Fernando Carlos Adrián JIménez Ortiz

Expediente 1721/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1721/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2015

Partes del expediente

  • Fernando Carlos Adrián JIménez Ortiz
  • Fernando Carlos Adrián JIménez Ortiz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II A Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de trece de noviembre pasado (fojas 26 a 30), se desechó la demanda de garantías promovida por FERNANDO CARLOS ADRIÁN JIMÉNEZ ORTÍZ, el cual se le notificó el treinta siguiente (foja 37); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, el toca civil 223/2014 de su índice, que remitió como justificación a su informe.

  2. Principal

    ".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil quince. Agréguese el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite: original y seis copias de la demanda de garantías promovida por FERNANDO CARLOS ADRIÁN JIMÉNEZ ORTIZ, por conducto de Iyari Crispín Sánchez Cortés, con el carácter de apoderado legal, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, y otra autoridad; acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto 1721/2015. Ahora, de la lectura del proveído de once del actual, se aprecia que el Tribunal oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda señalada, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, al determinar que la resolución reclamada de ocho de septiembre de dos mil quince, en la que se declaró improcedente el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía y contragarantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado concedida a la parte quejosa, al no constituir una sentencia definitiva, ni resolución que haya puesto fin al juicio, para los efectos del amparo, no satisface el requerimiento de procedibilidad del Juicio de Amparo Directo; derivado de ello, ordenó remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno. En ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede examinar si en el caso existe causa manifiesta e indudable de improcedencia; pues su estudio es oficioso y de orden público. En el caso, en relación con dichas responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)". La hipótesis invocada se actualiza cuando las cuestiones que se plantean en una nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa en un diverso juicio constitucional anterior o bien, constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata. Esto es así, pues lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más juicios de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. Así, siendo los incidentes de suspensión, una parte accesoria de los juicios de garantías, indudablemente las resoluciones pronunciadas en tales incidentes, deben quedar comprendidas en la misma causa de improcedencia, toda vez que es principio general de derecho el que lo accesorio debe seguir siempre la suerte de lo principal. A fin de constatar que en el presente caso opera la causal de improcedencia referida, es menester traer a colación los antecedentes que se desprenden del original del toca civil 223/2014, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; donde se advierte lo siguiente: 1. En el índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nochixtlán, Oaxaca, se tramitó el juicio sumario civil 320/2012, promovido por FERNANDO CARLOS ADRIÁN JIMÉNEZ por conducto de Iyari Crispín Sánchez Cortés con el carácter de apoderado legal, en contra de JOSÉ JESÚS AMAYA CHÁVEZ; en la cual, el tres de julio de dos mil catorce, se dictó sentencia absolutoria. 2. Inconforme con dicha determinación, la parte actora FERNANDO CARLOS ADRIÁN JIMÉNEZ por conducto de Iyari Crispín Sánchez Cortés con el carácter de apoderado legal, (aquí quejosa), interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad. 3. Mediante resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, revocó la sentencia recurrida, declaró la terminación del contrato de arrendamiento y condenó a la parte demandada JOSÉ JESÚS AMAYA CHÁVEZ a la desocupación y entrega del bien inmueble arrendado, así como al pago de las rentas insolutas a partir del dos de agosto de dos mil doce hasta la entrega del local arrendado. 4. Por tal virtud, el demandado JOSÉ JESÚS AMAYA CHÁVEZ, promovió juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, con el número 815/2014. 5. Luego, el quejoso en ese juicio de amparo directo JOSÉ JESÚS AMAYA CHÁVEZ, mediante diverso escrito solicitó la suspensión del acto reclamado, por lo que el siete de enero del año en curso, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, concedió la suspensión del acto reclamado, fijándole garantía por la cantidad de (DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). 6. Consecuentemente, la parte actora FERNANDO CARLOS ADRIÁN JIMÉNEZ por conducto de Iyari Crispín Sánchez Cortés con el carácter de apoderado legal, solicitó se fijara contragarantía para ejecutar la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, en la que se revocó la sentencia recurrida y se condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas por la parte actora. 7. En tal virtud, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, en acuerdo de diecinueve de enero del año en curso, fijó la cantidad de (VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), como contragarantía en caso de que se concederse el amparo solicitado por el demandado JOSÉ JESÚS AMAYA CHÁVEZ. 8. Resultando que, el trece de marzo del año en curso, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, resolvió el juicio de amparo 815/2014, en la que negó el amparo y protección de la justicia Federal a JOSÉ JESÚS AMAYA CHÁVEZ. 9. En consecuencia, la parte actora, en el juicio natural, FERNANDO CARLOS ADRIÁN JIMÉNEZ por conducto de Iyari Crispín Sánchez Cortés con el carácter de apoderado legal, promovió ante la Sala responsable, incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía y contragarantía otorgada para la suspensión de la ejecución de la sentencia de segunda instancia. 10. Por lo que, previo la tramitación de dicho incidente, en interlocutoria de ocho de este propio mes de septiembre, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, resolvió en el sentido de que no procedía hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo 815/2014, consistente en la resolución de ocho de octubre de dos mil catorce, dictada por dicha Sala, lo que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. De ahí, se estime que el acto reclamado en el presente juicio se emitió en ejecución de una determinación pronunciada en el juicio de amparo 815/2014; tomando en cuenta que la suspensión de la ejecución del incidente de liquidación fue materia de la medida cautelar peticionada en el citado juicio de amparo. 26. Se cita en apoyo la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 86, Materia Común, Tomo XCIV, Quinta Época, Registro 806159, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido y rubro dicen: 27. De igual forma se invoca el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, Volumen L, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Registro 267376, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS DERIVADOS DE UNA RESOLUCIÓN INCIDENTAL EN JUICIO DE GARANTÍAS. Si los actos reclamados se originaron con motivo de haberse dictado una resolución incidental en relación con un juicio de amparo anterior, en la que se concedió la suspensión de los actos reclamados a la quejosa en el citado juicio de garantías, procede confirmar el sobreseimiento dictado en el nuevo juicio de amparo con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 73 del mismo ordenamiento, que establece la causal de improcedencia contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, disposición que tiene exacta aplicación por derivarse los actos reclamados de una resolución incidental suspensiva dictada en un juicio de garantías". Luego, es evidente que de ninguna manera pueda variarse el sentido del proveído combatido que fue dictado en ejecución del incidente de suspensión de que se habla; de ahí que, resulte improcedente el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción IX y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO SOLICITADO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica, y por autorizadas en los términos que refiere, a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se ordena al Secretario correspondiente que en caso de que la autoridad responsable reproduzca sus comunicaciones, sin diverso acuerdo, realizando únicamente la certificación respectiva, deberán glosarse a los autos. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA II-A

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