Fernando Barrios Uscanga
Expediente 674/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Fernando Barrios Uscanga
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES QUE INTEGRAN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días... sin que la promovente hubiera recurrido la resolución de treinta y uno de julio del presente año, a través de la cual se desechó la demanda de amparo indirecto; por tanto... se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes... Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este asunto como concluido... este expediente es susceptible de destrucción... pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial... requiérase a la parte promovente que para el caso de haber aportado documentos con su escrito de demanda, cuenta con un plazo de noventa días para recogerlos, apercibida que de no hacerlo serán destruidos con el presente expediente...
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, treinta de julio de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda presentado por Fernando Barrios Uscanga; contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 674/2019-II. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito inicial de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, se procede al estudio de la causa de improcedencia que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Del escrito de demanda, agregado en líneas precedentes, se advierte que la parte promovente señaló como acto reclamado el siguiente: ".ACTO RECLAMADO: La omisión de dictar los medios necesarios para la ejecución de manera total y completa del laudo dictado el 11 de abril de 2014, en el juicio laboral 112/2010-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, retardando en mi perjuicio la administración de justicia." De lo que se colige que el quejoso reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz la omisión genérica de ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 112/2010-IV de su índice. Acto respecto del cual se surte la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción IV. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, de la cual derivaron las jurisprudencias 2a./J.15/2011(10a.) y 2a./J.16/2011(10a.), determinó que de reclamarse en amparo indirecto las omisiones genéricas del presidente de un tribunal laboral de proveer lo conducente para lograr la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la diversa fracción IV del artículo 74, ambos de la Ley de Amparo abrogada (equivalentes a la fracción XXIII del artículo 61 y fracción IV del diverso 63 de la Ley de Amparo vigente), porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, en razón que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. Para una mejor intelección de lo antes expuesto, se transcribe la parte medular de la ejecutoria de que se trata: "[.] Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse [.]" Para arribar a esa conclusión, la citada Sala del Máximo Tribunal del País, analizó los artículos 939, 940, 945, 946, 954, 955, 957 y 965 de la Ley Federal del Trabajo vigente en el dos mil once, los cuales disponen: Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo. Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización. Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo. Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario. Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado. De dichos preceptos legales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó lo siguiente: De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término, el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa, dado que la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no-, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 precitado; así se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento y embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución. En ese contexto, propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, se tiene que el artículo 954, al regular el embargo, dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. El artículo 955 también prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones nos llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor, adquiriendo por esa razón el carácter de ejecutante. Destacado lo anterior, cabe precisar que el procedimiento del juicio 112/2010-IV del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, se llevó a cabo conforme a la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz; sin embargo, conforme al numeral 13 de dicha legislación, es aplicable de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo; por tanto, debe regir el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, derivado de la contradicción de tesis que se explicó en párrafos precedentes. En consecuencia, si el acto reclamado por el promovente es la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, residente en Xalapa, de dictar los acuerdos necesarios para lograr la ejecución del laudo emitido en el expediente 112/2010 de su índice; es inconcuso que dicha abstención genérica es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda de amparo y de realización incierta, dado que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, en términos de los apuntados numerales. Aunado a que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos, esto es, que ya se han llevado a cabo, en virtud de que ese medio de control de los actos de la autoridad no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros, vistos en función de su determinación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzcan; aunado a que no se trata de un acto inminente, esto es, de aquellos que aun cuando no se han materializado, se tiene la certeza de que se producirán, pues como se vio, la ley laboral aplicable en el procedimiento de ejecución del laudo del que deriva el acto reclamado exige la solicitud y comparecencia del ejecutante que obtuvo laudo favorable para lograr su cumplimiento. Consecuentemente, el elemento que permite diferenciar los actos futuros respecto de los inminentes es la certeza de su realización; lo que aplicado al caso en estudio, permite sostener que en el caso, la omisión genérica reclamada, es un acto futuro e incierto.
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