FERNANDO CHÁVEZ HERRERA y Otros.
Expediente 839/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- FERNANDO CHÁVEZ HERRERA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. AGREGA OFICIO. Agréguese el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a través del cual transcribe el proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que el titular de dicho juzgado, no aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional para seguir conociendo y resolver el presente asunto por los motivos que expone. Se tienen por recibidos los autos originales del juicio en que se actúa. Acúsese de recibido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Al respecto, esta juzgadora no comparte el criterio sostenido por el titular del Juzgado oficiante, en razón de las consideraciones que quedaron plasmadas en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, donde se determinó declinar la competencia. Máxime que como se mencionó en aquél proveído, el acto reclamado concretamente lo constituye el auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, a través del cual se decretó medida cautelar sobre convivencias provisionales entre la menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales ********************., con los aquí quejosos, infante a quien dichos promoventes recogerán en Ario de Rosales, Michoacán, donde actualmente reside tanto la niña, como su progenitora, quien es parte demandada en el juicio natural de donde deriva el acto reclamado; es decir, la materialización de dichas convivencias tienen lugar en Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo. Ahora, como se dijo en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, no por el hecho que los quejosos tengan que trasladarse de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, a la diversa de Ario de Rosales, de esta misma entidad federativa, quiere decir, que se actualiza la segunda regla del artículo 37 de la Ley de la materia, y que por ello, es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez ante el cual se presentó la demanda, pues no se debe confundir las consecuencias del acto reclamado con su ejecución, ya que son aspectos distintos; el primero de traduce en una posible afectación a la espera jurídica de derechos de los gobernados que da lugar a la legitimación para promover el juicio de amparo y lo segundo sirve como parámetro para fincar competencia por territorio de los Jueces de Distrito. Atento a lo expuesto, se insiste en que la competencia legal para conocer de la demanda que dio origen al presente juicio, se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno (Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia). En ese tenor, con fundamento en el artículo 48, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se plantea conflicto competencial para seguir conociendo del juicio de amparo ********************-V del índice de este Juzgado; y, radicado por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, con el número ********************; respetuosamente hágase del conocimiento del referido Juzgado Federal para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, remítase el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que conozca del presente conflicto competencial; lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por Fernando Chávez Herrera y Angelina Mendoza Villaseñor, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 839/2023-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de los quejosos, al primero de los señalados en el escrito de cuenta, esto es, a Fernando Chávez Herrera; sin perjuicio de que durante el trámite de este asunto pueda ser sustituido, a voluntad de la diversa quejosa. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se advierte que la parte promovente señala como autoridades y actos reclamados: III. Autoridad responsable: Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, con domicilio en la Carretera Federal, número 120, esq. Calle David Franco Rodríguez, Col. Los Fresnos de la población de Ario de Rosales, Michoacán. IV. Acto reclamado: El acuerdo de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 140/2023, del índice de la responsable, a través del cual se decretó medida cautelar sobre convivencias provisionales entre la menor de edad de iniciales K.F.C.B. con los suscritos quejosos. DECLARACIÓN DE LEGAL INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades solo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida; por tanto, antes de decidir cuestiones sobre la admisión de la demanda, es menester analizar tal presupuesto. Así, para establecer cuestiones relativas a la competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. En ese sentido, el suscrito considera necesario precisar, que para definir la competencia de un órgano jurisdiccional debe de atenderse a los tres criterios siguientes: Materia. Este criterio se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, o por razón de la naturaleza de la causa; es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia litigiosa del proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo: administrativa, laboral, civil, familiar, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Grado. Alude al litigio que se plantea ante el juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse. Territorio. Se refiere al ámbito espacial de validez dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. Ese ámbito territorial puede dividirse en circuitos, distritos o partidos judiciales. La competencia por territorio hace referencia a las facultades conferidas a los órganos jurisdiccionales en razón del espacio dentro del cual pueden ejercerla, esto es, se refiere al ámbito espacial en el que podrán producirse los actos y sus efectos jurídicos de las contiendas sometidas ante esos órganos jurisdiccionales. Así, los dispositivos jurídicos que fijan la competencia de los Juzgados de Distrito, tratándose del juicio de amparo indirecto, son los artículos 33 , fracción IV, 35 y 37 , de la Ley de Amparo; 49 , 50 , 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito". Al respecto, debe atenderse específicamente a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de la materia: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, es de señalar que en el caso que nos ocupa se surte la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la ejecución del acto reclamado, en su caso, se verificará fuera de la Jurisdicción que ocupa este Juzgado de Distrito, esto es en Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Aunado a lo anterior, la circunstancia de que la parte demandada en el juicio natural de donde deriva el acto reclamado tiene su residencia en aquél lugar -Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo. Sin que obste a lo anterior, que los quejosos hubiesen manifestado: "El acto reclamado fue emitido en Ario de Rosales, Michoacán, lugar donde los Juzgados de Distrito én Uruapan, Michoacán, prima facie no ejercen competencia; sin embargo, aquél tiene ejecución en más de un Distrito Judicial; entonces, conforme al segundo párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, es legalmente competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda. Lo anterior, porque el acto reclamado decreta las convivencias con nuestra nieta un fin de semana al mes. La recogeremos en Ario de Rosales, Michoacán, donde actualmente reside, pero para materializar dichas convivencias estaremos en Uruapan, Michoacán, que es donde nosotros vivimos."; puesto que tales eventos son insuficientes para considerar que el acto reclamado tiene "ejecución en más de un distrito judicial"; toda vez, que como se adelantó, la autoridad responsable tiene sede en Ario de Rosales, Michoacán de Ocampo. Por lo anterior, resulta de capital importancia -a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito-, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recaería en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, así lo consideró la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al emitir la jurisprudencia 17/2014, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por tanto, es de vital relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo 37 de la Ley de Amparo, la cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material", esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera jurídica de derechos con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto. Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: "aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos". La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. En ese sentido, es evidente que los impetrantes, en esencia, se duelen del proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 140/2023, del índice de la autoridad responsable, a través del cual se decretó medida cautelar sobre convivencias provisionales entre la menor de edad de identidad reservada identificada con las iniciales K.F.C.B., con los referidos quejosos, a quien éstos -los quejosos- recogerán en Ario de Rosales, Michoacán, donde actualmente reside la infante; empero, refieren que para la materialización de dichas convivencias se trasladarán a esta ciudad de Uruapan, Michoacán, que es el lugar donde residen, a la diversa de Ario de Rosales, de esta misma entidad federativa, por lo que consideran que en el caso, se actualiza la segunda hipótesis del citado artículo 37 de la Ley de la materia, y por tanto, es competente para conocer del presente juicio de amparo, el Juez ante el cual se presentó la demanda de amparo; sin embargo, no se debe confundir las consecuencias del acto reclamado con su ejecución, pues son aspectos distintos, ya que el primero de traduce en una posible afectación a la espera jurídica de derechos de los gobernados que da lugar a la legitimación para promover el juicio de amparo y lo segundo sirve como parámetro para fincar competencia por territorio de los Jueces de Distrito. En ese sentido, a criterio de quien hoy resuelve, es competente para conocer de la demanda que originó el presente juicio un Juez de Distrito que tiene jurisdicción territorial en la zona geográfica en que se están realizando o se realizaron los actos procesales (proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés) dentro del expediente de origen número 140/2023, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán. En efecto, el citado acto reclamado es un acto procesal realizado dentro del expediente 140/2023, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, donde este Juzgado no ejerce jurisdicción territorial y sí los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, por ende, corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juez de Distrito en Turno, residente en la capital del Estado, y no a este juzgado. Aceptar que la sola manifestación de los quejosos determina la competencia de este juzgado, equivaldría a dejar al arbitrio de éstos la determinación de la competencia. Máxime que del escrito de demanda, no se advierte que el Juez responsable haya impuesto a los quejosos la obligación de trasladarse desde esta ciudad de Uruapan, Michoacán, a la diversa de Ario de Rosales, para poder convivir con la niña; tampoco se observa, que tal autoridad, les haya ordenado trasladarla -a la niña- desde aquélla ciudad, hasta esta municipalidad (a la casa de los amparistas); es decir, no impuso esa condición a los accionantes de la presente vía constitucional, para poder presumir que existe una afectación material en la esfera jurídica de derechos de éstos, y que derivado de ello, se actualice la segunda hipótesis del multicitado ordinal 37. Máxime que los quejosos no señalaron a ningún a autoridad ejecutora con residencia en la circunscripción de este juzgado, circunstancia que indudablemente finca la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA, LUGAR DE EJECUCION COMO CRITERIO PARA LA DETERMINACION DE LA. ES INTRASCENDENTE EL SITIO DONDE SE FIRME LA DEMANDA DE AMPARO. Aun cuando el quejoso afirme ser residente de una ciudad determinada, desde hace varios años, y de autos se desprenda que su demanda de garantías la signó en el propio sitio, ello no es suficiente para considerar que la orden de aprehensión, señalada como acto reclamado, se vaya a ejecutar en ese lugar, sobre todo, si no se ofreció principio de prueba para acreditar tal afirmación y las autoridades señaladas como responsables, en esa jurisdicción, negaron los actos reclamados, teniéndose como presuntivamente ciertos los atribuidos a la responsable ordenadora que radica en lugar diverso, lo cual resulta suficiente para estimar que en el caso no es aplicable el artículo 36, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, la competencia debe fincarse a favor del Juez de Distrito de la jurisdicción a la que pertenece el Juez responsable y que emitió el acto reclamado." También es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Sin que se estime procedente emitir pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de los actos reclamados, dado que no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que en términos de lo estipulado por el último párrafo del artículo 48 de la legislación de la materia, quien aquí determina se encuentra impedido legalmente para proveer respecto a la medida cautelar solicitada en el escrito de demanda y aclaratorio, hasta en tanto no se decida sobre la competencia. Sustenta a la anterior determinación la tesis siguiente: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. En las relatadas condiciones, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en Uruapan, se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda y siete copias de ésta, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad Morelia, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para conocer y resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde tiene ejecución el acto combatido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. DOMICILIO. Téngase por señalado como domicilio de la quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones personales, el ubicado en la calle Jardín local 1, esquina con calle Paseo de la Cima, colonia Lomas del Valle Norte, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo. AUTORIZADOS. Asimismo, téngase como autorizado con la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Hugo Mendoza Villaseñor, toda vez que la cédula profesional que lo faculta como licenciado en derecho, sí se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, del Décimo Primer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de rubro y texto: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado." HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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