Fernando Bonilla Medina
Expediente 639/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 639/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Fernando Bonilla Medina
- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 639/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que remitieron las autoridades Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Educación en el Estado y la Representante Legal de la Secretaria de Educación en el Estado, así como con las que anexó el quejoso a su demanda de amparo. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la probanza descrita, aportadas por las autoridades responsables y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló la autorizada de la parte quejosa. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de la parte quejosa y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Fernando Bonilla Medina, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, y de otras autoridades. Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 14, 16, 17, 29, 123 Apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 3º, 5º, 17, 24, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la admitió a trámite y la registró bajo el número 639/2021; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; y otorgó la intervención legal que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos omisivos a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de conformidad con el criterio citado, se advierte que el acto reclamado consiste en lo siguiente: La omisión de realizar al quejoso el pago de las quincenas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que comprenden el período del uno de abril al quince de julio de dos mil veintiuno, como trabajador al servicio del Estado de Michoacán. Acto que atribuye a las autoridades: Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; ecretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán; Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán; y, Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Todos con residencia en Morelia, Michoacán. Tercera. Inexistencia. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, y Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con los informes justificados, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, dado que se advierte que las autoridades antes precisadas no tiene carácter de ordenadoras ni ejecutoras, se tiene por inexistente el acto reclamado a las mismas. De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señaladas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Del mismo modo, es cierto el acto atribuido a la Subsecretaria de Administración de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, quien al rendir su informe manifestó que no es cierto que exista una retención de salario del quejoso, sino que derivado de la orden recibida del Departamento de Personal Estatal, se solicitó modificar la modalidad de pago de dispersión electrónica a cheque; por tanto, procede tener por cierto el acto que el peticionario del amparo reclama a dicha autoridad. Certeza que se corrobora con las pruebas documentales que acompañaron las citadas responsables a sus informes con justificación, consistentes en copia certificada de las instrucciones y oficios mediante los cuales se solicitó la modificación de forma de pago al quejoso, que obran agregadas al presente sumario. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierten el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, la Secretaría de Educación en el Estado, por conducto de su representante legal, aduce que el presente amparo es improcedente porque la naturaleza del acto reclamado implica una relación de tipo laboral que el quejoso debe reclamar en términos de la ley laboral. La causal invocada es la prevista en los artículos 1°, 5, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, misma que resulta fundada. En efecto, dichos numerales disponen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5. Son partes en el juicio: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, registro digital 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento lo anterior, se colige que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a los funcionarios señalados como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En el caso, el acto reclamado consiste toralmente en la omisión de realizar el pago de las quincenas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, que comprenden el período del uno de abril al quince de julio de dos mil veintiuno, que aduce el quejoso le corresponden por ser trabajador al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, para lo cual anexó a su demanda copia cotejada de su credencial para votar con fotografía, una constancia de servicios expedida por el Director de la Unidad Regional de Uruapan, copia simple de un escrito que presentó ante la Secretaría aludida, copia simple de un comprobante de nómina, así como de diversos estados de cuenta correspondientes al mes de diciembre de dos mil veinte y de enero a julio de dos mil veintiuno, expedidos a su nombre por Banco Azteca. Lo que pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación jurídico patronal, en la que la Secretaría de Educación en el Estado, tiene el carácter de patrón no de autoridad y el quejoso de empleado y no de gobernado; es así, pues el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos humanos tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Tan es así, que el reclamo en este juicio lo constituye la falta de pago de ciertas prestaciones económicas a las que dice tener derecho el quejoso en su calidad de trabajador al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado, y las cuales refiere la responsable corresponden a la categoría descrita en el tabulador estatal salarial vigente como "compensación supervisor", la cual se pagaba por medio de dispersión electrónica y a partir de la quincena 04/2021 se solicitó el cambio a la modalidad de dispersión a cheque para pago en ventanilla, con la finalidad de que acudiera el trabajador a las instalaciones de la Secretaría demandada para solicitarle que presentara la documentación necesaria que acredite cumplir con los requisitos para obtener dicha compensación de la función de supervisor, ya que dicho trabajador figura con dos claves federales, una de Maestro de Grupo Primaria y otra de Director de Primaria Foráneo, sin contar con alguna clave de supervisor activa a la fecha. Por lo que si en el caso acontece que el aquí quejoso Fernando Bonilla Medina, promovió el juicio de amparo en cuanto trabajador de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y el acto reclamado lo constituye el que no se le hayan pagado las quincenas correspondientes al período del uno de abril al quince de julio de dos mil veintiuno, aun cuando aduce que las venía percibiendo de manera normal; es evidente que, aunque la Secretaría mencionada pueda tener el carácter de autoridad, con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por ésta, o aquéllos en los que intervenga, deban considerarse como actos de autoridad. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 168507 del rubro y contenido: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Lo anterior no puede ser de otra manera, porque los actos reclamados no se realizan en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que la determinación de realizar un cambio en el pago correspondiente a las quincenas del quejoso, de dispersión electrónica a dispersión a cheque en ventanilla, surte efectos en el plano patrón-trabajador; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas de los actos de autoridad. En ese orden de ideas, el acto que se reclama no queda comprendido como aquéllos de supra a subordinación, puesto que éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral que sostiene el peticionario del amparo con la Secretaría de Educación en el Estado, pues incide en una cuestión laboral, en específico en que no se le haya realizado el pago relativo a las quincenas del uno de abril al quince de julio de dos mil veintiuno mediante dispersión electrónica, aun cuando aduce que venía recibiendo de esa manera sus quincenas. Es ilustrativo el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a./J.111/2010, visible en la página 444 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, registro digital 163913, del epígrafe y texto siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL OFICIO DONDE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL LES DA A CONOCER LA CONCLUSIÓN DE SU NOMBRAMIENTO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. De los artículos 90, 93 y 131 de la Constitución Política; 13, 14, fracción IV, 24, fracción VI y 94, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 1o., 4o., 5o., 7o., 8o., 44, 45 y 53 a 63 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; y 54, fracción II y 135 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, todos del Estado de San Luis Potosí, se advierte que el citado Consejo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, y sus decisiones son definitivas e inatacables, salvo las referidas a la designación, adscripción, remoción y no ratificación de Jueces, las que podrán impugnarse ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia Estatal, cuyas facultades están previstas en la Ley Orgánica respectiva, dentro de las que se encuentran las de nombrar y remover con causa justificada a los servidores judiciales. Por otra parte, en la propia Constitución Local se establece que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las autoridades estatales y municipales, serán reguladas por la ley que expida el Congreso del Estado con base en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con cuyo fundamento se expidió la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, que regula lo atinente al vínculo entre las instituciones públicas de la entidad federativa y sus trabajadores, y fija la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer, entre otros conflictos, de los suscitados por el cese injustificado de los trabajadores a quienes les es aplicable la mencionada legislación. Consecuentemente, el oficio donde el Consejo de la Judicatura Estatal notifica a un servidor público del Poder Judicial local la determinación de dar por concluido el nexo laboral que los une, no constituye un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de garantías, dado que ese tipo de actuaciones las realiza como patrón y no como autoridad". En este punto es pertinente precisar que no se pierde de vista que la naturaleza del acto del que se duele el peticionario de amparo reviste de omisiva; sin embargo, esa circunstancia no es suficiente para que dicho acto pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque la cuestión relativa al pago de las quincenas que venía percibiendo mediante dispersión electrónica está íntimamente vinculada con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el citado quejoso y la patronal, lo cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica la jurisprudencia: III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, Décima Época, registro 2011298, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En esas condiciones, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de autoridad, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se impone sobreseer el juicio de amparo, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por otro lado, no se analizarán las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, ya que al quedar demostrada la causal de improcedencia de mérito, sería ocioso analizarlas, pues no cambiaría en sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, no es inadvertido por este juzgador que el quejoso solicitó la suplencia de la queja; sin embargo, la misma no es procedente. En efecto, la suplencia de la queja deficiente consiste esencialmente en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, o mejorar aquellos planteados de manera incompleta. Por otra parte, la procedencia del juicio de amparo es un requisito procesal de estudio preferente, oficioso y de orden público, según lo ordena el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite deducir que procederá la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, única y exclusivamente si el juicio de amparo es procedente, por lo que no puede llegarse al extremo, alegando dicho beneficio, de hacer procedentes los juicios de amparo en los que se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que ello traería consigo el total quebrantamiento de las reglas que rigen tal instancia de control constitucional. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Fernando Bonilla Medina, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos de lo expuesto en las consideraciones tercera y quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de la licenciada Leticia Cruz González, autorizada de la parte quejosa, por medio desahoga la vista que se dio con los informes justificados, asimismo ofrece prueba documental y formula alegatos. En consecuencia, con fundamento en el numeral 119 de la ley en la materia, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa al escrito de cuenta, la cual se ordena relacionar al momento de celebrarse la audiencia de ley. De igual manera, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la promovente, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional y de resolver el presente asunto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la autoridad responsable Secretario de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a fin de que rindiera su informe justificado, sin que lo haya hecho no obstante que fue debidamente notificada tal como se aprecia del acuse de recibo del oficio 16542. Por tanto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hacen efectivos los apercibimientos formulados en los autos de veintiséis de julio y diecinueve de octubre del año dos mil veintiuno y se impone una multa por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización, al Secretario de Educación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término de tres días previsto en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir de surta efecto la notificación del presente auto, remita su informe justificado. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada o no informar la imposibilidad legal que tengan para ello, se le impondrá multa por $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista, mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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