Fernando Brambila Rivera
Expediente 1070/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Brambila Rivera
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz; once de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo previsto por el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse DESECHADO LA DEMANDA DE AMPARO origen de este juicio; asimismo, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años que se indica en el primer párrafo del artículo en cita, posterior al dictado del acuerdo de archivo, se procederá a su destrucción, esto, con posterioridad al ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, acorde a lo establecido en dicho numeral. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese como corresponda.
- Principal
Xalapa, Veracruz; veinticuatro de 10 octubre de dos mil veintidós. 11 Vista la demanda de amparo 12 promovida por FERNANDO BRAMBILA 13 RIVERA, contra actos de la Directora 14 Jurídica de la Contraloría General del 15 Estado, con sede en esta ciudad y otra 16 autoridad. 17 FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE 18 con el número 1070/2022. 19 Ahora bien, analizada la demanda de 20 amparo, se considera procedente efectuar 21 el pronunciamiento siguiente. 22 DESECHAMIENTO 1 El artículo 113 de la Ley de Amparo 2 prevé que el Juez de Distrito, ante todo, 3 examinará la demanda de amparo y, en 4 caso de que encuentre un motivo 5 manifiesto e indudable de improcedencia, 6 deberá desecharla de plano. (...) De ahí que se actualiza de manifiesta 13 e indudable la causa de improcedencia 14 antes indicada y, con apoyo en lo 15 dispuesto por el artículo 113 de la Ley de 16 la materia, procede DESECHAR DE 17 PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE 18 ESTE JUICIO...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz; veinticuatro de 10 octubre de dos mil veintidós. 11 Vista la demanda de amparo 12 promovida por FERNANDO BRAMBILA 13 RIVERA, contra actos de la Directora 14 Jurídica de la Contraloría General del 15 Estado, con sede en esta ciudad y otra 16 autoridad. 17 FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE 18 con el número 1070/2022. 19 Ahora bien, analizada la demanda de 20 amparo, se considera procedente efectuar 21 el pronunciamiento siguiente. 22 DESECHAMIENTO 1 El artículo 113 de la Ley de Amparo 2 prevé que el Juez de Distrito, ante todo, 3 examinará la demanda de amparo y, en 4 caso de que encuentre un motivo 5 manifiesto e indudable de improcedencia, 6 deberá desecharla de plano. 7 Así, debe tenerse en cuenta que lo 8 manifiesto se da cuando el motivo de 9 improcedencia se advierte en forma 10 patente y absolutamente clara de la 11 lectura del líbelo y lo indudable resulta de 12 la certidumbre y plena convicción que 13 se tenga de que la causa de 14 improcedencia en estudio es operante en 15 el caso concreto. 16 De tal modo, que aun cuando se 17 admitiera la demanda y se substanciara 18 el procedimiento, no resultara factible 19 formarse una convicción diversa, 20 independientemente de los elementos que 21 eventualmente pudieran allegar las partes. 22 Tal consideración encuentra sustento, 23 por identidad de razón, en la jurisprudencia 1 I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer 2 Tribunal Colegiado en Materia 3 Administrativa del Primer Circuito, visible 4 en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, 5 del Semanario Judicial de la Federación y 6 su Gaceta, con número de registro 7 196196, de rubro siguiente: 8 "DESECHAMIENTO DE LA 9 DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE 10 IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 11 INDUDABLE. 12 Bajo esa premisa, en el caso, del 13 escrito de demanda se advierte la 14 actualización de manera manifiesta e 15 indudable de la causa de improcedencia 16 prevista en el artículo 61, fracción XX de la 17 Ley de Amparo, que establece: 18 "Artículo 61. El juicio de amparo es 19 improcedente: (.) 20 XX. Contra actos de autoridades 21 distintas de los tribunales judiciales, 22 administrativos o del trabajo, que deban 23 ser revisados de oficio, conforme a las 1 leyes que los rijan, o proceda contra ellos 2 algún juicio, recurso o medio de 3 defensa legal por virtud del cual puedan 4 ser modificados, revocados o 5 nulificados, siempre que conforme a las 6 mismas leyes se suspendan los efectos de 7 dichos actos de oficio o mediante la 8 interposición del juicio, recurso o medio de 9 defensa legal que haga valer el quejoso, 10 con los mismos alcances que los que 11 prevé esta Ley y sin exigir mayores 12 requisitos que los que la misma consigna 13 para conceder la suspensión definitiva, ni 14 plazo mayor que el que establece para el 15 otorgamiento de la suspensión provisional, 16 independientemente de que el acto en sí 17 mismo considerado sea o no susceptible 18 de ser suspendido de acuerdo con esta 19 Ley. 20 No existe obligación de agotar tales 21 recursos o medios de defensa, si el acto 22 reclamado carece de fundamentación, 23 cuando sólo se aleguen violaciones 1 directas a la Constitución o cuando el 2 recurso o medio de defensa se encuentre 3 previsto en un reglamento sin que la ley 4 aplicable contemple su existencia. 5 (.)" 6 El numeral transcrito establece lo que 7 la doctrina jurisprudencial ha denominado 8 principio de definitividad, acorde al cual el 9 juicio de amparo indirecto es improcedente 10 en el supuesto de que, contra el referido 11 acto reclamado, proceda un recurso o 12 medio ordinario de defensa susceptible de 13 nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin 14 exigir mayores requisitos que los previstos 15 para el otorgamiento de la suspensión 16 definitiva. 17 Es decir, previo a la promoción del 18 juicio de protección de derechos humanos, 19 debe agotarse la jurisdicción ordinaria o de 20 lo contrario, el medio de control 21 constitucional será improcedente. 22 Para que ésta hipótesis de 23 improcedencia opere, se requiere que el 1 acto reclamado provenga de una autoridad 2 distinta de los tribunales judiciales, 3 administrativos o del trabajo; que contra 4 dicho acto proceda algún recurso, juicio o 5 medio de defensa legal, por virtud del cual 6 pueda ser modificado, revocado o 7 nulificado; que conforme a la ley que rija 8 ese medio defensivo, los efectos del acto 9 reclamado puedan ser suspendidos, y que 10 para tal suspensión, no se exijan mayores 11 requisitos de los que consigna la Ley de 12 Amparo al efecto. 13 Por otra parte, la Segunda Sala de la 14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 15 resolver mediante ejecutoria de diez de 16 septiembre de mil novecientos noventa y 17 nueve, la contradicción de tesis 12/99, 18 determinó que para la aplicación de la 19 causal de improcedencia en análisis, basta 20 que alguna ley, formal y material, prevenga 21 de manera directa e inmediata, la 22 procedencia de algún recurso, juicio o 23 medio de defensa que posibilite la 1 modificación, revocación o nulidad del acto 2 reclamado, cuya tramitación permita la 3 suspensión de sus efectos sin solicitar 4 mayores requisitos que los consagrados 5 en la ley de la materia. 6 Lo que significa que el 7 establecimiento de los aludidos medios de 8 impugnación no están restringidos 9 solamente al ordenamiento del cual emane 10 formalmente o en que encuentre su 11 fundamento el acto de autoridad, puesto 12 que ninguna de las disposiciones 13 aplicables al juicio de garantías establece 14 esa limitante, máxime que el legislador 15 cuenta con plena libertad para instituir los 16 recursos o medios ordinarios de defensa 17 que estime pertinentes, sin quedar 18 constreñido a algún ordenamiento en 19 particular. 20 Se invoca la jurisprudencia 115/99 de 21 la Segunda Sala de la Suprema Corte de 22 Justicia de la Nación, visible en la página 23 448, tomo X, octubre de 1999, Novena 1 Época, del Semanario Judicial de la 2 Federación y su Gaceta, con número de 3 registro 193142, de título siguiente: 4 "RECURSOS O MEDIOS DE 5 DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS 6 PARA SU DETERMINACIÓN EN 7 RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE 8 DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE 9 LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE 10 LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN 11 XV, DE LA LEY DE AMPARO)." 12 Así como la jurisprudencia 2a./J. 13 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema 14 Corte de Justicia de la Nación, visible en la 15 página 447, tomo X, octubre de 1999, 16 Novena Época, del Semanario Judicial de 17 la Federación y su Gaceta, registro 18 193141, de rubro: 19 "RECURSOS O MEDIOS DE 20 DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN 21 ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO 22 LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE 23 FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL 1 ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN 2 DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, 3 DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN 4 XV, DE LA LEY DE AMPARO)." 5 Sentado lo anterior, conviene precisar 6 que el principio de definitividad que rige el 7 juicio de protección de derechos humanos, 8 tiene que ver con la naturaleza jurídica del 9 juicio de control constitucional, pues no es 10 un recurso, sino un medio extraordinario 11 de defensa que sólo procede respecto a 12 actos definitivos, con relación a los cuales 13 no exista algún recurso cuya interposición 14 pueda dar lugar a la modificación, 15 revocación o nulificación del acto 16 reclamado; y en el supuesto de la fracción 17 que se examina atañe a los actos de 18 autoridades no judiciales, como lo son las 19 administrativas o fiscales. 20 Lo anterior, salvo los casos legales de 21 excepción que, en esencia, se relacionan 22 con el examen de aspectos de 23 constitucionalidad de leyes; la proposición, 1 en exclusiva, de violaciones directas a la 2 Constitución; cuando el acto carece de 3 fundamentación; y, cuando la legislación 4 que rige el recurso o medio de defensa 5 ordinario impone mayores requisitos que la 6 Ley de Amparo para conceder la 7 suspensión del acto impugnado o plazo 8 mayor que el que establece para el 9 otorgamiento de la suspensión provisional, 10 independientemente de que el acto en sí 11 mismo sea considerado, o no, susceptible 12 de ser suspendido de acuerdo con esa ley. 13 Al respecto, es aplicable la 14 jurisprudencia I.6o.C. J/37, localizable en 15 el Semanario Judicial de la Federación y 16 su Gaceta, tomo XV mayo de 2002, página 17 902, registro 187016, de rubro: 18 "AMPARO. PARA SU 19 PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO 20 AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS 21 DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN 22 ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL 23 PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE 1 RIGE EN EL JUICIO 2 CONSTITUCIONAL." 3 Acorde con lo expuesto en la porción 4 normativa transcrita, es necesario agotar 5 todas las instancias a que haya lugar antes 6 de interponer la demanda de amparo 7 contra un acto de autoridad distinta de los 8 tribunales judiciales, administrativos o del 9 trabajo, ello con el fin de cumplir el 10 principio de definitividad que, al igual que 11 otros, rige el juicio de amparo, cuyo 12 sustento descansa en su naturaleza 13 extraordinaria. 14 Por lo tanto, podemos concluir que, 15 como lo precisa el artículo 61, fracción XX, 16 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo 17 es improcedente contra actos de 18 autoridades distintas de los tribunales 19 judiciales, administrativos o del trabajo, 20 que deban ser revisados de oficio, 21 conforme a las leyes que los rijan, o 22 proceda contra ellos algún recurso, juicio o 23 medio de defensa legal por virtud del cual 1 puedan ser modificados, revocados o 2 nulificados, siempre que conforme a las 3 mismas leyes se suspendan los efectos de 4 dichos actos mediante la interposición del 5 recurso o medio de defensa legal que 6 haga valer el agraviado, sin exigir mayores 7 requisitos que los que la presente ley 8 consigna para conceder la suspensión 9 definitiva, independientemente de que el 10 acto en sí mismo considerado sea o no 11 susceptible de ser suspendido de acuerdo 12 con esta ley, exceptuando de lo anterior, 13 los casos en que el acto reclamado 14 carezca de fundamentación. 15 Ahora bien, en el particular, el 16 quejoso hace consistir el acto reclamado 17 en: 18 La resolución de catorce de 19 septiembre de dos mil veintidós, 20 emitida en el recurso de revocación 21 30/2022, por medio de la cual la 22 Directora Jurídica de la Contraloría 23 General del Estado de Veracruz 1 desechó dicho recurso promovido por 2 el aquí quejoso, en contra de la 3 resolución emitida en el procedimiento 4 de responsabilidad administrativa 5 02/2020. 6 Sentando lo anterior, resulta 7 necesario destacar que el artículo 210 de 8 la Ley General de Responsabilidades 9 Administrativas establece que los 10 Servidores Públicos que resulten 11 responsables por la comisión de Faltas 12 administrativas no graves en los términos 13 de las resoluciones administrativas que se 14 dicten, podrán interponer el recurso de 15 revocación ante la autoridad que emitió la 16 resolución dentro de los quince días 17 hábiles siguientes a la fecha en que surta 18 efectos la notificación respectiva. 19 Asimismo, que las resoluciones que 20 se dicten en el recurso de revocación 21 serán impugnables ante los Tribunales, 22 vía el juicio contencioso administrativo 23 para el caso del Tribunal Federal de 1 Justicia Administrativa, o el juicio que 2 dispongan las leyes que rijan en esa 3 materia en las entidades federativas 4 según corresponda. 5 En ese sentido, es de precisarse que 6 el artículo 280 del Código de 7 Procedimientos Administrativos para el 8 Estado de Veracruz, establece lo 9 siguiente: 10 "Artículo 280. Procede el juicio 11 contencioso en contra de: 12 I. Actos administrativos que dicte, 13 ordene, ejecute o trate de ejecutar la 14 autoridad, por violaciones cometidas en los 15 mismos o durante el procedimiento 16 administrativo; en este último caso cuando 17 trasciendan al sentido de las resoluciones; 18 II. Actos administrativos que dicte, 19 ordene, ejecute o trate de ejecutar la 20 autoridad, que afecten derechos de 21 particulares; 22 III. Actos que dicte, ordene, ejecute o 23 trate de ejecutar, de manera unilateral la 1 autoridad, respecto de contratos 2 administrativos u otros acuerdos de 3 voluntad de la misma naturaleza que se 4 hayan celebrado con los particulares en 5 los renglones administrativo y fiscal; 6 IV. Actos administrativos que se 7 configuren por el silencio de la autoridad, 8 en términos de este Código; 9 V. Resoluciones dictadas, con 10 motivo de los recursos de revocación a 11 que se refieren la Ley General y la Ley 12 de Responsabilidades Administrativas; 13 VI. Resoluciones favorables a los 14 particulares que causen lesión al interés 15 público, cuya nulidad demande la 16 autoridad; 17 VII. Resoluciones definitivas 18 dictadas en el recurso de revocación 19 del presente Código o las previstas en 20 la Ley General y la Ley de 21 Responsabilidades Administrativas; 22 VIII. Actos administrativos dictados 23 por la Administración Pública en los 1 supuestos a que se refieren los artículos 1, 2 párrafo primero, y 2, fracciones II y XVI, 3 del presente Código, que afecten derechos 4 de particulares o de autoridades; 5 IX. Actas circunstanciadas que 6 decidan la remoción de los miembros de 7 las Instituciones de Seguridad Pública en 8 el Estado; 9 X. Actos administrativos, decretos y 10 acuerdos de carácter general, diversos a 11 los reglamentos, cuando sean 12 autoaplicativos o cuando el interesado los 13 controvierta con motivo de su primer acto 14 de aplicación; 15 XI. Incumplimiento de contratos 16 administrativos celebrados por la 17 Administración Pública estatal o municipal 18 y los organismos autónomos; y 19 XII. Los demás actos y resoluciones 20 que señale la ley 21 (.) 22 De igual manera, los artículos 296 y 23 305 de la citada legislación disponen: 1 "Artículo 296. Dentro de los tres días 2 siguientes a la presentación de la 3 demanda, se dictará acuerdo sobre su 4 admisión. En el mismo acuerdo se 5 admitirán o desecharán las pruebas 6 ofrecidas y, en su caso, se dictarán las 7 providencias necesarias para su 8 desahogo. 9 Tratándose de la suspensión deberá 10 resolverse dentro del término de 11 veinticuatro horas siguientes a la 12 presentación de la demanda. 13 (.) 14 "Artículo 305. Iniciado el juicio 15 contencioso administrativo, podrán 16 decretarse todas las medidas cautelares 17 necesarias o la suspensión del acto 18 impugnado, para el efecto de mantener las 19 cosas en el estado en que se encuentren, 20 en tanto se dicte sentencia. No se 21 otorgarán las medidas cautelares ni la 22 suspensión, si se sigue perjuicio al interés 23 público, si se contravienen disposiciones 1 de orden público o se deja sin materia el 2 juicio. 3 La Sala Unitaria podrá decretar 4 medidas cautelares positivas cuando, 5 tratándose de situaciones jurídicas 6 duraderas, se produzcan daños 7 substanciales al actor o una lesión 8 importante del derecho que pretende, por 9 el simple transcurso del tiempo. 10 La suspensión del acto impugnado se 11 decretará dentro del término de 12 veinticuatro horas siguientes a la 13 presentación de la demanda y las medidas 14 cautelares se decretarán de plano, ambos 15 casos a cargo de la Sala Unitaria, en el 16 mismo acuerdo en que se admita la 17 demanda y podrá solicitarlas el actor en el 18 escrito de demanda, o en cualquier 19 momento mientras se encuentre en trámite 20 el juicio ante la Sala Unitaria que conozca 21 el asunto. 22 Cuando se otorguen las medidas 23 cautelares o la suspensión del acto, se 1 comunicarán sin demora a la autoridad 2 demandada para su inmediato 3 cumplimiento." 4 Del primer artículo anteriormente 5 transcrito se advierte que el Tribunal 6 Estatal de Justicia Administrativa del 7 Poder Judicial del Estado de Veracruz 8 conocerá de los juicios que se promuevan 9 en contra de, entre otros actos, aquellos 10 de carácter administrativo que se dicte con 11 motivo de los recursos de revocación a 12 que se refieren la Ley General y la Ley de 13 Responsabilidades Administrativas. 14 Por lo que respecta a los artículos 15 296 y 305, se deriva que el Código de 16 Procedimientos Administrativos para el 17 Estado de Veracruz no estipula mayores 18 requisitos que la Ley de Amparo para 19 obtener la suspensión de los actos 20 reclamados, de hecho, en ésta se 21 establecen símiles exigencias al solicitante 22 para obtener la medida cautelar 23 (comparado con las establecidas en los 1 numerales 128 y 129 de la Ley que rige a 2 la materia). 3 En este contexto, resulta inconcuso 4 que el acto combatido en esta vía se ubica 5 en la hipótesis de procedencia de asuntos 6 de competencia del Tribunal Estatal de 7 Justicia Administrativa del Poder Judicial 8 del Estado de Veracruz, pues se trata de la 9 resolución que desechó el recurso de 10 revocación promovido por el aquí 11 quejoso en contra de la resolución 12 emitida en el procedimiento de 13 responsabilidad administrativa 02/2020. 14 Por lo que debe acudir ante la 15 instancia ordinaria a reclamar el acto 16 administrativo que le causa perjuicio, pues 17 es claro que, mediante el juicio 18 contencioso, puede confirmarse, 19 modificarse, revocarse o nulificarse el 20 acto reclamado. 21 De este modo, en observancia al 22 principio de definitividad, resulta 23 necesario que la parte quejosa agote 1 los medios ordinarios de defensa 2 previamente a acudir al juicio de amparo, 3 toda vez que debe recordarse que la 4 acción constitucional es un medio 5 extraordinario de defensa al cual puede 6 acudirse una vez que se hayan 7 desahogado las herramientas 8 procesales mediante las cuales el acto 9 reclamado pueda ser modificado, 10 revocado o anulado. 11 Sin que en el presente asunto se 12 actualice algún supuesto de excepción al 13 principio de definitividad, pues la 14 suspensión del acto reclamado es 15 procedente mediante la promoción del 16 citado juicio contencioso, con los mismos 17 alcances que los que prevé la Ley de 18 Amparo para ello, sin exigir mayores 19 requisitos que los que en ella se consignan 20 para conceder la suspensión definitiva, ni 21 plazo mayor que el que establece para el 22 otorgamiento de la suspensión provisional. 1 Cobra aplicación a la anterior 2 determinación la jurisprudencia 2ª./J 3 126/2019, correspondiente a la décima 4 época, emitida por la Segunda Sala de la 5 Suprema Corte de Justicia de la Nación, 6 visible en la Gaceta del Semanario Judicial 7 de la Federación, Tomo I, Libro 70, 8 Septiembre de 2019, página 326, registro 9 2020596 y rubro: 10 "JUICIO CONTENCIOSO 11 ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL 12 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 13 ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO 14 DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 15 LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO 16 PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO 17 DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES 18 QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL 19 ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS 20 PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO 21 SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS 22 ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 23 AMPARO." 1 De igual forma, la parte quejosa no 2 reclama violaciones directas al texto 3 constitucional sino que hace valer 4 argumentos de legalidad; y, en adición, el 5 medio de defensa ordinario por virtud del 6 cual podría obtener la revocación, 7 nulificación o modificación de los actos 8 reclamados no está previsto en un 9 reglamento sino que, como se expuso, se 10 encuentra establecido en una ley en 11 sentido formal y material. 12 De ahí que se actualiza de manifiesta 13 e indudable la causa de improcedencia 14 antes indicada y, con apoyo en lo 15 dispuesto por el artículo 113 de la Ley de 16 la materia, procede DESECHAR DE 17 PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE 18 ESTE JUICIO. 19 AUTORIZADOS "
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,087 expedientes
- Fermina Vásquez Hernández1063/2023
- Fernando Alan Barrientos Capetillo y Otros.1174/2018
- Fernando Alfonso González Pacheco760/2023
- Fernando Arcos Vázquez546/2023
- Fernando Arcos Vega251/2019
- Fernando Arteaga Aponte y Otros.1146/2017
- Fernando Caudillo García221/2016
- Fernando Caudillo García965/2016
- Fernando Charleston Hernández103/2019
- Fernando Delgado Gómez417/2020
- Fernando Eleno Manceras Martínez876/2018
- Fernando Evaristo Arcos Mauricio1121/2023