Fernando Belaunzarán Mendez

Expediente 877/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
877/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/09/2020

Partes del expediente

  • Fernando Belaunzarán Mendez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio electrónico de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual, informa su proveído de once de septiembre del presente año, donde medularmente informa que ese órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. Se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales a que haya lugar. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido... Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Belaunzarán Méndez, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General de la República. Integración del expediente. Fórmese el expediente 877/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Actos reclamados. Fernando Belaunzarán Méndez, por propio derecho, a través del juicio de amparo pretenden reclamar lo siguiente:... Lo anterior, en virtud de que desde la fecha de ingreso, veinticuatro de febrero del año en curo, no he recibido notificación alguna respecto de la radicación de autos en que se integre un expediente respecto del asunto señalado omisión que considero violatorio de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulneración que coártalos principios pro persona, y se encuentra en contradicción con lo establecido en nuestra Carta Magna como garantía de petición. (.)" Antecedentes del acto de molestia El quejoso en el capítulo relativo a los antecedentes en el escrito inicial de demanda precisó medularmente lo siguiente: ... Incompetencia... Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo... Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Precisión de acto reclamado. La omisión de resolver respecto de una denuncia presentada el veinticuatro de febrero del año en curso ante la Fiscalía General de la República, en contra de Andres Manuel Lopez Obrador, en el ejercicio de su encargo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por hechos posiblemente constitutivos de delito. Razones de la incompetencia por materia Con base en el acto reclamado por el promovente, el cual puede constituir actos posiblemente emanados de algún delito, es posible advertir que en atención a su naturaleza, no se encuentran inmersos dentro de la materia administrativa, ya que su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la comisión del algún ilicito. Así, toda vez que el acto reclamado por el quejoso se vincula con la probable comisión de algún ilicio, contra ella procede el juicio de amparo indirecto en materia penal, en términos de la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece dicho supuesto, como así se desprende de la siguiente transcripción: ... Del citado artículo se advierte que, para definir la competencia por materia de los jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador determinó dos criterios: la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable. Cabe destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio en el sentido que, tratándose de conflictos competenciales por razón de materia, deben resolverse atendiendo en exclusiva a la naturaleza de la acción planteada en el caso que da origen al conflicto, prescindiendo de la relación jurídica sustancial existente entre las partes en conflicto, porque esto constituye parte del análisis de las cuestiones de fondo. Ese criterio en comento se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, foja veintiocho, de rubro y tenor siguientes:... Conforme al anterior criterio, para resolver el presente asunto debe determinarse la naturaleza jurídica del acto reclamado en el juicio de amparo y el cual quedóprecisado en párrafos anteriores. De lo relatado se advierte que el acto reclamado, materia del presente asunto consiste, sustancialmente, en las omisión por parte de la Fiscalía General de la República de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 221, 224, 253, 254, 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contemplan el trámite de la denuncia presentada ante la autoridad responsable, la facultad que tiene de abstenerse, enviar al archivo temporal o el no ejercicio de la ación penal conforme los medios de prueba allegados, la notificación de dichas determinaciones y el recurso que proceda en su caso, como se desprende de la transcripción siguiente: ... Trata´ndose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastara´ para el inicio de la investigacio´n la comunicacio´n que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Trata´ndose de informaciones ano´nimas, la Polici´a constatara´ la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigacio´n que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la informacio´n, se iniciara´ la investigacio´n correspondiente. Cuando el Ministerio Pu´blico tenga conocimiento de la probable comisio´n de un hecho delictivo cuya persecucio´n dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicara´ por escrito y de inmediato a e´sta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades hara´n saber por escrito al Ministerio Pu´blico la determinacio´n que adopten. El Ministerio Pu´blico podra´ aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigacio´n cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Pu´blico sera´n impugnables en los te´rminos que preve´ este Co´digo. (.) Arti´culo 224. Tra´mite de la denuncia Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Pu´blico, e´ste iniciara´ la investigacio´n conforme a las reglas previstas en este Co´digo. Cuando la denuncia sea presentada ante la Polici´a, e´sta informara´ de dicha circunstancia al Ministerio Pu´blico en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Pu´blico. (.) Arti´culo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Pu´blico podra´ abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la accio´n penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisio´n sera´ siempre fundada y motivada. Arti´culo 254. Archivo temporal El Ministerio Pu´blico podra´ archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer li´neas de investigacio´n que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigacio´n. El archivo subsistira´ en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la accio´n penal. Arti´culo 255. No ejercicio de la accio´n Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Pu´blico previa autorizacio´n del Procurador o del servidor pu´blico en quien se delegue la facultad, podra´ decretar el no ejercicio de la accio´n penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Co´digo. La determinacio´n de no ejercicio de la accio´n penal, para los casos del arti´culo 327 del presente Co´digo, inhibe una nueva persecucio´n penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. (.) Arti´culo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Pu´blico sobre la abstencio´n de investigar, el archivo temporal, la aplicacio´n de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la accio´n penal debera´n ser notificadas a la vi´ctima u ofendido quienes las podra´n impugnar ante el Juez de control dentro de los diez di´as posteriores a que sean notificadas de dicha resolucio´n. En estos casos, el Juez de control convocara´ a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la vi´ctima u ofendido, al Ministerio Pu´blico y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la vi´ctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarara´ sin materia la impugnacio´n. La resolucio´n que el Juez de control dicte en estos casos no admitira´ recurso alguno. (.)" Cabe destacar que la parte quejosa no reclamó, en forma aislada, la omisión que menciona, sino que, como se advierte del escrito inicial de demanda, lo hizo con motivo de una denuncia formulada ante la Fiscalía General de la República en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es menester resaltar que en el sistema procesal acusatorio el Ministerio Público ya no debe formar un expediente de averiguación previa, cuyo contenido era la base del juicio, pues aportaba el mayor número de pruebas relevantes para decidir la contienda, sino que, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los que se generan datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. Lo anterior se desprende del criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis I.8o.P.9 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2014667, libro 43, junio de 2017, tomo IV, materia penal, página 2875, que a continuación se transcribe: ... Conforme a lo anterior, resulta aplicable, por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el juez de distrito en materia penal es competente para conocer del juicio de amparo interpuesto contra los actos realizados por el agente del ministerio público durante la integración de la averiguación previa. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, registro 179990, tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, página 22, que a continuación se transcribe: ... Ahora bien, las omisión reclamada esta necesariamente vinculada con la denuncia antes referida en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues es precisamente en esa instancia en la que se dilucidan todos los aspectos que giran en torno a un delito, de modo que deben considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de autoridades administrativas, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con su integración; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. De ahí que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, el competente para conocer del presente asunto, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla a través del sistema de interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Paola Josefina Rodríguez Cruz, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que hace al correo electrónico y teléfono celular que proporciona, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Protección de Datos Personales y Transparencia... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE: "Vista la demanda de amparo promovida por Fernando Belaunzarán Méndez, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General de la República. Integración del expediente. Fórmese el expediente 877/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Actos reclamados. Fernando Belaunzarán Méndez, por propio derecho, a través del juicio de amparo pretenden reclamar lo siguiente:... Lo anterior, en virtud de que desde la fecha de ingreso, veinticuatro de febrero del año en curo, no he recibido notificación alguna respecto de la radicación de autos en que se integre un expediente respecto del asunto señalado omisión que considero violatorio de las garantías contenidas en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulneración que coártalos principios pro persona, y se encuentra en contradicción con lo establecido en nuestra Carta Magna como garantía de petición. (.)" Antecedentes del acto de molestia El quejoso en el capítulo relativo a los antecedentes en el escrito inicial de demanda precisó medularmente lo siguiente: ... Incompetencia... Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo... Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Precisión de acto reclamado. La omisión de resolver respecto de una denuncia presentada el veinticuatro de febrero del año en curso ante la Fiscalía General de la República, en contra de Andres Manuel Lopez Obrador, en el ejercicio de su encargo como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por hechos posiblemente constitutivos de delito. Razones de la incompetencia por materia Con base en el acto reclamado por el promovente, el cual puede constituir actos posiblemente emanados de algún delito, es posible advertir que en atención a su naturaleza, no se encuentran inmersos dentro de la materia administrativa, ya que su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la comisión del algún ilicito. Así, toda vez que el acto reclamado por el quejoso se vincula con la probable comisión de algún ilicio, contra ella procede el juicio de amparo indirecto en materia penal, en términos de la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece dicho supuesto, como así se desprende de la siguiente transcripción: ... Del citado artículo se advierte que, para definir la competencia por materia de los jueces de Distrito en los juicios de amparo, el legislador determinó dos criterios: la naturaleza del acto reclamado y la autoridad responsable. Cabe destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio en el sentido que, tratándose de conflictos competenciales por razón de materia, deben resolverse atendiendo en exclusiva a la naturaleza de la acción planteada en el caso que da origen al conflicto, prescindiendo de la relación jurídica sustancial existente entre las partes en conflicto, porque esto constituye parte del análisis de las cuestiones de fondo. Ese criterio en comento se contiene en la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, foja veintiocho, de rubro y tenor siguientes:... Conforme al anterior criterio, para resolver el presente asunto debe determinarse la naturaleza jurídica del acto reclamado en el juicio de amparo y el cual quedóprecisado en párrafos anteriores. De lo relatado se advierte que el acto reclamado, materia del presente asunto consiste, sustancialmente, en las omisión por parte de la Fiscalía General de la República de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 221, 224, 253, 254, 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contemplan el trámite de la denuncia presentada ante la autoridad responsable, la facultad que tiene de abstenerse, enviar al archivo temporal o el no ejercicio de la ación penal conforme los medios de prueba allegados, la notificación de dichas determinaciones y el recurso que proceda en su caso, como se desprende de la transcripción siguiente: ... Trata´ndose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastara´ para el inicio de la investigacio´n la comunicacio´n que haga cualquier persona, en la que se haga del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. Trata´ndose de informaciones ano´nimas, la Polici´a constatara´ la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigacio´n que consideren conducentes para este efecto. De confirmarse la informacio´n, se iniciara´ la investigacio´n correspondiente. Cuando el Ministerio Pu´blico tenga conocimiento de la probable comisio´n de un hecho delictivo cuya persecucio´n dependa de querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicara´ por escrito y de inmediato a e´sta, a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. Las autoridades hara´n saber por escrito al Ministerio Pu´blico la determinacio´n que adopten. El Ministerio Pu´blico podra´ aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar investigacio´n cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Pu´blico sera´n impugnables en los te´rminos que preve´ este Co´digo. (.) Arti´culo 224. Tra´mite de la denuncia Cuando la denuncia sea presentada directamente ante el Ministerio Pu´blico, e´ste iniciara´ la investigacio´n conforme a las reglas previstas en este Co´digo. Cuando la denuncia sea presentada ante la Polici´a, e´sta informara´ de dicha circunstancia al Ministerio Pu´blico en forma inmediata y por cualquier medio, sin perjuicio de realizar las diligencias urgentes que se requieran dando cuenta de ello en forma posterior al Ministerio Pu´blico. (.) Arti´culo 253. Facultad de abstenerse de investigar El Ministerio Pu´blico podra´ abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la accio´n penal o la responsabilidad penal del imputado. Esta decisio´n sera´ siempre fundada y motivada. Arti´culo 254. Archivo temporal El Ministerio Pu´blico podra´ archivar temporalmente aquellas investigaciones en fase inicial en las que no se encuentren antecedentes, datos suficientes o elementos de los que se puedan establecer li´neas de investigacio´n que permitan realizar diligencias tendentes a esclarecer los hechos que dieron origen a la investigacio´n. El archivo subsistira´ en tanto se obtengan datos que permitan continuarla a fin de ejercitar la accio´n penal. Arti´culo 255. No ejercicio de la accio´n Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Pu´blico previa autorizacio´n del Procurador o del servidor pu´blico en quien se delegue la facultad, podra´ decretar el no ejercicio de la accio´n penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Co´digo. La determinacio´n de no ejercicio de la accio´n penal, para los casos del arti´culo 327 del presente Co´digo, inhibe una nueva persecucio´n penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. (.) Arti´culo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Pu´blico sobre la abstencio´n de investigar, el archivo temporal, la aplicacio´n de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la accio´n penal debera´n ser notificadas a la vi´ctima u ofendido quienes las podra´n impugnar ante el Juez de control dentro de los diez di´as posteriores a que sean notificadas de dicha resolucio´n. En estos casos, el Juez de control convocara´ a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la vi´ctima u ofendido, al Ministerio Pu´blico y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la vi´ctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarara´ sin materia la impugnacio´n. La resolucio´n que el Juez de control dicte en estos casos no admitira´ recurso alguno. (.)" Cabe destacar que la parte quejosa no reclamó, en forma aislada, la omisión que menciona, sino que, como se advierte del escrito inicial de demanda, lo hizo con motivo de una denuncia formulada ante la Fiscalía General de la República en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es menester resaltar que en el sistema procesal acusatorio el Ministerio Público ya no debe formar un expediente de averiguación previa, cuyo contenido era la base del juicio, pues aportaba el mayor número de pruebas relevantes para decidir la contienda, sino que, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los que se generan datos de prueba para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. Lo anterior se desprende del criterio emitido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la tesis I.8o.P.9 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2014667, libro 43, junio de 2017, tomo IV, materia penal, página 2875, que a continuación se transcribe: ... Conforme a lo anterior, resulta aplicable, por analogía el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que el juez de distrito en materia penal es competente para conocer del juicio de amparo interpuesto contra los actos realizados por el agente del ministerio público durante la integración de la averiguación previa. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 89/2004, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, registro 179990, tomo XX, diciembre de 2004, materia penal, página 22, que a continuación se transcribe: ... Ahora bien, las omisión reclamada esta necesariamente vinculada con la denuncia antes referida en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues es precisamente en esa instancia en la que se dilucidan todos los aspectos que giran en torno a un delito, de modo que deben considerarse un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de autoridades administrativas, puesto que esa omisión está conectada funcionalmente con su integración; cuestiones que deben analizarse con base, precisamente, en la legislación sustantiva en materia penal. De ahí que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, el competente para conocer del presente asunto, ya que éste goza de la formación, especialidad y dominio de la materia penal, necesarios para resolver de manera más autorizada y con mayor prontitud la cuestión sometida a su jurisdicción. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla a través del sistema de interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizados en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Paola Josefina Rodríguez Cruz, por tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que hace al correo electrónico y teléfono celular que proporciona, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Protección de Datos Personales y Transparencia... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

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