Fernando Ceja López
Expediente 937/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 48 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 27/10/2021
Partes del expediente
- Paulina Abigail Godínez Flores
- Fernando Ceja López
- Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 39 de Mazatlan Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la Magistrada del Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, aun cuando se les apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FERNANDO CEJA LÓPEZ, para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable repusiera el procedimiento en las diligencias de jurisdicción voluntaria desde su admisión, con la consecuente revocación de la resolución recaída en el mismo, materia de reclamo, así como todas sus consecuencias jurídicas, entre ellas, la inscripción correspondiente por parte del Registro Agrario Nacional y la cancelación del certificado de derechos agrarios a nombre del de cujus, en el caso de que se hubiere llevado a cabo, así como la eventual expedición de uno nuevo a nombre de la aquí tercero interesada; así como para que, en su oportunidad, en caso de actualizarse la citada oposición por parte del hoy quejoso, se diera por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria y se dejaran a salvo los derechos de la parte interesada para que acudiera al juicio correspondiente. En cumplimiento a ello, la Magistrada del Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante oficio recibido en este juzgado federal el veinte de enero de dos mil veintiuno, acompañó copia certificada del acuerdo de once de enero del año en curso, pronunciado en los autos del expediente 259/2018 de su índice, por el que repuso el procedimiento del referido juicio desde el auto admisorio de siete de junio de dos mil dieciocho, y ordenó la citación del aquí quejoso a fin de que compareciera a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria. Posteriormente, la citada autoridad mediante oficio recibido en este juzgado el treinta de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el dieciséis de marzo del año en curso, prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, por la que, entre otras cosas, tuvo al aquí quejoso contestando la demanda del indicado juicio agrario. Luego, la aludida autoridad mediante misiva recibida en este órgano jurisdiccional el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, acompañó un diverso oficio remitido por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, por el que solicitó la aclaración o adición de la sentencia del referido juicio agrario, en virtud de que la parcela 406 Z-4 P1/1 con una superficie de 3-45-53.990 hectáreas se encontraba a favor del aquí quejoso. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de mayo del año en curso, la referida autoridad informó respecto al cumplimiento efectuado al fallo protector y, para tal efecto, remitió copia de los oficios 2477/2018 y 496/2021, girados al Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, a fin de que dejara insubsistente la inscripción de la citada sentencia y su aclaración de veintisiete de septiembre y once de diciembre de dos mil dieciocho, así como la cancelación del certificado de derechos agrarios que hubiese expedido a la aquí tercera interesada Paulina Abigail Godínez Flores; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto la parte quejosa y tercera interesada por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Por lo que ve al duplicado del cuaderno incidental derivado de este juicio, déjese por separado y en el momento procesal oportuno procédase a la destrucción del mismo. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa y tercera interesada no hicieron manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por la Magistrada del Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, aun cuando se les apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en auxilio de este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a FERNANDO CEJA LÓPEZ, para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable repusiera el procedimiento en las diligencias de jurisdicción voluntaria desde su admisión, con la consecuente revocación de la resolución recaída en el mismo, materia de reclamo, así como todas sus consecuencias jurídicas, entre ellas, la inscripción correspondiente por parte del Registro Agrario Nacional y la cancelación del certificado de derechos agrarios a nombre del de cujus, en el caso de que se hubiere llevado a cabo, así como la eventual expedición de uno nuevo a nombre de la aquí tercero interesada; así como para que, en su oportunidad, en caso de actualizarse la citada oposición por parte del hoy quejoso, se diera por concluido el procedimiento de jurisdicción voluntaria y se dejaran a salvo los derechos de la parte interesada para que acudiera al juicio correspondiente. En cumplimiento a ello, la Magistrada del Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante oficio recibido en este juzgado federal el veinte de enero de dos mil veintiuno, acompañó copia certificada del acuerdo de once de enero del año en curso, pronunciado en los autos del expediente 259/2018 de su índice, por el que repuso el procedimiento del referido juicio desde el auto admisorio de siete de junio de dos mil dieciocho, y ordenó la citación del aquí quejoso a fin de que compareciera a la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria. Posteriormente, la citada autoridad mediante oficio recibido en este juzgado el treinta de marzo del año en curso, remitió copia certificada de la audiencia celebrada el dieciséis de marzo del año en curso, prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, por la que, entre otras cosas, tuvo al aquí quejoso contestando la demanda del indicado juicio agrario. Luego, la aludida autoridad mediante misiva recibida en este órgano jurisdiccional el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, acompañó un diverso oficio remitido por el Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, por el que solicitó la aclaración o adición de la sentencia del referido juicio agrario, en virtud de que la parcela 406 Z-4 P1/1 con una superficie de 3-45-53.990 hectáreas se encontraba a favor del aquí quejoso. Posteriormente, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiuno de mayo del año en curso, la referida autoridad informó respecto al cumplimiento efectuado al fallo protector y, para tal efecto, remitió copia de los oficios 2477/2018 y 496/2021, girados al Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, a fin de que dejara insubsistente la inscripción de la citada sentencia y su aclaración de veintisiete de septiembre y once de diciembre de dos mil dieciocho, así como la cancelación del certificado de derechos agrarios que hubiese expedido a la aquí tercera interesada Paulina Abigail Godínez Flores; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto la parte quejosa y tercera interesada por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción I, inciso b, del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Por lo que ve al duplicado del cuaderno incidental derivado de este juicio, déjese por separado y en el momento procesal oportuno procédase a la destrucción del mismo. En tanto que el cuaderno original, es susceptible de depuración una vez que transcurran más de cinco años, toda vez que se concedió la medida cautelar solicitada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos para los efectos legales a que haya lugar los oficios de cuenta, que signan la Secretaria de Acuerdos y el Magistrado Super Numerario ambos en suplencia por ausencia del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en Mazatlán, Sinaloa y documentales que acompaña, mediante el cual hacen manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector pronunciado en el presente juicio. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa y a las terceras interesadas, por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos.
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguense a sus autos para los efectos legales a que haya lugar los oficios de cuenta, que signan la Secretaria de Acuerdos y el Magistrado Super Numerario ambos en suplencia por ausencia del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 39, con residencia en Mazatlán, Sinaloa y documentales que acompaña, mediante el cual hacen manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector pronunciado en el presente juicio. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dése vista a la parte quejosa y a las terceras interesadas, por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado de Distrito resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos.
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