Fernando Carlos Guillén Ortega

Expediente 1095/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1095/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Fernando Carlos Guillén Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 2° y 83 de la citada ley, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las autoridades responsables, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso contra dicha determinación, puesto que no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 648, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en la página 434, Octava época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Como la diversa tesis aislada XI.3o.4K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, visible en la página 706, Novena Época, de texto y rubro siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Con fundamento en el Punto Décimo Primero, segundo párrafo, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, fracción III, Vigésimo Primero, fracciones II, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se provee lo siguiente:  Es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión y el expediente principal, lo que deberá llevarse a cabo transcurrido los términos de seis meses y cinco años, respectivamente, contados a partir de la emisión de este proveído.  Transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído, deberá conservarse del original del incidente de suspensión el auto en que se concedió la medida cautelar, en tanto que el resto de las constancias deberán depurarse; y,  Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto que se invoca.  Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, en lo concerniente a la depuración, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del Acuerdo en comento. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio la presente resolución a las autoridades responsables, toda vez que este órgano jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Tomo 2, Libro XVI, Enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 2° y 83 de la citada ley, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las autoridades responsables, toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso contra dicha determinación, puesto que no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 648, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Apéndice 1995, Tomo VI, Parte Tribunal Colegiado de Circuito, consultable en la página 434, Octava época, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Como la diversa tesis aislada XI.3o.4K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, visible en la página 706, Novena Época, de texto y rubro siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. Con fundamento en el Punto Décimo Primero, segundo párrafo, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, fracción III, Vigésimo Primero, fracciones II, y último párrafo de dicho punto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se provee lo siguiente:  Es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión y el expediente principal, lo que deberá llevarse a cabo transcurrido los términos de seis meses y cinco años, respectivamente, contados a partir de la emisión de este proveído.  Transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído, deberá conservarse del original del incidente de suspensión el auto en que se concedió la medida cautelar, en tanto que el resto de las constancias deberán depurarse; y,  Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  Este asunto no se considera de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto que se invoca.  Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, en lo concerniente a la depuración, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del Acuerdo en comento. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio la presente resolución a las autoridades responsables, toda vez que este órgano jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Tomo 2, Libro XVI, Enero de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese.

  3. Principal

    UNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  4. Principal

    AGREGUESE EL INFORME JUSTIFICADO DE CUENTA, DESE VISTA A LAS PARTES...

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