Fernando Benitez Ojeda

Expediente 708/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
708/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
28/10/2016

Partes del expediente

  • Fernando Benitez Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el acuerdo dictado el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, atento a la segunda de las certificaciones de cuenta, de la que se desprende que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, después de transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente auto, por haberse sobreseído. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el seis de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de cinco de octubre del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por el Presidente y Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinden informe justificado, y remiten copias certificadas de las siguientes constancias: 1. Proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se admite la demanda laboral interpuesta por el aquí quejoso y se fijan las trece horas con treinta minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis para que tenga verificativo la audiencia pública de ley en sus etapas de conciliación, demanda y excepciones, misma que obra en el expediente laboral DI-210/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. 2. Constancias de notificación de veintinueve y treinta de septiembre del año en curso efectuada a los demandados Las Tortas de 10 y/o David Catzin Aguilar; y, notificación personal de treinta de septiembre de dos mil dieciséis efectuada a Fernando Benítez Ojeda. Documentales que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Ahora, establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Del análisis integral del escrito de demanda, se observa que los promoventes se duelen de la omisión de acordar el auto de admisión de la demanda, dentro del juicio laboral DI-210/2016. Por tal motivo, en auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el juicio de amparo planteado y se ordenó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación. En cumplimiento a lo anterior, el Presidente en representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, y el Actuario adscrito, al rendir el informe justificado manifestaron que no era cierto el acto, sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada, toda vez que el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, tal como se advierte de la papeleta de turno, en tanto que la admisión de la demanda laboral fue posterior a la presentación de la demanda de amparo, se colige que la omisión de la que se duele el quejoso sí existía al momento en que se instó la acción constitucional y, por tanto, el acto reclamado es existente. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable en su oficio de cuenta, consistente en el proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, de las cuales se advierte que a la fecha de presentación del juicio de amparo sí existía el acto reclamado por el aquí quejoso. En esa tesitura, al haberse proveído el auto admisorio el veintitrés de septiembre del año en curso, se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada, respecto al acto que señaló el quejoso Fernando Benítez Ojeda. Ello es así, porque en primer lugar queda demostrado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por el quejoso el día veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, en el expediente laboral número DI-120/2016 de su índice, y le fue notificada a la parte quejosa personalmente el treinta de septiembre del año en curso, para su conocimiento y, en segundo lugar, al haber proveído el auto admisorio las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que alegó por esta vía la parte quejosa. Por tanto, se colige que en ese contexto cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión que le imputó al Pleno y Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Dado el sentido de esta determinación, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis. El sobreseimiento debe hacerse extensivo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo quien negó la existencia del acto con base en que ella no era la autoridad competente para emitir un pronunciamiento si no que lo era el Pleno de la Junta como órgano colegiado, también lo es que dicha autoridad -Presidenta de la Junta- es integrante de dicho Pleno, es decir, del órgano colegiado. En efecto, los Presidentes de las Juntas, ya sean Federales o Locales, de Conciliación y Arbitraje o de sus Juntas Especiales, tienen doble carácter, como integrantes de las propias Juntas, esto es, cuando las presiden y emiten los laudos o resoluciones como parte de un órgano colegiado, así como cuando actúan individualmente en ejercicio de las facultades propias concedidas en la Ley Federal del Trabajo; por ello, cuando cumplen con su obligación de rendir los informes justificados en los juicios de amparo, actúan en su doble carácter y están en aptitud de defender el acto reclamado, independientemente de que se trate de una resolución que sea emitida o deba ser emitida por la Junta como órgano colegiado, pues el Presidente de una Junta no puede desconocer un acto en cuya emisión participó o debe participar como miembro de la misma, en virtud de que actúa como integrante del órgano colegiado, es decir, es copartícipe en el pronunciamiento de los actos de la Junta que presida.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por ***** parte quejosa, mediante el cual, cumple con la prevención impuesta. En mérito de lo anterior, al haberse desahogado en tiempo y forma, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada a su demanda de amparo y por ello se provee lo siguiente: se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata, sin tramitarse el incidente de suspensión al no haberlo solicitado expresamente. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las nueve horas con diez minutos del veinte de octubre de dos mil dieciséis. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, se les impondrá una multa. Por otra parte, no es el caso tener como tercero interesado a ****, toda vez que el acto reclamado lo constituye la omisión por parte de la autoridad responsable de emitir el auto de radicación del juicio reclamatorio de demanda promovido por el aquí quejoso, por tal motivo aún no se perfecciona la relación jurídico procesal y, por ende, no encuadra en el supuesto del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sin embargo, podrá tenérsele con tal carácter una vez que la autoridad responsable haya rendido su informe justificado y de las constancias que, en su caso, remita se advierta que se ha realizado el emplazamiento al juicio de origen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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