Fernando Carlos Vizcarra Thome
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/10/2022
Partes del expediente
- Fernando Carlos Vizcarra Thome
- Congreso del Estado Libre Y Soberano de Nayarit (Autoridad Responsable)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a seis de octubre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicada el siete de diciembre de dos mil veinte en el Periódico Oficial del Estado; en particular, el artículo 20, fracción I, en relación con los numerales 11, 12 y 13 de la propia legislación. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La promulgación y orden de publicación del dispositivo señalado en el inciso a). Sin que se proceda a emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de la cantidad de $1.00 (un peso 00/100 moneda nacional), por concepto de gastos de cobranzas, toda vez que dicha cantidad no es objeto de controversia. (.)" En ese tenor, el dos de septiembre dos mil veintiuno, se dictó la sentencia correspondiente, donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por los motivos siguientes: "7.1. Efectos respecto al artículo 20, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 1. El artículo 20, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevé el costo por inscripción de documentos sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente de los $7,186.89 (siete mil ciento ochenta y seis pesos 89/100 moneda nacional), sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $300.00 (fracción I) por el pago de los conceptos de inscripción de documento público, con sustento el artículo 20 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, que ampara el recibo de pago que exhibió, lo que hará en los términos siguientes: Interesado NO. de Recibo Concepto Monto aplicado Pago mínimo por aplicar Diferencia a favor Fernando Carlos Vizcarra Thome Inscripción de documento público o privado (Fracción I) $21,278.16 (veintiún mil doscientos setenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional) $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) $20,978.16 (veinte mil novecientos setenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional) 7.2 Efectos respecto de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 1. Los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. De igual manera, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y, por ende, devuelva las cantidades que enteró por dichos conceptos, al tenor del recibo que acompañó, conforme a lo siguiente: Interesado Impuesto Monto aplicado Devolución Oscar Ignacio García Topete Instrumento 3,349 Fomento a la educación (artículo 11) $5,319.54 (cinco mil trescientos diecinueve pesos 54/100 moneda nacional) $5,319.54 (cinco mil trescientos diecinueve pesos 54/100 moneda nacional) Asistencia social (artículo 12) $3,191.72 (tres mil ciento noventa y un pesos 72/100 moneda nacional) $3,191.72 (tres mil ciento noventa y un pesos 72/100 moneda nacional) Universidad Autónoma de Nayarit (artículo 13) $2,553.37 (dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 37/100 moneda nacional) $2,553.37 (dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 37/100 moneda nacional) 7.3 Devolución con su debida actualización. 1. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al Fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia antes indicada y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días, informaran sobre su cumplimiento. Luego, a través de los folios registrados con el número 16487 y 16581 las autoridades responsables Gobernador y Congreso del Estado de Nayarit manifestaron que acatan el fallo protector, apegándose al principio de la relatividad de las sentencias contra leyes. Por otra parte, por medio del folio 2111, la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, comunicó que con fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, realizó la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa y para demostrarlo, remitió copia de la referida transferencia bancaria que obra en autos del expediente en que se actúa, del que se advierte que realizó lo siguiente: Adjuntó copias de la transferencia bancaria a nombre del quejoso Oscar Ignacio García Topete de la que se advierte que le devolvió, la cantidad de $33,769.65 (treinta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 65/100 moneda nacional), por el concepto precisado en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, en once de febrero del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta a los justiciables, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la parte quejosa lo fue $21,278.16 (veintiún mil doscientos setenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional), a la cual se ordenó aplicar $300.00 pesos por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 20 fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, arrojando un remanente a devolver de $20,978.16 (veinte mil novecientos setenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional). Esto más los impuestos, previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la citada ley, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, por las cantidades de: $5,319.54 (cinco mil trescientos diecinueve pesos 54/100 moneda nacional), $3,191.72 (tres mil ciento noventa y un pesos 72/100 moneda nacional) y $2,553.37 (dos mil quinientos cincuenta y tres pesos 37/100 moneda nacional), respectivamente. Lo anterior, arroja como remanente la cantidad de $32,042.79 (treinta y dos mil cuarenta y dos pesos 79/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, debe atenderse al mes en que se realizó el pago (cuatro de marzo de dos mil veintiuno) y al mes en que se efectuó el pago actualizado (quince de diciembre de dos mil veintiuno), a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente (noviembre dos mil veintiuno), entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo (febrero dos mil veinte). Lo anterior dado que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, mientras que la autoridad responsable, previos trámites inherentes, el quince de diciembre de dos mil veintiuno, realizó el pago a favor de la parte quejosa; por tanto, el período de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil veintiuno al mes de febrero de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. En ese sentido, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de noviembre de dos mil veintiuno, entre el índice para el mes de febrero de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado). Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de noviembre de dos mil veintiuno, fue de 116.884; y, para el mes de febrero de dos mil veintiuno, fue de 110.907, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.053891999603271. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad a devolver $32,042.79 (treinta y dos mil cuarenta y dos pesos 79/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $33,774.90 (treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,732.11 (mil setecientos treinta y dos pesos 11/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que las responsables, desincorporaron de la esfera jurídica a la parte quejosa ÓSCAR IGNACIO GARCÍA TOPETE, lo previsto en los artículos 20, fracción I, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevén, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. No pasa inadvertido que la autoridad responsable recaudadora, debía devolver al quejoso la cantidad de $33,774.90 (treinta y tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), sin embargo, únicamente reintegró la cantidad de $33,769.65 (treinta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 65/100 moneda nacional), por lo que se pone en evidencia que no se realizó la actualización correspondiente de $5.25 (cinco pesos 25/00 moneda nacional); sin embargo, el quejoso no se inconformó con el cumplimiento dado por la responsable al momento de otorgársele la vista relativa al artículo 196 de la Ley de Amparo; además, de que se considera que dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversas copias certificadas; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
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- Principal
por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha a la parte quejosa ********, la notificación a través de lista,
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas con sede en Tepic, Nayarit, a través del cual, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente expediente. Al respecto, este órgano jurisdiccional se reserva a realizar pronunciamiento, hasta en tanto, la totalidad de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento de la sentencia, informen haber dado cumplimiento total e íntegro al fallo amparador dictado en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/2381/2022, de la Secretaría Técnica de 20/09/22 10:47:22 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.f9 ROSALIO AGUILAR CAÑEDO la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Rosalío Aguilar Cañedo, Secretario que autoriza y da fe.
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