Fernando Caballero Ojeda
Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 51/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fernando Caballero Ojeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA PREVIO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO. MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Fernando Caballero Ojeda, mediante el cual revoca el nombramiento de sus autorizados y solicita se le designe un asesor público adscrito a este Juzgado. Al respecto, toda vez que por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del presente asunto como concluido, ya que se declaró firme la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en que se negó el amparo y protección de la justicia federal al referido quejoso, no ha lugar a realizar la designación de asesor que refiere, ya que se reitera, el presente asunto se encuentra concluido. Por tanto, únicamente ha lugar a tenerle revocando a los autorizados señalados en el presente asunto. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
- Incidental
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal. Por ende, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el expediente y el disco en formato DVD que remitió como apoyo a su informe justificado, dado que carece de objeto que continúen en este Juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 51/2022 promovido por Fernando Caballero Ojeda, contra actos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y, R (...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante una autoridad jurisdiccional del orden común con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama: Autoridad responsable Acto reclamado Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. La modificación del auto de vinculación a proceso de dieciocho de mayo de dos mil veinte, dictado contra el quejoso en el toca penal JOTP/77/2020, por el delito de abuso sexual infantil al de abuso sexual agravado. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: El veintidós de mayo de dos mil veinte, el Juez de Control de Ixcotel, Oaxaca (actualmente Tanivet), dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso Fernando Caballero Ojeda, por su probable comisión en el hecho que la ley señala como el delito de abuso sexual infantil, cometido en agravio de la menor de iniciales J.Y.H.H. Contra dicha determinación la asesora jurídica y la víctima indirecta Bibiana Hernández Ramos (progenitora de la menor de identidad reservada), interpusieron recurso de apelación, en el que hicieron valer esencialmente los agravios siguientes: El considerando sexto del auto de vinculación dictado por la Jueza de Control, en el que se declaró improcedente la solicitud de la asesora jurídica de la víctima a una calificación jurídica de grado de abuso sexual infantil agravado, en términos del artículo 248, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca y no solo por lo dispuesto en el numeral 241 primer y segundo párrafo de dicho ordenamiento (abuso sexual infantil). Ello al considerar que la agravante fue solicitada únicamente por la asesora jurídica y no así por el Ministerio Público. Y determinar que la solicitud del delito a tipificar corresponde únicamente a la representación social y el momento procesal oportuno es en la audiencia de imputación y no al término de la solicitud de vinculación. Que el asesor sí puede pedir una clasificación jurídica diversa en cuanto al grado solicitado por el Ministerio Público, por considerar que existen datos, circunstancias y elementos propicios para pedir una agravante al tipo penal que se formula contra el imputado, por lo que el Juez debe valorar y determinar si existen datos de prueba suficientes para dictar un auto de vinculación bajo la calificación jurídica solicitada por las partes. En contestación a dichos agravios, la defensora del imputado manifestó sustancialmente que: La asesora de la víctima no hizo valer en el momento procesal oportuno -al momento de la imputación- su solicitud de calificar el delito de abuso sexual infantil como agravado, a fin de enlazar los elementos del delito, con los datos de prueba, justificando con ello el hecho y la probable responsabilidad del imputado. De dicho recurso conoció la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, quien por sentencia de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal JOTP/77/2020, determinó declarar fundados los agravios formulados por la asesora jurídica de la víctima -aquí tercera interesada- y modificó el auto de vinculación a proceso con la agravante de mérito, es decir, dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso por el delito de abuso sexual infantil agravado, cometido en perjuicio de la menor de identidad reservada J.Y.H.H. Esa resolución es el acto reclamado por el quejoso en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: La responsable vulnera en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución, ya que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento y contraviene la prohibición de imponer por simple analogía, aún por mayoría de razón pena que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Se vulnera el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación. Se contraviene el artículo 19 Constitucional, ya que los hechos expuestos en la audiencia pública de vinculación, el representante social no logra aportar medios de prueba suficientes y de calidad para tener por acreditados los hechos del delito de abuso sexual infantil. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación del quejoso, aún suplidos en su deficiencia, ya que la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada y cumple con las formalidades del procedimiento, como se demostrará a continuación. El artículo 461 del Código Nacional del Procedimientos Penales, relativo a las disposiciones comunes de los recursos de revocación y apelación, establece: "Artículo 461. Alcance del recurso El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. (.)". Como se puede apreciar, tratándose de los recursos de revocación y apelación previstos en el mencionado ordenamiento penal, por regla general impera el principio de litis cerrada, esto es, el tribunal de alzada debe circunscribirse estrictamente a los agravios que hayan sido expresados por el recurrente, sin extender su decisión a cuestiones no planteadas en el recurso o más allá de los límites de éste, y de advertir actos violatorios de derechos fundamentales del imputado, deberá repararlos oficiosamente; y en caso de ser inexistentes no tendrá que fundar y motivar esa ausencia. Ahora, en el escrito de apelación interpuesto por la asesora jurídica de la aquí tercera interesada, no se advierte que ésta realizara agravio o inconformidad en relación con las formalidades procesales que circunscriben el dictado del auto de vinculación a proceso, por lo que la Sala responsable no estaba obligada a hacer tal análisis. No obstante lo anterior, la Sala responsable realizó oficiosamente un análisis del cumplimiento a las exigencias establecidas en el artículo 20 Constitucional en cuanto a que no se violaron los derechos fundamentales del imputado aquí quejoso, así como de la víctima de identidad reservada, y que tampoco se vulneraron los principios que rigen el Sistema Acusatorio Adversarial establecidos en el artículo 4° del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se respetaron los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Y en la resolución reclamada, la Sala responsable se pronunció sobre los agravios expresados por la víctima y su asesora en el recurso de apelación, consistentes esencialmente en que se debió calificar de agravado el delito de abuso sexual infantil imputado al aquí quejoso, en términos del artículo 248 bis, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca. Al respecto, estimó fundado ese agravio, al considerar que fue errónea la determinación de la jueza de control en el considerando sexto del auto de vinculación a proceso de veintidós de mayo de dos mil veinte, de declarar improcedente la calificativa de abuso sexual infantil agravado, prevista en el artículo 248 Bis, fracción I del Código Penal para el Estado de Oaxaca, solicitada por la asesora jurídica de la víctima y no por la representación social. Cabe precisar que la Jueza de control declaró improcedente la calificativa solicitada por la asesora de la víctima por dos razones: La calificativa de agravante no fue solicitada por el Ministerio Público. El momento procesal oportuno para plantear dicha solicitud es en el que se comunica la imputación y no al término de la solicitud de vinculación realizada por el Ministerio Público, ya que la solicitud del delito a tipificar corresponde únicamente al representante social. Por lo que la Sala responsable, en la resolución reclamada de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, modificó el auto de vinculación a proceso, declarando procedente la calificativa de agravante, al considerar sustancialmente que: A fin de respetar el interés superior de la menor de identidad reservada y el principio de igualdad entre las partes, para tener un verdadero acceso a la justicia, la figura del asesor jurídico se considera como parte en el proceso, por lo que goza de las mismas prerrogativas y oportunidades para intervenir dentro del proceso y solicitar la calificación jurídica del delito que se esté conociendo. Determinó que es erróneo el razonamiento de la Jueza de control al considerar que el Ministerio Público es el único facultado para proponer la calificación jurídica del imputado, ya que la representación social tiene a su cargo la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal, pero su calidad de Ministerio Público cambia de acusador a sujeto del procedimiento Penal con calidad de parte, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y el asesor jurídico, tal como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, el asesor jurídico de la víctima tiene todas las facultades para modificar la calificación jurídica, privilegiando los derechos de la menor víctima del delito, con fundamento en el artículo 20, apartado C, Constitucional. No existe disposición legal expresa que prohíba modificar la clasificación del hecho delictivo materia de la imputación hasta antes del dictado del auto de vinculación a proceso, máxime que en términos del artículo 316, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control podrá dictar auto de vinculación a proceso otorgando a los hechos una calificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacer saber al imputado para su defensa. Ello no vulnera los derechos del imputado porque ya conoce los hechos y datos de prueba aportados por el Ministerio Público, los cuales no variaron con dicha calificativa. Aunque no se configura el concubinato previsto por el artículo 143 Bis para el Código Civil del Estado de Oaxaca -al no actualizarse el supuesto de que el imputado y la progenitora de la menor hubieran procreado uno o más hijos o vivieran púbicamente como marido y mujer durante más de dos años continuos-, la Sala responsable consideró que se actualiza la agravante del delito de abuso sexual infantil, prevista en el artículo 248 bis, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca, porque el imputado tiene la calidad específica de amante de la progenitora de la víctima de identidad reservada, ya que al quedar demostrado que el imputado contrajo un vínculo matrimonial con diversa persona a la progenitora de la menor, -como lo acreditó con el Acta da matrimonio 471-, resulta evidente que mantiene una relación amorosa con Bibiana Hernández Ramos, progenitora de la menor víctima, por lo que son amantes. Como puede establecerse de lo anterior, la Sala responsable, sí dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el alcance del recurso de apelación; toda vez que se pronunció de manera integral sobre el agravio expresado por la víctima recurrente, en relación con la contestación realizada por la defensora del imputado, como así se verifica en párrafos precedentes, y no se advierte que haya extendido el examen de los agravios a cuestiones no planteadas o que fuera más allá de los límites del recurso. Aunado a lo anterior, no se acredita que la autoridad responsable pasara por alto alguna violación procesal al modificar el recurso de apelación interpuesto por la progenitora de la menor de identidad reservada y su asesora jurídica contra el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 467/2020, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ixcotel (ahora Tanivet); y de manera oficiosa estimó satisfechos los requisitos que establece el artículo 20 Constitucional y 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, contrario a lo argumentado por el quejoso en sus dos primeros conceptos de violación, la resolución reclamada sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación que dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con las formalidades esenciales del procedimiento en términos del numeral 14 Constitucional, pues la agravante de mérito se encuentra prevista en la ley y los hechos expuestos encuadran con el supuesto. Lo anterior se corrobora, porque la agravante del delito materia de la modificación del auto de vinculación a proceso, se encuentra prevista en el artículo 248 bis, fracción I, del Código Penal del Estado de Oaxaca, que dispone: "ARTÍCULO 248 Bis.- Las penas que corresponden a los delitos de abuso sexual previsto por el artículo 241, violación, previsto por el artículo 246, violación equiparada, previsto por el artículo 247 y violación tumultuaria, previsto por el artículo 248, se aumentarán hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando: I.- El delito fuere cometido por un pariente de la víctima sin limitación de grado en línea recta ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado en línea colateral; por el tutor contra su pupilo, por el padrastro o madrastra en contra el hijastro o hijastra, por el amante del padre o de la madre del ofendido o por la persona que vive en concubinato con el padre o la madre del pasivo. En estos casos, además el culpable perderá todos los derechos familiares y hereditarios que le puedan corresponder por su vínculo con la víctima; (.)": Y la calidad específica del imputado sí encuadra en dicho supuesto, como lo precisó la Sala en la resolución reclamada al narrar los hechos del ilícito, en los que consta: Que el imputado vivía con la progenitora de la menor y la niña de identidad reservada en el domicilio ubicado en Calle segunda de buena vista, sin número o número cinco, barrio la arena, de Santiago Suchilquitongo, Etla, Oaxca. Lugar en el que el quince de mayo de dos mil veinte, aproximadamente a las veintitrés horas con cincuenta minutos, el imputado -aquí quejoso- ingresó al cuarto en que dormía la niña, se le encimó y puso su pene sobre su vagina, luego con sus manos abrió las piernas de la menor y chupó su vagina, momento en que fue alumbrado por la progenitora de la menor. La circunstancia relativa a que la progenitora de la menor se encontraba embarazada del imputado al momento de los hechos -lo que motivó que ella y sus hijas se fueran a vivir a la casa del imputado donde ocurrieron los hechos delictuosos-. Ello, hace evidente que el imputado y la progenitora de la niña mantenían una relación, por lo que el imputado sí tiene la calidad de amante de la progenitora de la menor, ya que al momento de los hechos la progenitora de la menor y la niña víctima, se encontraban en casa del imputado, aunado a que Bibiana Hernández Ramos -progenitora de la menor víctima-, se encontraba embarazada del imputado, pues se encontraba en el octavo mes de gestación. Sin que de las audiencias celebradas por la Jueza de Control, se advierta que el imputado ofreció algún medio de prueba para contravenir las declaraciones de la menor y su progenitora, en las que se expresaron tales circunstancias. Si bien el imputado ofreció como dato de prueba el acta de matrimonio 471, con diversa persona a la progenitora de la menor, ello únicamente corrobora que sí tenía una relación fuera del matrimonio, es decir, que la progenitora de la menor y el imputado eran amantes. De modo que, la Sala Penal responsable al dar contestación a los agravios formulados por la recurrente, en relación a la contestación realizada por la defensora del imputado, hizo referencia a los preceptos legales en que apoyó su determinación (fundar), y dio las razones del por qué dichos preceptos eran aplicables al caso (motivar). ... Finalmente, en relación con el concepto de violación relativo a que el representante social no logra aportar medios de prueba suficientes para tener por acreditados los hechos del delito de abuso sexual infantil, es infundado dicho concepto de violación, ya que no controvierte las consideraciones dictadas en la resolución de la Sala responsable sino en el auto de vinculación a proceso dictado por la Jueza de Control, y esta última determinación no fue recurrida por el imputado, de ahí que no controvierte de manera directa lo resuelto por la autoridad responsable en la sentencia reclamada de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. De modo que si el imputado aquí quejoso, no recurrió el auto de vinculación a proceso a través del recurso de apelación, consintió las consideraciones de la Jueza de Control para emitir el auto de vinculación a proceso; máxime que ese primer auto fue sustituido procesalmente por la determinación de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno dictada por la Sala responsable, que analizó el recurso de apelación interpuesto bajo el concepto de Litis cerrada en los términos narrados con antelación. Por lo que se reitera, deviene infundado el último concepto de violación hecho valer por el quejoso, aún suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a Fernando Caballero Ojeda, contra actos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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