Fernando Berruecos Torres
Expediente 213/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 213/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Fernando Berruecos Torres
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que ha causado ejecutoria la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, ordenándose su archivo; sin embargo, no se han devuelto las constancias que la autoridad responsable acompañó a su informe con justificación; de ahí que, al tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolverle un anexo, para los efectos legales a que hubiese lugar. Lo anterior, sin que sea necesario el acuse de recibo, porque el sello de recepción en el oficio respectivo, hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunica la sentencia dictada en los presentes autos, ya que lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo. Ahora, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Fernando Berruecos Torres, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y de su Presidente. Acto reclamado: ".Resolución interlocutoria de incidente de liquidación de laudo y/o auto de ejecución de 31 de enero del 2020 dictado en el expediente 01/144/2007". SEGUNDO. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 213/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia interlocutoria de treinta y uno de enero de dos mil veinte, que resuelve el incidente de liquidación de laudo, en el juicio laboral 01/144/2007. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y su Presidente, pues así lo informaron de manera categórica, lo que se corrobora con las constancias que remitieron relativas al juicio laboral 01/144/2007, documental a la que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por su ordinal 2º. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Registro número 394261, misma que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la jurisprudencia 226, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, Materia Común, Registro número 394182, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, por auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, se ordenaron agregar las documentales en copia certificada remitidas por el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y por este, consistentes en las constancias relativas al arreglo conciliatorio que se dio en el expediente 01/144/2007, del índice de la mencionada autoridad, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Además, serán consideradas para resolver el asunto, no obstante su llegada posterior a la celebración de la audiencia constitucional, en razón de que opera en el caso una causa de sobreseimiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia.". CUARTO. Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. Pues bien, en concepto de este juzgado federal, en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en donde se establece que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". La norma trascrita indica que la improcedencia de mérito cobra vigor cuando los actos reclamados emanen de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, al no poder decidirse ya en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De lo anterior se advierte que la causal de improcedencia en análisis se actualiza cuando se cumplen con las siguientes condiciones: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo, provenga de un procedimiento judicial. b) Que, a través de una nueva determinación, cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que por virtud de esa determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. En tal contexto, sólo si se cumplen en el caso esos requisitos, será posible que se actualice la causa de improcedencia en cita. En la especie todos ellos se verifican porque, en primer lugar, el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de laudo, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, que lo cuantifica en un adeudo por parte del patrón sustituto Sistema Morelense de Radio y Televisión por la suma de $282,397.37 pesos; de ahí que se materialice el primero de los citados elementos, pues se trata de una resolución emanada de un procedimiento judicial. Además, se actualiza la segunda condición, porque se emitió una determinación judicial que generó un cambio de situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado. En efecto, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el tres de noviembre de dos mil veinte, las autoridades señaladas como responsables, remitieron copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio 01/144/2007 (juicio de origen), de las cuales destaca el convenio a que llegaron las partes, donde el demandado patrón sustituto se compromete a pagar al actor quejoso la cantidad de $298,734.00 pesos, para el tres de noviembre del año en curso, data que fue modificada para cumplirse el dos de febrero de dos mil veintiuno, convenio que fue aprobado en diligencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, para dar por terminada la contienda laboral. Dentro de las cláusulas que integraron dicho acuerdo de voluntades, destaca la cláusula segunda, en la que se estableció: "SEGUNDA.- El Instituto Morelense de Radio y Televisión del Estado de Morelos, manifiesta que con la finalidad de dar fin a la ejecución forzosa del expediente 01/144/2007 pagara la cantidad de $298,734.00 (.), para el próximo TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, a las 09:00, en las instalaciones de este Tribunal, con lo que se cubre la cantidad liquida correcta de la sumatoria referida en el auto de ejecución de treinta y uno de enero del 2020, así como en cumplimiento al laudo de quince de junio de dos mil dieciséis." De ello se advierte que la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado experimentó un cambio, pues mientras en el acto reclamado resolvió el incidente de liquidación de laudo por una suma de $282,397.37 pesos; en la audiencia de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se aprobó el convenio obligándose el patrón sustituto a pagar a la parte actora la suma de $289,734.00 pesos, en una fecha próxima, así como que, una vez cubierta la condena dar por concluida la contienda, de ahí que la referida autoridad ya no podrá ejecutar la interlocutoria reclamada por motivo del acuerdo de voluntades tomado en el convenio aprobado diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Como consecuencia de la celebración del convenio en mención, no se puede decidir sobre la constitucionalidad de la determinación reclamada sin afectar la nueva situación sobrevenida con motivo del referido convenio, por ende, se cumple la tercera de la condición citada para que se actualice la causa de improcedencia que se cita. En efecto, de examinar la constitucionalidad de la resolución incidental de liquidación de laudo, se afectaría la nueva situación jurídica, que impera entre las partes. En el referido orden de ideas, se acredita la causa de improcedencia en análisis, establecida en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Demostrada así la improcedencia del contradictorio de garantías, debe sobreseerse en el mismo, en términos de lo establecido por el artículo 63 fracción V de la ley en cita. También resulta innecesario analizar la causal de improcedencia propuesta por las responsables, pues en nada mejoraría el sentido del fallo. QUINTO. Resolución y notificación del presente asunto. Cabe señalar que la resolución del presente asunto, se emite con base en los lineamientos establecidos en los artículos 1, fracción II, 10 y 11 del Acuerdo General 13/2020, así como la circular CAP/3/2020, de los que se desprende la posibilidad de emitir la sentencia en los asuntos que ya contaran con la celebración de la audiencia constitucional celebrada. Finalmente, en concomitancia con lo anterior, se ordena a los fedatarios públicos adscritos a este Juzgado de Distrito, la notificación por lista del presente asunto, y una vez que se regularicen las actividades, se deberá hacer del conocimiento a las partes la presente determinación en los términos de ley; encomienda que podrá escalonarse con las demás actividades inherentes a su cargo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintiocho de diciembre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual hace del conocimiento que en seguimiento al juicio de amparo citado al rubro, informa que dentro de los autos del expediente laboral 01/144/07, el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, comparecieron las partes contendientes en el procedimiento de origen a efecto de ratificar el convenio de esa misma fecha, con la finalidad de dar cumplimiento al laudo de fecha quince de junio de dos mil dieciséis. En tales condiciones, fórmese el cuadernillo correspondiente y agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, asimismo, téngase las citadas actuaciones a la vista al momento de resolver el presente asunto, debido a que podría actualizar hipótesis prevista por el artículo 64 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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