionario de garantías para que ofrezca pruebas, pues en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que, considerar lo contrario, vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados por la parte quejosa de la autoridad responsable ejecutora Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con residencia en esta ciudad, al no haberse reclamado por vicios propios, de acuerdo con el criterio jurisprudencial siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 230811 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/7 Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988 Página: 690 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." En virtud de lo anterior, SE SOBRESEE fuere de audiencia en el presente juicio de amparo 384/2021, promovido por Fernando Claudio Esquitin Sahab, contra las autoridades y por los actos que fueron precisados. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Incidental
INTERLOCUTORIA: ÚNICO. Queda SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada por Fernando Claudio Esquitin Sahab, por propio derecho, respecto de las autoridades y por los actos que fueron precisados en el resultando primero, en términos del considerando segundo de la presente interlocutoria, al declararse inexistentes dichas autoridades.
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