Fernando Cástulo Plancarte

Expediente 16/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
16/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
13/03/2019

Partes del expediente

  • Fernando Cástulo Plancarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que el auto, por el que se sobreseyó en el presente asunto, en este proveído causó estado; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponde, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana Módulo (3), con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en acuerdo de ocho de los corrientes, informa: ".Me permito informar a Usted que el C. FERNANDO CASTULO PLANCARTE, desde el día 17 de enero del año en curso, salió en libertad durante la investigación que se le sigue por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de MIGUEL GUADALUPE GARCÍA SALGADO, lo anterior dentro de la carpeta de investigación 1004201901906, como se desprende del acuerdo de libertad de dicha fecha, así como con el oficio de la misma fecha donde se ordena la libertad de dicha persona y la notificación personal, donde además se le hizo del conocimiento que la presente carpeta en su momento sería canalizada al centro de mecanismos alternativos de solución de controversias de esta fiscalía para la celebración de la audiencia conciliatoria mediatoria."; y para acreditarlo remite las constancias relativas. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora, la demanda de amparo presentada por comparecencia por José Ignacio Cástulo Plancarte a favor de su hermano Fernando Castulo Plancarte, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve ante este órgano jurisdiccional resulta improcedente (ratificada por dicho quejoso directo), al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente: "La incomunicación en que mantienen a mi hermano ya que no dejan que se entreviste con su abogado, ni tampoco dejan que su esposa lo vea y le lleve alimentos." Esto es, el quejoso reclama la incomunicación. De las constancias que adjuntó el Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana Módulo (3), con residencia en esta ciudad, al oficio de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa: Acuerdo de libertad durante la investigación (artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales), dictado en la carpeta de investigación número 1004201901946, el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el que se resolvió la situación jurídica de Fernando Cástulo Plancarte (aquí quejoso), como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de lesiones culposas, cometido en perjuicio de Miguel Guadalupe García Salgado. Oficio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan, dirigido al Comandante Encargado de la Guardia de Agentes de la Policía Investigadora de esta ciudad, por el que deja en libertad a Fernando Cástulo Plancarte. Constancia de notificación personal practicada al quejoso Fernando Cástulo Plancarte el diecisiete de enero pasado, de la resolución por la que se resuelve su situación jurídica. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En efecto, de las constancias señaladas revelan que la autoridad responsable ha notificado personalmente al quejoso Fernando Cástulo Plancarte, el acuerdo de libertad durante la investigación (artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales), dictado en la carpeta de investigación número 1004201901946, el diecisiete de enero de dos mil dieciocho; como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de lesiones culposas, cometido en perjuicio de Miguel Guadalupe García Salgado; por ende, cesó la incomunicación que reclamaba el quejoso, es decir, desaparecieron los efectos de dicho acto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En razón de que la parte QUEJOSA JOSÉ IGNACIO CASTULO PLANCARTE a favor de FERNANDO CASTULO PLANCARTE, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el dieciocho de febrero del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del auto de catorce de febrero de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, mismo proveído que en lo conducente dice:Agréguese a sus autos para que obre como corresponde, el oficio signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana Módulo (3), con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en acuerdo de ocho de los corrientes, informa: ".Me permito informar a Usted que el C. FERNANDO CASTULO PLANCARTE, desde el día 17 de enero del año en curso, salió en libertad durante la investigación que se le sigue por el delito de LESIONES CULPOSAS, en agravio de MIGUEL GUADALUPE GARCÍA SALGADO, lo anterior dentro de la carpeta de investigación 1004201901906, como se desprende del acuerdo de libertad de dicha fecha, así como con el oficio de la misma fecha donde se ordena la libertad de dicha persona y la notificación personal, donde además se le hizo del conocimiento que la presente carpeta en su momento sería canalizada al centro de mecanismos alternativos de solución de controversias de esta fiscalía para la celebración de la audiencia conciliatoria mediatoria."; y para acreditarlo remite las constancias relativas. Actualización de una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia. En principio es conveniente señalar que el estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Del análisis integral de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos del acto reclamado anunciada, que ocurre cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión; lo que implica, no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, lo que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad del acto ya que no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, al haberse restituido a quejoso en el goce de su derecho humano violado establecido para su protección. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora, la demanda de amparo presentada por comparecencia por José Ignacio Cástulo Plancarte a favor de su hermano Fernando Castulo Plancarte, el dieciséis de enero de dos mil diecinueve ante este órgano jurisdiccional resulta improcedente (ratificada por dicho quejoso directo), al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente: "La incomunicación en que mantienen a mi hermano ya que no dejan que se entreviste con su abogado, ni tampoco dejan que su esposa lo vea y le lleve alimentos." Esto es, el quejoso reclama la incomunicación. De las constancias que adjuntó el Agente del Ministerio Público Investigador de Atención Temprana Módulo (3), con residencia en esta ciudad, al oficio de cuenta, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa: Acuerdo de libertad durante la investigación (artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales), dictado en la carpeta de investigación número 1004201901946, el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por el que se resolvió la situación jurídica de Fernando Cástulo Plancarte (aquí quejoso), como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de lesiones culposas, cometido en perjuicio de Miguel Guadalupe García Salgado. Oficio de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, firmado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan, dirigido al Comandante Encargado de la Guardia de Agentes de la Policía Investigadora de esta ciudad, por el que deja en libertad a Fernando Cástulo Plancarte. Constancia de notificación personal practicada al quejoso Fernando Cástulo Plancarte el diecisiete de enero pasado, de la resolución por la que se resuelve su situación jurídica. A las documentales referidas se otorga pleno valor probatorio, conforme a lo previsto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo precepto. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". En efecto, de las constancias señaladas revelan que la autoridad responsable ha notificado personalmente al quejoso Fernando Cástulo Plancarte, el acuerdo de libertad durante la investigación (artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales), dictado en la carpeta de investigación número 1004201901946, el diecisiete de enero de dos mil dieciocho; como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de lesiones culposas, cometido en perjuicio de Miguel Guadalupe García Salgado; por ende, cesó la incomunicación que reclamaba el quejoso, es decir, desaparecieron los efectos de dicho acto. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el peticionario del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con diez minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo

  4. Principal

    Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponden, el oficio signado por Agente del Ministerio Público Investigador del Área de Atención Temprana Mesa II, en apoyo del Agente del Ministerio Público de Atención Temprana Mesa III de la Fiscalía Regional de esta ciudad, mediante el cual informa que el Agente del Ministerio Público Investigador del Área de Atención Temprana Mesa III, se encuentra gozado de su periodo vacacional, regresando ocho de los corrientes; por lo que, no es posible atender lo solicitado. Atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones contenidas en el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, una vez que se reincorpore a sus labores, informe a este Juzgado en el término de tres días contado a partir de que quede debidamente notificado del presente auto, la situación jurídica actual del quejoso y remita copia certificada de las constancias solicitadas que acredite dicha circunstancia, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Apercibido que en caso de ser omiso se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con apoyo en los dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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