Fernando Benavides Perales

Expediente 3385/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3385/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Fernando Benavides Perales y Otros.
  • Fernando Benavides Perales
  • Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas En Reynosa (Quinto Distrito Judicial)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante haber quedado legalmente notificadas de dicho acuerdo. Por tanto, se declara que han perdido el derecho que debieron ejercitar en dicho término, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, por lo que el auto en comento ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído. Asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 34, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Por otra parte, el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo es conservable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción III, inciso b), del citado acuerdo general, dado que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. Por tanto, el original del cuaderno incidental deberá conservarse por un término de tres años, concluido ese plazo posteriores al archivo, este órgano jurisdiccional deberá transferir el expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 20, primer párrafo, del Acuerdo en comento, el expediente en que se actúa debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido el mencionado plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, incluyendo la transferencia y la destrucción respectiva, conforme a los artículos 22 y 28 del Acuerdo General de trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Julio César Cruz García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la tercero interesada ********************, por medio del cual solicita se requiera a la autoridad responsable Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a efecto de que cancele la anotación realizada a los inmuebles que señala en su escrito. Al respecto, dígasele que una vez que transcurra el término que establece el numeral 86 de la Ley de Amparo, se acordará lo conducente en derecho; por lo que, únicamente agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Liliana Margarita Villarreal Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las comparecencias que anteceden, se aprecia el quejoso Fernando Benavides Perales, por sí mismo y como apoderado general para pleitos y cobranzas de Guillermo Benavides Perales ocurrió a desistirse de la acción constitucional que dio origen al presente juicio de amparo. Personalidad la anterior, que se le reconoce con el instrumento notarial que acompañó a su comparecencia; y, respecto al cotejo de la copia certificada de la escritura notarial que se anexó a su comparecencia, se provee de conformidad la misma, la cual se realizó a fin de agilizar los trámites, en la propia comparecencia en cita. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa tiene el derecho para desistirse de la acción constitucional en cualquier momento, hasta en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoria, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." De acuerdo con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior Ley de Amparo continuará en vigor en lo que no se oponga a la actual Ley; por ende, el anterior criterio es aplicable, y en él se establece que el desistimiento de la demanda puede manifestarse mientras no se haya dictado sentencia, y en el presente asunto, la parte quejosa expresó su voluntad antes del dictado de la sentencia. No es óbice a lo anterior, la circunstancia de que se tomen en consideración constancias con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo que se resuelve, puesto que de ellas se corrobora el motivo de sobreseimiento invocado en esta sentencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, consultable en la página 1279, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Liliana Margarita Villarreal Medrano, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El quejoso *****, a través del cual ocurre a desistirse de este juicio; por tanto, este juzgador debe cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el presente procedimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso d), y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al quejoso a fin de que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, comparezca ante este Juzgado Federal, con identificación oficial vigente, a efecto de ratificar el contenido y firma del ocurso de referencia; y una vez hecho lo anterior, se proveerá lo conducente respecto del desistimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo se continuará con la secuela del juicio.

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